Explotación de tierras raras y de uranio tiene secuelas ambientales

 En marzo de este año, el Gobierno boliviano anunció el inicio de diálogo con Irán, para la explotación de tierras raras en un área de 28.500 hectáreas en dos departamentos: Cochabamba y Santa Cruz.

La información la dio a conocer el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, cartera creada en 2022, con el Decreto Supremo 4721, como parte de la implementación de estrategias de desarrollo de la cadena productiva de minerales tecnológicos y tierras raras para su industrialización.

Según Rodríguez, la intención de este diálogo con Irán es buscar cooperación científica e investigación de forma conjunta física o virtual, cooperación técnica específica que podría constituirse en un intercambio de prestación de servicios y la participación de empresas iraníes en proyectos con inversión conjunta.

De acuerdo a publicaciones sobre el tema, las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se usan en la fabricación de dispositivos tecnológicos, y que si bien son importantes para la economía global, su extracción y refino son costosos y contaminantes.

En la lista de los 17 elementos no aparece el Uranio, material estratégico debido a que sirve para la elaboración de los reactores nucleares y de la bomba atómica. Desde 1965, como parte de los estudios del Precámbrico, este mineral fue detectado en el cerro Manomó, en San Ignacio de Velasco, uno de los puntos mencionados por el viceministro Rodríguez en las tratativas con Irán.

Según diversas investigaciones, la explotación de este tipo de elementos conlleva aspectos ambientales, como el uso intensivo de agua, que puede agravar la situación en zonas vulnerables a la sequía.

Una de estas investigaciones es la de Geoinnova, consultora geográfica especializada en estudios territoriales, ambientales y tecnologías geoespaciales. Dice que la extracción de tierras raras y su impacto es un tema muy estudiado por diversos grupos defensores del ambiente, los cuales se oponen a esta actividad por las graves consecuencias que genera en el terreno donde se lleva a cabo.

“Durante la explotación y procesamiento de estas tierras se crean cantidades considerables de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvos). La obtención de una tonelada de tierras raras producirá alrededor de 9.000 y 12.000 metros cúbicos de gases, ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, cerca de una tonelada de restos radioactivos y resultarán más de 75.000 litros de agua acidificada”, alerta GeoInnova.

Asimismo, advierte que la extracción de tierras raras en su etapa de explotación genera altos niveles de contaminación ambiental, por medio del desecho de materiales radioactivos producidos del subsuelo, como lo son el torio y el uranio, dañando los suelos aledaños, incapacitándolos para su producción agrícola y animal, lo que representa un gran impacto social dentro de las comunidades cercanas a las minas.

“Los materiales radioactivos y ácidos utilizados para extraer y procesar las tierras raras contaminan las fuentes de agua cercanas a la mina, causando enfermedades en los seres humanos y animales que las consumen, además, los cráteres creados para su producción generan un gran impacto visual, pudiendo disminuir la vistosidad de un paisaje entero”, explica.

Aunque estos minerales son claves para tecnologías verdes (como autos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares), agrega, su extracción genera graves impactos ambientales, pero también sociales, si no se controla adecuadamente.

Por ejemplo, puede ocasionar el desplazamiento de comunidades indígenas o rurales, conflictos por el acceso a tierras ricas en minerales, y contaminación transfronteriza, si ríos o acuíferos cruzan frontera. Hay que recordar que el cerro Manomó está cerca de la frontera Bolivia - Brasil.

El periodista Manuel Joao Filomeno Ñúñez, en un análisis para Unifranz, llama a estos elementos raros como el oro verde que puede transformar la economía de Bolivia, pero admite que un desafío es la explotación amigable con el medioambiente, por su alto poder contaminante.

Piden explicaciones

La diputada chiquitana por Creemos, María René Álvarez, ingresó dos recursos legislativos ante el Ministerio de Minería para esclarecer los proyectos anunciados sobre las tierras raras en tres municipios del país, que el Ejecutivo pretende avanzar con la República Islámica de Irán.

El primer recurso es una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al ministro del área, Alejandro Santos, en el que se hace énfasis en la política ambiental que se manejaría en torno a estas áreas, sobre todo dentro de la Chiquitania a la cual representa Álvarez.

“Explique cómo garantizará el Ministerio que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, según estipula el Convenio 169 de la OIT”, señala parte de la PIE.

“Describa la tecnología de filtrado de agua residual que se pretende utilizar y explique si se garantiza que los residuos tóxicos no afectarán a las cuencas hídricas aledañas”, refiere otro de los puntos del cuestionario enviado por la diputada cruceña.

Asimismo, la legisladora también emitió un proyecto de Minuta de Comunicación a la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medios Ambiente de la Cámara de Diputados, en el que se recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia que “no firme ningún convenio de explotación de minerales raros con Irán, debido a los riesgos ambientales, económicos y geopolíticos que implica esa relación”.

De igual forma, recomendó explorar alternativas sostenibles para la explotación de esos recursos con la participación de instituciones científicas y organismos internacionales de protección ambiental, siempre precautelando el bienestar de las poblaciones indígenas que, como es el caso de San Ignacio de Velasco, se encuentran aledañas al cerro Manomó, donde se plantea intervenir en sus 12.500 hectáreas.

“El Gobierno no puede firmar este tipo de convenios de forma inconsulta, arriesgando al país a sufrir sanciones internacionales por esta relación con Irán que responde a criterios ideológicos y no económicos. Además, siempre vamos a exigir que se preserve el habitat de las comunidades indígenas en cualquier proyecto minero o de exploración de recursos naturales”, agregó Álvarez.

Relación Irán - Bolivia

A inicios de 2009, dice EMOL, Bolivia rompió relaciones con Israel, luego de los ataques a la Franja de Gaza.

Poco después, un informe israelí aseguró que el Estado boliviano vendía Uranio a Irán. En esa época, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, defendió que la relación entre Bolivia e Irán era “totalmente transparente” y estaba dirigida a “proyectos de industrialización” en diversos ámbitos.

El ministro de Minería de esa época, Luis Alberto Echazú, aseguró a medios locales que Bolivia no producía Uranio, aunque el director del sector admitió que en Santa Cruz existe una explotación de tantalita que presentaba bajas concentraciones de uranita (óxido de uranio). En Potosí, recuerda la BBC, un responsable de la Prefectura dijo a la prensa que estaba previsto invertir en la búsqueda y exploración de Uranio en ese departamento, en el cerro Cotaje.

En mayo de 2009, en una publicación de EL DEBER se admitió la exploración de Uranio, tras varias negativas.

El director nacional de Minería de entonces, Freddy Beltrán, indicó que varias empresas estaban haciendo tareas de exploración de uranio en el país, con resultados positivos.

La declaración fue hecha luego de que EL DEBER le enviara información de la empresa Mega Uranium Ltd., que en su página web afirmaba tener concesiones de yacimientos de uranio en el altiplano y en Santa Cruz, todas en operación ese año.

Entre 2007 y 2009, a la par de la ruptura de Bolivia con Israel, La Razón informó que el presidente iraní Mahmoud Ahmadineja, visitó el país en dos ocasiones. En ambas visitas, el presidente Evo Morales respaldó el plan iraní de enriquecimiento de uranio, pero con fines pacíficos.

Ya desde agosto de 2010, según EMOL, la ministra de Planificación de la época, Viviana Caro, aceptó que Bolivia quería contar con Irán en la prospección minera que incluiría uranio.

En septiembre 2014, La Razón informaba que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) buscaba dinero para explorar Uranio en las reservas confirmadas en el cerro Manomó (San Ignacio de Velasco), al noreste de Santa Cruz.

En octubre de ese mismo año, Opinión confirmaba que geólogos descubrieron yacimiento de Uranio en las calizas de Sayari, en Cochabamba. Según el Congreso Geológico Boliviano, hasta esa fecha Cochabamba no aparecía como una zona potencial en Uranio.

En marzo de 2023, a través del Ministerio de Minería, el Gobierno boliviano anunció la creación de la Gerencia de Minerales Tecnológicos, dependiente de la Comibol, y admitió que se estuvo trabajando en mapas que localizan las tierras raras y los diferentes minerales tecnológicos en el país, como el cerro Manomó, de donde les llegaron “resultados realmente muy importantes”, y donde reconocieron proyectos de exploración de uranio y torio.

Panorama internacional

En 2015, Irán firmó el acuerdo nuclear (JCPOA) junto a grandes potencias mundiales.

El cumplimiento de este acuerdo es supervisado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente Naciones Unidas, que emite informes trimestrales. Varios de estos reportes, reflejados en medios internacionales, muestran un incremento extraordinario en las reservas de Uranio iraníes, por encima de lo establecido en el acuerdo.

En abril de este año, según Infobae, luego que Irán amenazara a los inspectores de Naciones Unidas con expulsarlos, Estados Unidos, que se retiró del acuerdo nuclear en 2018, advirtió sobre “una escalada y un error”.

