sábado, 25 de enero de 2025

Guardaparque se reincorpora a sus labores a pesar de incumplimiento del Sernap sobre fallo a su favor

 Marcos Uzquiano retomó sus funciones en la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, luego de ganar un amparo constitucional por irregularidades en su desvinculación. Llegó directo para ayudar a los indígenas en las inundaciones.

El último día de 2024, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) despidió a dos de sus figuras más emblemáticas: Marcos Uzquiano Howard, jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, y Guido García Carballo, director del Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco, además de desvincular a funcionarios de otras reservas naturales (Sama, Sajama y Manuripi), y calificar con nota baja a otros agentes de conservación con años de experiencia.

La situación generó fuertes críticas de organizaciones ambientales y legisladores.

En esa oportunidad, Uzquiano, con 20 años de trayectoria en defensa ambiental y acoso judicial de mineros ilegales, aseguró que causó incomodidad por sus denuncias públicas contra la minería ilegal y la caza furtiva, especialmente de jaguares, en áreas protegidas.

Tras un amparo constitucional interpuesto por la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso reincorporar a Marcos Uzquiano como jefe de Protección de la Reserva Biósfera Estación Biológica del Beni. Además, ordenó establecer medidas de protección a sus funciones.

A pesar del fallo, el Sernap omitió la reincorporación de Uzquiano, lo que generó una denuncia en la vía penal y esta semana, el guardaparque retomó sus funciones justo en la temporada de inundaciones en la reserva donde trabaja.

“El Sernap está desobedeciendo el fallo que dice que debe ser reincorporado y recibir medidas de protección y ninguna de las dos se cumplió, por eso pedimos la remisión de antecedentes”, dijo Rodrigo Herrera, abogado de Uzquiano.

Actualmente, Uzquiano está tocando puertas para las comunidades indígenas T'simanes de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, inundadas por el río Maniqui. Las más afectadas son Puerto Belén, Monte Rosa, Chacal, Puerto Triunfo y Cedral.

“La ayuda más urgente tiene que ver con raciones de víveres no perecederos (arroz, fideo, azúcar, aceite, sal, charque, leche), medicamentos para diarrea, hongos, gripe, fiebre), tanto para adultos como para niños. No hay lugar seco, cuesta encontrar hasta leña para cocinar.  Provisionalmente podría buscarse sitios más altos, pero se necesitan carpas de nylon para armar sus pascanas”, informó.

Por su parte, Guido García, exdirector del Kaa Iya, inició un proceso revocatorio. De no darse una respuesta positiva, informó a EL DEBER que interpondrá un amparo constitucional, igual que Uzquiano. García es uno de los directores más antiguos, con más de 11 años de experiencia.

20 años de trayectoria

Uzquiano, con 20 años de trayectoria, es reconocido por su lucha contra la minería ilegal en áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi. En 2022, recibió un premio internacional de la Federación Internacional de Guardaparques (FIG) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Fue parte del equipo que participó en la producción Tigre Gente.

Es el presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac) y ha sido amenazado y procesado judicialmente por denunciar la minería ilegal en el Madidi, instancia en la que tuvo que defenderse con el apoyo de abogados voluntarios, que dan sus servicios ad honorem.



martes, 21 de enero de 2025

Reservas forestales y áreas protegidas en Bolivia, expuestas a actividades ilícitas

 El pasado lunes 13 de enero, el Gobierno central declaró la reserva natural de Choré, ubicada en el departamento de Santa Cruz, como una zona libre de cultivos de coca. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, dijo que se erradicaron allí más de 3.000 hectáreas de cocales. Eso sí, admitió que son tierras “altamente productivas” y que por ello deben estar bajo cuidado del Estado.

“Es un logro más para el pueblo boliviano, en esta reserva forestal en la gestión 2021 se ha erradicado 183 hectáreas; la gestión 2022, 1.396 hectáreas; el 2023, 401 hectáreas y el 2024, 1.828 hectáreas de coca ilegal”, afirmó la autoridad gubernamental.

Explicó que en estos años de gestión se erradicaron más de 3.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Choré.

Mamani reveló la cifra erradicada en ese lugar, al margen del reporte anual del monitoreo satelital que cada año realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE). El informe correspondiente a 2023 debía haberse presentado durante el último trimestre del año pasado, pero no se hizo.

