viernes, 30 de octubre de 2009

En la plaza Castro y Padilla Estudiantes reflexionan sobre el agua a través de feria exposición

Estudiantes de diferentes unidades educativas reflexionaron sobre la situación del agua en el departamento, a través de la exposición de paneles, que se desarrolló en la plaza Manuel de Castro y Padilla de la ciudad de Oruro.

Esta actividad fue parte de la campaña Octubre Azul programada por diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONGs), en esta oportunidad participaron estudiantes de diferentes unidades educativas, vecinos y líderes ambientalistas.

El coordinador de esa actividad, que se realizó para concienciar a la población sobre el agua, Oscar Roca manifestó que la exposición de los paneles es la parte central de la campaña Octubre Azul, denominado “defendamos nuestros recursos hídricos”.

Afirmó que el objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población sobre la problemática del agua, intentando concienciar a las personas acerca del buen uso del líquido elemental que es cada vez más escaso.

Es por eso que se debe asumir medidas globales, estructurales que provengan de las autoridades nacionales e instituciones, pero también se recomienda que las personas deban cambiar sus actitudes personales para no derrochar este elemento vital que se está terminando.

Por otra parte, Roca argumentó que Bolivia es privilegiada por tener fuentes de agua en los diferentes departamentos, aunque en Oruro se determinó que dicho líquido elemental sólo alcanzará hasta los años 2020 ó 2030, plazo considerado corto para poder contar con este recurso natural.

En Oruro, se conoce que casi el 28 ó 30 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable por cañerías, mientras que la ciudad tiende a crecer sobre el sistema de distribución de este elemento vital y por esa razón es que quedan sectores sin ser abastecidos con este líquido.

jueves, 29 de octubre de 2009

Planta de aguas servidas estará en Sunchuhuayco

La Secretaría de Medio ambiente de la Prefectura de Tarija, Cosaalt y la Federación Departamental de Juntas Vecinales, lograron un acuerdo satisfactorio con las familias campesinas de Sunchuhuayco para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad capital del departamento, según informe de Freddy Yucra, presidente de FEDJUVE, el INRA debe avanzar con el saneamiento de las tierras para la indemnización económica por la propiedad de las tierras y la obra tendría que ser licitada en diciembre de esta gestión.

El dirigente vecinal, mencionó que después de varias reuniones de los representantes de las instituciones señaladas con las familias campesinas, al final, se logró un acuerdo positivo para la instalación de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas la misma que será construida en la comunidad de Suchuhuayco, distante a unos 9 kilómetros del cruce de la carretera hacia el Valle de Concepción a mano izquierda, “se encuentra en la parte más baja de esa zona y es apta para la construcción de la nueva planta que necesita la ciudad de Tarija para sus aguas servidas”, señaló Yucra.

La nueva planta de tratamiento de aguas servidas en la comunidad de Sunchuhuayco será construida en una extensión de 20 hectáreas, los campesinos de la zona ya aceptaron la ejecución de la obra y esperan el pago económico por la afectación de sus tierras, según informe del dirigente vecinal, quien dijo que existe un acuerdo firmado entre autoridades de las instituciones y los representantes de las familias campesinas de Sunchuhuayco.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, en estos días debe iniciar el trabajo de saneamiento de las tierras a favor de las familias campesinas de esa comunidad el mismo que debe concluir hasta el próximo 23 de noviembre y en base a la información de esa entidad nacional las autoridades de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado deben trabajar para la indemnización económica a favor de los campesinos que sufrirán la afectación de sus tierras con la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas.

Según el dirigente de las juntas vecinales, el financiamiento para la construcción de la nueva planta de tratamiento está garantizado con el financiamiento de 12 millones de dólares por parte del gobierno de Holanda y de otra parte, con los recursos comprometidos por la prefectura de Tarija en un monto de 13.5 millones de dólares, en total la ejecución de ese proyecto tendrá un costo de 25.5 millones de dólares.

La licitación pública para la construcción de esa obra, a más tardar, según el dirigente de las juntas vecinales, debe concretarse hasta el mes de diciembre, porque hasta esa fecha, estarán garantizados los terrenos en unas 20 hectáreas, se habrá pagado la indemnización a los propietarios y se tendrá los recursos económicos para encarar la ejecución del proyecto el mismo que tendría que concluirse en unos dos años, señaló.