Minería, la principal causa de contaminación de suelos

La actividad minera que no cumple con las normativas ambientales, es la principal causa de contaminación de suelos y agua, puesto que en varios centros mineros los desechos son arrojados sin tratamiento, lo que genera un grave daño a la tierra, por ello desde la Secretaría de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación, comprometen acciones para que los operadores cumplan con la mitigación y remediación.

A poco de recordarse el Día Internacional de la Madre Tierra, este 22 de abril, el secretario de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación, Eleuterio Maraza, aseguró que una de las actividades que genera más contaminación es la actividad minera que no cumple con las normativas ambientales.

"Pienso que los actores mineros, deben tomar conciencia de la situación y tener controles para evitar efectos negativos de la minería", sostuvo.



ACTIVIDADES

La autoridad aprovechó la oportunidad para hacer conocer las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra; en primera instancia el lunes se tendrá la exposición de proyectos en el vestíbulo de la Gobernación, relacionados al manejo de cuencas como sustento de vida, considerando que el agua es el principal elemento para la subsistencia de los seres vivos.

Sostuvo, que son varios los proyectos que se realizaron en este marco, principalmente referidos a la protección de los recursos hídricos en el departamento.

Además, señaló que se aprovechará esta oportunidad para presentar el proyecto de forestación y reforestación en el departamento de Oruro, que tiene financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; en esta gestión la labor se basa principalmente en forestar en las fuentes de agua, para proteger las mismas.

Cuando existen árboles se genera humedad, entonces de esta forma se protegerá las fuentes de agua; se prevé abordar 60 puntos pero aún se ajustan algunos detalles.

Sostuvo que también se planifica tener una gran cantidad de bosquecillos en diferentes sectores, considerando que los árboles purifican el aire y contrarrestan la contaminación que día a día se produce por el dióxido de carbono.

Futura planta de baterías no tiene licencia ambiental

El ministro de Energía, Rafael Alarcón, minimizó ayer la falta de licencia ambiental de la futura planta de fabricación de baterías de litio, en declaración ofrecida a la emisora alemana Deutsche Welle, luego de la constitución el miércoles de la Empresa Pública Mixta por parte de la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la socia alemana ACI Systems, para la construcción de la planta de baterías de ión- litio, en el marco del desarrollo del proyecto boliviano.

Consultado por qué se formalizó el acuerdo cuando no se cuenta con estudios de impacto ambiental en el Salar de Uyuni, Alarcón salió al paso para señalar que actualmente se tiene una planta de cloruro de potasio, además está en construcción una planta de carbonato de litio y para instalar la planta de dióxido de litio, destinada a la fabricación de baterías de litio, contará en su momento con la licencia ambiental respectiva.

CUESTIONAMIENTOS

Previa a la concreción de la empresa mixta en Berlín, parlamentarios formularon varias preguntas al Gobierno Federal de Alemania, el que ha reconocido no contar con estudios ambientales para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.

“El Gobierno Federal no tiene resultados de estudios ambientales para la explotación de litio en Bolivia, como parte del Joint Venture entre ACI Systems y YLB. Estas dos empresas serán partes contratantes del acuerdo que se firmó el pasado 12 de diciembre”, señaló la respuesta gubernamental dada al parlamentario Uwe Kekeritz, del partido de los Verdes.

Kekeritz consultó también si la evaluación de los impactos ambientales fue concluida antes de la firma de los contratos para el proyecto, a lo cual no obtuvo una respuesta concluyente.

En la respuesta al parlamentario alemán se señaló también que en caso que ACI Systems solicitara al Gobierno Federal [alemán] el apoyo del proyecto, a través de instrumentos de promoción del comercio exterior, este revisará “en particular los aspectos ambientales del proyecto como parte del proceso de revisión de la solicitud”.

EMPRESA MIXTA

El acuerdo suscrito, de riesgo compartido (joint venture o asociación accidental), prevee que el país disponga de la materia prima y la empresa alemana provea la tecnología respectiva, para la fabricación de baterías de litio, las que serán utilizadas por la industria automotriz. El acuerdo se realizó en medio de cuestionamientos de parlamentarios alemanes de izquierda y del Partido Verde, así como de expertos en la materia.

CONFIANZA

“Las críticas siempre van a existir, lo importante es avanzar, construir un nuevo Estado, confiamos en la tecnología alemana que va a requerir las baterías de litio (…). Bolivia no juega con principiantes y ACI Systems ha demostrado tener la tecnología, esta alianza no solamente entre dos empresas, sino de dos Estados”, dijo el ministro de Energía, Carlos Alarcón,. a la emisora alemana, tras la firma del acuerdo, hace dos días en Berlín.

“El Salar de Uyuni tiene 10 mil kilómetros cuadrados y tendremos intervención sobre 40 kilómetros, es decir, el 0,4% (de la superficie)”, con lo minimizó así el impacto y, a modo de broma, acotó que se tendrá para largo el salar, inclsuive para filmar más escenas destinadas a incluirlas en la película “Star War”.

Video Jimena Mercado: Investigación Dragas Chinas en Cachuela Esperanza Explotando Oro

Chuquisaca Contaminación minera afecta salud de comunarios

Los pobladores de las comunidades Lime, La Torre, San Juan del Oro y Sandoval que pertenecen al municipio de Las Carreras (Provincia Sud Cinti de Chuquisaca), que albergan a 2.873 personas de 438 familias, en los últimos tres años sufren los efectos de la contaminación de aguas producto de la actividad minera ilegal, según informe de la asambleísta departamental, Griselda Brito.

Sostuvo, según Aclo, durante ese tiempo, más del 50 % de las personas reportaron diversas enfermedades producto de la contaminación del agua. “En los últimos tres años se han registrado 59.76 % casos de diarrea, por consumir el agua”, expresó la asambleísta Brito, que en su calidad de médico advirtió que los pobladores podrían sufrir otro tipo de enfermedades como infertilidad, abortos y hasta cáncer por consumir el agua contaminada. Por lo que, calificó la situación de alarmante y que se recurrirá a instancias máximas para detener la contaminación.

Luego de una visita realizada a estos lugares la semana pasada, el presidente de esta comisión Eusebio Cordero advirtió una presunta ilegalidad en las tareas que realizan las empresas, porque tanto comunarios como autoridades si bien conocen de su trabajo, desconocen quien les otorgó el permiso para operar.

Se evidenció, además, que hay vulneración de leyes y atentado a la salud y al medioambiente. “No tienen licencias ambientales, botan los residuos de minerales directamente a las quebradas que desembocan a los ríos cuyas aguas son para el consumo humano, animal y para la producción”, dijo Cordero.

Denuncian que mineras afectan a seis comunidades

Una docena de concesiones mineras que explotan plomo, zinc y cobre en el municipio de Las Carreras estaría incumpliendo la normativa ambiental y afectando a por lo menos seis comunidades aledañas a las empresas.

Según el asambleísta Eusebio Cordero, estas empresas no cuentan con diques de cola ni lagunas de oxidación. Algunas incluso no tendrían el permiso de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM).

El asambleísta informó que la Jefatura de Salud dio a conocer que aproximadamente el 59% de la población de más de 2.000 habitantes reportó enfermedades a consecuencia de los desechos que desembocan de las bocaminas en las quebradas. No descartó la posible contaminación de los ríos Chico y San Juan del Oro.

80 comunidades en emergencia por la no conclusión del dique de colas de Huanuni

A través de un voto resolutivo emanado por la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), se hizo conocer que al menos 80 comunidades que son afectadas por la contaminación que produce la Empresa Minera Huanuni (EMH), y la no concreción de un dique de colas, se declararon en emergencia y se planifica asumir medidas de protesta.

Según el documento facilitado a LA PATRIA, los afectados por la contaminación ambiental aseveran que existía un compromiso por parte de la Estatal minera, de concluir con los trabajos de construcción de un dique de colas en el sector de willakollo hasta el 7 de noviembre.

Se menciona que desde hace 60 años que la EMH contamina toda la región, al botar residuos minerales de forma indiscriminada al río Huanuni, cuyos afluentes llegan hasta los lagos Poopó y Uru Uru.

Por ello impulsaron para que la empresa minera pueda contar con un dique de colas, así mitigar en cierta medida los niveles de contaminación pero hasta la fecha la obra no fue concluida.

Por esos argumentos en una asamblea general decidieron emitir el voto resolutivo, que en su parte principal menciona, "Declararnos en estado de emergencia exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo de la Empresa Minera Huanuni, que consiste en realizar la entrega definitiva del dique de colas de EMH".

En el segundo punto se menciona que en caso de incumplimiento, las 80 comunidades asumirán otras medidas de presión como una marcha a la ciudad de La Paz, bloqueo de caminos hacia la localidad de Huanuni, entre otros aspectos.

También se pide una audiencia e inspección al dique de colas, a objeto de verificar el grado de incumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades afectadas.



ANTECEDENTES

El proyecto de construcción del dique de colas ubicado en Willakollu, se inició en la gestión 2015, en principio su conclusión estaba prevista en un plazo de 16 meses y una entrega provisional para septiembre de este año, el costo asumido es de 113 millones de bolivianos.

