sábado, 11 de noviembre de 2017

Tribunal de Derechos de la Naturaleza Pide al Gobierno suspender construcción de vía por Tipnis

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza solicitó al Gobierno boliviano que “imponga una moratoria” a la propuesta de construcción de la carretera, puentes por el Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis) y la posible exploración hidrocarburífera, dentro o cerca de ese territorio.

“(El Tribunal) decidió solicitar al gobierno boliviano que imponga una moratoria a la propuesta de construcción de la carretera y puentes a través del TIPNIS y en la exploración de hidrocarburos en o cerca del TIPNIS, hasta que el Tribunal haya completado su trabajo”, informaron ayer miembros del Tribunal, en rueda de prensa, según una nota de prensa.

PRESENCIA EN BONN

Los representantes indígenas de los pueblos del Tipnis, Marqueza Teco y Fabián Gil, llegaron hasta Bonn-Alemania para participar de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP23 que realiza el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

“El Tipnis es el hogar de 69 naciones indígenas que viven en el lugar, el Gobierno prevé construir una carretera por el núcleo del territorio, pese a que no debe ser tocado, porque es área protegida”, expresó Teco en su participación en la Conferencia Internacional.

En tanto, el dirigente indígena Fabián Gil denunció en la Conferencia que el Estado boliviano está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, porque con la construcción de la carretera, el Tipnis corre el riesgo de desaparecer.

“La carretera estaría ocasionando un impacto ambiental negativo para el territorio, esta carretera no nos beneficia, porque pasa por el centro y las comunidades están en la parte alta del territorio”, explicó Gil.

El Tribunal no ha emitido aún una sentencia respecto a la denuncia que los dirigentes del Tipnis han presentado, porque recabarán mayores pruebas de los interesados en el tema, incluido el propio Estado Boliviano. Luego, analizarán las posibilidades de enviar una delegación que investigue la situación del Tipnis en el país.

El pedido de aplazar la construcción de los proyectos se constituye en “una medida de precaución apropiada para evitar posibles violaciones de los derechos de la Madre Tierra, mientras se busca una resolución a esta disputa”.

EXPOSICIÓN AL TRIBUNAL

Esta instancia escuchó una serie de casos de diferentes partes de la Amazonia, con el objetivo de considerar las amenazas al ecosistema. Asimismo, recibió las denuncias de violaciones generalizadas a los derechos indígenas y de la Madre Tierra, sobre la base de los testimonios de Guyana Francesa, Brasil, Bolivia y Ecuador.

“Está claro que este vital ecosistema, que es una reserva de vida, hogar de muchos pueblos y una parte esencial para mantener la estabilidad climática global, está siendo sometido a muchos ataques que violan su derecho para existir y mantener sus ciclos vitales. El modelo global extractivista inevitablemente genera violaciones de los derechos de la Amazonia en su conjunto y disminuye la calidad de vida de todos los organismos en la región”, dice la nota.

Desde el 2011, el Gobierno busca la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría el núcleo del Tipnis. Este año fue promulgada una ley que le eliminó el carácter intangible al territorio, con el propósito de ejecutar para dicho proyecto.

POLÍTICA EXTRACTIVISTA

En una investigación que realizó el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), siete bloques cedidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) para exploración petrolera rodean el área protegida.

El bloque Sécure (dividido en dos) atraviesa completamente el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), mientras que el bloque denominado Río Hondo afecta a uno de sus extremos. El parque posee la superficie de 1.225.347 hectáreas, de las que 427.778, aproximadamente, están comprometidas para la exploración hidrocarburífera.

El resto de los bloques Santa Catalina z19, Santa Catalina z20, San Ignacio y Litoral están en torno al área protegida.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Tribunal mantiene en suspenso fallo sobre denuncia del Tipnis

Tras presentar su denuncia en contra del Gobierno por la depredación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la delegación de dirigentes indígenas deberá esperar por el fallo a su demanda debido a que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza requerirá mayor tiempo para manifestarse por este caso.

"El Tribunal anunció que hoy (jueves) iba a anunciar el fallo, pero no lo ha emitido sino que han hecho una conferencia de prensa anunciando que iban a dar los fallos examinando todas las pruebas presentadas, intentando que sea lo más serio posible", informó el activista Martín Vilela que se encuentra junto a la delegación boliviana.

DELEGACIÓN BOLIVIANA

A la cabeza de Fabián Gil y Marqueza Teco, la delegación de dirigentes viajó hasta Bonn para participar de la cuarta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, evento que también contó con la presencia de varias agrupaciones indígenas que llevaron sus propias denuncias.

Además de la denuncia contra el gobierno de Evo Morales, los representantes hicieron la entrega de la demanda al presidente del Tribunal, Tom Goldtooth, un activista de los derechos ambientales, climáticos y económicos de los nativos americanos.

Vilela indicó que el Tribunal no dio un dato claro acerca de la fecha específica en la que recibirían la respuesta a su demanda, ya que la enorme cantidad de denuncias que recibieron implicaría una mayor inversión de tiempo para analizarlas una a una.

CAUSA SORPRESA

El activista comentó que la reacción de los asistentes al conocer la problemática del Tipnis fue de sorpresa y solidaridad plena, debido a que esta denuncia se convirtió en una de las tantas situaciones de vulneración de los derechos de la naturaleza que fueron expuestas ante el Tribunal.