Corocoro aún no tiene licencia ambiental para producir cobre


La Planta Hidrometalúrgica de Corocoro está operando sin licencia ambiental y “no cumple” con los requisitos para obtener el manifiesto ambiental, por lo que debe cumplir dicho trámite ante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y luego en el Ministerio de Minería y Medio Ambiente.

Hace dos meses, la planta de Corocoro entró en fase de producción de láminas de cobre con una pureza del 99,99 por ciento, según explicaron sus técnicos, pero sin tener la licencia ambiental con todos los datos básicos de funcionamiento, como el flujograma o el detalle de insumos de operación.

El viceministro de Medio Ambiente, Pablo Ramos Morales, informó que en ese despacho no reside ningún trámite relativo a la licencia ambiental para la planta de Corocoro y que debe de estar siendo tratada previamente “en el organismo sectorial competente”.

Una solicitud de información del manifiesto ambiental - Proyecto Hidrometalúrgico Corocoro, de la Dirección de Medio Ambiente (Dima), dependiente de la Comibol, dirigida al gerente del Proyecto Hidrometalúrgico Corocoro, Gustavo Choque Gómez, dice que la información entregada para la elaboración del manifiesto ambiental “no cumple completamente lo requerido” por esa Dirección.

El documento al cual accedió La Prensa exige a Choque una complementación.

“Debo aclarar que esta información es imprescindible para la elaboración de las complementaciones al manifiesto ambiental del proyecto y de esta forma obtener la respectiva licencia ambiental en el marco de la Ley de Medio Ambiente”.

La solicitud está firmada por el director de Medio Ambiente de la Comibol, Héctor Arandia Terán, y está fechada el jueves 22 de octubre, cinco días antes de la inauguración oficial de la planta por el presidente Evo Morales.

En contacto con Arandia, Terán sostuvo que cuando una empresa minera está iniciando operaciones requiere del manifiesto ambiental y, por tanto, “consulta todo aquello”.

“Pero esto (Corocoro) es una operación antigua. Es una reactivación, esa operación ya ha existido y simplemente se han implementado otras tareas más”.

El presidente de la Comibol, Hugo Miranda, reconoció que la licencia ambiental está en proceso, pero no sabe cuánto tiempo pasará antes de obtenerla.

“Esa licencia está en proceso, hubo algunas observaciones, hace tiempo que estamos corrigiendo, se han juntado el Ministerio de Minería y todos los técnicos de Corocoro para solucionar en el transcurso de estos días. Minería nos da el primer paso y por eso estamos en ese paso, estamos dentro de los términos”.

En consulta al gerente de la planta de Corocoro, Gustavo Choque Gómez, éste dijo que faltan “detalles” para estar al día con el manifiesto ambiental.

Aseguró que se cumplió con todas las exigencias que requiere una operación de la magnitud de la planta hidrometalúrgica de Corocoro.

Las complementaciones que Corocoro debe hacer tienen que ver con el uso del agua, es decir, los volúmenes de entrada y de salida en cada operación. Luego debe informar sobre el peso de entrada y salida de mineral en cada operación. En tercer lugar, indicar la capacidad de carga de de las volquetas que transportan la materia prima y la capacidad de vehículos de transporte de insumos y materiales.

Ya en materia de seguridad, debe describirse la ubicación de los extintores de incendios y sus características.

Es necesario un informe sobre el dique de colas y debe ser revisado el plan de higiene y seguridad industrial. Otro requisito es la nómina del personal.

La empresa busca mercados para el cobre

La empresa minera Corocoro busca mercados a los cuales vender su producción de cobre metálico, el cual también requiere estudios de laboratorio que certifiquen su pureza para garantizar su venta y exportación a los mejores precios.

“Estamos buscando el mercado, venderemos al que mejor pague”, sostuvo el gerente de esa empresa, Gustavo Choque Velásquez.

Después de inaugurarse el martes 27 la planta hidrometalúrgica Cororo, dos empresas nacionales expresaron su intención de comprar los cátodos de cobre.

Una dificultad que afronta Corocoro es que no existe una empresa que certifique la pureza del cobre, pues en la actualidad se remiten muestras a laboratorios de Chile y Perú que hagan esos análisis.

Choque sostiene que de forma gradual la producción ideal de la planta será de 1.200 toneladas de cobre, pero evitó señalar cuándo se llegará esos niveles. “Será gradual”, se limitó a decir.

