Poma recuerda que en 2009 una denuncia realizada por comunarios en Puerto Chive dieron a conocer que 400 empresarios que se dedican a actividades privadas realizan la caza de antas, animales que están en extinción.
“Mientras que la denuncia en contra de autoridades municipales de Ixiamas es el colmo, porque ahora ellos pretenden querellarse en contra del denunciante y desde que el ministerio de medio Ambiente autorizo la caza de lagartos, existe una depredación de estos animales. Además a ello se suma que este tipo de caserías de esta especie lastimosamente no está legalizado y el Gobierno carece de legalizaciones que los proteja.
Poma observa que el Gobierno al paralizar la Ley 700, norma con la que se protegía a animales silvestres y especies en extinción, se proponía sancionar la comisión del delito de Biocidio, “el que matare cualquier especie animal debe ser penalizado”, pero como no aprobaron “porque sabían –dijo Poma– que sus funcionarios y la política extractivita es acabar con la biodiversidad en gran parte de la región amazónica de Bolivia”.
La Directora de la Dirección General de Biodiversidad (DGB) indica que si bien anunció un proceso, pese a las pruebas no se acelera ningún proceso porque no hay un fiscal designado, salvo de La Paz, pero nunca se penalizó a ninguna persona que esté relacionado con la muerte, tráfico de animales silvestre.
Autoridades del Ministerio Publico y del propio Gobierno pretenden utilizar el artículo 223 del Código Penal de manera equivocada, cuando esta norma hace referencia a “la destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional”, la misma que se refiere a objetos y no así a la protección de animales porque ellos no se deterioran, por lo tanto es del patrimonio arquitectónico y arqueológico y no al patrimonio natural.
“Es por eso que vemos que como Canasa Animales, estamos solos porque pese a nuestras serie de denuncias en contra no sólo de personas particulares, sino autoridades y funcionarios públicos involucrados en la caza y tráfico de animales silvestres y de la Amazonía que son especies en extinción, no existe ninguna detención ni sanción carcelaria en contra de estas personas, porque a ellas sólo les extienden memorándums sea de sanción o de retiro de su fuente de empleo, pero no los penalizan como delincuentes”, criticó la activista.
Por lo tanto, la carencia de norma que penalice la matanza de animales silvestre y propia de la Amazonía, queda en la impunidad gracias a la política extractivita, la cual incluso genera la posibilidad de exportar estas especies a China y otros países, donde en pasados meses de acuerdo a Poma se habría entregada una carga de muestra del tipo de carne de lagartos, tortugas, entre otras especies.
DENUNCIAS POR
EL FACEBOOCK
En la cuenta de faceboock de Roger Cortes establece que por exhibir el resultado de su cacería en la red social, Humberto Masay hizo pública la comisión de un delito y con ello pasó a consideración de la justicia. En las imágenes posteadas se lo ve desollando un jaguar, posando con un tatú y con una urina muertos.
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