Al respecto, Mamani dijo a EL DEBER que, de todas maneras, el Gobierno espera cumplir la meta anual de erradicación de coca ilegal y “racionalizada” en el caso de las zonas autorizadas para el cultivo que es de 10.000 hectáreas.

El reciente reporte de monitoreo de la Unodc, presentado en octubre de 2023, ya había alertado que, además, existía coca ilegal en las áreas protegidas nacionales Tipnis, Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi.

En realidad, según la Ley 906, que regula la producción de coca, los únicos lugares permitidos para la producción de esta hoja en todo el país son los Yungas (La Paz) y el Trópico de Cochabamba, donde solo se pueden producir hasta 22.000 hectáreas como total nacional.

Desde 2017, cuando entró en vigor esta norma, ese límite no se cumplió. De hecho, en 2023 se reportaron unas 29.900 hectáreas.

Reserva recortada

En agosto de 2024 y a través del Decreto Supremo 5202, el presidente Luis Arce declaró a la Reserva Forestal Choré como Parque Nacional y Área Protegida.

En esa oportunidad, la Fundación Tierra alertó sobre el DS 5202, aclarando que recortaba 224.000 hectáreas a Choré, bajo la figura de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), que permite actividades antrópicas, y de ese modo se eliminaron las prohibiciones y se legalizaron los títulos otorgados por el INRA y las autorizaciones de la ABT, emitidos de manera irregular.

Según Tierra, de esa manera el Gobierno admitió lo que esta Fundación denunció en 2023, “y que el INRA negó públicamente: que tituló tierras ilegalmente y que está ejecutando procesos de saneamiento dentro del Choré son más de 40.000 hectáreas las que están mensuradas y desmontadas”.

Bajo la categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), de acuerdo a la experiencia de la Fundación Tierra, se “da vía libre para los avasalladores y traficantes de tierras”.

Precisamente, los avances agrícolas en Choré se fueron dando con la hoja de coca como punta de lanza, seguidos de soya y otros cultivos.


Poca fe

A pesar de los anuncios del Gobierno con matiz positivo, quedan dudas para algunos sectores sobre la posibilidad de que exista coca cero en esta área de bosque tropical, distribuida entre las provincias Sara e Ichilo, y colindante con el Chapare de Cochabamba.

Rodolfo Alfaro Roca, líder cívico de Santa Rosa del Sara, explicó que, en lo que corresponde a su jurisdicción de la provincia Sara, ya no tienen nada de bosque.

“Fue reemplazado por el sector agrícola, están sembrando soya, maíz, sorgo, pero en el otro lado, apegado a la provincia Ichilo, más cerca de Yacapaní y del Chapare, hay rumores de sembradíos de coca”, mencionó, además aclarando que todo como fruto de avasallamientos.

“Las tierras fueron distribuidas ilegalmente, han parcelado, metieron máquinas y arado en nuestra reserva, convirtiéndola en sembradíos. Esto que era pulmón de nuestro departamento ha sido cambiado a uso agrícola”, denunció.

En las márgenes de los ríos, indicó, hay sectores que quedaron como manchas, y en la punta del Choré (originalmente tenía forma triangular) hay unas mil hectáreas donde las actividades ilícitas “ya no necesitan meterse al monte para producir, lo hacen en sus galpones y la policía no entra, pueden haber fábricas”, agregó.

Otra señal negativa tiene que ver con las 112 mil hectáreas bajo tuición legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para actividades de investigación forestal, y a las que docentes, estudiantes, pesquisadores y autoridades académicas no pueden llegar desde hace años debido al avasallamiento y a las condiciones de inseguridad en la zona.

De acuerdo al equipo interdisciplinario que llevó adelante este caso, la importancia del predio del Choré tiene que ver con que se trata de un bosque tropical, con mucho por descubrir en materia de investigación, así como también tienen tierras en otros puntos, bosque seco chiquitano y valles, varios de estos también avasallados o revertidos por el INRA.

Los incendios de 2023 también evidenciaron el peligro que representa hacer una expedición al Choré. Ese año, la Gobernación de Santa Cruz denunció dificultades para que los bomberos ingresen a mitigar y liquidar el fuego, debido a la presencia de actividades irregulares, relacionadas con el narcotráfico.