Debido a que faltaban sistemas de interconexión con el ingenio de Lucianita, además del bombeo de aguas, el proyecto se fue retrasando, debido a ello las comunidades afectadas y la EMH asumieron un compromiso de conclusión hasta el 7 de noviembre, hasta la fecha la obra aun no fue concluida y según los dirigentes mineros de la empresa, se prevé que su conclusión se dé a principios del 2018.

Minamata impone tareas a Bolivia

La reciente lucha global contra la contaminación por mercurio impone a Bolivia al menos tres grandes retos para disminuir su responsabilidad como uno de los principales emisores del elemento tóxico en el mundo.

Estas tareas se enmarcan en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones del metal pesado y sus compuestos a la atmósfera, al suelo y al agua. El tratado, firmado ya por 128 países y ratificado por 84, entre ellos el Estado Plurinacional de Bolivia, entró en vigencia en agosto de este año y tuvo su Primera Conferencia de las Partes a finales de septiembre en Ginebra (Suiza).

“Por América Latina, estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela”, cuenta el coordinador del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Carlos Lozano, quien estuvo en el encuentro.

PLAN. “Más costosa que la acción es la inacción y, a la larga, si los países no hacen nada, el problema va a presionar de forma drástica las finanzas públicas, los sistemas de salud y la posibilidad de un desarrollo sostenible, porque nadie quiere una sociedad contaminada por mercurio”, advierte.

Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, difundido en septiembre del año pasado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el país emite y libera en promedio 1331,1 toneladas (t) del metal pesado al medio ambiente, lo que representa el 6,8% de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje fue elevado a 12%, lo que convierte al país en el segundo emisor de mercurio en América Latina y el Caribe.

Desde 2005 hasta 2016, las importaciones del elemento químico al mercado nacional se incrementaron 646 veces, de 369 a 238.330 kilos, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

“Grandes cantidades de mercurio importados por Colombia y Bolivia son transferidos de manera informal hacia países vecinos como Perú, principalmente para su uso en la minería artesanal y de pequeña escala”, de acuerdo con el reporte Suministro, comercio y demanda global del mercurio publicado este mes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“En Perú hay una ley que prohíbe la minería informal. En Bolivia, nuestra legislación es muy laxa y no hay una prohibición específica sobre la actividad”, recuerda Dionisio Garzón, exministro de Minería.

Tres de los principales retos de Bolivia —relacionados con la explotación aurífera artesanal— como signatario de Minamata son: no permitir la exportación de mercurio, salvo consentimiento por escrito del país de destino y para fines autorizados; “reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y sus compuestos” en la minería aurífera artesanal, así como “las emisiones y liberaciones provenientes de ellas; y “presentar su plan de acción nacional a más tardar tres años después de la entrada en vigor del convenio”, lo que sucedió en agosto reciente.

IMPACTO. En el país, el sector minero es responsable de cerca del 70% de las emisiones (47% por la aurífera y 23% por la producción primaria de otros metales) y el consumo de artículos con mercurio del 17%, indica el estudio de los dos ministerios bolivianos.

La extracción de oro artesanal y en pequeña escala está presente en al menos una docena de países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Bolivia, con más de 500.000 personas, de acuerdo con información del convenio.

El Ministerio de Minería y Metalurgia reporta que desde 2006 hasta el año pasado el número de cuentapropistas del sector —que entre 1980 y 2005 creció de 21.000 a 52.720— se incrementó de 54.200 a 122.668 (+126%), mientras que la cifra de trabajadores del rubro privado mediano y chico creció de 6.400 a 6.633 (+3,6%) y la cantidad de empleados del rubro estatal se elevó de 4.726 a 6.827 (+44%).

Espere…

“El uso de mercurio es un problema muy antiguo. El problema es que la minería aurífera está en manos del sector informal, de cooperativas y de pequeñas empresas artesanales” que se dedican a esa actividad y que “con seguridad y mucha frecuencia” emplean el elemento tóxico, afirma Garzón.

Según el Viceministerio de Cooperativas Mineras, 1.115 de las 1.806 cooperativas que hay en el país, es decir el 62%, explotan oro y que “extraoficialmente” el 35% del total cuenta con licencia ambiental y el 42% está en proceso de obtenerla. “Inferimos que por un kilo de oro recuperado se consumen 2 kilos de mercurio”, sostiene.

“Si el Estado no toma el control de toda la cadena de oro”, el problema de la contaminación “continuará”. “La primera medida es controlar la producción aurífera en las zonas” de explotación del mineral precioso, considera Garzón.

ACCIONES. Este medio solicitó una entrevista y envió un cuestionario al MMAyA para conocer más datos sobre la participación de Bolivia en la primera reunión de Minamata y sobre las políticas que implementa el Gobierno para reducir la contaminación con mercurio, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Pero no solo la minería es causante de este tipo de contaminación. El mercurio también es utilizado en la producción de metales, cemento, papel, artículos médicos como termómetros y barómetros, y en focos, pilas, cremas y jabones, entre otros.

De acuerdo con fuentes institucionales citadas por la estatal ABI, “en el país 78% de cosméticos y jabones tienen mercurio y 17% de equipos farmacéuticos”.

“A la luz del Minamata, los Estados tienen la obligación de impulsar acciones para evitar que esa contaminación siga ocurriendo y, en esa medida, para Bolivia es una oportunidad ser parte del convenio, ya que le puede dar herramientas y cooperación internacional para superar ese problema que en general tienen todos los países andinos”, afirma Lozano.

Cuatro medidas para frenar la contaminación

Wálter Vásquez

El Gobierno debe considerar cuatro acciones prioritarias para poder controlar la cadena del mercurio en el Estado, según un estudio difundido por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación ve como medidas preeminentes el diseño y aprobación de normas de calidad ambiental que fijen la concentración máxima aceptable del metal pesado para diferentes medios, como agua potable, aguas superficiales, aire y suelo, así como para alimentos y en especial el pescado.

PASOS. También están las acciones y normativas para controlar las liberaciones del elemento en el medio ambiente, como las restricciones a las emisiones de fuentes puntuales en aire y agua, el fomento de las mejores tecnologías disponibles, tratamiento de desechos y restricciones a su eliminación.

El tercer punto está relacionado con acciones y normativas de control de productos con mercurio, como baterías, cosméticos, amalgamas dentales, interruptores eléctricos, químicos para laboratorio, lámparas, pinturas/pigmentos, plaguicidas, productos farmacéuticos, termómetros y otros instrumentos de medición.

Por último se requiere de otras normas, acciones y programas, como los reglamentos sobre exposición al metal en el lugar de trabajo, requisitos de información y notificación sobre uso y liberaciones del elemento en la industria, recomendaciones para el consumo de pescado y medidas de seguridad para el consumidor.

Este tipo de contaminación “hace más lento el desarrollo intelectual de los niños y reduce su rendimiento escolar, lo que tendrá un efecto en la sociedad y a la larga en la economía”, advierte Carlos Lozano, coordinador del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa Medioambiental. “Generaciones enteras de la región andina pueden perderse a causa de la contaminación”, agrega.

Los síntomas por esta forma de intoxicación son temblores, insomnio, cambios emocionales y neuromusculares, dolor de cabeza, molestias, cambios en la respuesta nerviosa y déficits en las pruebas de funciones cognitivas. A exposición más alta puede aparecer daño renal, paro respiratorio y muerte.

Actividades ilegales Illimani cuenta con 16 fuentes de agua y detectan actividad minera

El Ministerio de Minería, la Corporación Minera de Bolivia y la Gobernación han iniciado el miércoles último la ejecución del programa “Monitoreo de Aguas Cerro Illimani”, el que busca establecer la situación de los reservorios del líquido elemento, a raíz de las frecuentes denuncias en torno a la actividad minera detectada en las faldas del macizo andino, de 6.462 metros sobre el nivel del mar.

Hace un mes, el municipio de La Paz mediante ordenanza municipal declaró al nevado del Illimani como patrimonio departamental.

INVESTIGACIÓN

La investigación desplegada por el Gobierno procura establecer parámetros de campo, determinación de caudales y la situación de las concesiones existentes en el cerro. Asimismo, el equipo técnico, conformado por personeros de Sergeomin, Ajam y del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, tomarán muestras de agua y con ellas evaluarán la gestión ambiental de las operaciones mineras existentes.

VERIFICACIÓN

El ministro de Minería, César Navarro, instruyó una nueva verificación al nevado Illimani) se actuará drásticamente contra los responsables de la explotación minera ilegal, indicó un reporte de ANF.

COMISIONES

“Ya hemos instruido y estamos delegando comisiones a diferentes lugares y también al Illimani para que puedan verificar estos hechos, porque en función de las primeras denuncias hemos actuado y seguimos haciéndolo”, señaló.

