En marzo de este año, el Gobierno boliviano anunció el inicio de diálogo con Irán, para la explotación de tierras raras en un área de 28.500 hectáreas en dos departamentos: Cochabamba y Santa Cruz.
La información la dio a conocer el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, cartera creada en 2022, con el Decreto Supremo 4721, como parte de la implementación de estrategias de desarrollo de la cadena productiva de minerales tecnológicos y tierras raras para su industrialización.
Según Rodríguez, la intención de este diálogo con Irán es buscar cooperación científica e investigación de forma conjunta física o virtual, cooperación técnica específica que podría constituirse en un intercambio de prestación de servicios y la participación de empresas iraníes en proyectos con inversión conjunta.
De acuerdo a publicaciones sobre el tema, las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se usan en la fabricación de dispositivos tecnológicos, y que si bien son importantes para la economía global, su extracción y refino son costosos y contaminantes.
En la lista de los 17 elementos no aparece el Uranio, material estratégico debido a que sirve para la elaboración de los reactores nucleares y de la bomba atómica. Desde 1965, como parte de los estudios del Precámbrico, este mineral fue detectado en el cerro Manomó, en San Ignacio de Velasco, uno de los puntos mencionados por el viceministro Rodríguez en las tratativas con Irán.
Según diversas investigaciones, la explotación de este tipo de elementos conlleva aspectos ambientales, como el uso intensivo de agua, que puede agravar la situación en zonas vulnerables a la sequía.
Una de estas investigaciones es la de Geoinnova, consultora geográfica especializada en estudios territoriales, ambientales y tecnologías geoespaciales. Dice que la extracción de tierras raras y su impacto es un tema muy estudiado por diversos grupos defensores del ambiente, los cuales se oponen a esta actividad por las graves consecuencias que genera en el terreno donde se lleva a cabo.
“Durante la explotación y procesamiento de estas tierras se crean cantidades considerables de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvos). La obtención de una tonelada de tierras raras producirá alrededor de 9.000 y 12.000 metros cúbicos de gases, ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, cerca de una tonelada de restos radioactivos y resultarán más de 75.000 litros de agua acidificada”, alerta GeoInnova.
Asimismo, advierte que la extracción de tierras raras en su etapa de explotación genera altos niveles de contaminación ambiental, por medio del desecho de materiales radioactivos producidos del subsuelo, como lo son el torio y el uranio, dañando los suelos aledaños, incapacitándolos para su producción agrícola y animal, lo que representa un gran impacto social dentro de las comunidades cercanas a las minas.
“Los materiales radioactivos y ácidos utilizados para extraer y procesar las tierras raras contaminan las fuentes de agua cercanas a la mina, causando enfermedades en los seres humanos y animales que las consumen, además, los cráteres creados para su producción generan un gran impacto visual, pudiendo disminuir la vistosidad de un paisaje entero”, explica.
Aunque estos minerales son claves para tecnologías verdes (como autos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares), agrega, su extracción genera graves impactos ambientales, pero también sociales, si no se controla adecuadamente.
Por ejemplo, puede ocasionar el desplazamiento de comunidades indígenas o rurales, conflictos por el acceso a tierras ricas en minerales, y contaminación transfronteriza, si ríos o acuíferos cruzan frontera. Hay que recordar que el cerro Manomó está cerca de la frontera Bolivia - Brasil.
El periodista Manuel Joao Filomeno Ñúñez, en un análisis para Unifranz, llama a estos elementos raros como el oro verde que puede transformar la economía de Bolivia, pero admite que un desafío es la explotación amigable con el medioambiente, por su alto poder contaminante.
Piden explicaciones
La diputada chiquitana por Creemos, María René Álvarez, ingresó dos recursos legislativos ante el Ministerio de Minería para esclarecer los proyectos anunciados sobre las tierras raras en tres municipios del país, que el Ejecutivo pretende avanzar con la República Islámica de Irán.
El primer recurso es una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al ministro del área, Alejandro Santos, en el que se hace énfasis en la política ambiental que se manejaría en torno a estas áreas, sobre todo dentro de la Chiquitania a la cual representa Álvarez.
“Explique cómo garantizará el Ministerio que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, según estipula el Convenio 169 de la OIT”, señala parte de la PIE.
“Describa la tecnología de filtrado de agua residual que se pretende utilizar y explique si se garantiza que los residuos tóxicos no afectarán a las cuencas hídricas aledañas”, refiere otro de los puntos del cuestionario enviado por la diputada cruceña.
