Ecologia, Medio Ambiente Bolivia

martes, 28 de julio de 2015

Cuatro municipios buscan preservar río Guadalquivir

Alcaldes de los municipios de San Lorenzo, Cercado, Uriondo y Padcaya firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación a fin de frenar la explotación de áridos y preservar el río Guadalquivir en su paso por el Valle Central de Tarija.

El documento se firmó en el salón Consistorial de la Alcaldía de Cercado y tiene como objetivo evitar la contaminación del río mediante programas, planes y proyectos de forma conjunta que permitan mitigar el impacto ambiental que causan las personas asentadas en la rivera.

El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, explicó que la contaminación del río Guadalquivir es un problema latente desde hace varios años y también urge la aplicación de un plan para frenar la explotación de áridos.

Agregó que el esfuerzo de los cuatro alcaldes permitirá desarrollar actividades desde la cabecera del río en el municipio de San Lorenzo, su recorrido por Cercado y Uriondo, donde se usan las aguas del Guadalquivir para riego.

“Entendemos que nuestras poblaciones y comunidades tienen que crecer, pero esto debe hacer respetando el medioambiente, con medidas que sean sustentadas y trabajos técnicos que respalden los proyectos”, comentó.

El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, agregó que uno de los principales aspectos que preocupa a la comuna es la extracción de áridos en ríos y quebradas, situación que afecta el afluente del Guadalquivir que en la gestión pasada se desbordó ocasionando pérdidas en cultivos agrícolas y viñedos.

Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, manifestó que existe toda la predisposición de iniciar acciones inmediatas para frenar la contaminación del río, tomando en cuenta que San Lorenzo es uno de los principales contaminantes por falta de proyectos de agua y alcantarillado.

Recordó que San Lorenzo requiere con urgencia construir una planta de tratamiento de aguas servidas, eliminar las lavadoras de autos ubicadas en Tomatitas, El Rancho y el tema de áridos, entre otros aspectos que afectan al rio desde su cabecera.

lunes, 27 de julio de 2015

Las heridas abiertas del Aguaragüe



“El Aguaragüe para nosotros es vida, es nuestra principal fuente de agua, es nuestro ecosistema”, así describe Jorge Mendoza, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija, a la Serranía del Aguaragüe, un espacio natural de aproximadamente 108.307 hectáreas de bosque.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe no sólo es preciado por su variada riqueza natural, sino también por la hidrocarburífera. Desde 1920 se explota gas y petróleo, la pionera fue la empresa Standard Oil. Esta actividad dejó unos 200 pasivos ambientales en toda la reserva, según estimaciones de los habitantes del lugar.
Por eso Mendoza es consciente de que la actividad petrolera se mantendrá en el Aguaragüe, pues su riqueza la precede. Ahí se ubican los megacampos San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras, YPFB Andina y Total, que producen un promedio de 33,85 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), es decir, el 68,44% de la producción total de Bolivia. Su potencial es tan grande que San Alberto alimenta el 80 por ciento de las necesidades energéticas de la quinta ciudad más grande del mundo, Sao Paulo.
Y la susceptibilidad de los indígenas creció más ahora que el Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 2366 que abre las Áreas Protegidas, como el Aguaragüe, a la actividad hidrocarburífera. Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, asegura que sólo se afectará el 0,04% del área intervenida.
Según datos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Estado boliviano adjudicó a la empresa china Eastern Petroleoum and Gas la zona de Sanandita, ubicada al sur de la serranía. “Se trata de una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera y que puede ser considerada sin ningún problema como una zona de sacrificio”, indica un informe realizado por Jorge Campanini.
Por esa razón, Víctor Iraola, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Yacuiba, considera que la Gobernación debería involucrarse más en los planes de mitigación que se ejecutan en la reserva natural chaqueña.
“Como dueños de casa deberíamos estar siguiendo de cerca cómo se corrigen estos problemas ambientales. Porque el Aguaragüe es el pulmón del Chaco, es lo que dejaremos de herencia a nuestras futuras generaciones y si no lo cuidamos nosotros, no lo hará nadie más”, dijo.