Las estimaciones sobre los recursos que se generarán por regalías llegan a 900.000 dólares anuales sólo por 3.500 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Por regalías mineras, la Prefectura de La Paz obtiene el 100 por ciento del valor bruto por cotización del metal, dependiendo del precio de mercado. De esos ingresos, el 15 por ciento será destinado al municipio productor y el 85 por ciento estará a libre disposición de la Prefectura. El Tesoro General del Estado tendrá el 1,8 por ciento por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas.

Cuestionan al Conamaq

El presidente de Comibol, Hugo Miranda, rechazó las denuncias sobre una supuesta contaminación en Corocoro, formuladas por el representante del Consejo de Gobierno del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe Flores.

Este último había declarado que en las comunidades de la región hay desacuerdo con la inauguración de la planta porque no se cumplieron las normas de defensa del medio ambiente.

La Prensa intentó comunicarse con el dirigente campesino, pero no respondió su celular.

Entre varias de sus denuncias, Quispe sostuvo que las crías del ganado ovejuno nacían con deformaciones derivadas de la actividad de la planta.

El presidente de la Comibol replicó que la acusación no tenía sustento porque hacía referencia a daños que pudieron haberse sufrido desde tiempo antes, cuando la planta de Corocoro no estaba en funcionamiento.

Miranda recordó que la construcción de la planta duró 18 meses y recién ha cumplido dos meses de trabajo efectivo.

Industrialización

La producción de alambre de cobre no tiene una fecha de inicio.

Corocoro, antes de incursionar en otros productos, debe lograr 1.200 toneladas de cobre.

La producción de alambre implicará la industrialización del metal.

La planta hidrometalúrgica es apenas la primera fase de la minería cuprífera.

La inversión se la recuperará en cuatro años con buenos precios.

Información requerida por la Dirección de Medio Ambiente de Comibol

Los volúmenes de agua utilizados al inicio y los residuos al final de todo el proceso.

Las toneladas de ácido sulfúrico que ingresan en operaciones junto con los volúmenes de agua.

El Plan de Higiene y Seguridad Industrial, que debe ser enviado al Ministerio de Trabajo.

martes, 27 de octubre de 2009

Comunarios exigen a empresas Mineras remediar daños contra el medio ambiente

Comunarios de las provincias de Saucarí, Cercado, Inti Raymi, Poopó, Antequera, Pazña, Dalence, Machacamarca, exigen a las empresas mineras remediar los daños al medio ambiente, y la dotación de agua potable, que en muchos casos son contaminadas por su actividad.

La conclusión se determinó en el segundo encuentro de las 16 provincias que analizaron la temática de la contaminación ambiental por efecto de las operaciones mineras, que a muchas comunidades les corta el consumo del agua por estar ya contaminadas.

En esta reunión también se analizaron situaciones relacionadas a los impactos que generan los pasivos ambientales en las comunidades, que son una de las principales causas de degradación que hasta la fecha ha estado sin atención.

Sin embargo, después de las constantes exigencias por parte de los comunarios afectados por esas operaciones es que, hoy a las 09:00 horas, en la Prefectura de Oruro, la Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Sdrnma) presentará los Términos de Referencia para la elaboración de proyectos de mitigación de la cuenca Antequera.

Asimismo, se conoce que en el mes de noviembre se iniciará la auditoria ambiental a las operaciones mineras de Kori Kollo, que será realizada por la firma PCA Ingenieros Consultores SA, según informó el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, Juan Carlos Ramos.

Con relación al agua potable, en el encuentro se determinó que uno de los principales problemas de la contaminación minera son los efectos causados al agua para consumo humano.

Esta situación se siente de forma extrema por las comunidades de las provincias Saucarí y Cercado, afectadas por Inti Raymi; Poopó, Antequera, Pazña afectadas por Sinchy Wayra; Dalence, Machacamarca, afectadas por la mina Huanuni.

El Estado debe implantar mecanismos que obliguen a estos operadores a dotar de agua potable a las comunidades afectadas por el trabajo que realizan en esas zonas.

Asimismo, las comunidades de Poopó, ayllu Yuracari, han hecho conocer que fueron afectadas por derrames de colas de la empresa Tiwanaku en sus pastizales, que por la baja cotización dejó de operar y se retiró sin resolver los daños provocados.

Esta es una realidad que viven otras comunidades que sufrieron contaminación por empresas que luego se fueron. Por ello, el Viceministerio debe exigir que se exija planes de cierre y la reparación de los daños causados en suelos y pastizales.

domingo, 25 de octubre de 2009

Consumo de productos ecológicos gana espacios en mercados locales

Facilitar la certificación de productos ecológicos para el mercado interno y ampliar su comercialización son prioridades para la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), sostuvo el secretario general, Ponciano Llusco Alcón.

