sábado, 10 de noviembre de 2018

Tráfico de colmillos Tres y Cuatro años de cárcel para ciudadanos chinos

Santa Cruz.- Luego de 13 audiencias suspendidas, Li Ming y Yin Lan, de origen chino, naturalizado bolivianos fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente acusados de daños al patrimonio natural y tráfico de colmillos de jaguar, puma, otros derivados de fauna silvestre.

“Habíamos solicitado seis años de cárcel, por la cantidad de animales silvestres que fueron sustraídos de sus habitad natural. A pesar de la pena que se les ha impuesto creemos que se ha sentado precedente”, aseguró la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff

La autoridad cruceña afirmó que es un primer antecedente para que la población tome conciencia sobre esta situación y que existe sanción penal para este tipo de acciones.

Kempff instó a los operadores del Ministerio Público a seguir investigando el tráfico de animales silvestres y aseguró que el caso tiene que ver con una red internacional que se dedica a cometer el ilícito.

Los ciudadanos de origen asiático fueron arrestados en su restaurante de pollos en la avenida Grigotá, en febrero de este año, luego de una denuncia hecha por un ciudadano que observó que en el restaurante había un letrero que decía: “Se compran colmillos de jaguar”. Tras un allanamiento legal al ligar en el inmueble se encontró 185 colmillos, pieles y otras partes de animales silvestres, según El Deber Digital.

Debido al caso denominado “colmillos”, el Ministerio del Medio Ambiente ha sugerido declarar en 2019 como 'El año del jaguar' con el objetivo de encarar acciones que protejan al jaguar de Bolivia. "No queremos que esta especie desaparezca del país", afirmó la directora general de Biodiversidad de esta cartera de Estado, Teresa Pérez.

Una serie de evidencias acumuladas durante los últimos años alertó sobre el tráfico de colmillos de jaguar, actividad que estaría siendo promovida por ciudadanos chinos que residen en Bolivia, una práctica que tiene un efecto negativo sobre la población de estos felinos.

Por su parte, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia, afirmó que la complejidad de la problemática revela la urgente necesidad de mayor presencia del Estado a partir de políticas efectivas que permitían la convivencia armónica con la naturaleza.

“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO.

En este sentido Tapia afirmó la necesidad de replantar la eficiencia de los mecanismos con los que cuenta el Estado sin dejar de ver la voluntad de las partes. “Puede tener las mejore leyes, los más altos recursos económicos, pero si las partes involucradas no van a dejar que el Estado intervenga éste va ser obsoleto”, remarcó a tiempo de recordar la entonces vanguardista Ley Nº 133/92 (27 de abril) Del Medio Ambiente, período en el que también ocurría la caza furtiva pero menos mediatizada.

En criterio del jurista este asunto también debe ser abordado desde la perspectiva cultural y admitir que antes del tráfico de estas piezas visibilizadas en los ciudadanos asiáticos ya se producía este fenómeno porque se trata de un mercado abierto sobre el cual el Estado nunca ha tenido presencia.

“No sólo son los ciudadanos chinos, son mafias que no podemos identificar y tampoco hay datos de mayor aproximación sobre la caza furtiva (…) Las estadísticas señalan que de la población de jaguares alcanza sólo 64 mil individuos. La cifra negra de la depredación es la más preocupantes, se han incautado 194 colmillos y al menos 30 pieles, habría que preguntarse cuantas piezas no han encontrado y cuántos hechos no se conocen”, remarcó Tapia.

En este contexto, el jurista apuntó que no sólo el problema de la caza furtiva, el tema del medioambiente en su conjunto debe ser abordado con criterios menos jurídicos, sino con una visión de sistema.

COMENTARIO

“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia.

viernes, 9 de noviembre de 2018

jueves, 8 de noviembre de 2018

Alarma por tala de árboles

Una vez más las redes sociales sirvieron para denunciar la flagrancia con la que actúan los obreros de las construcciones de edificios que se dan a la tarea de talar los árboles de acacias de la acera de la calle Ecuador en la zona de Sopocachi.

Irónicamente los árboles talados se encontraban en la acera próxima al frontis del edificio de la Fundación, Ecológica Patiño.

La mañana de ayer, a través de las redes sociales se hizo viral la fotografía en la que aparecen al menos cinco obreros que presumiblemente trabajan en edificio de la referida Fundación, Ecológica Patiño, que haciendo uso de podadoras y otras herramientas procedieron a talar por lo menos cinco árboles sanos y ornamentales que estaban en la acera del frontis del edificio.

En la imagen, los cinco obreros trabajan en medio de las ramas y troncos de los otros árboles sacrificados, mientras otro obrero haciendo uso de una escalera procede a podar el árbol que se encontraba en la esquina.