INSPECCIÓN

“No existen documentos que acrediten la titularidad de ningún actor privado y en función de estos hechos volveremos a hacer la inspección. Si existe aquello, vamos a tomar las acciones legales, porque esto tiene que ver con explotación ilegal de una riqueza nacional, para lo que existen sanciones penales. Se va decomisar la producción, incluso el equipo, maquinaria y se iniciará un proceso penal contra los autores de estos actos ilícitos”, aseguró el ministro.
TITULARES

Grave problema de la contaminación minera

En el último tiempo, una serie de estudios, tareas de investigación en respuesta a denuncias formales, han mostrado hechos lamentables que se configuran en una abierta contaminación minera, afectando el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de miles de pobladores en varias localidades del país donde funcionan empresas mineras, muchas, inclusive las denominadas o reconocidas como tradicionales, y una suma de otras minas irregulares en manos de cooperativistas, que igualmente son culpables de un lamentable proceso de contaminación que abarca grandes extensiones de terreno por donde circulan ríos saturados en alto grado de contenido de desechos tóxicos.

Una investigación del Banco Mundial, determinó que por lo menos once cuencas hídricas del país estaban comprometidas por la acción irresponsable de empresas mineras y de trabajadores de concesiones menores, pero igualmente dejando que aguas contaminadas se insuman o mezclen con el líquido elemento, destinado de manera natural al consumo humano en comunidades y para abrevaderos de ganado, además del riego de pastizales y una fauna cada vez más reducida por el letal efecto del líquido envenenado, según establecen los estudios efectuados.

Otro informe ampliado menciona más de 20 fuentes de agua potable que abastecen a extensas poblaciones metropolitanas de la zona occidental del país, que son amenazadas por la actividad minera, con alto grado de contaminación de las aguas, pese a un control existente, pero por lo visto burlado por protagonistas de la actividad minera que operan al margen del control estatal.

El gran problema de ésta situación, es que la irregularidad es práctica común e irresponsable de empresas mineras estatales, un caso paradójico, es el de Huanuni, la importante empresa que contamina tanto o más que los mineros cooperativistas que trabajan en concesiones aledañas. Hace unos años atrás y luego de un estudio realizado en el distrito de Huanuni, se comprobó que esa compañía vertía diariamente al río Huanuni, la impresionante cantidad de 15.500 kilogramos de desechos, entre sustancias tóxicas y minerales. Los datos de la investigación promovieron la promulgación de un decreto y la aplicación de un plan para recuperar la sub cuenca hídrica del sector. Lamentablemente varios años después, se observa que esas medidas no se han cumplido y lo que es peor, ni siquiera se puede habilitar el anunciado "dique de colas", para contener el paso de las aguas contaminadas.

Un reciente trabajo de investigación periodística sobre este preocupante tema de la contaminación minera consignado en el matutino La Razón, muestra un mapa de 34 minas y sus residuos tóxicos que afectan poblaciones de Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz. En varios de esos centros mineros se explota zinc, plata, estaño y plomo.

En la referencia que tiene que ver con Oruro, se consigna a Huanuni, que tiene el mayor problema de contaminación, luego se incluye la mina San José, aledaña a la ciudad y que prácticamente forma parte de un sector densamente poblado donde se ubica la denominada "ciudadela minera", incluyendo el Hospital San José y algunas dependencias de la mina y de la Comibol. Por los datos que se tienen, en la zona se percibe la contaminación de aguas, que son expulsadas desde la empresa, ahora explotada por trabajadores cooperativistas.

Se completa el detalle de las minas con problemas de contaminación en el distrito de Oruro, anotando a las empresas de Poopó, Avicaya, Bolívar y Azanaques, que de todos modos, incorporan sus desechos tóxicos a las corrientes de ríos que llevan agua hacia comunidades agrícolas y ganaderas del altiplano orureño.

Potosí es el departamento que tiene más cantidad de minas en producción y propiamente todas con más o menos grados de contaminación, incluyendo las operaciones que se realizan en el Cerro Rico y en las faldas de este coloso de plata, donde el uso de agua es parte ineludible de las tareas mineras, y desechadas al curso de ríos. Hay algunas operaciones mineras de gran escala, a cargo de empresas medianas que han tomado las previsiones del caso, para mitigar la afectación al medio ambiente. Un ejemplo de trabajo específico se da en la minera San Cristóbal, el emprendimiento minero más importante del país, donde la contaminación de aguas es minimizada, con procedimientos de permanente control.

Es un hecho innegable que la minería realizada sin controles adecuados, con abundante uso de aguas y sin la habilitación de diques correctamente protegidos con materiales especiales como material plástico de alta resistencia y otros detalles técnicos, es una amenaza permanente a las corrientes hídricas próximas a las operaciones mineras, por la "liberación" de sustancias tóxicas y metales pesados que llegan a los ríos y estos hasta zonas lacustres, donde sus efectos son realmente depredadores.

Sobre el tema, algunas organizaciones defensoras del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, recordaron que la minería ejerce efectos de perturbación en la fertilidad de los suelos, los pastizales y cultivos, de ahí que es importante el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Medio Ambiente, que regula cierto tipo de actividades industriales y especialmente las mineras, para evitar la contaminación directa que envenena los cursos de agua, y no existen programas de mitigación para precautelar la salud de personas, animales y la flora existente en diversos sitios próximos a operaciones mineras.

El daño en personas por consumo de agua o ingerir alimentos contaminados tiene efectos que se manifiestan en el tiempo, con problemas hepáticos, renales e inmunológicos, que provocan hasta consecuencias fatales, si no se toman medidas oportunas.

Autoridades y dirigentes de comunidades del altiplano, plantean al Gobierno la urgencia de exigir a las empresas mineras estatales y privadas, incluyendo las cooperativas, el cumplimiento de disposiciones que precautelen la seguridad de la salud, a través de un monitoreo permanente de los cursos de agua y lo más importante, como en el caso de Huanuni, San José y otras minas, la aplicación de programas de saneamiento que disminuyan y eliminen el grave problema de la contaminación de aguas y en general del medio ambiente.

Al menos 65 millones de toneladas de residuos mineros afectan a 34 pueblos del área andina

En La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí hay 34 comunidades contaminadas por al menos 65 millones de toneladas de desechos mineros. En un pueblo potosino apareció una oveja muerta y aumentan las diarreas entre los estudiantes de esa región.

La comarca potosina de San Antonio se encuentra en la parte baja de una montaña de residuos minerales. El agua que baja por el río Aljamayu desprende un mal olor; sin embargo, hasta hace un par de meses aquello era algo aún soportable. Recién, días atrás, una oveja murió tras tomar agua de aquel manantial de color amarillo verduzco y con olor a azufre.

Calixta, la pastora del rebaño, decidió llevar a sus animales lejos de aquel sitio agreste. Cuando recuerda lo que le sucedió a su cordero, refiere con algo de tristeza en el rostro: “Ese mismo día tuvo diarrea y murió al siguiente”.

San Antonio es un poblado de unos 700 habitantes, cuya escuela se encuentra a aproximadamente 100 metros del río Aljamayu. El viento reina en la comarca y las casas están esparcidas a lo largo de la carretera que va al sur de Potosí.

Más arriba, en los cerros, se encuentran las colas de San Miguel (remanentes mineros que no fueron aprovechados por los ingenios) y los diques de colas de Laguna Pampa I, Laguna Pampa II y San Antonio. En estos tres sitios se separan los concentrados de estaño, zinc y plata. El mineral sale, como hace más de cinco siglos, del Cerro Rico de Potosí.

Condena de 7 años a empresario minero acusado de contaminar el río Pilcomayo

El Tribunal de Sentencia Primero condenó con 7 años de pena en la cárcel de Cantumarca a Mario Cano Cruz, dueño de la empresa minera 'Santiago Apóstol Silver & Tin', por presunta comisión de delitos contra la salud pública al contaminar aguas que desembocan en el río Pilcomayo, informó el domingo el fiscal departamental, Fidel Castro.


"Para conseguir esta sentencia en juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia el Ministerio Público presentó las pruebas tanto material como documental que demuestran que el acusado es autor de los delitos", afirmó mediante comunicado institucional.


En la investigación se evidenció que en la madrugada del 4 de julio de 2014, se produjo un sifonamiento en un dique de colas perteneciente a la empresa minera "Santiago Apóstol Silver & Tin.


El hecho se registró en la comunidad de Canutillos, en municipio de Tacobamba, capital de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Cornelio Saavedra del Departamento de Potosí, distante a unos 50 kilómetros de Tacobamba.


El Ministerio Público conoció la denuncia el 9 de julio de 2014 y de manera inmediata dio inicio a investigación realizando pericias que evidenciaron la contaminación de las aguas a las cuales llegó el material almacenado en el dique de colas que sufrió el sifonamiento.


"La Fiscalía realizó la inspección al lugar y verificó el trayecto que recorrió el material con desechos químicos hasta llegar a los pequeños riachuelos que existen en la zona, cuyas aguas desembocan en el río Pilcomayo", agregó Castro.


En el proceso penal, la Gobernación de Potosí se constituyó en parte civil juntamente a las gobernaciones de Chuquisaca y Tarija, además del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba.