AOPEB auspició la realización del primer estudio La Demanda de Productos Ecológicos en Bolivia 2009, cuyas estadísticas muestran que el crecimiento en el mercado nacional es permanente. Destacan que los supermercados abrieron espacios para la venta y los pequeños productores encontraron espacios de comercialización, con la apertura de tiendas especializadas, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El estudio confirma que la principal motivación de los consumidores para adquirir productos ecológicos es el cuidado de la salud, prevención y cuidado de enfermedades.

“En el gasto promedio de compra de productos ecológicos por persona, vemos que el mayor es en Santa Cruz (Bs 421,6), mientras que en Cochabamba y La Paz se llega a un promedio mucho menor (Bs 280)”.

El desconocimiento es la principal explicación para el gasto y le sigue que los precios son altos. Quienes conocen su proceso de producción señalan que tienen un “precio justo”.

En Bolivia, en 1988 se inició un proceso de diálogo y consenso para el reconocimiento y promoción de la producción ecológica. 18 años después se logró, en noviembre del 2006, la aprobación de la Ley 3525 de “Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria”.

Llusco afirmó que aún “hay muchos desafíos para este tipo de producción. La Ley 3525 abrió muchas posibilidades para trabajar, pero no se está cumpliendo porque el CNAPE (Consejo Nacional de Producción Ecológica, responsable de definir las políticas públicas) se instituyó después de tres años. Entonces, recién podemos delimitar los programas y las políticas necesarias”.

Sin embargo, destacó que han logrado avances importantes en la producción ecológica. Desde eliminar los fertilizantes, abonos y pesticidas químicos hasta la implementación de Sistemas de Participación de Garantía (SPG), que garantizan la calidad de los productos para el mercado local.

Lo bueno es caro, dice un refrán popular. En este caso, contar con certificación o garantía del cumplimiento de las normas de producción ecológica tiene un costo elevado que incrementa el precio final.

“Entre 2 mil a 10 mil dólares gasta la organización al año para poder certificar. La certificación ahora está limitada para productos que tienen mercado de exportación como la quinua, el café, el cacao y la castaña. Por el contrario, el tomate, las lechugas, la papa y la cebada ecológica no pueden pagar esos costos, en el mercado interno”, señaló María Julia Jiménez, jefa de Desarrollo Organizacional de la AOPEB.

Por el momento, para promover el crecimiento del mercado nacional el CNAPE promueve los SPG, cuya implementación es evaluada y controlada bajo normativas aprobadas por la misma institución.

Sin embargo, “en el mercado local tiene que haber un sistema interno de certificación (SPG) que no tenga costo, sino más bien sea una garantía entre las unidades de producción ecológica y útil para el mercado nacional”, enfatizó Jiménez.

Por ese motivo, impulsan la creación del Sello Nacional de Identificación del Producto Ecológico, cuyas condiciones de uso definirá el CNAPE, en cumplimiento de la ley que establece un Sistema Nacional de Control.

Rescatan productos para la alimentación

Con el propósito de mejorar los ingresos y las condiciones de vida de familias campesinas e indígenas, se está procediendo a un rescate o reconocimiento de las propiedades de productos para su inclusión en el mercado nacional, señaló María Julia Jiménez, jefa de Desarrollo Organizacional de AOPEB.

“En nuestro país hay organizaciones que de forma exitosa exportan importantes cantidades de productos ecológicos, generando mejores ingresos para los pequeños productores y sostenibilidad financiera para sus asociaciones”, aseguró.

La quinua, café, cacao, castaña, especies aromáticas, té, achiote, maní, fideos integrales, cebolla dulce, son algunos ejemplos exitosos de exportación.

Ahora, el camu camu, achachairú, yacón, racacha y otros están en la lista de “nuevos productos para la alimentación”, de los bolivianos, afirmó Jiménez.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones nacionales de productos del biocomercio tienen un crecimiento anual sostenido del 20%, en los últimos seis años.

Para la AOPEB, la promoción y la distribución son aspectos que deben mejorarse para que la mayor parte de la población pueda conocer las cualidades de estos alimentos y poder adquirirlos muy cerca de su casa.

Los actores principales

AOPEB • Lidera la producción ecológica en Bolivia y es considerada como una instancia de representación nacional de las organizaciones de productores ecológicos; además que las apoya en el desarrollo y mejoramiento de la producción, certificación y comercialización.