Sanandita
Recorrer toda la serranía del Aguaragüe requiere de al menos unos tres días. Hay zonas que tienen caminos de accesos, que fueron habilitados por empresas petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o Petrobras, otras deben ser recorridas a pie.
En Sanandita, ubicada a unos 60 kilómetros del municipio de Yacuiba, inicia la historia hidrocarburífera del Aguaragüe, ahí la Standard Oil descubrió el primer pozo petrolero el año 1926.
La serranía está rodeada por imponentes árboles de roble, cedro y toborochi que son característicos del Chaco boliviano. Sus raíces sobresalen a las rutas y sus ramas están habitadas por aves que anuncian el paso del hombre, como advertencia.
Al paso se cruzan algunos animales, como el tejón y zorro que observan como quien ve intrusos en sus tierras. Los indígenas comentan que hay otros animales que observan sin ser vistos, como el jaguar.
Hay agua cristalina y fría que emana desde las rocas, formando pequeños chorros, eso explica por qué los indígenas llaman a esa reserva su “fuente de vida”. Por eso la organización Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) la denomina una “fábrica de agua” o una “esponja” que acumula el agua para todo el Chaco tarijeño.
Pero al recorrer Sanandita también es evidente el olor a petróleo y combustibles. Actualmente no hay actividad petrolera en la zona, el olor sale de los pozos que fueron abandonados entre los años 70 y 80, y de los que se ha hecho cargo la estatal petrolera de Bolivia porque así lo manda la Ley de Hidrocarburos.
Según YPFB, en esa zona hay 29 pasivos ambientales, aunque la APG asegura que en Sanandita hay 32 pozos abandonados que aún emanan residuos petroleros y que por más de 30 años han contaminado el suelo y agua del Aguaragüe. Las quebradas El Chorro, Tucán y Cororoy han sido las más perjudicadas, pues en ocasiones sus aguas se han visto invadidas por un aceite color oscuro.
Pero los indígenas de Sanandita, El Chorro, Sachapera y Sanandita Vieja, que habitan en la zona visitada, tienen la esperanza de que la contaminación se reduzca en los siguientes años. Esto porque la APG de Yaku-igüa e YPFB, desde el 2010, acordaron el cierre definitivo de siete pozos que eran considerados los más contaminantes. Para todos esos trabajos que implican la remediación ambiental el Estado destinó cerca de 6 millones de dólares, mientras que en exploración destina aproximadamente 1.075 millones de dólares al año.
“Cuando llovía los residuos de estos pozos se iban a los campos de las comunidades y a las fuentes de agua—recordó Mendoza, también capitán grande de Yaku-igüa –. Eso era un peligro porque nuestros hermanos recogían esa agua que no era tratada”. Aunque admitió que no hay estudios que demuestren un efecto negativo en la salud de los habitantes, o animales, de esa zona a causa de la contaminación petrolera.
Ubicamos tres pozos. El pozo Itavicua (cañón de piedra en guaraní) que fue sellado el 5 de marzo de 2015, de allí emanaba agua y gas. También se encontró el pozo San- X9, que fue intervenido el 17 de marzo de 2015. El que más preocupaba a los indígenas era el pozo San-X2, era el más contaminante y desembocaba directamente a la quebrada Cororoy. Ahora está sellado definitivamente.
Ademar Crespo, fiscal de servicio de YPFB, explicó que ese pozo fue abandonado hace más de 35 años. Para los parámetros petroleros no tiene mucha profundidad, se estima que unos 350 metros, sin embargo, la empresa que lo operaba, Standard Oil, sólo selló con cemento unos 150 metros, dejando a la intemperie el resto.
“Este pozo estaba abierto, por eso cuando llovía o acumulaba presión, escupía petróleo y contaminaba toda esta zona que usted ve aquí—explica—. Este pozo se perforó en 1927. Hasta ahora se ha limpiado unos 470 metros alrededor y estimamos que el sellado nos demande unos 130 metros de cemento”.
El pozo San-X2, hasta el momento que se realizó esta visita, aún botaba petróleo y estaba siendo sellado. Uno de los indígenas que acompañó la inspección incluso se llevó el hidrocarburo en una botella de dos litros, comentó que era bueno para el dolor de hueso.
Pero el sellado definitivo de esos pozos no es suficiente, aún queda pendiente el proceso de remediación y restauración ambiental. “Se ha previsto un incremento al presupuesto original, cuya gestión se encuentra en curso—explicó Miguel Rojas, Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de YPFB—, con la cual se contratará una empresa idónea quien se encargará del tratamiento de suelos y la aplicación de medidas de control de erosión”.