Dijo que Cano intentó demostrar que el material del dique de colas no alcanzó a riachuelos de los cuales beben animales e incluso seres humanos, pero el Ministerio Público desvirtuó esa aseveración.

Plomo, la amenaza fatal que se resiste a desalojar Huacata

Ya no queda gente que haya trabajado en las concavidades de la mina Perales en la comunidad de Huacata, en el municipio de San Lorenzo, donde durante décadas sus rocas fueron perforadas para extraer principalmente plomo.

La actividad minera en el corazón de la Tarija del gas es casi desconocida. La única herencia de esa actividad supera el cuarto de siglo de incesante contaminación hídrica en la quebrada La Mina, con parámetros que son 40 veces más alto de lo exigido por las normas medio ambientales en Bolivia y 200 veces más del límite permisible para consumo humano. Una herencia que todos quisieran olvidar que volvió a salir a la luz tras la construcción de la represa de Huacata, un vaso de agua de once hectómetros cúbicos que ya riega más de 400 hectáreas en el valle central de Tarija y que, según proyecto, servirá para abastecer de agua potable a San Lorenzo y a Tarija capital.

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El padre de Carlos Aramayo, un comunario de ojotas, bolo de coca y que ronda los 40 años, fue uno de los trabajadores que se internaba en los oscuros túneles de la mina. Todavía le queda en la memoria el momento de su niñez, cuando llevaba la comida para su papá. Las rodillas le resistían para caminar entre cerros y paja brava más de una hora diaria desde su casa hasta el lugar de explotación a orillas de la quebrada. Por entonces no se le pasaba por la cabeza que la extracción del metal alimentaba una amenaza fatal que le acompañaría el resto de sus días. Hoy no le cabe la menor duda.
Recuerda que la actividad minera fue hasta el año 1985. Como en ese tiempo no había camino para vehículos, todo lo extraído era transportado a lomo de burro, hasta llegar a la comunidad de Tomatas. Nunca supo si de ahí lo llevaban a la ciudad de Tarija o al norte del país.
Son 11 minas ubicadas en esa zona, pero es la llamada Perales la causante de problemas, que junto a otras seis está sobre la quebrada La Mina. Otras cuatro se abrieron sobre la quebrada El Valle. Desde su abandono, incluso antes, el plomo no ha dejado de fluir por la quebrada La Mina cada vez que llueve y por las filtraciones interiores y que luego de juntarse con dos ríos, alimenta la presa Huacata.

Datos para no humanos
Las convicciones de Don Carlos, albañil que cursó la primaria, resultaron tener base científica, pues hay estudios sobre la contaminación del agua en su comunidad, ubicada a unos 45 kilómetros de la ciudad de Tarija, pero no le conmueven demasiado luego de haber convivido durante años con ello.
El informe 2016 de monitoreo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, revela que la contaminación mínima en la quebrada La Mina fue de 0,63 miligramos por litro de agua, la más alta fue de 2,12 en un punto de medición; esto es 200 veces más de lo permitido por la norma boliviana para consumo humano y 40 veces mas de lo establecido en la ley medio ambiental.
Como si Huacata estuviera al margen de la Ley, la norma boliviana 512 que no permite sobrepasar los 0,01 miligramos de plomo por litro de agua para el consumo humano y la Ley 1333 del Medio Ambiente que establece un máximo de 0,05 miligramos de plomo por litro de agua, no se aplicaron hasta que el Estado puso sus ojos en ese lugar para construir la actual represa. Esa iniciativa motivó los primeros estudios.
Fue el año 2013 cuando el Centro de Análisis de Investigación y Desarrollo (Ceanid) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) inició la toma de muestras de agua hasta el 2014, cada uno o dos meses. Así lo recuerda el jefe de esa institución, Adalid Aceituno, mientras se apoyaba en el escritorio de su oficina, se desabrochaba el mandil blanco que hacía juego con el color de su cabello y sus delgados labios se fruncían bajo los bigotes color ceniza, al tiempo de expresar la preocupación por los resultados obtenidos.
Mediante su trabajo se detectó 1,18 miligramos de plomo por litro en la quebrada La Mina de Huacata, una comunidad donde arranca el altiplano tarijeño y cuyas características nada tienen que envidiar a las pampas de Oruro o Villazón.

Remiendos
En el afán de mitigar el histórico problema, la Gobernación de Tarija ordenó el sellado de las bocaminas. La obra fue concluida y entregada en octubre del año 2015. Pero los desmontes de plomo a orillas de la quebrada y las filtraciones a causa de la fisura de la roca que encapsula el metal, fueron los encargados de poner jaque mate a los anhelados resultados. La contaminación no se redujo a los parámetros exigidos por ley.
La responsable del programa Monitoreo de Fuentes Hídricas de Aporte a la Presa Huacata, Ninet Llanos, aclara que la contaminación solo es en el trayecto de la quebrada, más no en los ríos y menos en el vaso de agua de la presa. Sustenta su teoría en base a dos aspectos.
Un primer factor está relacionado con el terreno del río, pues es arenoso, el plomo se adhiere a las partículas del suelo y no permite el paso del metal hacia más abajo. Otro aspecto es que el volumen del agua es mayor, por ende la cantidad de plomo se diluye y se hace menor. Así alcanzan los estándares exigidos por normativa. Los resultados de los estudios también lo confirman.
Llanos señala que no puede decir lo mismo de años atrás, pues no existen documentos o evidencias de que se tomaran acciones para controlar el derrame del metal en algún momento de los últimos 30 años de inactividad. Incluso cree que la contaminación fue mayor y los comunarios permanecían expuestos a ese peligro.

Sorpresas
Doña Hilaria Miranda vive a unos 50 metros de la presa Huacata, ella también teme por la contaminación del plomo y por eso, mientras su juventud se lo permita, traerá agua de otros lugares para suministrar a sus hijos pequeños. Todavía guarda en la memoria, cual fotografía, el momento de aquella madrugada de invierno del 2015 cuando se levantó a poner la caldera con agua en el fogón para preparar el desayuno.
Nunca había soñado una imagen así. Al dirigir sus ojos cafés hacia la represa divisó una especie de alfombra blanca de peces sin vida a la orilla. Tampoco imaginó que al cruzar hacia su parcela de cultivo todavía encontraría carpas más grandes en similar situación, agonizando como tratando de huir de una cámara de gas.
Su inquietud la llevó a indagar un poco sobre lo sucedido, pues el comentario en la comunidad era que el plomo fue el artífice de esa tragedia aquel día, ya que coincidió con el momento en que se realizaban los trabajos de sellado de la bocamina. Sin embargo, Llanos atribuyó el incidente a la falta de oxígeno. Aseguró que desde esa vez, no volvió a repetirse esa desdicha para la fauna acuática.
En el lugar del sellado de la Mina Perales todavía hay fragmentos de piedras que, después de partirlas y exponerlas a los rayos del sol, destellan el metal. Unos diez metros más arriba existe una casa de adobe sin techo y paredes semiderruidas. Carlos al dirigir su mirada hacia ese lado, evoca los tiempos del campamento minero, de su infancia y de su padre y sus compañeros descansando entre charlas, coca y alcohol, sin excesos, recuperando fuerzas para volver a desportillar las rocas. Tiempos de feliz desconocimiento.
Hilaria nunca llegó hasta las minas, pero sabe sobre el derrame de plomo en la quebrada. El agua corre unos siete kilómetros sobre roca lutita hasta llegar al río Grande, de ahí al Huacata y de ahí a la presa. El metal crea una capa espesa de color blanquecino, en algunas partes es verde y en otras marrón.
Animales como las vacas sacian su sed en ese afluente, una que otra oveja también lo hace. Al margen de ello, al costado de la quebrada hay sembradíos. Especialistas advierten de las consecuencias.
“El plomo puede adherirse a los alimentos” dice el jefe del Departamento de Física de la UAJMS, Marco Taquichiri, mientras acomoda sus lentes y se sienta tras la mesa de su laboratorio. Explica que al ser tóxico el metal, la persona que come o toma un líquido contaminado, se envenena eventualmente sin percatarse de ello.
“El plomo no se lo siente, no quema ni pica al ingerirlo, tanto así que el metal se adhiere al organismo humano - advierte el especialista - El individuo muere de otras causas, porque contamina el cuerpo. El plomo no hará que la persona deje de respirar, pero sí que otro organismo falle. Lo mismo ocurre con el zinc y el cadmio por ser tóxicos para el cuerpo humano”.
El oncólogo del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Alberto Castrillo, profundiza más sobre el peligro. Su experiencia le lleva a sostener que los alimentos o agua contaminada con plomo aumentan el riesgo en los pacientes para producir diferentes tipos de carcinomas o cáncer en el cuerpo, principalmente en el tuvo digestivo. También puede generar leucemias y enfermedades genéticas.
Las investigaciones sobre esta problemática en Tarija son escasas. Un estudio del 2004 permitió un seguimiento a 120 pacientes durante tres años. El objetivo era identificar de dónde provenían las personas con enfermedades oncológicas. Pero el patrón no apuntaba a un solo lugar, sino todo ello, tanto del área rural como de la urbana.
A Castrillo le preocupa que Tarija tenga índices de casos de cáncer similar a Japón y Chile. Especialmente tumoraciones cancerígenas en el tubo digestivo en individuos de entre 40 y 50 años, sin excluir a gente más joven.
El reporte de perfil epidemiológico de San Lorenzo, un municipio que no supera los 20.000 habitantes, revela datos sistemáticos en sus comunidades. Solo en nueve meses del 2016, en el Centro de Salud de Canasmoro se presentaron 557 casos de patologías que podrían estar asociadas al consumo de agua o alimentos contaminados con plomo. En la comunidad de Zapatera atendieron a 319 pacientes y en Carachimayo 819. Éstas son poblaciones cercanas a los ríos que llevan décadas alimentándose con el agua con plomo de la Mina Perales. Los habitantes de Huacata, que carece de centro de salud, generalmente acuden a cualquiera de esos tres centros.
Este caso no es aislado, los reportes de monitoreo de contaminación son enviados a la Contraloría General del Estado y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), así lo afirmó el secretario de Medio Ambiente y Aguas de la Gobernación, Pablo Avilés, quien también asegura que tienen un plan a corto y mediano plazo para mitigar el derrame de plomo.
Llanos, consciente de los problemas que generan el desmonte de plomo y la fisura de la roca que origina derrames desde la mina Perales, optó por dirigir el agua desde la bocamina hacia unos 400 metros más abajo. Ahí planifica construir un sedimentador; luego de un tratamiento químico se precipitará y aislará el metal en un contenedor de seguridad bien sellado.
Una medida paliativa previa, será aislar el agua de la quebrada mediante tubería para que no pase por la bocamina, así limpiar manualmente el sedimento del afluente. Luego soltarán el líquido elemento por su trayecto natural.
Mientras esto pasa, el temor crece entre don Carlos, doña Hilaria y el resto de los vecinos que le hacen frente a más de un cuarto de siglo de contaminación del agua, pávidos de las fatales enfermedades que pueden contraer y el futuro que les espera a sus hijos, al convivir codo a codo con el plomo. La extracción del metal no les dejó mejores días, solo les convirtió en víctimas de una película de terror, de fantasmas silenciosos, que aún no ha terminado.