El augurio se cumple


En agosto de 2021, EL DEBER publicó un reportaje sobre cómo las reservas forestales del departamento, incluida la de Bajo Paraguá, de reciente creación, tenían un panorama oscuro.

Hasta esa fecha, se afirmaba que las reservas Guarayos y Choré estaban destrozadas por los desmontes, mientras que Bajo Paraguá iba por el mismo camino, a solo meses de ser creada.

Ya hasta finales de 2024, solo por desmontes, mil hectáreas de bosque habían caído en Bajo Paraguá, sin contar las más de 200 mil ha afectadas por el fuego, nunca antes visto en esa magnitud en la zona.

Desde 2021, tanto el INRA como la ABT han reconocido la ilegalidad de los desmontes, pero casi cuatro años después de las primeras denuncias, no se ejecuta el desalojo por orden de las autoridades. Más bien se han tomado iniciativas, con ayuda del concejal de San Ignacio, Víctor Flores (MAS), y ante la inacción del alcalde, Ruddy Dorado, para ratificar esos asentamientos en las actas del censo.

Por su parte, el año pasado los indígenas chiquitanos destruyeron algunas de las viviendas de los avasalladores Bajo Paraguá, que arremetieron con fuerza, ya que posteriormente aumentaron las casas y los desmontes para cultivos.

Personal de organizaciones que operan en el lugar, y que pidió mantener la identidad en reserva, aseguró que todo ese movimiento está directamente relacionado con tráfico de tierras y narcotráfico, que amplía los tentáculos de este negocio desde el Parque Noel Kempff Mercado, y que cada vez afecta más a las zonas boscosas del país.

Problema general

Aunque la Ley 906 prohíbe cocales en parques naturales y protegidos porque están fuera del alcance del control social y, por ello, es una producción que alimenta la producción de cocaína. Según la Unodc, en Carrasco la producción de coca se había incrementado en 18%, mientras que en el parque Amboró había 26% más coca con relación a la medición de 2022.

Hace unos días, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reportó el hallazgo de un megalaboratorio de elaboración de cocaína en una zona próxima al Tipnis. La fuerza antidroga también encontró fábricas de cocaína en el parque Carrasco que está en el trópico de Cochabamba, y donde se están consolidando nuevos caminos tras los incendios, como también está ocurriendo en San Matías y en el Parque Nacional Madidi.

En el área protegida nacional Kaa Iya, por lo menos se han entregado seis reportes a la oficina nacional del Sernap, alertando sobre la presencia de pistas clandestinas de aterrizaje de grupos criminales.

Asimismo, el año pasado EL DEBER entregó la investigación sobre mafias en reservas naturales y áreas protegidas, que han contaminado las formas de vida de los habitantes, afectado al medioambiente y perforado la economía de subsistencia, incorporando incluso a los indígenas a nuevas dinámicas económicas ilegales, lo que agrava más la posibilidad de revertir el daño social y también ambiental.

De acuerdo a la Policía de Brasil, en esa investigación, hay todo un circuito del narcotráfico que involucra y une al norte paceño, a Ixiamas, al Noel Kempff Mercado y también al Kaa Iya. Otuquis también es parte de del tránsito de ilegales, según comunidades aledañas.

El Choré, igual que el Amboró y todas las áreas protegidas que colindan con el Chapare (Tunari, Amboró, Tipnis), tienen serios problemas de ‘rebalse’ de habitantes del Trópico de Cochabamba, con los consiguientes avasallamientos, tráfico de tierras y narcotráfico, además de minería ilegal. Todo esto queda reflejado en los informes de la Unodc, pero también en los reportes sobre amenazas a las áreas protegidas de las gobernaciones, municipios, y reportes internos del Sernap que no suelen ser de conocimiento público.

Este panorama evidencia que la problemática de los grupos criminales va más allá de los cultivos ilegales de la hoja de coca, con una diversificación de negocios transfronterizos, situación que también quedó clara en la investigación periodística Amazon Underworld.

Fuente de agua


Tanto el Choré como el Parque Amboró y la zona del Urubó, juntos conforman un espacio de reserva acuífera para varios municipios, incluyendo el sector productivo, pero además para la regulación de la temperatura.