“Ayúdenme a denunciar y frenar ¿Están sacando árboles sanos para que se vea mejor al edificio? Es el en frontis del nuevo edificio de la Fundación Ecológica Patiño en la calle Ecuador”, dice el texto al pie de la fotografía que compartió Fernando C.

Lo más curiosos de esta escena es que las acciones de daño al ornato público se realizan en medio de la pasiva mirada de un policía que pasa por el lugar en su motocicleta y ni siquiera reportó esta situación.

Escenas como estas se registran a diario en la ciudad de La Paz, sobre todo en las zonas de Miraflores, Sopocachi, Alto Miraflores, Villa Fátima y otras donde a la par del progreso y el boom de la construcción se procede a talar los pocos árboles que tiene la ciudad, sin que exista una sanción para las empresas constructoras por estos daños.

La Alcaldía inició el Censo de Arbolado en el municipio para obtener la información de todos los árboles que existen en La Paz. A partir de los resultados se pretende desarrollar acciones que promuevan el cuidado y la conservación de los mismos.

Se censarán árboles ubicados en veredas de avenidas, calles, callejones, pasajes peatonales, parques, plazas, plazuelas, rotondas y jardineras centrales. Esta actividad se llevará a cabo en 187 zonas censales, que se identificaron en los siete macrodistritos urbanos. Además, se censará 171 zonas de masas bóscosas, entre áreas verdes, forestales, protegidas y aires de río.

Enjuciados por tráfico de colmillos no son sentenciados

En franco incumplimiento de deberes y acto de corrupción, el juez Juan Coronado Camacho, del Juzgado Noveno de Sentencia de Santa Cruz, suspendió por 13º vez la audiencia en la que debería dictar sentencia contra los ciudadanos de origen chino, naturalizados bolivianos, acusados de daños al patrimonio natural y tráfico de colmillos de jaguar, puma, oselote y otros derivados de fauna silvestre.

La suspensión de la audiencia que se previó fuera la última fue suspendida debido a la ausencia del abogado titular y a solicitud del nuevo abogado que pidió tiempo para conocer el caso.

El juez Juan Coronado Camacho fijó una nueva fecha para el viernes 9 de noviembre, a las 15.30, en el Juzgado Noveno de Sentencia y Anticorrupción, informó ayer el asesor legal de la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Fabricio Ortiz.

“Este ha sido un acto más de chicanería jurídica de mala interpretación y aplicación de la ley”, denunció Ortiz, tras anunciar que este caso será puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura y de la Procuraduría del Estado.

“Es una vergüenza, ‘chicanería’ total. Es lamentable que las autoridades del Estado sean alcahuetes de una intencionada mala aplicación de la ley”, fustigo el abogado a tiempo de señalar que la audiencia nuevamente fuera reprogramada.

El abogado remarcó que el proceso se encuentra en la fase final del juicio oral, instancia en la que se presentarán todas las pruebas materiales determinantes. “La defensa de los acusados argumentó sin sustento legal alguno y el juez le dio curso”, esto es lamentable, señaló Ortiz.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Chuquisaca Contaminación minera afecta salud de comunarios

Los pobladores de las comunidades Lime, La Torre, San Juan del Oro y Sandoval que pertenecen al municipio de Las Carreras (Provincia Sud Cinti de Chuquisaca), que albergan a 2.873 personas de 438 familias, en los últimos tres años sufren los efectos de la contaminación de aguas producto de la actividad minera ilegal, según informe de la asambleísta departamental, Griselda Brito.

Sostuvo, según Aclo, durante ese tiempo, más del 50 % de las personas reportaron diversas enfermedades producto de la contaminación del agua. “En los últimos tres años se han registrado 59.76 % casos de diarrea, por consumir el agua”, expresó la asambleísta Brito, que en su calidad de médico advirtió que los pobladores podrían sufrir otro tipo de enfermedades como infertilidad, abortos y hasta cáncer por consumir el agua contaminada. Por lo que, calificó la situación de alarmante y que se recurrirá a instancias máximas para detener la contaminación.

Luego de una visita realizada a estos lugares la semana pasada, el presidente de esta comisión Eusebio Cordero advirtió una presunta ilegalidad en las tareas que realizan las empresas, porque tanto comunarios como autoridades si bien conocen de su trabajo, desconocen quien les otorgó el permiso para operar.

Se evidenció, además, que hay vulneración de leyes y atentado a la salud y al medioambiente. “No tienen licencias ambientales, botan los residuos de minerales directamente a las quebradas que desembocan a los ríos cuyas aguas son para el consumo humano, animal y para la producción”, dijo Cordero.