La amenaza del plomo, en su contexto geográfico

La quebrada La Mina
La quebrada La Mina atraviesa por siete minas, el sedimento del plomo es notorio, el agua presenta un color blanquecino, en otras partes verdoso y algunas marrón. Al costado existen pedazos de piedras con plomo que, al partirlas, los rayos del sol destellan el metal.

La presa Huacata
La presa de Huacata del municipio de San Lorenzo Tarija tiene un volumen total de 11 hectómetros cúbicos. La superficie inundada por el embalse es de 1,54 kilómetros cuadrados. Actualmente riega más de 500 hectáreas del municipio de San Lorenzo.

Ubicación de Huacata
Huacata se encuentra distante a 49 kilómetros de la ciudad de Tarija, su geografía es similar al norte del país, donde hubo actividad minera. Se encuentra a 2.877 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es de 1.0096

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“Pasivos ambientales” que deja la minería son altamente nocivos

El investigador colombiano Jesús Olivero Verbel, asegura que no hay minería en el mundo que no deje impacto ambiental negativo a través de los llamados “pasivos ambientales” que por décadas siguen causando daños al medio ambiente y la salud de las personas en las zonas de explotación.

Olivero que tiene un doctorado en Farmacología y post doctorado Toxicología ambiental por la universidad de Michigan State University de Estados Unidos, y es consejero del departamento de Ciencia, Tecnología e innovación en Colombia, es uno de los principales expositores de taller “Toxicología Ambiental y Actividades Extractivas” que se desarrolla en Cochabamba dirigida a comunicadores, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

El experto explica que “la minería de gran escala requiere la remoción de grandes cantidades de material del suelo y en el suelo se encuentran muchos metales con una toxicidad inherente. Que están ahí por disposición geológica, pero que una vez se sacan de la corteza terrestre generan impacto sobre la salud humana y esos minerales son el Cadmio, Estaño, Cobre, Uranio, Plomo y otros que removida con la extracción minera quedan en el agua y en el aire afectando la salud humana”

Sin embargo, contó que en su experiencia encontró un solo caso de minería amigable y es la que se hace en Cuzco Perú, cuando los comunarios reciben el agua salina que viene de la montaña, evaporan el agua y venden este proceso a miles de turistas. Esa es una minería interesante, explicó

Sin embargo, cree que la minería industrial de alguna manera afecta a las comunidades locales porque genera residuos que luego llegan a los peces de los ríos, a las plantas a través del agua porque liberan contaminantes que terminan por afectar a la salud humana

El experto recordó que las actividades mineras requieren de diferentes cantidades de agua y proporcional al volumen de agua, está el número de elementos contaminantes que liberan. Esas aguas son casi imposibles de potabilizar totalmente y sobran ejemplos en toda América Latina.

En conclusión, el experto considera que el impacto de la minería es irremediable y lo peor es que no termina con la explotación misma, sino que queda con el pasivo ambiental por muchos años porque el suelo removido deja muchos metales expuestos a la lluvia que arrastra a los cursos de agua minerales que generan enormes problemas al medio ambiente y al hombre.

Explotar oro alteraría el agua

Más de 15 vertientes y sistemas de riego alrededor del cerro Tuti en San Benito están en peligro por la posible explotación de una nueva mina aurífera, si la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aprueba la concesión solicitada por la empresa unipersonal “Díaz Rojas”, según el estudio de impacto ambiental que realizó ese municipio del valle alto de Cochabamba.

En zonas aledañas del cerro Tuti viven 10 comunidades y otra un poco más alejada, Villa Rosario, que se proveen del agua para su consumo y les sirve para el riego de los cultivos de hortalizas y flores. En este espacio residen al menos 500 familias.

“No se puede explotar el cerro a pedido de las comunidades porque se verían afectadas drásticamente y hay gran parte de la producción que se vería afectada”, aseveró Claros según informó el secretario general, Gonzalo Claros.

La empresa unipersonal “Díaz Rojas”, que tiene como propietario a Agapito Díaz Rojas, solicitó obtener la concesión minera hace más de un año para explotar oro del lugar. A la fecha, cumplió con la mitad de los 12 pasos que debía seguir para que le otorguen la concesión.

A fines de febrero, un grupo de pobladores de San Benito llegó a la ciudad en una marcha rechazando la concesión minera, sostuvieron una reunión con el director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Juan Carlos Murillo, y firmaron un acta de entendimiento en la que el municipio se compromete enviar un informe técnico medioambiental a la “brevedad posible” de las vertientes.

Claros indicó que se concluyó con este trabajo y que en los siguientes días se enviará el informe a las oficinas regionales del AJAM para su conocimiento.

La concejal del municipio de San Benito, Maritza Quinteros, explicó que las vertientes no sólo sirven para riego sino para agua potable, siendo la única fuente ante la sequía que se vive en el departamento.

“Hemos dicho que no se va a mover el cerro Tuti toda la población por más que haya estudio, vamos a defender la naturaleza y la Madre Tierra. No vamos a permitir que se haga un negociado grande que estamos viendo por dónde está yendo”, afirmó Quinteros.

Claros indicó que en contacto verbal con el propietario indicó que se explotarán las piedras del cerro para realizar la chancadora y que quieren asfaltar caminos, pero la susceptibilidad de la gente es que se realice la explotación minera.

El año pasado, el vicepresidente Álvaro García Linera llegó a la zona para hacer la entrega de riego tecnificado en las comunidades de Tuti San Isidro y Paracaya Tuti que representó una inversión de cuatro millones de bolivianos. A estos se suman los de Chimparrancho, Wañakawa Alto y los pobladores de Tuti Alto.

Murillo indicó que el proceso de permiso de explotación de la mina se encuentra paralizado hasta que el municipio envíe el informe medioambiental que se comprometió. “Sobre el informe técnico, nosotros vamos a realizar la evaluación. Nos dijeron que próximamente nos harán llegar la evaluación”, dijo.

El Servicio Departamental de Riego (Sederi) a través de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación inspeccionará el lugar para hacer un informe que verifique las consecuencias de la explotación del cerro a espacios de riego, además de ver si se compromete a la flora y fauna.

El día de la movilización, el dirigente de la Subcentral Tuti en la zona andina, Gregorio Moscoso, señaló no permitirán la explotación en el cerro Tuti porque atenta contra la población.



MÁS DETALLES

• La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) tiene como función otorgar derechos mineros a través de los contratos administrativos.

• El cerro Tuti es el más alto de la región del valle alto. Alrededor se siembra cultivos de papa, papaliza, maíz, trigo, cebada, haba y durazno, entre otros.

• En el acuerdo firmado, la AJAM se comprometió a respetar el reclamo de las comunidades del cerro Tuti de cuidar el medio ambiente y a paralizar los trámites entre tanto no se cuente con el estudio sobre las vertientes para conocer el grado de afectación a las comunidades.