Normas poco claras
Para la Gerencia de Medio Ambiente de YPFB los trabajos de remediación ambiental son una muestra de que el Gobierno boliviano está comprometido en atender los problemas ambientales. Sin embargo, para algunos especialistas la legislación boliviana ha sido poco clara en cuanto al tratamiento de los pasivos ambientales, por la explotación petrolera, o la remedición ambiental. Así lo advierte la organización no gubernamental, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que en reiteradas ocasiones observó la Ley de Hidrocarburo 3058, aprobada en mayo de 2005, por soslayar los aspectos socioambientales.
Esta norma no señala acciones específicas en caso de derrame o desastre ambiental. En su artículo 135 sólo indica que de producirse los pasivos ambientales, la operadora está obligada a informar a la autoridad ambiental e iniciar medidas de mitigación y restauración ambiental.
También hay contradicciones. Pues mientras en el artículo 132 dice que no podrán otorgarse ni concesionarse obras o proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas y reconocidas por su biodiversidad, como es el Aguaragüe, el artículo 133 indica que se podrá desarrollar actividades petroleras en áreas protegidas cumpliendo las disposiciones ambientales.
“Existe una subordinación total de la gestión ambiental a las proyecciones y necesidades del sector de hidrocarburos y la política extractivista”, indica el informe del Lidema.
Con la aprobación del Decreto, que abre las reservas naturales a la exploración petrolera, esa teoría se refuerza. Para el geólogo, Daniel Centeno, se sobrepone los intereses de las transnacionales a la Constitución.
“La Constitución manda a preservar y a proteger todos estos espacios de recursos naturales de flora y fauna—explicó Centeno--. Esto porque la explotación, la exploración de los hidrocarburos y minerales, dañan seriamente el medioambiente”
Los indígenas admiten que es un alivio el cierre definitivo de esos siete pasivos ambientales. Aunque Alberto Villarroel, capitán guaraní, considera que será en vano si se prevé una explotación de mayor magnitud en esa zona. Frente a exigentes compromisos, con Brasil y Argentina, y necesidades de exportación, hay desesperación en el gobierno boliviano por hallar nuevas reservas gas, ya que desde hace 20 años se mantienen entre los 9 y 10,45 Trillones de Pies Cúbicos (TCF).
Esa angustia podría derivar en la implementación del fracking (sistema de extracción de gas) en el Aguaragüe, donde se ha detectado formaciones de gas de esquisto. Una posibilidad que ya es un secreto a voces.
“Así nuestra reserva nunca terminará de sanar, y le sacarán todas sus riquezas hasta dejarla seca”, concluyó.



La implementación de land farming y el biopila

En las inmediaciones del Aguaragüe surgen tímidas, pero novedosas actividades de remediación ambiental frente a los pasivos que van dejando las petroleras.
A 44 kilómetros del municipio de Yacuiba se encuentra la comunidad de Sachapera, a ocho kilómetros monte adentro está Sunchal, una pequeña comunidad indígena donde se instaló una planta que realiza el tratamiento de residuos sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos.
El Campo Land Farming Sunchal es la planta operada por la empresa BUHO Sesiga S.A.
“Remediar es sacar todo lo contaminado y volverlo a rellenar con tierra orgánica, limpia”, explica Richard Terrazas, supervisor, mientras hace un recorrido por la planta que tiene unas 12 hectáreas. La empresa hizo trabajos de remediación en San-X3 y en el pozo San-X31.
En la planta específicamente se hace un tratamiento hidrobiológico de los residuos sólidos y líquidos. “Aquí traen tierra y agua contaminada, lodo de perforación. Nosotros la tratamos, la limpiamos y reutilizamos en dilución”, indica a tiempo de explicar que en ese proceso se hallan contaminantes como diesel, petróleo o gasolina, dependiendo de la intervención.
Asegura que en esa planta se implementan dos métodos que no se aplican en otras plantas en Bolivia. El land farming que implica extender el residuo y se lo oxigena como arando la tierra. Y también está el biopila, que implica humedecer el residuo y alimentarlo con nutrientes, como urea, la bosta de animales, aserrín u otros materiales orgánicos, para que los gases se vayan descomponiendo.
El proceso de rehabilitación, para bajar los niveles de hidrocarburos en los residuos, puede durar hasta seis meses, dependiendo del tratamiento. Una vez concluido, el material tratado es reutilizado en la dilución de otro material, como tierra o lodo. “Para bajarle la concentración de carburantes”.
Terrazas explica que ha crecido el interés de las empresas petroleras en realizar el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos contaminados, porque el trabajo no sólo implica la limpieza, sino también la intervención de zona con labores de reforestación y rehabilitación de la tierra.
La planta funciona con la autorización de los indígenas que viven en Sunchal, incluso cuatro comunarios trabajan en el lugar de manera permanente y por ende hacen seguimiento a los trabajos de tratamiento de residuos petroleros.

domingo, 26 de julio de 2015

EL PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE ES EL ÚNICO QUE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA DE MANEJO

Sólo uno de los tres parques nacionales de Cochabamba cuenta con un plan de manejo, según el portal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure es el único que cuenta con esta herramienta. El Parque Carrasco gestiona financiamiento para su elaboración y el Parque Nacional Tunari comenzó con el estudio con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de que este medio intentó contactarse en dos oportunidades al director del Parque Nacional Tunari, José Cruz, éste dio a conocer a través de funcionarios que tenía otras actividades y que luego de realizar el cambio de personal recién dará a conocer los avances de la primera de cuatro fases del plan de manejo.