"El TIPNIS es uno de los varios casos que están sucediendo en todo el mundo y que son afectados por un mismo problema: la lógica que destroza el planeta y que afecta terriblemente a los territorios a través de diversos tipos de proyectos de extracción de combustibles fósiles, pasando por la construcción de carreteras", afirmó.

Caso especial fue el de los medios internacionales que abordaron a los dirigentes del Tipnis para conocer más de cerca la realidad de este territorio que se ve amenazado por la construcción de una carretera.

"Ha habido acercamientos de varios medios internacionales como la Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional, pero también de organizaciones de distintas partes del planeta que ven con preocupación todo esto porque pensaban que en Bolivia había una transformación de todo el sistema de organización económica", indicó. (ANF)

jueves, 9 de noviembre de 2017

Guardaparques se enfrentan a la caza y a explotadores de madera

En Bolivia hay 22 áreas protegidas que abarcan el 15,5% de territorio custodiadas por 300 guardias forestales. En el departamento de Santa Cruz hay 10 reservas naturales a cargo de 50 guardias. En su día entregaron equipos y reconocimientos


En una ocasión, cuando apenas amanecía en el Parque Nacional Anmi Kaa-Iya, el guardaparques Mario Luis Gil Égüez (27) tuvo que interrumpir su recorrido por el violento eco de un disparo. Una vez identificado el origen de la amenaza se dirigió hasta el lugar para descubrir que un cazador se había trepado en la rama de un árbol. Con voz firme le pidió que se retire, solo para descubrir que a pocos metros había otro cazador que lo apuntaba.

Más que una anécdota, Mario Luis Gil relata el episodio porque forma parte de su rutina de trabajo, en el que aprendió a lidiar con cazadores, explotadores de madera e incluso narcotraficantes que huyen de la justicia boliviana o paraguaya, cuyas fronteras colindan con el parque.
El Anmi Kaa-Iya tiene una extensión de 3.441.115 hectáreas y es resguardado por 20 guardaparques y un supervisor. Es el más grande de Bolivia y uno de los más grandes de Sudamérica. Cubre un área entre las provincias Chiquitos y Cordillera.

El guardaparques Clovis Socoro Mendoza reforzó la veracidad del relato y explicó que se resolvió con la llegada de refuerzos. Esa vez, la ventaja numérica estuvo a su favor. Sin embargo, el peligro en su labor es constante, tanto por la extensa área que deben cubrir, como porque solo se limitan al registro de anormalidades y no pueden portar armas.

“Lo más difícil no son los peligros naturales o los rifles de los cazadores, es el estar alejado de la familia”, agregó Socoro.
Son tres tipos de patrullaje que realizan: rutinario (que cubre un área de 30 a 40 kilómetros), exploración (recorrido de más de 4 días) y especiales (emergencias naturales o por invasores). El trabajo les demanda 24 días continuos en el parque y les otorga apenas seis de descanso.

Según el Informe del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Bolivia cuenta con 49 áreas protegidas de carácter nacional y departamental que abarcan el 20% del territorio nacional. Las áreas protegidas de competencia nacional son 22 y representan el 15,5% del territorio, de estas cinco están en Santa Cruz.

Encuentro nacional
En conmemoración del Día Nacional del Guardaparques, el Sernap organizó un encuentro en el Centro Cultural Alemán en el que entregó reconocimientos a la trayectoria de los 300 guardias forestales que custodian las 22 reservas de carácter nacional.

El director ejecutivo del Sernap, Abel Mamani, destacó la labor de los guardaparques y dijo que el gran desafío es la capacitación, debido a que cumplen labores de formación ciudadana en colegios y comunidades. Reconoció que son pocos con relación a la extensión que cubren.

“Esta semana tuvimos un incendio en el parque Carrasco que duró varios días. No pudimos hacer nada porque el lugar era inaccesible. La única forma era por aire, pero tampoco tenemos las condiciones”, señaló.

Previamente realizaron un acto en el parque Urbarí, en el barrio del mismo nombre, que sembraron 17 plantines en honor a los 17 guardaparques que perdieron la vida a lo largo de los 20 años del Sernap.

Entrega de cuadratracks

La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación realizó un acto de reconocimiento a los guardias forestales, para los que hizo entrega de cuatro cuadratracks para fortalecer el patrullaje en el Parque Lomas de Arena, y dotó de material para combatir incendios forestales.

La Gobernación de Santa Cruz gestiona 10 unidades de conservación. La más grande es la reserva Ríos Blanco y Negro, con una extensión de 1,4 millones de hectáreas, seguida de Río Grande Valles Cruceños, con una extensión de 734.000 hectáreas.

El director de conservación del Patrimonio Natural, Juan Carlos Áñez Chávez, destacó su trabajo y aunque reconoció que falta personal dijo que se compensa con esfuerzo. Hay 60 guardias para una extensión de 3,2 millones hectáreas.

“Hemos reducido el personal pero redoblamos esfuerzos. Fue por el componente económico. Hay que destacar que (los guardias) son de lugares cercanos al parque, con lo que garantizamos el mayor interés por preservar la zona”, añadió.