Marcharon pobladores de Caraparí Indiferencia del Gobierno ante emergencia ambiental

Las autoridades y vecinos de comunidades de Sausalito, Buena Vista, Chirimollar, Itaperenda, San Alberto, Loma Alta, Molino Viejo y de Aguayrendita marcharon hasta la plaza de Armas 20 de Agosto, en protesta por la falta de atención de parte del Gobierno a la emergencia ambiental, ocasionada por el derrame de hidrocarburos.

La dirigencia campesina y representantes de las comunidades del área de influencia del bloque San Alberto exigieron a los Ministerios de Hidrocarburos y de Medio Ambiente y Agua, al igual que a la gerencia de Petrobras y a la presidencia de YPFB realizar acciones de manera inmediata para dar una solución satisfactoria al problema generado, como consecuencia del derrame de hidrocarburo registrado el 23 de octubre, a raíz de la ruptura de un ducto de recolección del Pozo Sal X-12, que contaminó las aguas de la quebrada de la zona Manantial.

El ejecutivo de la subcentral campesina del distrito Uno, Antonio Medina, manifestó que al no haber recibido hasta ahora soluciones a los problemas ocasionados por la empresa Petrobras, los comunarios tomaron la decisión de marchar desde San Alberto hasta Caraparí, para denunciar lo que está pasando en la zona afectada.

“Nos apena de verdad, porque es un distrito, una comunidad que por varios años mantiene al país, con recursos para el pueblo boliviano y puedan disponer de recursos, pero hasta la fecha no hemos podido ser atendidos en esta emergencia (…) la están haciendo pasar superficialmente, como que no es de gran magnitud y quiero denunciar públicamente que eso no es así, porque hay gente que vive aguas abajo y ya están sufriendo los efectos de la contaminación y eso preocupa compañeros, hay niños con problemas de piel y eso parece que para YPFB y otras autoridades no es tan importante”, puntualizó.

El presidente de la OTB de San Alberto, Adolfo Fernández, aseveró que existe contaminación en San Alberto y en las demás comunidades, y que por ello los pobladores de esa zona están en pie de protesta.

“Quiero decirles eso públicamente, la marcha es porque es la tercera vez que somos contaminados en nuestra comunidad, hace dos años atrás de la misma manera, decirles que es lamentable, que hasta hoy no tengamos la atención que nos merecemos, denuncio públicamente a Petrobras, que sinceramente nos está matando allá a todos compañeros, eso es algo que nosotros no podemos permitir”, aseveró.

En ese orden, hizo un llamado a todas las autoridades, no solo de Caraparí, sino de toda la región y el departamento de Tarija, para que interpongan oficios y realicen las gestiones que el caso amerita, exigiendo a que las instancias del nivel nacional a tomar cartas en el asunto y brindar soluciones inmediatas para reparar el daño ocasionado a San Alberto, al medioambiente y a la salud de las personas.

CÍVICOS EN EMERGENCIA

El Comité Electoral del Comité Cívico de Caraparí, junto a las autoridades y población, analizaron en asamblea la emergencia ambiental que afecta a la comunidad de San Alberto, por el derrame de hidrocarburos de un ducto del Pozo SAL X-12 y que contaminó las aguas de la quebrada en la zona Manantial.

Tras la asamblea, el Comité Electoral del Comité Cívico de Caraparí, junto a las autoridades y población, emitieron un pronunciamiento en el que se insta a la unidad de la población carapareña para luchar por el cuidado y conservación del medio ambiente y de las fuentes acuíferas, que proporcionan el líquido elemento para el sustento de la vida humana, animal y vegetal en la zona afectada.

De igual manera, se solicita a las autoridades locales, regionales, departamentales y nacionales, tomar acciones inmediatas ante la emergencia ambiental, ya que la contaminación de las aguas de la quebrada de la zona Manantial, trae consigo daños ambientales y a la salud misma de la población. (elchacoinforma.com)

Denuncian que mineras afectan a seis comunidades



Una docena de concesiones mineras que explotan plomo, zinc y cobre en el municipio de Las Carreras estaría incumpliendo la normativa ambiental y afectando a por lo menos seis comunidades aledañas a las empresas.

Según el asambleísta Eusebio Cordero, estas empresas no cuentan con diques de cola ni lagunas de oxidación. Algunas incluso no tendrían el permiso de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM).

El asambleísta informó que la Jefatura de Salud dio a conocer que aproximadamente el 59% de la población de más de 2.000 habitantes reportó enfermedades a consecuencia de los desechos que desembocan de las bocaminas en las quebradas. No descartó la posible contaminación de los ríos Chico y San Juan del Oro.