Varias fuentes que realizan un seguimiento del plan informaron que el trabajo se halla paralizado desde hace un mes, debido a que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba ordenó a las cinco provincias del área Chapare, Cercado, Quillacollo, Ayopaya y Tapacarí, que no permitan el ingreso de la consultora internacional “Faunagua” que hace el estudio. El propósito es aprobar primero una adecuación de la Ley de Protección del Parque Tunari a la Constitución Política del Estado.

El representante del Foro Cochabambino de Medio Ambiente (Focomade), John Zambrana, denunció que el plan se realiza sin participación social. “Hasta ahora no se conoce lo que se hizo (…) Lo único que sabemos es que han firmado contrato en septiembre, empezaron en diciembre y concluyen en septiembre”, dijo. Añadió que varias veces intentaron acceder a información pero sin resultados en el Sernap.

El Parque Nacional Carrasco tampoco cuenta con un plan de manejo. El director de esta área protegida, Marcelo Janco, informó que sólo se tiene una zonificación preliminar. “Estamos tratando de conseguir fondos”, dijo. La meta es comenzar en 2016.

El director del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Diego Vidal, informó que además de contar con un plan de manejo tienen planes específicos para el manejo de cacao, lagartos y forestal, además de un reglamento de operación turística. Por otro lado, trabajan en un plan de aprovechamiento pesquero del río Isiboro, en el trópico.

A ello se suma que en 2015 renovarán el plan de manejo puesto que cumplió su ciclo de vida de 10 años. Los enfoques de estos instrumentos son de conservación de los recursos naturales y aprovechamiento sostenible para mejorar las condiciones económicas de las comunidades indígenas de la zona.

Análisis

El responsable de Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana (SGAB), Gregory Paz, señaló que: “Los planes de desarrollo son buenos, pero, no solucionan los problemas ni son las causas de los problemas que hay en todas las áreas protegidas”. Asimismo, aseveró que corren el riesgo de ser “otro saludo a la bandera” si no cuentan con el respaldo social de los actores que habitan el área y si su elaboración no es realmente participativa.

“Un plan de manejo es un papel y si no está dentro de las expectativas de la población y la mayoría de los actores no consideran que ése es el acuerdo social bajo el cual se trabajará organizativamente será otro saludo a la bandera”, reflexionó.

Explicó que para los habitantes de los parques estos instrumentos de control y vigilancia son vistos como un freno a su legítimo deseo de mejorar su calidad de vida. Por ello recomendó elaborar planes sin el enfoque de “proteccionismo a ultranza” ni tintes fundamentalistas que “en vez de proteger ganan enemigos”.

Citó al fundador de Green Peace, Patrick Moore e instó a que primen enfoques proteccionistas pero no eco-extremistas ni conservacionista en la elaboración de los planes de manejo.



36 GUARDIAS CONTROLAN 1,9 MILLONES DE HECTÁREAS EN TRES PARQUES

Las tres áreas declaradas parques nacionales de Cochabamba: Isiboro Sécure, Carrasco y Tunari, sólo cuentan con 36 guardabosques para resguardar una enorme extensión de 1.925.357 hectáreas. Los parques son considerados reservorios importantes de fauna, flora y agua dulce. Además, de ser territorio de la población indígena.

El Parque Nacional Tunari cuenta con cinco guardabosques para controlar una extensión de 300.000 hectáreas que abarcan cinco provincias: Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Abarca 11 municipios.

El Parque Nacional Carrasco comprende las provincias Tiraque y Chapare. Actualmente, cuenta con 14 guardabosques que vigilan 622.600 hectáreas del área protegida. La situación también es crítica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure donde un grupo de 17 guardabosques controla la zona de 1.302.757 hectáreas que abarcan los departamentos de Cochabamba y Beni. Ante la crítica situación, las vulneraciones de los tres parques continúan sin cesar.

El ambientalista, John Zambrana, cuestionó la falta de capacidad operativa y financiera del Sernap para proteger los parques. Recordó que los problemas ya fueron identificados “hace años”, pero no se asumieron acciones debido a que el Estado se cierra a recibir ayuda de otras instancias.

“Los problemas están identificados hace años. Es decir, seguimos repitiendo los mismos problemas pero no se hace nada para dar soluciones o tomar acciones concretas. Esto es porque las áreas protegidas, a través del Sernap, son una responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Se cierran a la participación de instituciones, cooperantes y también de la misma comunidad”, señaló.

Los cuestionamientos también recayeron en el Gobierno. El ambientalista Marcelo Delgadillo observó el discurso de protección a la Madre Tierra frente a la reciente decisión del Gobierno de permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Recordó que en el Parque Carrasco ya se inició y en el Isiboro Sécure todavía no, “pero ya lo harán”. Además se emiten permisos de desmontes masivos en las áreas protegidas del departamento de Cochabamba.