Los guardaparques dijeron que ven su labor como un apostolado. En la jornada fue reconocida Ana Carola Vaca Salazar (50), la primera mujer guardaparque, que luego de más de 20 años en este oficio confesó “que se casó con su trabajo”. Hay otras ocho mujeres con la misma profesión.

Descubren un enorme "mar de plástico" frente a costas de Honduras

La contaminación plástica inunda nuestros océanos, ríos y lagos. Es una situación crítica que daña severamente el ecosistema y afecta la sobrevivencia de las distintas especies. Algunas regiones se han visto más afectadas con esta situación, principalmente por sus características geográficas o bien por la irresponsabilidad de sus habitantes.

Hace algunos días se conoció la grave contaminación por este material en las costas de Honduras, entre las islas de Roatán y Cayos Cochinos en el mar del Caribe. La fotógrafa y activista Caroline Power registró una serie de imágenes donde es posible apreciar la gran cantidad de desperdicios plásticos flotando a la deriva, un verdadero "mar de plástico" que evidencia el grave impacto medioambiental que esto provoca.

Tenedores, cucharas, platos, botellas, cepillos de dientes, todo esto forma parte del nefasto paisaje capturado por la fotógrafa británica, quien compartió las imágenes en su cuenta de Facebook. "Ver que se asesine y asfixie lentamente algo que me importa tanto fue devastador", reconoció la profesional al diario The Telegraph.

En tanto, la organización ambientalista Blue Planet Society, ha explicado que la causa de este verdadero mar de plástico es la basura que arrastra el río Motagua desde Guatemala hasta las costas hondureñas. "El Gobierno de Honduras lamenta que a pesar de los distintos acercamientos ante el Gobierno de Guatemala y los esfuerzos que se han venido realizando, los mismos no han sido suficientes (…) y aún no se ven resultados concretos y palpables", señala un comunicado emitido por la Secretaría hondureña de Relaciones Exteriores.

Esperamos que tanto Guatemala como Honduras profundicen sus esfuerzos para acabar con este grave problema ambiental que afecta a una de sus costas. Mientras, las imágenes tomadas por Power se han viralizado y se han compartido miles de veces en las redes sociales mostrando la seriedad de esta emergencia.

Año 2017 se acerca a convertirse en uno de los más calurosos de la historia

La Organización Mundial de Meteorología (OMM), advirtió el reciente lunes que el 2017 se acerca a convertirse en uno de los años más calurosos de la historia. Sólo estaría siendo superado por el 2016 y en condiciones muy similares al 2015, con la diferencia de que en ambos años la temperatura se vio incrementada por el fenómeno de El Niño, situación que no ha ocurrido en 2017.

El organismo también realiza un llamado a tomar en cuenta varios episodios de "efectos devastadores" que ocurrieron este año como inundaciones, huracanes, olas de calor, y sequías, además del aumento en las emisiones de gases contaminantes o el incremento en el nivel de los océanos.

"Como consecuencia del intenso episodio de El Niño, es probable que el año 2016 continúe siendo el más cálido del que se tenga registro, con 2017 y 2015 en segundo y/o tercer lugar, respectivamente. El período de 2013 a 2017 será el quinquenio más cálido jamás registrado", explica el informe presentado por la OMM en la Conferencia de la ONU sobre cambio climático que se desarrolla en la ciudad alemana de Bonn.

Por su parte, Petteri Taalas, secretario general de la OMM, aseguró que: "Los últimos tres años han estado entre los tres años más cálidos en cuanto a registros de temperaturas. Es parte de la tendencia al calentamiento a largo plazo".

80 comunidades en emergencia por la no conclusión del dique de colas de Huanuni

A través de un voto resolutivo emanado por la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), se hizo conocer que al menos 80 comunidades que son afectadas por la contaminación que produce la Empresa Minera Huanuni (EMH), y la no concreción de un dique de colas, se declararon en emergencia y se planifica asumir medidas de protesta.

Según el documento facilitado a LA PATRIA, los afectados por la contaminación ambiental aseveran que existía un compromiso por parte de la Estatal minera, de concluir con los trabajos de construcción de un dique de colas en el sector de willakollo hasta el 7 de noviembre.

Se menciona que desde hace 60 años que la EMH contamina toda la región, al botar residuos minerales de forma indiscriminada al río Huanuni, cuyos afluentes llegan hasta los lagos Poopó y Uru Uru.

Por ello impulsaron para que la empresa minera pueda contar con un dique de colas, así mitigar en cierta medida los niveles de contaminación pero hasta la fecha la obra no fue concluida.

Por esos argumentos en una asamblea general decidieron emitir el voto resolutivo, que en su parte principal menciona, "Declararnos en estado de emergencia exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo de la Empresa Minera Huanuni, que consiste en realizar la entrega definitiva del dique de colas de EMH".

En el segundo punto se menciona que en caso de incumplimiento, las 80 comunidades asumirán otras medidas de presión como una marcha a la ciudad de La Paz, bloqueo de caminos hacia la localidad de Huanuni, entre otros aspectos.

También se pide una audiencia e inspección al dique de colas, a objeto de verificar el grado de incumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades afectadas.