CNAPE • Esta instancia gubernamental tiene la obligación de consolidar el Plan Nacional Estratégico de Fomento a la Producción Ecológica, a través de acciones para planificar, promover, normar, gestionar y apoyar el establecimiento de políticas de desarrollo para este sector.

OECAS • Organizaciones Económicas Campesinas son los emprendedores que hace dos décadas mejoran la calidad de sus productos, innovan y logran espacios en mercados externos.

El 70% de las maderas que llegan a El Alto son ilegales

Si bien la certificación forestal no es un proceso barato, a través de las actividades que impulsa el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria, se dan las oportunidades para que más actores del bosque, en el Norte de La Paz, puedan obtenerla y mantenerla recibiendo beneficios y evitando la tala ilegal y de mala calidad que llega en un 70 por ciento a los microempresarios alteños.

“Hay una serie de estándares para la certificacion grupal, de forma que varias comunidades indígenas y campesinas puedan agruparse y obtenerla. Se organizan para certificar varias áreas como una sola. El costo de una es para 10 y pueden abartar costos”, indicó el presidente del Directorio del CFV, Juan Pablo Baldiviezo.

Cortar los árboles con motosierra, en cualquier lugar del bosque, para venderlos a precios del mercado informal afecta a empresarios alteños. Los productores de muebles, a través de la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Fermype) de El Alto, permanentemente denuncian la falta de materia prima de calidad.

La Cámara Forestal de Bolivia promovió un estudio en La Paz que muestra que a pesar de tener 3/4 partes de bosques, el manejo sostenible es ínfimo (fuera de los parque nacionales). Esto provoca que la madera, comercializada en el mercado alteño, tenga un origen ilegal en un 70% y provenga de una fuente no sostenible.

“Estamos trabajando para que estos actores puedan acceder a un precio justo, cuando vengan con todos sus papeles en orden”, aunque se necesita que el comprador tome conciencia de adquirir madera certificada, sostuvo.

Recién las comunidades campesinas e indígenas, TCO y ASL de La Paz, empiezan a conocer el beneficio de ofrecer un producto de calidad certificado, aclaró.

La certificación forestal se frenó y bosques paceños están en la mira

Bolivia fue puesta en el mapa mundial como un buen proveedor forestal porque llegó a 2.000.200 hectáreas de bosques tropicales certificados y con sello verde. Cinco años después bajó a 2.000.090 hectáreas por razones económicas, legales y de conciencia ambiental en los mercados mundiales. Ahora, la mirada se dirige a los bosques del departamento paceño como alternativa ambiental y comercial.

La información del Consejo Boliviano para la Certificación Voluntaria (CFV) muestra que en las actuales áreas certificadas se cuenta con 17 operaciones de manejo forestal, 14 concesiones, una propiedad privada, dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y también hay 27 operaciones con certificación de cadena de custodia, 24 fábricas de manufactura de madera, dos talleres artesanales y un almacén.

“La certificación forestal voluntaria es una herramienta adicional a la legislación vigente, normada por la Ley Forestal, que el actor forestal (empresario, comunidad campesina o indígena, propietario privado de tierras) utiliza para adquirir un plus que le da al bosque; su uso que impacta positivamente en la producción, empleo, exportaciones, conservación ambiental, etc”, sostuvo el presidente del CFV, Juan Pablo Baldiviezo.

Esta institución, privada sin fines de lucro, apoya al sector privado y a las comunidades indígenas, campesinas y concesiones forestales en la obtención y mantenimiento de la certificación.

Baldiviezo aclaró que la mayor parte de áreas forestales certificadas están en el sector concesionario, casi el 97 por ciento.

El reto, en el nuevo marco de la tenencia de la tierra que da el derecho propietario a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es incorporarlas al concepto de manejo sostenible del bosque certificado, que cuida la destrucción, tala ilegal y genera beneficios económicos, indicó.

“Se está tratando de ver mecanismos para que puedan ir beneficiándose. El CFV tiene el rol de incorporar a todos los actores posibles en el manejo sostenible y responsable de los bosques”, más aún cuando el boom de la certificación se ha detenido y la tala ilegal continúa, especialmente en los bosques paceños, manifestó.

A través del Fondo de Certificación Forestal (Focerbo) se han beneficiado las comunidades Momené, Salvatierra, Cururú, y Urubichá de la TCO Guarayos, para la “pre-evaluación” de Manejo Forestal, en Santa Cruz.