PUNTOS DE VISTA SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO

JOSÉ ANTONIO BALDERRAMA, BIÓLOGO DE LA UMSS

“Urge educación e investigación”

La educación ambiental es urgente. Si las personas no ven que es importante lo que tienen, no les va a importar si hay un plan de manejo, si hay políticas o normas o no para regular esto. Hay tantas normas y reglamentos pero nadie los respeta, siguen entrando, cazando, destruyendo hábitat cortando árboles, porque no les importa y no les genera los recursos que ellos quieren. (…) Hay un descuido a nivel del Sernap y del Gobierno en relación a la protección que debería ejercer en estas áreas porque en algunos ya no hay guardaparques. Otra cosa importante es que tampoco hay investigación (…) Las áreas protegidas sólo están con el nombre.



GREGORY PAZ, SOCIEDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL BOLIVIANA (SGAB)

“Definieron las áreas políticamente”

El pecado original que tenemos en todo el sistema de áreas protegidas es que todas han nacido por una situación política. En el Parque Tunari no sabían que límite ponerle y le pusieron una cota, 2.750. En pocos años la población urbana llegó y lo traspasó. El Parque Isiboro fue definido por el Gobierno de Barrientos cuando trató de hacer la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y comenzaron las dificultades por un límite departamental no definido, como una medida tampón se inventó un área protegida en los límites en conflicto. El pecado de todas las áreas es que las han definido por la presión.



ERICK MARTÍNEZ, COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COCHABAMBA

“Plan, herramienta útil para parques”

Los planes de manejo son herramientas útiles para administrar un área protegida. Todas las áreas deben contar con áreas de manejo según su categoría (…) Lo que se busca con todas estas estrategias o criterios y acciones expresadas en un plan de manejo es mitigar y prevenir todos los efectos negativos y tratar de potenciar los efectos positivos (…) Lo que hace es planificar los instrumentos para cuidar el lugar. El principal enfoque -que debería primar en su elaboración- es la categoría del área protegida y los beneficios para Bolivia y los que viven allí. Son los dos criterios que se deben manejar.


PANORAMA CRÍTICO

ISIBORO AFRONTA TALA Y PESCA ILEGAL

El Parque Nacional Isiboro Sécure está amenazado por el avance de los cultivos de coca y la tala ilegal de árboles. El director del parque, Diego Vidal, informó que los extractores optan por maderas semiduras como la mara y cedro. Al mes se registra una denuncia de tala. En 2014, se recibieron 10 de Cochabamba y cinco de Beni.

Otro problema es la pesca ilegal en el río Isiboro sobre todo en la comunidad Puerto San Francisco, en el municipio de Villa Tunari. El Sernap informó que con el propósito de frenar esta actividad se creó la Asociación Indígena de Pescadores que agrupa a 200 indígenas de seis comunidades asentadas en los ríos. Otra amenaza es la contaminación del afluente por descargas líquidas de centros urbanos, basura y las lavanderías. Añadió que la Ley 180 de Intangibilidad afectó los planes de manejo forestales, cosecha del cacao silvestre y el aprovechamiento de cuero de lagarto para las comunidades indígenas.



ASENTAMIENTOS SECAN ACUÍFEROS EN TUNARI

A pesar de ser un área protegida y concentrar la zona de recarga de acuíferos, la ladera sur del Parque Nacional Tunari está afectada por la proliferación de asentamientos de todo tipo desde lujosas mansiones hasta humildes construcciones precarias por encima del límite urbanizable, la cota 2.750.

A pesar de la restricción para nuevas construcciones en el Tunari, las edificaciones cuentan con servicios básicos e incluso gas, cable y servicio de transporte público. Un estudio realizado por el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los recursos Naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en 2011, identificó 4.568 predios sobre la cota 2.750 de la ladera sur.

Cercado es el municipio que más hectáreas ha invadido con 198 edificaciones, le sigue Tiquipaya con 67 y Sacaba con 53. Se calcula que hay 5.000 familias, 20.000 personas en 50 urbanizaciones. Otra amenaza son los incendios que según algunos ambientalistas son provocados para limpiar zonas para el loteo de “engorde”.



DESTRUYEN HÁBITAT EN EL CARRASCO

El director del Parque Nacional Carraco, Marcelino Janco, explicó que los cultivos de coca en el área protegida erosionan el suelo del área protegida y ocasionan la pérdida de hábitat de la flora y fauna.