ANTECEDENTES

El proyecto de construcción del dique de colas ubicado en Willakollu, se inició en la gestión 2015, en principio su conclusión estaba prevista en un plazo de 16 meses y una entrega provisional para septiembre de este año, el costo asumido es de 113 millones de bolivianos.

Debido a que faltaban sistemas de interconexión con el ingenio de Lucianita, además del bombeo de aguas, el proyecto se fue retrasando, debido a ello las comunidades afectadas y la EMH asumieron un compromiso de conclusión hasta el 7 de noviembre, hasta la fecha la obra aun no fue concluida y según los dirigentes mineros de la empresa, se prevé que su conclusión se dé a principios del 2018.

Cazadores trafican con colmillos Reportan 88 jaguares asesinados

Un grupo de jóvenes pertenecientes al colectivo “En primera persona” realizaron un plantón en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en defensa de la vida de los jaguares, la vocera del colectivo, Noelly Guzmán, reportó la muerte de 88 jaguares para la extracción de 337 colmillos.

La activista explicó que la cacería de jaguares en el parque Madidi es alarmante. Señaló que luego de percatarse de una denuncia realizada en redes sociales por personas que se dedicaban al tráfico de colmillos de jaguares se encuentren en pleno goce de su libertad siendo que deberían ser sancionados.

De acuerdo con lo manifestado por el colectivo defensor de animales y datos publicados por la productora audiovisual National Geografic durante la gestión 2016 en Bolivia se reportaron la deliberada eliminación de 88 jaguares para la extracción de al menos 337 colmillos que fueron confiscados en el país.

Guzmán señaló que en Bolivia hay zonas que a pesar de existir alta densidad poblacional de jaguares no existen registros que indiquen la cantidad exacta de estos animales y menos su mortalidad.

INVASIÓN DE HÁBITAT

Según los activistas en el departamento de Santa Cruz existe una expansión considerable de la producción agrícola que afecta, o invade, los espacios de hábitat de los jaguares.

“Sabemos que existen muchos más casos de casería de jaguares con este plantón queremos manifestar nuestro respaldo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y al mismo tiempo denunciar la complicidad de ciertas instituciones que no denuncian los casos que afectan a los jaguares”, manifestó.

Pidieron que se apoye con recursos al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, porque realizan grandes despliegues y operativos incansables, por lo que los recursos con los que cuentan no son suficientes.

“Necesitamos más apoyo para detener la cacería de jaguares no sólo en el Amazonas, sino también por nosotros (humanos) porque estas acciones afectan el bien estar del planeta”, expresó.

En ese marcó criticaron los proyectos del Bala y la carretera del Tipnis, que en su criterio ocasionará la apertura de vías de petróleo, de expansión de coca, y extracción de pieles, colmillos y cráneos de animales. Aseguró que el tráfico de los colmillos están relacionados con la llegada a China.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Minamata impone tareas a Bolivia



La reciente lucha global contra la contaminación por mercurio impone a Bolivia al menos tres grandes retos para disminuir su responsabilidad como uno de los principales emisores del elemento tóxico en el mundo.

Estas tareas se enmarcan en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones del metal pesado y sus compuestos a la atmósfera, al suelo y al agua. El tratado, firmado ya por 128 países y ratificado por 84, entre ellos el Estado Plurinacional de Bolivia, entró en vigencia en agosto de este año y tuvo su Primera Conferencia de las Partes a finales de septiembre en Ginebra (Suiza).

“Por América Latina, estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela”, cuenta el coordinador del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Carlos Lozano, quien estuvo en el encuentro.

PLAN. “Más costosa que la acción es la inacción y, a la larga, si los países no hacen nada, el problema va a presionar de forma drástica las finanzas públicas, los sistemas de salud y la posibilidad de un desarrollo sostenible, porque nadie quiere una sociedad contaminada por mercurio”, advierte.

Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, difundido en septiembre del año pasado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el país emite y libera en promedio 1331,1 toneladas (t) del metal pesado al medio ambiente, lo que representa el 6,8% de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje fue elevado a 12%, lo que convierte al país en el segundo emisor de mercurio en América Latina y el Caribe.

Desde 2005 hasta 2016, las importaciones del elemento químico al mercado nacional se incrementaron 646 veces, de 369 a 238.330 kilos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

“Grandes cantidades de mercurio importados por Colombia y Bolivia son transferidos de manera informal hacia países vecinos como Perú, principalmente para su uso en la minería artesanal y de pequeña escala”, de acuerdo con el reporte Suministro, comercio y demanda global del mercurio publicado este mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“En Perú hay una ley que prohíbe la minería informal. En Bolivia, nuestra legislación es muy laxa y no hay una prohibición específica sobre la actividad”, recuerda Dionisio Garzón, exministro de Minería.

Tres de los principales retos de Bolivia —relacionados con la explotación aurífera artesanal— como signatario de Minamata son: no permitir la exportación de mercurio, salvo consentimiento por escrito del país de destino y para fines autorizados; “reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y sus compuestos” en la minería aurífera artesanal, así como “las emisiones y liberaciones provenientes de ellas; y “presentar su plan de acción nacional a más tardar tres años después de la entrada en vigor del convenio”, lo que sucedió en agosto reciente.

IMPACTO. En el país, el sector minero es responsable de cerca del 70% de las emisiones (47% por la aurífera y 23% por la producción primaria de otros metales) y el consumo de artículos con mercurio del 17%, indica el estudio de los dos ministerios bolivianos.