En el último tiempo, estos puntos están entre los más asediados y dañados, y los augurios de la Fundación Tierra sobre el incremento de la temperatura en Santa Cruz se confirman con los indicadores del termómetro de estos días. A esto se suma la disminución de la disponibilidad de agua potable y las declaratorias de desastre por sequía del año pasado.
PARA SABER

Muchos afectados

Además del Choré, los reportes de Unodc permanentemente muestran la presencia de cultivos de coca en reservas naturales y áreas protegidas. Además del Choré, en el Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Parque Nacional Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi. Todo esto sin mencionar la presencia de fábricas de cocaína, ubicadas en zonas con bosque más alto, o de pistas de aterrizaje, como el Kaa Iya, zona de tránsito de sustancias controladas.

Daño social y ambiental


La problemática conlleva un daño a los originarios de la zona, el consumo y microtráfico se incrementa incluso entre jóvenes indígenas, pero además hay una dinámica económica, generada por los ilícitos, cada vez más aceptada entre las comunidades que antes se dedicaban a actividades tradicionales para la subsistencia. Esto se evidencia en sitios como el Tipnis, algo antes denunciado en EL DEBER.

 

viernes, 17 de enero de 2025

Destituyen a director del Sernap por denuncias de corrupción; desde 2023 hay acusaciones en su contra

 En La tarde de este 16 de enero se dio a conocer una resolución ministerial, la 005/2025, firmada por María Nela Prada, ministra interina de Medio Ambiente y Agua, que abrogaba otra resolución, la 396 de agosto de 2023, en la que se designaba a Johnson Jiménez Cobo como director nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

La medida se adoptó luego de que el chofer de Jiménez denunciara una serie de irregularidades, bajo la figura de presunto uso indebido de bienes del Estado.

Entre otras acusaciones, Jiménez fue sindicado de usar vehículos y otros bienes públicos, además de personal del Sernap, para ir a comprar condones y calzoncillos.

Un día antes, Jiménez convocó a la sede de la Cidob a los representantes de los comités de gestión de las reservas bajo su dependencia, supuestamente para realizar la programación de actividades  para 2025.

Las denuncias de grupos ambientales no solo apuntan a Jiménez dentro del Sernap, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), sino también a otras direcciones, como la de Planificación, y entidades externas, por cobros extorsivos para la aprobación de permisos a distintas actividades dentro de áreas protegidas, como desmontes, entre otras cosas.

Sin respuesta

En  noviembre de 2023, EL DEBER publicó denuncias que a dos meses de su gestión, Jiménez ya tenía denuncias que iban desde el cobro de diezmos hasta malversación de fondos, en uno de los peores momentos para las áreas que cada vez están más desprotegidas.

Una de las denuncias, que de acuerdo a documentos ya llegó a los ministerios de la Presidencia y de Medio Ambiente y Agua, provenía de Rolando Magne, ex director administrativo del Sernap, que entre varias cosas, evidenció el pago de pasajes a dirigencia de la Cidob, liderada por Justo Molina.

En esa oportunidad, Sigrit Azurduy, jefa de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), confirmó que su oficina recibió la denuncia formalmente el 27 de octubre, y que esta fue derivada al Viceministerio de Transparencia, con base en la Ley 974, y tomando en cuenta que esta denuncia era presuntamente por hechos de corrupción, en contra de una actual MAE, Johnson Jiménez.

Según Azurduy, todas las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucren como principal denunciado a una MAE, directamente son procesadas por el Viceministerio de Transparencia Institucional. Agregó que era la segunda denuncia contra Jiménez, y que la anterior había sido rechazada.

Asimismo, explicó que también se recibieron como cuatro denuncias contra Teodoro Mamani, ex director de áreas protegidas, anterior a Jiménez.

Esta semana, EL DEBER pidió una actualización a la Unidad de Transparencia del MMAyA, sobre el estado de las denuncias pasadas, pero no hubo respuesta.

Movimientos sociales

Johnson Jiménez fue presidente de la Cpilap, que firmó convenio con ENDE para las hidroeléctrica El Bala-Chepete. Fue asambleísta departamental y diputado por el MAS, y entró como cuota de la Cidob, que forma parte del Pacto de Unidad.