“Hasta los ecosistemas están alterando y no se dan cuenta estos compañeros (…) En otras palabras están tratando de eliminar el hábitat de esas especies”, afirmó. Por otro lado, la tala ilegal de madera continúa en Bulo Bulo, al igual, que la pesca ilegal.

Entretanto, el turismo en la zona de Sehuencas no está controlado y contamina el área. A ello se suman las normativas legales para viabilizar la exploración de hidrocarburos en el Parque Carrasco a través del Decreto Supremo 2366. El Sernap identificó que “las presiones más preocupantes sobre el Parque Nacional Carrasco provienen del avance del frente de colonización hacia la periferia, la explotación minera, los madereros ilegales, la pesca con dinamita, la apertura sin control de caminos y la caza furtiva”, entre algunas causas.

El Tunari, Carrasco e Isiboro están en riesgo

La invasión de las áreas protegidas para ampliar las plantaciones de coca junto con la tala ilegal, los chaqueos, la pérdida del hábitat de especies de fauna y flora, la explotación minera y de hidrocarburos son algunos de los problemas que afrontan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el Parque Nacional Tunari y el Parque Nacional Carrasco.

El director del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Diego Vidal, informó que el área está habitada por alrededor de 7.000 indígenas de los pueblos moxeño trinitario, yuracaré y chiman, distribuidos en 69 comunidades.

Los pobladores conviven con cerca de 30.000 colonizadores divididos en ocho centrales que ocupan el llamado “Polígono Siete” y que se dedican principalmente a la plantación de coca desde la década del 70.

Los colonos cuentan con 300.000 hectáreas saneadas. Una línea demarcatoria los divide de los indígenas; sin embargo, aún restan delimitar 18 kilómetros. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prevé ingresar al lugar el 15 de agosto para sanear la zona.

Ante esta situación, Vidal explicó que una de las principales amenazas del área protegida son los asentamientos ilegales de colonos que se dedican a la plantación de coca y la explotación de madera. Añadió que los colonos, caracterizados por ser “depredadores” recurren a los chaqueos y desmontes para ampliar su espacio. Lo mínimo que cultivan es 1.600 metros cuadrados o un cato de coca entre julio y agosto. La mayoría usa agroquímicos que dañan el suelo.

En los últimos años entre 5 a 10 mil hectáreas fueron afectadas. A pesar de que este parque es considerado el más grande de Cochabamba, el Sernap sólo trabaja con 17 guardabosques.

El panorama es similar en el Parque Nacional Carrasco donde la amenaza más seria son los asentamientos ilegales para cultivar coca. El director del área, Marcelino Janco, señaló que las áreas más críticas están a orillas de los ríos Ivirizu, Sajta y la cabecera de Chimoré.

A ello se suma que “algunos” alcaldes intentan ingresar al área protegida a través de la apertura de caminos para operar con proyectos de producción agrícola. Los asentados argumentan que no cuentan con terrenos y tienen derecho a trabajar la tierra.

Las 622.600 hectáreas del parque son controladas por 14 guardaparques. “Con 14 no podemos abastecer”, indicó Janco a tiempo de lamentar que las comunidades indígenas no ayuden a proteger esta reserva natural.

Luego, de la aprobación del Decreto Supremo 2366 que viabiliza la exploración y explotación de hidrocarburos en siete de las 22 áreas protegidas de Bolivia, se conoció que los estudios en los parques Carrasco e Isiboro Sécure comenzarán en la gestión 2016.

La realidad también es crítica en el Parque Nacional Tunari, donde las principales amenazas radican en la proliferación de construcciones sobre la zona de recarga de acuíferos, incendios y la explotación minera de oro. La zona es protegida por cinco guardias ambientales en medio de limitaciones logísticas. La cantidad es insuficiente frente a la extensión del lugar y los incendios que se registran.



LOS PARQUES SON ECOSISTEMAS VALIOSOS
El hogar de 1.388 especies de aves

El biólogo y ornitólogo José Antonio Balderrama informó que en las tres áreas protegidas existen al menos 1.388 especies de aves. El mayor reservorio está en el Parque Nacional Carrasco con cerca de 700 variedades. Después están el Isiboro Sécure con 470 y el Parque Nacional Tunari con 218.

Una particularidad del Tunari es que tiene seis especies endémicas o únicas. Entre ellas, la monterita cochabambina (Poospiza garleppi), corta flores boliviano (Diglossa carbonaria), picaflor yungueño boliviano (Aglaeactis pamela) o también llamado “ángel de sol” por sus colores azul escarlata y purpura en su lomo cuando le llega el sol en ciertos ángulos, el tordo boliviano, cola de espino (Schizoea caharterti) y gorrión de arbustos (Atlapetes rufinucha).