La extracción de oro artesanal y en pequeña escala está presente en al menos una docena de países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Bolivia, con más de 500.000 personas, de acuerdo con información del convenio.

El Ministerio de Minería y Metalurgia reporta que desde 2006 hasta el año pasado el número de cuentapropistas del sector —que entre 1980 y 2005 creció de 21.000 a 52.720— se incrementó de 54.200 a 122.668 (+126%), mientras que la cifra de trabajadores del rubro privado mediano y chico creció de 6.400 a 6.633 (+3,6%) y la cantidad de empleados del rubro estatal se elevó de 4.726 a 6.827 (+44%).

Espere…

“El uso de mercurio es un problema muy antiguo. El problema es que la minería aurífera está en manos del sector informal, de cooperativas y de pequeñas empresas artesanales” que se dedican a esa actividad y que “con seguridad y mucha frecuencia” emplean el elemento tóxico, afirma Garzón.

Según el Viceministerio de Cooperativas Mineras, 1.115 de las 1.806 cooperativas que hay en el país, es decir el 62%, explotan oro y que “extraoficialmente” el 35% del total cuenta con licencia ambiental y el 42% está en proceso de obtenerla. “Inferimos que por un kilo de oro recuperado se consumen 2 kilos de mercurio”, sostiene.

“Si el Estado no toma el control de toda la cadena de oro”, el problema de la contaminación “continuará”. “La primera medida es controlar la producción aurífera en las zonas” de explotación del mineral precioso, considera Garzón.

ACCIONES. Este medio solicitó una entrevista y envió un cuestionario al MMAyA para conocer más datos sobre la participación de Bolivia en la primera reunión de Minamata y sobre las políticas que implementa el Gobierno para reducir la contaminación con mercurio, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Pero no solo la minería es causante de este tipo de contaminación. El mercurio también es utilizado en la producción de metales, cemento, papel, artículos médicos como termómetros y barómetros, y en focos, pilas, cremas y jabones, entre otros.

De acuerdo con fuentes institucionales citadas por la estatal ABI, “en el país 78% de cosméticos y jabones tienen mercurio y 17% de equipos farmacéuticos”.

“A la luz del Minamata, los Estados tienen la obligación de impulsar acciones para evitar que esa contaminación siga ocurriendo y, en esa medida, para Bolivia es una oportunidad ser parte del convenio, ya que le puede dar herramientas y cooperación internacional para superar ese problema que en general tienen todos los países andinos”, afirma Lozano.

Cuatro medidas para frenar la contaminación

Wálter Vásquez

El Gobierno debe considerar cuatro acciones prioritarias para poder controlar la cadena del mercurio en el Estado, según un estudio difundido por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación ve como medidas preeminentes el diseño y aprobación de normas de calidad ambiental que fijen la concentración máxima aceptable del metal pesado para diferentes medios, como agua potable, aguas superficiales, aire y suelo, así como para alimentos y en especial el pescado.

PASOS. También están las acciones y normativas para controlar las liberaciones del elemento en el medio ambiente, como las restricciones a las emisiones de fuentes puntuales en aire y agua, el fomento de las mejores tecnologías disponibles, tratamiento de desechos y restricciones a su eliminación.

El tercer punto está relacionado con acciones y normativas de control de productos con mercurio, como baterías, cosméticos, amalgamas dentales, interruptores eléctricos, químicos para laboratorio, lámparas, pinturas/pigmentos, plaguicidas, productos farmacéuticos, termómetros y otros instrumentos de medición.

Por último se requiere de otras normas, acciones y programas, como los reglamentos sobre exposición al metal en el lugar de trabajo, requisitos de información y notificación sobre uso y liberaciones del elemento en la industria, recomendaciones para el consumo de pescado y medidas de seguridad para el consumidor.

Este tipo de contaminación “hace más lento el desarrollo intelectual de los niños y reduce su rendimiento escolar, lo que tendrá un efecto en la sociedad y a la larga en la economía”, advierte Carlos Lozano, coordinador del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa Medioambiental. “Generaciones enteras de la región andina pueden perderse a causa de la contaminación”, agrega.

Los síntomas por esta forma de intoxicación son temblores, insomnio, cambios emocionales y neuromusculares, dolor de cabeza, molestias, cambios en la respuesta nerviosa y déficits en las pruebas de funciones cognitivas. A exposición más alta puede aparecer daño renal, paro respiratorio y muerte.

Polución es ‘culpable’ de una de cada seis muertes



Una de cada seis muertes ocurridas en 2015 en el mundo está relacionada con la contaminación, sobre todo con la polución del aire, pero también del agua y de los lugares de trabajo.

“Las enfermedades causadas por la contaminación han sido responsables de 9 millones de muertes prematuras en 2015, es decir de un 16% del total de muertes en el mundo”, según el informe de The Lance, resultado de dos años de trabajo entre la revista médica británica, varios organismos internacionales, oenegés y unos 40 investigadores especializados en temas de salud y medio ambiente.

Este balance representa “tres veces más muertos que el sida, la tuberculosis y el paludismo juntos, y 15 más que los causados por la guerras y cualquier otra forma de violencia”, señalan los autores.