La comunidad Cururú, recibió apoyo para la “evaluación final” habiendo obtenido la certificación FSC de Manejo Forestal en abril del 2007.

Las comunidades cruceñas Santa Mónica y Palestina de la TCO Monteverde, están en “pre-evaluación” de Manejo Forestal.

En el occidente, la Empresa Inpa Parket Ltda recibió ayuda de Focerbo para cubrir costos parciales de “re-certificación” de Cadena de Custodia.

Estos beneficiarios están comprometidos a continuar los esfuerzos para llegar a la certificación o en su caso mantenerse certificado por lo menos durante cinco años.

A pesar de estos esfuerzos, a la Cámara Forestal de Bolivia le preocupa la reducción en las áreas certificadas. Su presidente, Pedro Colanzi, explica que una de las principales razones es la dificultad de asumir los costos de mantener la certificación por la exigencia ambiental, social y económica que deben cumplir.

En la ambiental, lamentó que “no ha terminado el tema del saneamiento de tierras y hay muchos actores forestales como ASL y TCO que no han podido certificar. Los nuevos actores en el sector que detentan los bosques son las comunidades campesinas e indígenas que tienen más de 12 millones de hectáreas de bosques en su poder”.

Señaló que muchas de ellas recién están iniciando el proceso de certificación en el departamento de Santa Cruz. Tres de ellas cuentan con la certificación forestal con sello verde.

La comunidad Cururú se organizó y creó la Asociación Indígena Maderera del mismo nombre y cedió un total de 718 metros cuadrados cúbicos de madera a la empresa CIMAL/IMR, en una operación que demandó una inversión de 49.000 dólares y cuyo beneficio final fue la obtención de 18.000 dólares para ellos.

Para este año, la transacción estimada es de 3.210 metros cúbicos que les reportará ingresos netos por 70.000 dólares.

Colanzi destacó que la exigencia social permite un relacionamiento obrero patronal trans- parente y de respeto a los derechos laborales. Sin embargo, es una larga inversión porque se tienen que dotar de todas las condiciones a quienes trabajan en pleno bosque. “Hay que generar condiciones de infraestructura, comodidades y ambientes de esparcimiento. También se hace investigación ambiental porque hay áreas de bosque que no se pueden tocar; hay que saber qué árboles cortar, no son todos”.

Si todas los bosques estuviesen certificados, se facilitaría la fiscalización de las autoridades nacionales, explicaron.

Respecto al componente económico, la exigencia de que sea un programa de manejo viable económicamente, que dé réditos, hará que la gente cuide el bosque; lo contrario fomentaría la ilegalidad y la depredación. Si bien este componente permitió ingresar a los mercados más exigentes de Norteamérica y Europa, todavía la producción forestal certificada tiene que competir con productos que no tienen el sello verde.

“El mercado mundial y nacional, lamentablemente, aún no tienen un nivel de conciencia ambiental, suficientemente, elevado como para preferir pagar un poco más por los productos certificados con sello verde”, advirtió Colanzi

Entre el 2006 y el 2007, el sector forestal exportó alrededor de 200 millones de dólares.

Actualmente, son 77 las especies de madera certificada exportada, mientras que el potencial del país llega a 300 especies.

Puntos de vista

“Madera controlada es alternativa previa a la certificación forestal”
JUAN PABLO BALDIVIESO, presidente del directorio del CFV.

Se está manejando a nivel del Consejo de Manejo Forestal o FSC (Forest Stewardship Council), una organización ambientalista sin fines de lucro con sede en Alemania, que promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo; el concepto de madera controlada.

Son estándares que si bien no categorizan al área como certificada, generan las condiciones básicas como para que puedan acceder a la certificación. Esta acción permite la incorporación de más actores forestales al manejo sostenible. Debe empalmarse con alianzas estratégicas con el sector empresarial para completar la cadena productiva. Las comunidades tienen madera y pueden entregarla hasta que mejoren su capacidad económica para industrializarla.

“El único incentivo para el sector fue que nos pongan reglas claras”
PEDRO COLANZI, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.

En este momento, al manejo forestal sostenible, el Estado no le está dando la importancia necesaria.

