La tarde de ayer, asambleístas legislativos departamentales aprobaron la Ley Declaratoria de Desastre Departamental del Lago Poopó, con el fin de que se destine recursos municipales, departamentales, nacionales e incluso internacionales en la recuperación del sitio Ramsar que hoy está seco.
Los asambleístas, en una sesión nada seria, pues en todo momento había burlas de unos con otros, hasta que el presidente del ente legislativo, Zenón Piezarro tuvo que pedir un poco de cordura, discutieron por varios minutos los términos del título de la ley, incluso tuvieron que votar para definir cómo se denominaría.
La mencionada ley tiene por objeto declarar desastre departamental natural del lago Poopó, por los eventos y daños meteorológicos, climatológicos, antropogénicos y tecnológicos, que tienden o contribuyen a la desaparición del lago Poopó y como consecuencia se pone en riesgo a la fauna silvestre y acuática, flora, derivando en la inseguridad alimentaria y económica de los habitantes del lugar con el fin de plantear o desarrollar la formulación de políticas, proyectos, programas y acciones para la restauración, preservación, conservación y recuperación de los sectores de la población por el desastre.
El ámbito de aplicación será en las zonas afectadas por el desastre: entre ellas, los municipios de Toledo, Santiago de Huari, Santiago de Andamarca, Machacamarca, Challapata, Poopó, El Choro y Pazña, siendo los más afectados por los eventos registrados en la jurisdicción del departamento de Oruro.
A través de la ley también se estableció que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) debe atender, a través de las secretarías departamentales cuya competencia les corresponda, la zona de desastre con las acciones correspondientes.
Asimismo, debe requerir la asistencia del nivel central del Estado conforme procedimientos para su intervención.
En cuanto al financiamiento se indica que el Órgano Ejecutivo Departamental de Oruro de acuerdo a su capacidad presupuestaria dispondrá los recursos económicos financieros necesarios para la atención inmediata del desastre declarado, para la protección de los sistemas productivos y los ecosistemas, entre otros, que permitan reducir los efectos y riesgos potenciales existentes.
Además, debe gestionar ante el nivel central del Estado y cooperación internacional financiamiento para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que vayan en beneficio de la zona de desastre del lago Poopó cumpliendo los procedimientos normativos correspondientes.
Estas acciones tendrán la duración de un plazo máximo de nueve meses.
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