La toxicidad del aire (exterior e interior) es responsable de 6,5 millones de muertes cada año, principalmente por las enfermedades no transmisibles como afecciones cardiacas, infartos cerebrales, cáncer de pulmón y obstrucciones pulmonares crónicas. El agua contaminada habría causado 1,8 millones de muertes, por culpa de un mal saneamiento o la poluida de las fuentes de origen, que causan dolencias gastrointestinales e infecciones parasitarias. La contaminación en los lugares de trabajo está relacionada con 800.000 muertes, debido a la exposición a sustancias tóxicas o cancerígenas.

Espere…

Impacto. Esta evaluación está “probablemente subestimada”, añade sin embargo The Lancet, teniendo en cuenta “los numerosos contaminantes químicos emergentes que quedan para identificar”. El fenómeno afecta en primer lugar “las poblaciones pobres y vulnerables”, indica el informe. Un 92% de estos fallecimientos ocurre en países con recursos bajos o medios y, en cada país, conciernen especialmente a las minorías o las poblaciones marginales.

En los países en vías de industrialización rápida, como India, Pakistán, China o Kenia, hasta una de cada cuatro muertes estaría relacionada con la contaminación, por lo que la revista médica llama a “tratar urgentemente la situación” y luchar contra el “mito según el cual la contaminación sería una consecuencia inevitable del desarrollo económico”.

Cochabamba prepara tercer concurso de innovación forestal

El representante del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Max Milán, informó ayer que el 10 de noviembre se realizará el tercer concurso de innovación agropecuaria y forestal del departamento central de Cochabamba.

“Estamos haciendo el lanzamiento de este evento que se va a hacer efectivo el día viernes 10 de noviembre”, puntualizó en una conferencia de prensa.

Precisó que el concurso se desarrollará en instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales de la Universidad Mayor de San Simón.

Detalló que ese foro contará con la exhibición de las innovaciones creadas a nivel departamental por universidades públicas y privadas, instituciones, institutos tecnológicos y productores para sistematización, difusión y adopción al cambio climático, en los casos de la agropecuaria, la apicultura y las actividades forestales y acuícolas.

“Por ejemplo, se mostrará una nueva variedad de durazno que ha sido obtenida por el productor y que seguramente va a ser producida y difundida en nuestro departamento y en otros lugares del país”, sustentó.

El jefe regional de la Unidad de Proyectos Productivos de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Antonio Ríos, dijo que en ese evento se escogerá a tres representantes de Cochabamba para el concurso nacional de innovación, que se realizará en las próximas semanas en el departamento de Potosí.

Río Bermejo Bolivia y Argentina impulsan descontaminación

Tras casi 8 años de inactividad en el tema de descontaminación, decidieron retomar las acciones de la denominada Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija (Cobinabe) y la Comisión Regional del Río Bermejo (Corebe).

Los representantes diplomáticos de Bolivia y Argentina se reunieron en Tarija, a fines de octubre, para reactivar la Comisión Binacional con la idea de trabajar sobre la cuenca del río Bermejo.

En la reunión también estuvo el jefe de la misión diplomática de Bolivia en Estados Unidos, Pablo Canedo, quien hasta hace poco impulsó la Cobinabe desde la Oficina Técnica Nacional de los ríos Bermejo y Pilcomayo (OTN), cuando era el director ejecutivo.

Canedo explicó que se decidió retomar el trabajo ante la demanda urgente de agua para consumo humano, para riego y para energía en las ciudad fronterizas de Bermejo y Yacuiba. En tanto que para Argentina beneficiará a Salta y Jujuy.

La embajadora argentina ante la Cobinabe, María Cristina Guzmán, admitió que por varias circunstancias ambos países no se reunían, pero ahora se reactiva con esta reunión para comenzar a definir la agenda de trabajo.

“Fue una puesta al día intensa. La idea es resucitarla porque por el Bermejo pasa la vida de nuestros pueblos. Además de regular su cauce tenemos la intención, los dos países, de fortalecer el turismo en la región, crear una red de medición para alertas tempranas y fortalecer institucionalmente la zona. Queremos que el bloque Salta, Tarija y Jujuy sea uno solo; y el Bermejo nos da la oportunidad”, le dijo Guzmán a El Tribuno.

“El evento de Tarija es un punto de partida muy importante porque nos permitió a todos identificar las necesidades de la cuenca. Como bien se sabe, Tarija tuvo un incendio hace un par de meses en la reserva biológica de Sama que es el naciente de las aguas del Bermejo. Es decir este siniestro afecta la calidad de aguas que tiene el Bermejo, por eso queremos que ambos países se involucren en la comprensión real del efecto de vivir en relación a una cuenca”, dijo Canedo.

La Cobinabe es una entidad binacional de Argentina y Bolivia, que fue creada en 1995 por el Tratado de Orán y tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible de la cuenca del río Bermejo, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión racional y equitativa de los recursos hídricos. Tiene personería jurídica internacional, autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso puede celebrar con cualquier otro sujeto de derecho, los actos y contratos necesarios para realizar sus funciones.