Todos en el sector forestal empezamos igual: tuvimos acceso a algún bosque, sacamos la madera vendiéndola en troncas y pudimos juntar capital. Nunca se dio un incentivo adicional al sector forestal, el único incentivo fue que nos pongan las reglas claras. Eso fue un gran incentivo. Ahora, las comunidades tienen el recurso forestal y pueden vender troncas, comprar un camión, luego un aserradero y conseguir un socio nacional que compre las tablas. Así, pudimos llegar a tener un socio extranjero y crecer en los últimos 30 años; por eso el sector no cambió mucho y hay empresas familiares. Lo mismo puede pasar a las comunidades indígenas y campesinas, muchas ya tienen aserraderos y van a ir mejorando.

Apoyo Económico

Focerfo/CFB • El Fondo de Certificación Forestal brinda apoyo económico no reembolsable a los productores que quieran alcanzar, mantener o renovar la certificación de manejo forestal de sus bosques y la cadena de custodia de sus industrias.

Exigencia • Pide cumplimiento de las leyes vigentes y motivación para tener la certificación.

Recursos • El Fondo aseguró, hasta el 2012, un flujo de $us 250.000 destinados a fomentar la certificación forestal.

sábado, 24 de octubre de 2009

EN CAINCO Alistan foro de economía “verde”

El desafío de aplicar una economía “verde”, con una producción de energía y tecnología limpia, entre otras acciones que generen más empleos sostenibles, serán temas que expertos internacionales y locales tratarán el próximo viernes en Cainco, durante el Foro de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) “Economía verde inclusiva y responsable”.

La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz explicó, en una nota de prensa, que hoy las economías están tan concentradas en el crecimiento que muchas veces se olvidan de la importancia que tiene el “producir y crecer” de manera sostenible y responsable
Cainco informó que para el foro llegan de Brasil Joao Gilberto y Ana Lucia Melo, expertos que hablarán sobre la nueva tendencia del movimiento RSE.

179 países en acción para defender medio ambiente

Las diversas actividades tienen el objetivo de influir en la Conferencia de Partes en Copenhague, Dinamarca.

Hoy es el Día Internacional de Acción Climática. Bolivia participará en las acciones, junto a 179 países, para reclamar a los gobiernos del mundo un nuevo protocolo de cambio climático que defina un límite a las emisiones de dióxido de carbono que puede tolerar la atmósfera.
En La Paz, activistas viajarán a Chacaltaya, la montaña donde estaba el glaciar que se derritió por el calentamiento global. En el lago Titicaca se realizará un taller con una comunidad indígena en las riberas, que está muy amenazada por las sequías y la disminución de las aguas. Un grupo de personas y organizaciones marchará, en el centro de la ciudad, por la paz y el clima, llevarán banderas y pancartas con el número 350, que es el número de partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) que puede absorber la atmósfera sin graves alteraciones del clima.
En Santa Cruz se desarrollará una gran “bicicleteada”, donde participarán universitarios de diferentes facultades que recorrerán la ciudad de manera alternativa y limpia.
En Potosí, alumnos del colegio Don Bosco realizarán una jornada de intercambio de opiniones con niños y jóvenes sobre el cambio climático y sus efectos en el país. Todos los participantes llevarán un espejo como símbolo de su compromiso y reflejo de una luz de esperanza para el planeta. Además crearán y exhibirán una pancarta con el número 350 en la Casa de la Moneda.
En Cochabamba, los scouts del Distrito Scout Cochabamba realizarán un día de plantado de taras, una especie nativa de los valles interandinos, con el objetivo de reducir el dióxido de carbono como una acción parcial de la creación de un bosque de especies nativas en un terreno árido y en proceso de erosión.
En diciembre de este año, en Copenhague, Dinamarca, se llevará a cabo la 15 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Allí, los gobiernos de todo el mundo se reunirán para crear el próximo tratado global –para el periodo 2012-2020– sobre cambio climático, que reemplazaría al actual Protocolo de Kyoto.
Pese a que las emisiones de CO2 en América Latina no son de magnitud con relación al contexto mundial, para alcanzar las 350 ppm es necesario una protección eficaz de sus bosques, sus fuentes de agua, su diversidad biológica y cultural.
Los gobiernos del continente Latinoamericano piden el apoyo internacional necesario para la reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, brindado por los países que históricamente han contribuido en este problema global.