Esta semana también fue removido del cargo Alan Lisperguer, quinto ministro de Luis Arce que sale del gabinete por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito. Estuvo al mando del despacho de Medio Ambiente y Agua, una de las carteras de Estado que está bajo el control de los Interculturales.


martes, 14 de enero de 2025

Norma da vía libre a negocios de carbono en línea con convenios

 Bolivia está dando pasos significativos hacia la creación de un mercado de bonos de carbono, como parte de una estrategia más amplia para enfrentar el cambio climático y cumplir con sus compromisos internacionales en la reducción de gases de efecto invernadero. Este avance se formaliza a través del artículo 18 de la Ley N° 1613, que fue aprobada el 1 de enero de 2025 y que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE).

De acuerdo con los asesores legales Natalia Villarroel y Diego Tamayo de la firma regional Ferrere, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, emitida el 19 de junio de 2024, ha sido un hito importante en este proceso. Esta resolución declaró inconstitucional la prohibición de emitir créditos o bonos de carbono que estaba estipulada en el artículo 32.5 de la Ley N° 300 de la Madre Tierra.

Esta prohibición limitaba la mercantilización de la Madre Tierra mediante los mecanismos financieros asociados a los mercados de carbono, lo que ahora se ha revertido en virtud de los compromisos internacionales del país.

Con el objetivo de avanzar en este mercado, el gobierno boliviano ha reconocido la necesidad de una regulación clara. El artículo 18 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está facultado para realizar diversas operaciones relacionadas con las Unidades de Reducción de Emisiones, conocidas como créditos o bonos de carbono. Estas facultades incluyen la suscripción, administración, negociación, transferencia y venta anticipada de estos créditos, siempre en función de las condiciones del mercado y las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional.

Uno de los aspectos más destacados de esta normativa es que las entidades públicas y privadas involucradas en la emisión, certificación y validación de estos créditos serán responsables de las operaciones realizadas, aunque las entidades privadas no podrán negociar directamente estas transacciones, lo que centraliza el control en el Ministerio de Economía.

El ministerio también tiene la autoridad de contratar servicios de asesoría legal y financiera, tanto a nivel nacional como internacional, para facilitar las operaciones relacionadas con la emisión de bonos de carbono. Es relevante mencionar que los pagos por estos servicios estarán exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que representa un alivio fiscal para el gobierno.

La ley contempla la emisión de un Decreto Supremo que establecerá la reglamentación necesaria para regular este nuevo mercado, permitiendo al Estado boliviano participar activamente en el comercio global de carbono.

Fondos sin deuda

La monetización de la reducción de emisiones de carbono se presenta como una alternativa de financiamiento que podría generar ingresos para el país sin incurrir en deuda. Este enfoque se basa en la gestión sostenible de los recursos naturales y en las oportunidades de financiamiento que surgen del cuidado del medioambiente, respetando al mismo tiempo la soberanía del Estado. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha señalado que esta iniciativa representa un nuevo camino financiero para Bolivia. “Este es un buen inicio para abrir nuevas opciones de financiamiento”, afirmó.


sábado, 11 de enero de 2025

“El detonante fue la denuncia que hice sobre minería ilegal y biocidio de jaguares”, asegura el guardaparque Uzquiano destituido del Sernap

 La defensa de las áreas naturales le valió a Marcos Uzquiano reconocimientos internacionales, destacándose como uno de los mejores guardaparques del mundo. Sin embargo, tras 20 años de servicio, fue destituido por enfrentarse a los intereses de la minería ilegal y trabajar por la conservación del medioambiente. Durante su labor, enfrentó amenazas, demandas y hostigamientos constantes.

Hoy, diversos colectivos unen sus voces para exigir su reincorporación, respaldados por un amparo constitucional presentado por la Defensoría del Pueblo contra el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Jhonson Jiménez Cobo.

Uzquiano en diálogo con periodistas de EL DEBER Radio

Uzquiano ocupaba el cargo de jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni y fue cesado el 31 de diciembre de 2024 junto a otros guardaparques. Actualmente, preside la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac).

“Son 20 años de servicio y lo que ha derivado en mi destitución son las denuncias que hemos realizado en la defensa del medioambiente. A través de las redes sociales difundimos información relevante sobre la problemática de las áreas protegidas, como los incendios forestales, la caza y muerte de la fauna silvestre, el tráfico del colmillo de jaguar, la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi, y también hacemos una labor muy activa en la defensa de los derechos de los guardaparques, que muchas veces son vulnerados”, explicó Uzquiano este sábado en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, donde fue entrevistado.