El proyecto es ambicioso y beneficiará a salteños y bolivianos con agua, prevendrá las inundaciones y generará energía eléctrica. Incluye la construcción de las presas y centrales hidroeléctricas de Cambari, Las Pavas, Arrazayal, Astilleros y Zanja del Tigre. Pretende producir en su conjunto 2.200 giga wats hora (GWh) anualmente, a través de cinco centrales.

DATOS

- La contaminación de los ríos es uno de los tópicos más fuertes a tocar a nivel nacional. Una de las muestras más claras sobre esta realidad, es el mismo río Guadalquivir que cruza por la capital del departamento, mismo que está totalmente descuidado y contaminado.

- El dirigente vecinal Eduardo Maldonado expresó su pesar por la situación de abandono que sufren los distintos ríos del departamento, asegurando que Tarija es el tercer departamento a nivel nacional en contaminación con un índice del 57 por ciento.

- En Tarija incrementan los índices de enfermedades tales como el cáncer, la diabetes y demás patologías por la cantidad de contaminantes que existen en la ciudad por el agua que no es tratada de forma efectiva.

- El uso de agroquímicos en Tarija llega a los 142 mil kilos que son regados en las diferentes zonas agrarias, cuyos frutos son posteriormente comercializados en los principales mercados de abasto.

Demócratas denuncian asentamientos en Parque Tunari y cuestionan al Sernap

La bancada de los Demócratas de la Asamblea Legislativa Departamental denunció ayer que se están produciendo nuevos asentamientos en el Parque Nacional Tunari, sector de Tiquipaya, los cuales se encuentran ilegalmente establecidos por encima de la cota 2.750.

El asambleísta Freddy Gonzales informó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no está controlando las nuevas construcciones. “Lo que queremos denunciar es que en 2012 no teníamos ningún tipo de construcción a las faldas del Parque Tunari, dentro de la jurisdicción del municipio de Tiquipaya, Distrito 5”, manifestó.

ASENTAMIENTOS

Actualmente, se estarían construyendo 10 nuevas viviendas en este sector, en la OTB Pucun Pucun, ubicada en el límite de Taquiña y Miraflores y que en el lugar ya existen servicios básicos instalados.

“Hemos visto que lamentablemente el Sernap no está cumpliendo su función de protección al Parque Nacional Tunari”, expresó el legislador, incluyendo también a las autoridades del municipio de Tiquipaya como responsables ante la falta de control.

Gonzales indicó que la bancada política envió una nota al Sernap el pasado 12 de octubre para que brinde un informe sobre este caso, pero que hasta la fecha no hubo una respuesta.

Según datos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), más de 500 hectáreas del Parque Nacional Tunari están ocupadas por asentamientos. La invasión del cinturón ecológico representa un peligro para los habitantes y para el área protegida. Se piensa que los últimos incendios fueron causados por la expansión de la mancha agrícola.

NORMATIVA

Consejo de la Magistratura en 2016 trabajó en el Proyecto de Ley de Protección del Parque Nacional Tunari que busca regular la conservación de la Cordillera del Tunari del departamento de Cochabamba, como un Parque Nacional y Área Natural de manejo integrado, considerando su calidad de accidente natural y factor ambiental del sistema hidrológico de los valles.

Este anteproyecto de ley responde a la decisión política del Gobierno de resolver la problemática de los asentamientos sobre la Cota 2750 en el Parque Nacional Tunari.

Asimismo, existe la necesidad de resolver los vacíos legales de la actual Ley 1262 del Parque Tunari, para una solución integral de las comunidades rurales como Morochata, Independencia, Cocapata y Tapacari (límite norte), además de las urbanizaciones de la ladera sur (sobre la Cota 2750).

martes, 7 de noviembre de 2017

Gases de Efecto Invernadero Bolivia produce el 0,01%

La producción agrícola de todo el mundo es la más afectada por la emisión del Gas de Efecto Invernadero (GEI), la emanación de tóxicos, principalmente, dióxido de carbono y metano, contribuyen al calentamiento global, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el impacto que genera Bolivia es sólo 0.01% respecto de países industrializados cuyo promedio alcanza el 23% de emisión de gases.

Según datos de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT); Estados Unidos produce más GEI (23%), seguido de China (16%), Unión Europea (7%), Rusia (6%) y Japón (5%). En el caso boliviano, la producción del gas es solo del (0,01%).

El Director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos (Iideproq) de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Vargas, manifestó su preocupación sobre este tema y sugirió a las autoridades estales planes para dejar de emitir estos gases.

“Primero, dejando de importar más chatarra vehicular que consume más combustibles fósiles; segundo, dejar de fomentar la adquisición desmedida de vehículos a gasolina con amplias facilidades bancarias que, por muy nuevos que sean, congestionan gravemente el tráfico vehicular en todas nuestras ciudades y ocasionan más emisión de GEI”, argumentó Vargas.

Asimismo, el ingeniero dijo que en Bolivia existen organizaciones no gubernamentales, universidades, cooperación internacional bilateral y algunos organismos del Estado que trabajan en esta temática. “Lo malo es que no hay una entidad central que oriente, aglutine y fiscalice tales esfuerzos y cuyos resultados aún los vemos en la realidad”, expresó.