Asimismo, la legisladora también emitió un proyecto de Minuta de Comunicación a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medios Ambiente de la Cámara de Diputados, en el que se recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia que “no firme ningún convenio de explotación de minerales raros con Irán, debido a los riesgos ambientales, económicos y geopolíticos que implica esa relación”.
De igual forma, recomendó explorar alternativas sostenibles para la explotación de esos recursos con la participación de instituciones científicas y organismos internacionales de protección ambiental, siempre precautelando el bienestar de las poblaciones indígenas que, como es el caso de San Ignacio de Velasco, se encuentran aledañas al cerro Manomó, donde se plantea intervenir en sus 12.500 hectáreas.
“El Gobierno no puede firmar este tipo de convenios de forma inconsulta, arriesgando al país a sufrir sanciones internacionales por esta relación con Irán que responde a criterios ideológicos y no económicos. Además, siempre vamos a exigir que se preserve el habitat de las comunidades indígenas en cualquier proyecto minero o de exploración de recursos naturales”, agregó Álvarez.
Relación Irán - Bolivia
A inicios de 2009, dice EMOL, Bolivia rompió relaciones con Israel, luego de los ataques a la Franja de Gaza.
Poco después, un informe israelí aseguró que el Estado boliviano vendía Uranio a Irán. En esa época, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, defendió que la relación entre Bolivia e Irán era “totalmente transparente” y estaba dirigida a “proyectos de industrialización” en diversos ámbitos.
El ministro de Minería de esa época, Luis Alberto Echazú, aseguró a medios locales que Bolivia no producía Uranio, aunque el director del sector admitió que en Santa Cruz existe una explotación de tantalita que presentaba bajas concentraciones de uranita (óxido de uranio). En Potosí, recuerda la BBC, un responsable de la Prefectura dijo a la prensa que estaba previsto invertir en la búsqueda y exploración de Uranio en ese departamento, en el cerro Cotaje.
En mayo de 2009, en una publicación de EL DEBER se admitió la exploración de Uranio, tras varias negativas.
El director nacional de Minería de entonces, Freddy Beltrán, indicó que varias empresas estaban haciendo tareas de exploración de uranio en el país, con resultados positivos.
La declaración fue hecha luego de que EL DEBER le enviara información de la empresa Mega Uranium Ltd., que en su página web afirmaba tener concesiones de yacimientos de uranio en el altiplano y en Santa Cruz, todas en operación ese año.
Entre 2007 y 2009, a la par de la ruptura de Bolivia con Israel, La Razón informó que el presidente iraní Mahmoud Ahmadineja, visitó el país en dos ocasiones. En ambas visitas, el presidente Evo Morales respaldó el plan iraní de enriquecimiento de uranio, pero con fines pacíficos.
Ya desde agosto de 2010, según EMOL, la ministra de Planificación de la época, Viviana Caro, aceptó que Bolivia quería contar con Irán en la prospección minera que incluiría uranio.
En septiembre 2014, La Razón informaba que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) buscaba dinero para explorar Uranio en las reservas confirmadas en el cerro Manomó (San Ignacio de Velasco), al noreste de Santa Cruz.
En octubre de ese mismo año, Opinión confirmaba que geólogos descubrieron yacimiento de Uranio en las calizas de Sayari, en Cochabamba. Según el Congreso Geológico Boliviano, hasta esa fecha Cochabamba no aparecía como una zona potencial en Uranio.
En marzo de 2023, a través del Ministerio de Minería, el Gobierno boliviano anunció la creación de la Gerencia de Minerales Tecnológicos, dependiente de la Comibol, y admitió que se estuvo trabajando en mapas que localizan las tierras raras y los diferentes minerales tecnológicos en el país, como el cerro Manomó, de donde les llegaron “resultados realmente muy importantes”, y donde reconocieron proyectos de exploración de uranio y torio.
Panorama internacional
En 2015, Irán firmó el acuerdo nuclear (JCPOA) junto a grandes potencias mundiales.
El cumplimiento de este acuerdo es supervisado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente Naciones Unidas, que emite informes trimestrales. Varios de estos reportes, reflejados en medios internacionales, muestran un incremento extraordinario en las reservas de Uranio iraníes, por encima de lo establecido en el acuerdo.
En abril de este año, según Infobae, luego que Irán amenazara a los inspectores de Naciones Unidas con expulsarlos, Estados Unidos, que se retiró del acuerdo nuclear en 2018, advirtió sobre “una escalada y un error”.