De éstas la más importante, monterita cochabambina (Poospiza garleppi), se encuentra en “peligro de extinción”. Además, cuatro son “vulnerables de extinción”, entre ellas el cóndor de los andes y el pájaro de las quewiñas que “no pueden vivir en otro lugar”. También hay siete especies “casi amenazadas”.

El biólogo dijo que a pesar de que el Tunari está rodeado de edificaciones “todavía existen corredores de vegetación en las quebradas y torrenteras” utilizadas por las aves para transitar. También hay 30 especies de mamíferos entre ellos el gato andino, oso hormiguero de árbol, oso andino, vicuñas, entre otros. El Tunari está entre las 10 áreas más “prioritarias a conservar en toda Bolivia”, según un estudio realizado por los biólogos José Balderrama y Gonzalo Navarro, debido al endemismo de especies, especialistas de hábitat, ejemplares amenazados y el estado de la conservación de bosques. En el Isiboro Sécure una de las aves más raras es la pava copete de piedra (Pauxi unicornis)




OBSERVAN CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO

MARCELO DELGADILLO, AMBIENTALISTA

Nos ha extrañado que este Gobierno que se declaró protector de la Madre Tierra como nunca esté dando permisos de deforestación o desmonte de forma masiva (…) Están dando concesiones a petroleras y ya hay algunos conflictos con concesiones mineras. Las concesiones mineras, la explotación petrolera y la invasión de la población por carretera producirán grandes problemas que van desde alterar las condiciones climatológicas y las condiciones de posesión de agua hasta la aparición de enfermedades.



JOHN ZAMBRANA, AMBIENTALISTA

El Sernap no tiene capacidad económica, de equipos ni siquiera de personal. Si vemos a los funcionarios que tiene el Parque Tunari es un jefe de área, un jefe de guardaparques y en 2014 tenía cinco o seis guardabosques. Con ese número limitado de personal no hay capacidad de control ni de manejo. Algo similar ocurre en las otras áreas porque no tienen presupuesto ni personal para poder cubrir toda la superficie (…) Es básicamente la poca capacidad que tiene el Sernap para hacer la gestión de esta área protegida.

Los riesgos del cambio climático que ya tiene efectos en el país

El aumento de las temperaturas en uno o dos grados en zonas como el Chaco en Bolivia, va a ser fatal para el abastecimiento de agua, señaló el ambientalista e investigador Jorge Campanini.

“Si tenemos climas que salen del rango de lo normal tenemos mayores indices de evaporación y por ende menor cantidad de acceso al agua y eso se está notando ya en muchas poblaciones”.

Para poner un ejemplo citó lo que sucede en la zona sur de Cochabamba que a pesar de ser uno de los sectores de la ciudad más antiguos todavía no cuenta con el servicio de manera digna.

El experto en medioamiente manifestó que hubo estudios en Bolivia sobre adaptación de las comunidades a la escasez de agua producida por el cambio climático y que han tenido repercución en la reducción de producción. Esa situación se traduce para el ciudadano de a pie que recibe los productos en precios más altos.

“Productos que tradicionalmente se obtenían a precios reducidos porque había en grandes cantidades, ahora no se los puede encontrar al mismo costo porque bajó su producción”, agregó y dijo que ese incremento en el precio ya es un impacto directo del cambio climático en la vida cotidiana de los bolivianos.

¿Cómo estamos en Bolivia rumbo a la COP21?


Desde hace casi una década Bolivia ha jugado un papel importante a nivel internacional con el discurso de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra y la protección del medioambiente; sin embargo, en los últimos años, se han tomado acciones que no van precisamente acorde a esta línea. Por ello, el ambientalista e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, hizo un análisis de la situación del país rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) que se desarrollará en noviembre y diciembre en París.

Pese a que Bolivia es un país subdesarrollado, citó algunos ejemplos de los efectos negativos que hay sobre el medioambiente; la confirmación que hizo el Gobierno de realizar exploración petrolera en siete de 22 áreas protegidas de Bolivia, la Cumbre Agropecuaria de este año que sacó un acuerdo para ampliar la frontera agrícola para la soya, algodón y otros productos que garantizan la exportación, son aspectos que preocupan a los ambientalistas.

Otro tema es la contaminación de la actividad minera que afecta la Cuenca Altiplánica y la del Pilcomayo, además de ríos amazónicos. Considera que apuntar al tema de hidroeléctricas y represas como Cachuela Esperanza, también es una apuesta de doble filo, consideró porque si bien se va a generar energía va ser casi toda para exportación cuando las necesidades en el país todavía no están resueltas.

“Las cifras son escalofriantes, se quiere exportar ocho mil megavatios y según datos oficiales del último Censo tenemos 700 familias que cocinan a leña y más de un millón que no tienen acceso a energía eléctrica”, resaltó.