El guardaparque subrayó que el detonante de su destitución fue una denuncia sobre minería ilegal y biocidio de jaguares vinculada a una empresa de caza y safari que operaba desde Argentina, afectando territorio boliviano. “¿Por qué este caso es tan particular? Porque el hecho habría ocurrido presuntamente en una propiedad de un expresidente de Bolivia”, afirmó.

Uzquiano también destacó la importancia del trabajo de los guardaparques para garantizar la conservación de las áreas protegidas, aunque lamentó las condiciones precarias en las que desempeñan su labor. “Los campamentos se están destruyendo, llueve más adentro que afuera, falta combustible y botes para el desplazamiento a distintos lugares para cumplir con nuestras tareas”, denunció.

Uzquiano recibió uno de los Premios Internacionales de Guardaparques 2022 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se convirtió en uno de los primeros guardaparques bolivianos en obtener este reconocimiento por sus esfuerzos y su lucha contra el tráfico de fauna silvestre.


viernes, 3 de enero de 2025

Senadora pide restituir a guardaparques despedidos y exige explicaciones al ministro de Medio Ambiente

 La senadora Cecilia Requena solicitó un informe oral al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, para esclarecer los recientes despidos de guardaparques destacados y otras irregularidades en la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Requena compartió su petición de informe oral a través de sus redes sociales.

El pedido de la senadora busca respuestas sobre la desvinculación de Marcos Uzquiano, Guido García y Gonzalo Gutiérrez Quispe, reconocidos por su trabajo en la conservación ambiental. La legisladora también cuestionó el impacto de estas decisiones en la protección de las reservas naturales y en la lucha contra actividades ilícitas, como el tráfico de fauna silvestre y la minería ilegal.

“Seguiremos defendiendo las áreas protegidas. Es inaceptable que quienes arriesgan todo por nuestro medioambiente sean tratados de esta manera”, enfatizó la senadora.

El pronunciamiento de Requena se suma a la indignación expresada por más de 70 organizaciones ambientales, que calificaron los despidos como represalias contra quienes denuncian irregularidades. Estas agrupaciones anunciaron un plantón frente a las oficinas del Sernap en La Paz para exigir la restitución de Uzquiano y sus colegas, así como la destitución del director ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, y del ministro Lisperguer.

Guardaparques en la mira

Marcos Uzquiano, exjefe de Protección de la Estación Biológica del Beni, señaló que su destitución responde a su lucha contra la minería ilegal y otras actividades ilícitas. “Quieren silenciar nuestras voces, pero no nos rendiremos”, afirmó el guardaparque, quien tiene más de 20 años de trayectoria y ha recibido premios internacionales por su labor.

Organizaciones ambientales también advirtieron sobre la violación al Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores ambientales. “Esto no solo es un golpe contra Uzquiano, sino contra todos los que trabajan por preservar nuestras reservas naturales”, indicó Alas Chiquitanas, una de las plataformas firmantes del pronunciamiento.

Activistas ambientales realizan plantón en las oficinas del Sernap en La Paz y Santa Cruz

 Activistas ambientales realizaron un plantón en el frontis de las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) tanto en la ciudad de La Paz, como en Santa Cruz de la Sierra. La protesta fue en contra del despido de Marcos Uzquiano, guardaparques, jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni (EBB), presidente de la ABOLAC y Embajador de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, nombrado por la Defensoría del Pueblo. 

Para los activistas, el despido del guardaparque ha sido calificado como una medida “arbitraria tomada por la Dirección Ejecutiva del Sernap”.

Es así que con carteles en mano y algunas fotografías impresas, estas personas se manifestaron desde las oficinas del Sernap, exigiendo estabilidad laboral y respeto a la libertad de expresión, para principalmente denunciar los hechos de corrupción en esta repartición nacional. 

“Representa un acto de amedrentamiento sistemático contra los guardaparques, quienes han sido sometidos a constantes amenazas por denunciar irregularidades y defender las áreas protegidas. Esta acción nefasta ocurre tras las denuncias públicas de Marcos (sobre incendios forestales sin atención oportuna, tráfico ilegal de fauna silvestre, falta de atención en campamentos de los guardaparques, entre otros) que, al parecer, han incomodado a las autoridades responsables”, detalla uno de los documentos, que ha sido elevado a diferentes instancias para denunciar la cesación laboral de este trabajador.