Cuestionan avances en mitigación ambiental en subcuenca Huanuni

Tras verificarse la evaluación del Decreto Supremo 335/2009, que declara zona de emergencia a la subcuenca Huanuni, autoridades, representantes de las comunidades afectadas no están conformes con el avance en el cumplimiento de las seis líneas de acción, explicó el presidente de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Ángel Flores.

El documento que declara Situación de Emergencia de carácter departamental, con aplicación en los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del departamento de Oruro.

La actividad comenzó temprano ayer por la mañana en el salón ´Ildefonso Murguía´ de la Gobernación congregó a una importante cantidad de asistentes, a efecto de escuchar los avances en las seis líneas de acción por parte de las autoridades, como el de manifestar su preocupación del avance que para una mayoría no es efectiva a la fecha.

La evaluación se prolongó aproximadamente a las 19:00 horas, en la que se recabó un acta que consta de las siguientes consideraciones: solicitar la participación de las autoridades nacionales, departamentales y municipales en las próximas reuniones evaluativas del D.S. 335/2009.

Se sugiere una reunión técnica entre las instancias nacionales, subnacionales, municipales y la Coridup, para analizar el alcance de las 6 líneas estratégicas para la evaluación, teniendo como fechas establecidas del 3 al 7 de abril.

Se sugiere que se realice una inspección in situ a las comunidades afectadas para la evaluación de los resultados de acciones de mitigación y remediación alcanzadas.

Los representantes de las comunidades de Querarani y Tola Pampa solicitaron su incorporación a la lista de comunidades afectadas, también se sugiere que los municipios y comunidades afectadas deben elaborar o gestionar sus demandas de proyectos en coordinación con las instancias nacionales y departamentales. Por ultimo las líneas de acción 4,5 y 6 han logrado obtener resultados satisfactorios por lo que los participantes demostraron su conformidad.



CORIDUP

Por su parte el presidente de la Coridup mostró su preocupación ante la falta de avance: "estamos un poco preocupados y decepcionados, por esta evaluación en la línea estratégica 1 y 2 pese a estar en el decreto no se ha avanzado, tampoco en el 3, no nos dan proyectos, vemos que hay bastantes retratos, hay informes de técnicos repetitivos, muchos comunarios han cuestionado a la coordinadora representante del Ministerio de Medio Ambiente, no sé cómo trabajan, hay decepción de las comunidades".

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Corresponden a la línea de acción 1: mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera de la subcuenca Huanuni. La 2 relacionada a la conservación de los recursos naturales de la cuenca Huanuni; la 3 al saneamiento básico para la mejora de la calidad de vida de la población de la cuenca de Huanuni. La línea de acción 4, se refiere a la educación ambiental y capacitación para la mejora de las actividades que se desarrollan en la cuenca Huanuni.

La 5 está referida a la atención en salud ambiental para la población de la cuenca Huanuni y la 6 enfocada en la gestión de las afectaciones de la población de la cuenca Huanuni.

Reportan deterioro del medioambiente por la labor de Karachipampa

El agua supuestamente contaminada que se filtró de la planta de fundición de Karachipampa habría ocasionado un daño ambiental en la comunidad del mismo nombre, afectando los cultivos de haba.

De acuerdo con los antecedentes que obtuvo el Potosí, el agua se habría filtrado entre el sábado y domingo y se concentró en un estanque que está a 300 metros de la planta.

El agua de un estanque, antes era usada por los comunarios para el riego de su producción agrícola. Sin embargo, el lunes 13 de febrero, los pobladores la utilizaron para el riego de la tierra comunitaria sin saber que ya estaba contaminada.

Entre el lunes y martes, el PH alto del agua hizo efecto y dañó las plantaciones de haba e incluso mató un sapo, único animal que se halló muerto en el área afectada.

Al respecto, el gerente de la planta de Karachipampa, Hugo Arando, dijo que la denuncia de la afectación se la hizo el lunes y, ayer, se sostuvo una reunión con los afectados para dar solución con las tareas de mitigación.

"No es agua contaminada, es agua básica, esa agua ha salido hasta la piscina de agua y debía detenerse ahí, pero los comunarios la abrieron y usaron para riego. Hasta la anterior semana esa agua era usada para riego", explicó en relación a lo ocurrido.

Dijo que ya se hizo la cuantificación del área dañada y es menos de 300 metros que afectó el agua básica.

Arando afirmó que la tierra afectada será sustituida por otra para que los comunarios sigan realizando la plantación de sus productos.

Pero, además, se está resarciendo el daño causado como lo comprometieron a los comunarios.

Derrame de aguas

"Lamentamos lo ocurrido, hubo un accidente, donde ha ocurrido el derrame de las aguas del dique que tiene la planta de Karachipampa y ha causado daño a los sembradíos y hay hasta animales muertos", denunció la concejala, Olga Vilacauhua, que estaba en el lugar.

Sin embargo, los comunarios del lugar no quisieron denunciar sobre lo ocurrido habida cuenta de que ya estaban solucionando el problema ambiental.

“Ha ocurrido el derrame de las aguas del dique que tiene Karachipampa".

Olga Vilacahua - CONCEJALA DEL POTOSÍ MOP

Agua de la minería causa daños y su escasez altera la producción

Reconocer que la minería ocasiona una serie de problemas en el uso del agua potable, pues la contamina directamente, es un hecho admitido por necesidad de consumo "obligado", lamentablemente con pocos planes de remediación, como sucede por ejemplo en el caso del río Huanuni, y en el curso del río Desaguadero cuyas aguas contaminan extensas superficies de terreno, pero siguen fluyendo, pasando por varias comunidades, sembradíos y quedando en "ojos" de abastecimiento para consumo humano y algunos abrevaderos para el ganado.

El problema se ha generalizado en el último tiempo en casi todas las empresas mineras, las estatales y las privadas, la minería chica y la cooperativizada también tienen problemas, pues el factor de una aguda sequía en la región involucra, no sólo a los sectores agrícolas y ganaderos, sino también al minero, este último con serias restricciones para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Frente a este problema que es de conocimiento de las autoridades, el ministro de Minería, César Navarro, determinó solicitar informes en los centros mineros del país, en especial de la zona occidental, donde la escasez del líquido obliga a cambiar los planes de refinación de minerales, aspecto que disminuye ostensiblemente el rendimiento del ingenio Santa Elena en Huanuni, donde la producción bajo de 200 a 100 toneladas mensuales. El fenómeno natural se presentó en agosto, pero se agudizo en septiembre y octubre, perjudicando el plan de producción trazado en Huanuni.

El bajo rendimiento en Huanuni se agudiza por la falta de operación del nuevo ingenio Lucianita, aunque en este caso, como dicen los dirigentes "el pecado es original", ya que desde su instalación no contaba con el líquido necesario, ni siquiera para hacer la prueba de funcionamiento. Esa imprevisión no ha podido solucionarse y en todo caso, no hay perspectiva de una pronta actividad de ese moderno equipo, porque el agua existente, no cubre ni siquiera la necesidad del Ingenio Santa Elena que funciona a "media máquina".

En el caso de la mina Colquiri, se dispuso el racionamiento en la distribución de agua y en el uso del líquido en la mina, situación que altera los planes productivos en el proceso de refinación de los concentrados de estaño y zinc, por lo que se trabaja en un plan de emergencia para reciclar el agua del ingenio, con lo que puede compensarse sólo en parte la falta de agua.

El peligro de "reciclar el agua", significa el uso de este líquido ya contaminado y muy ácido que ocasiona el rápido deterioro de equipos, el caso de perforadoras, bombas de agua, barrenos y otros instrumentos que deberán ser reemplazados en poco tiempo. Este efecto negativo se observará en Huanuni y en Colquiri, donde reciclan agua ácida.

En el caso de los dos distritos, por el sistema de explotación de las vetas en interior mina, el uso de agua es imprescindible para el funcionamiento de las perforadoras, aparte por supuesto y en la parte exterior de trabajo, los ingenios no funcionan si no tienen suficiente flujo de agua. El tema es de preocupación de las autoridades mineras que buscarán soluciones de emergencia, para salvar las operaciones regulares, en un periodo de sequía que como se observa llegó hasta el sector minero.

En el sector de La Paz, muy cerca a Hampaturi, se trabaja en un proyecto para recircular el agua de modo que algunas operaciones mineras de la zona no se perjudiquen por la carencia de agua para las actividades de interior mina y para el trabajo que se hace en los ingenios. El proceso de recirculación de agua, es una alternativa en las operaciones mineras en minas paceñas.

INTERESANTE OFERTA RUSA

Frente al complicado problema de la escasez de agua en el sector minero, asunto que puede prolongarse por más tiempo, representantes de la empresa rusa Mintek Internacional que tiene su agencia de operaciones en la ciudad de Oruro, emitió una oferta al sector minero en general, al Gobierno y las empresas privadas, se incluye la pequeña minería y las cooperativas, un sistema de moderna tecnología y absolutamente limpia, que no requiere de agua para el procesamiento de minerales concentrados y puede separar los diferentes componentes sin afectar en lo más mínimo el medio ambiente, como sucede con los métodos tradicionales que utilizan grandes cantidades de agua, que se desecha y contamina a su paso extensiones cultivables de tierra.