El investigador que considera que todos estos problemas deben mitigarse y resolverse en casa, manifestó que la responsabilidad del cambio climático no debe caer solamente sobre los países desarrollados e industrializados, señaló que todas las naciones del mundo deben tomar acciones y decisiones para evitar futuros desastres naturales.

Uno de los principales desafíos para Bolivia es analizar y avaluar ¿cómo están las cosas en casa?, dijo Campanini que hizo una descripción de los problemas solventados tanto por estudios oficiales como independientes.

Ante ello propone que Bolivia deje de hacer extractivismo, porque esa es una salida más para la situación económica, sin considerar los efectos que puede tener en el medioambiente. Dijo que los recursos naturales no son eternos y algún día se terminarán.

El ambientalista del Cedib indicó que encarar todos estos temas es como “abrir la caja de pandora”, porque considera que estos problemas en Bolivia se van a volver críticos a mediano plazo.

“A partir de esto y en la medida de nuestras posibilidades debemos plantearnos soluciones que tengan influencia y se cumplan”, mencionó Campanini quien espera que los resultados de la COP21 se pongan en práctica y puedan disminuir los efectos del cambio climático.


Padcaya y San Lorenzo en riesgo de perder el programa Guadalquivir

El municipio de San Lorenzo y Padcaya podrían quedarse sin el programa de agua potable y alcantarillado sanitario Guadalquivir por falta de recursos económicos para cumplir con la contraparte que permita licitar los proyectos, como ocurrió en Uriondo y Cercado. La situación generó que las autoridades de ambas comunas se declaren en emergencia.

El presidente del proyecto Guadalquivir en San Lorenzo, Teodoro Castillo, reveló que debido al incremento de los costos de materiales, insumos y el cambio del concepto técnico de los proyectos se requiere alrededor de 75 millones de bolivianos adicionales al presupuesto original de 180 millones de bolivianos, para recién proceder a la licitación del programa en Padcaya y San Lorenzo.

“Hemos hablado con cívicos de Padcaya están molestos por tanto se ha decidido dar un plazo a la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) para que solucione el tema. Caso contrario se va pedir a esta repartición que todos los recursos que está viniendo de donación se transfiera a las alcaldía para hacer el proyecto, porque Eemagua como brazo operado no está poniendo ni un peso”, explicó Castillo.

Al lamentar que las ex autoridades municipales tanto de San Lorenzo y Padcaya no han podido presupuestado los recursos para licitar los proyectos y el problema por del racionamiento de agua se extenderá otro año más en estas poblaciones.

Según el convenio de cooperación, el programa demanda un presupuesto total de 18.649.949 euros, de los cuales 5.405.743 euros financiados por la Gobernación del Tarija, 9.797.155 en calidad de donación y 3.447.049 euros como crédito de la KFW –Alemania. Es ejecutado por Emagua, de manera conjunta con la Gobernación del departamento y las alcaldías de Cercado, Uriondo, Padcaya y San Lorenzo que conforman la mancomunidad del Guadalquivir.

Según la estructura de financiamiento y contrapartes del programa durante la gestión 2012 la Gobernación realizó un aporte de 2.495.864 bolivianos, en la gestión 2013 se comprometió 24.958.649 bolivianos, en la gestión 2014 se tenía presupuestado 12.479.324 bolivianos y el 2015 el aporte correspondía 9.983.459 bolivianos, haciendo un total de 49.917.298 bolivianos.

Sin embargo, Castillo observó que por la crisis financiera que a traviesa la Gobernación los municipios de Padcaya y San Lorenzo, este año no podrán cumplir con las contrapartes para las licitaciones, “La KFW fue clara al decir que no se permitirá la licitación, sino se garantiza la contraparte de los municipios”, sostuvo.

Sobre el tema, el gerente regional de Emagua, Miguel Ángel Herrera, confirmó que se tienen problemas con los recursos del programa Guadalquivir, debido a varios aspectos como el cambio de concepto técnico del proyecto, el cambio del euro y el costo de materiales. Sin embargo, se hace gestiones para nuevos financiamientos.

Explicó que una vez concluidos los estudios a diseño final se evidenció que hay un incremento en todos los proyectos lo que obliga a hacer un ajuste económico.

“El proyecto está garantizado para los cuatro municipios beneficiarios, es decir: Padcaya, Uriondo, Cercado y San Lorenzo. Para lo cual se gestionar el financiamiento tanto en la Gobernación como en otras entidades financieras”, argumentó.

El programa Guadalquivir, data desde el año 2009, tiene como objetivo beneficiar al municipio de Cercado con un proyecto para mejorar las fuentes agua potable; en San Lorenzo, se trabajará en agua potable y alcantarillado; en Uriondo con agua potable y en Padcaya, alcantarillado y agua potable.