ENERGÍA RENOVABLE

Recientemente, el presidente del Estado, Evo Morales, se refirió a este tema e indicó que Bolivia es el país que más invierte en energía renovable por unidad del Producto Interno Bruto (PIB), donde se contempla proyectos de biomasa, geotérmica, eólicos, hidroeléctricos y energía solar. “Somos primeros en todo el mundo, acompañados por Senegal, Jordania, Honduras e Islandia”, anunció.

Del 6 al 17 del presente, se lleva a cabo Bonn, Alemania, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) que cuenta con más de 23.000 personas de 197 países llegaron a para discutir sobre la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el cual, Bolivia también participa.

Por otra parte, la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental (SMGA) de la Alcaldía capacitó a 1.200 estudiantes de las unidades educativas Santo Tomás y Copacabana de la zona La Portada sobre el cambio climático y sus efectos sobre la urbe paceña.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Siete países plantearon intangibilidad perpetua

Representantes de organizaciones peticionarias de los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de siete países de la región plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 165 período de sesiones públicas, que los Estados adscritos declaren la intangibilidad perpetua de los territorios a favor de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, e incluso adopten acuerdos transfronterizos.

Durante la sesión realizada en Montevideo, Uruguay, en ausencia de los diferentes gobiernos, los peticionarios de los recursos ante la CIDH en representación de los pueblos indígenas y de la sociedad civil de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia y Venezuela expusieron el estado de situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en sus países.

AMENAZAS

Los peticionarios identificaron como las amenazas más graves para la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial a las actividades extractivistas como la minería e hidrocarburos, a la deforestación ilegal, a la expansión acelerada del agronegocio, al narcotráfico y a la sobreposición de colonos en sus territorios, entre otros.

Coincidieron en la falta de políticas públicas de protección desde el Estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que garanticen su sobrevivencia física y cultural, así como el respeto a su condición de aislamiento en sus propios territorios.

Plantearon la ejecución de programas basados en las “Directrices de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay” de Naciones Unidas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones para los Estados, los países peticionarios plantearon la adopción de medidas que sean necesarias para reconocer los territorios de estos pueblos conforme a sus sistemas de vida y costumbres, y garantizar la integridad e intangibilidad a perpetuidad de estos, incluyendo los territorios transfronterizos adoptando los acuerdos internacionales que sean necesarios para adoptar las medidas transfronterizas cuando correspondan.

También recomendaron proteger los territorios contemplando diversas categorías acorde a las particularidades de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial con enfoque transfronterizo, tales como mosaicos de Áreas Protegidas, corredores territoriales y corredores bioculturales transfronterizos mediante acuerdos transfronterizos cuando sea el caso.

AUTODETERMINACIÓN

“Desarrollar e implementar instrumentos y mecanismos efectivos para prevenir contactos no deseados por dichos pueblos, si eso se diera los Estados deberían contar con sistemas que les permitan atenderlos de manera oportuna eficaz, garantizando así la vida, salud, el derecho a la autodeterminación, los territorios y su continuidad sociocultural”, expusieron en sesión.

GENOCIDIO

Propusieron, asimismo, tipificar como delito de genocidio el contacto deliberado con personas en aislamiento y adoptar medidas especiales con efecto de modo deliberado a las mujeres pertenecientes a estos pueblos, establecer mecanismos efectivos para la reparación e indemnización integral de los daños a las personas y a los territorios.

Los peticionarios también pidieron prohibir las actividades extractivas en los territorios de los pueblos aislados, los que deben permanecer bajo condición de intangibilidad, para lo cual será necesario incluir instrumentos de gestión ambiental, así como un capítulo específico destinado a determinar potenciales impactos a la intangibilidad de sus territorios y fortalecer los sistemas de monitoreo socioambiental, manteniendo el principio del no contacto.

“Impedir y sancionar actividades ilegales en los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y erradicar la presencia de terceros, promover y reconocer plataformas indígenas de articulación y discusión que permitan levantar información de diagnóstico y adoptar medidas de protección adecuadas para estos pueblos”, fue otra de las recomendaciones.

CASO BOLIVIANO

El coordinador socioambiental indígena y biólogo, Ádamo Diego, durante su exposición, señaló que en Bolivia existen cinco pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y otros cinco en contacto inicial. Dijo que ante las evidencias de un pueblo no contactado, presumiblemente Toromona que habita en la Amazonia, se plantea la reglamentación a la Ley 450 de Protección de Naciones y Pueblos en situación de Vulnerabilidad y la Institucionalización de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Originarios.

PROTECCIÓN

“En rigor científico, iniciar el estudio de todos los casos de los pueblos aislados fijando su situación de vulnerabilidad y necesidades de protección sean ambientales, biológicas o de salud y por la moral, los pueblos indígenas de Bolivia y el Estado tienen un arduo trabajo que desarrollar”, expresó.

El caso del pueblo no contactado surgió como denuncia de la Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios y la empresa china BGP que realizó el 2016 tareas de exploración sísmica en el norte de La Paz en busca de hidrocarburos bajo contrato con la estatal YPFB.

CONSULTA PREVIA

El garantizar el derecho al consentimiento, previo libre e informado para pueblos en contacto inicial disponiendo protocolos con la participación de líderes indígenas y organizaciones indígenas, contingencias sanitaria y políticas diferenciadas, destinar los recursos económicos para de protección de pueblos.

(ANF)