La oferta de Mintek, será "socializada" para conocimiento de los operadores mineros, que están buscando soluciones prácticas para salvar la crisis que produce la sequía y en algunos casos la imprevisión en la instalación de servicios acuíferos, como el de Lucianita en Huanuni.

En esta crisis del agua, lo que tranquiliza es la provisión casi regular de agua potable en los distritos mineros, informándose que la población civil en el caso de Huanuni, Colquiri, se menciona también Siglo XX, Corocoro y otros centros de actividad minera, tiene agua potable proveniente de fuentes naturales, que son cuidadas celosamente por los pobladores, evitando el consumo indebido o su desvío a faenas mineras, en ese sentido los servicios hospitalarios, los establecimientos educativos y los vecinos, tienen el líquido vital con muy pocas restricciones, pero igualmente con alerta vigente por la persistente sequía.

La minería va dejando una gran "Deuda ecológica"

Luego del desastre suscitado en el lago Poopó, por la sequía que redujo su enorme caudal a un simple charco de agua, los suelos quedaron muy contaminados por la constante actividad minera, principalmente desde la Empresa Minera Huanuni (EMH). Durante el inicio de obras de canalización de aguas hacia el lago Poopó en el mes de octubre, el gobernador Víctor Hugo Vásquez, hizo énfasis en que la minería dejó una gran deuda por las consecuencias sufridas en el segundo lago más grande de Bolivia, el Poopó que presentaba una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados (el Titicaca ocupa el primer lugar con 3.790 km²), por lo que hoy no se descarta que el lago Uru Uru pueda correr la misma suerte.

La extensión del lago Uru Uru abarca aproximadamente 135 kilómetros cuadrados, con una profundidad de sus aguas entre dos a tres metros. El 50% de su extensión está en la jurisdicción de la comunidad Santo Tomás y varias comunidades como ser: Vito, Sora, Pumpulaya, San Pedro de Challacollo, entre otras.

En los recientes años, los desechos mineralógicos producto de la actividad minera fueron contaminando las aguas y éstas llegaron hasta los sembradíos de alimentos, ocasionando pérdidas en gran parte de las zonas productoras, en una extensión aproximada de 1.000 hectáreas, así también se dijo que si existe producción de alimentos, estos tienen presencia de metales pesados como lo establecen estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).

"Hemos ido alertando a las autoridades desde el año 2006 para poder detener esta catástrofe. Quienes estamos viviendo en estas riberas, lamentablemente los desechos mineralógicos han ido contaminando nuestros suelos, han ido desertizando nuestros suelos, ya no hay vegetación, y yo creo que ni con muchos millones de dólares vamos a poder recuperar los suelos que ya están totalmente dañados por la minería", manifestó, Jaime Caichoca, secretario de actas de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup) y comunario del lago Uru Uru.

DESVÍO DEL CURSO DE AGUAS

El río Desaguadero se divide en dos brazos, el derecho que pasa por Inti Raymi, Toledo y llega al Poopó, y el izquierdo que llega hasta el Uru Uru.

Del brazo izquierdo, las comunidades aseguran que el desvío que se dirige por el dragado al ex canal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) utilizado por la Empresa Minera Inti Raymi, llegando hasta la operación minera de Kori Chaca va consumiendo grandes caudales de agua diariamente y que los mismos son desechados en la zona Sur, en cercanías a Iroco formando una laguna "salina" que tiene conexión con el desaguadero, llegando finalmente hacia el Uru Uru.

"Queremos que ese canal se pueda direccionar hacia el lago, ya tenemos el proyecto, pero lo que nos falta es financiamiento", sostuvo el presidente de la central de cooperativas pesqueras de los lagos Uru Uru y Poopó, Juan Toroni.

Se espera que desde las autoridades se impulse el proyecto del dragado del canal Comibol, que ayudaría de gran manera a reencausar los niveles de agua del lago Uru Uru y evitar su posible desaparición.

Mina a cielo abierto amenaza la ecología

"Para el consumo usamos agua envasada, a los niños no los dejamos tomar las bebidas que les preparan en la escuela con agua de red. Y cuando nos bañamos, nos damos una ducha muy breve y apenas caliente". Así resume Claudia Alcucero la vida diaria en la pequeña localidad de Jáchal, en el oeste de Argentina y a los pies de la mina de oro Veladero que por segunda vez en un año sufrió un derrame de agua cianurada.

La fiebre del oro, traducida en megaproyectos de minería a cielo abierto, es hoy un negocio multimillonario para empresas y gobiernos, pero también una pesadilla para las poblaciones vecinas y los defensores del medio ambiente.

La mina de oro Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold, está ubicada a 4.000 metros de altura sobre la cordillera de los Andes en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile.

En septiembre de 2015 produjo un derrame de más de un millón de litros de agua cianurada que contaminaron tres ríos de la región. La provincia le aplicó una multa multimillonaria y ocho ejecutivos y empleados fueron procesados por la Justicia.

Casi un año después, un gigantesco bloque de hielo de una tonelada y media cayó sobre una cañería de la mina y derramó 45 metros cúbicos de roca con solución cianurada, según informó Barrick, sin producir contaminación ambiental a ríos ni trabajadores ni habitantes. ¿El hielo provenía de una formación glaciaria? Los habitantes de Jáchal y los activistas de Greenpeace denuncian que Barrick instaló la mina en una zona periglacial, en violación a la ley de protección de glaciares en Argentina.

"Nosotros sostenemos, producto de nuestros propios estudios y los de la provincia de San Juan, que no estamos en una zona de glaciares. Nuestra tarea no afecta ningún glaciar", asegura el director ejecutivo de Barrick en Argentina, Juan Bautista Ordoñez. La mina está entre 3.800 y 4.000 metros de altura y cae mucha nieve en invierno, explica.

"La empresa Barrick, por definición, defiende y protege el medio ambiente", sostiene el ejecutivo de la compañía que debió frenar su proyecto Pascua Lama en Chile por cuestiones ambientales.

El valle de lixiviación de la mina, donde se procesa la roca con una solución cianurada para separar la piedra de los metales preciosos, está ubicada sobre el nacimiento del río Potrerillos.

Alcucero afirma que existen algunos informes acerca de que la membrana geotérmica sobre la que se instaló el valle de lixiviación tendría algunas perforaciones.

En una localidad cercana a Jáchal en los análisis de julio del agua obtenida de las napas "aparece mercurio", expresa preocupada a dpa. "¿Será que ya están las napas contaminadas?", cuestiona. "El día a día es difícil", lamenta.

La mujer integra la asamblea "Jáchal no se toca", que defiende el medio ambiente y presentó un recurso ante la Justicia federal para reclamar el cierre definitivo de la mina Veladero. Ya tuvo sus primeros efectos, con los allanamientos ordenados a ministerios nacionales y provinciales para obtener información sobre la contaminación provocada por la mina de oro.

Gonzalo Strano, a cargo de la campaña de glaciares de la organización ambientalista Greenpeace, advierte a dpa que "el problema principal de Argentina es la falta absoluta de controles provinciales y nacionales".

El activista señala que Veladero consume nueve millones de litros de agua por día para obtener el oro y que sus desagües llegan a cinco ríos de la provincia de San Juan.

"El cianuro luego de un tiempo se evapora, pero mientras tanto genera el mismo proceso que en el valle de lixiviación: activa todos los metales que se encuentran en las rocas de los ríos. Así se comprobó que en varios cursos no quedaron rastros de cianuro pero se triplicaron los niveles de aluminio, mercurio, cromo, boro, entre otros metales pesados", alerta Strano.

Muy a pesar de los ambientalistas, la minería es una actividad que florece en Argentina.

En febrero, dos meses después de asumir, el presidente Mauricio Macri eliminó los impuestos a las exportaciones mineras, que ya de por sí eran menores a los que abonan otros sectores, en una medida que generó fuertes críticas. El complejo agroindustrial, núcleo central de las exportaciones argentinas, continúa por ejemplo pagando abultados aranceles.

En el marco del reciente Foro de Negocios que impulsó el Gobierno se anunció una inversión de 1.000 millones de dólares de la minera canadiense Pan American Silver para el desarrollo de una megaexplotación en Proyecto Navidad, en la sureña provincia de Santa Cruz, donde se estima está una de las principales reservas de plata en el mundo.

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se pronunció a favor de la minería "con controles". "El futuro tiene que estar tomado de las buenas prácticas. Argentina no está afuera del mundo, está en el mundo. Por lo tanto de los que hacen las cosas bien tenemos que aprender y permitirnos tener un debate sobre qué tipo de minería, con qué tecnología y en qué localidades las podemos desarrollar", planteaba meses atrás al diario "El Chubut". Hoy, está abocado a investigar qué ocurrió en el nuevo derrame en Veladero.