El mundo pide un nuevo protocolo de cambio climático
Con casi 5.000 acciones en 179 países –desde Buenos Aires hasta México–, la sociedad civil reclamará a los gobiernos del mundo un nuevo protocolo de cambio climático que defina un límite a las emisiones de dióxido de carbono.
La campaña, que tiene el aval de Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), se llama 350, que es el número de partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) que puede absorber la atmósfera sin graves alteraciones del clima.
Actualmente, en la atmósfera se concentran 390 ppm de CO2, lo que provoca el llamado efecto invernadero y la proyección indica que esa concentración está aumentando dos ppm por año. El IPCC creía en 2007 que el número de emisiones debía estabilizarse en 450 ppm, pero ahora su presidente admite que eso no bastará y apoya la campaña 350.
El ecuatoriano Pablo Astudillo, coordinador de la campaña en América Latina, explicó que “el objetivo de esta iniciativa es lograr que, por medio de la opinión pública, los gobiernos acepten que el nuevo protocolo de cambio climático debe establecer el límite máximo de emisiones en 350 ppm de CO2”.
Las organizaciones de la sociedad civil, comunidades o individuos, inscriben en un sitio de Internet las acciones que se comprometen a realizar en el día de la campaña, de manera de llamar la atención en todo el mundo sobre esta voluntad no gubernamental de poner un límite seguro a las emisiones.
“Los científicos del IPCC están apoyando esta iniciativa porque admiten que ese nivel es el máximo que soporta la atmósfera para frenar el cambio climático”, comentó Astudillo. Académicos de la NASA señalan que para evitar catástrofes ambientales es necesario bajar las emisiones a ese nivel.
Según el científico James Hansen, de la NASA, el nivel máximo debería ser incluso más bajo, de 300 ppm. Añade que el nivel de 350 ppm permitiría apenas detener el derretimiento de los hielos del círculo Ártico, pero para su restauración, dado que perdió cerca de 80 por ciento de superficie, se debe bajar a 300 ppm.
El recalentamiento de la atmósfera provoca el derretimiento acelerado de los glaciares, el aumento del nivel del mar, que amenaza la supervivencia de pequeños estados insulares y trae inundaciones, tormentas más frecuentes e intensas, y sequías. (Buenos Aires-IPS)

La población, impasible por calentamiento
La preocupación de la población estadounidense frente al recalentamiento planetario ha caído constantemente en los últimos tres años, según el Centro de Investigaciones Pew para el Público y la Prensa.
La última encuesta de la institución al respecto se conoció cuando faltan seis semanas para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que intentará reafirmar en Copenhague el compromiso de la comunidad internacional para hacerle frente al fenómeno.
El Centro de Investigaciones Pew dijo que 65 por ciento de los 1.500 adultos entrevistados cree que el recalentamiento planetario es un problema “muy serio” (35 por ciento) o “algo serio” (30 por ciento).
Ese porcentaje ascendía a 79 en la encuesta publicada por el Centro en julio de 2006, y a 73 en la de abril de 2008.
Aún más abrupta es la caída de la proporción de los encuestados para quienes “existe evidencia sólida de que la Tierra se recalienta” (de 71 por ciento el año pasado a 57 por ciento ahora) y de quienes atribuyen el proceso principalmente a la actividad humana (de 47 a 36 por ciento).
El gobierno de Barack Obama presiona al Congreso legislativo para que apruebe, antes de la conferencia en Copenhague, proyectos que comprometerían al país a reducir para 2050 sus emisiones 80 por ciento respecto de los niveles de 1990. La Cámara de Representantes (baja) ya aprobó los proyectos.
Estados Unidos suscribió el Protocolo de Kyoto durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), pero el gobierno de su sucesor, George W. Bush (2001-2009) retiró la firma en 2001.
Las iniciativas de Obama tienen el fin de persuadir a grandes países en desarrollo, como China e India, de acceder a reducir sus emisiones en el marco del tratado que regirá desde 2012. (Washington IPS)

viernes, 23 de octubre de 2009

Comisión bilateral evaluará daños en el Parque Nacional Aguaragüe

Luego de 25 días de luchar contra cinco focos de incendio, en el Parque Nacional Aguaragüe, el responsable de la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Subprefectura de Yacuiba, Harol Nagel, indicó que una comisión bilateral (boliviana-argentina) ingresará al lugar para evaluar el daño producido, pues el incendio ya fue apagado por la lluvia. “El ingreso de los brigadistas estaba programado para hoy (ayer) pero las intensas lluvias han vuelto intransitables los caminos por lo que debemos esperar a que las condiciones mejoren”, indicó Nagel.
A su vez, datos de la Unidad de Gestión de Riesgos de Entre Ríos (Tarija), informó de que debido a la sequía entre 1.500 y 3.000 bovinos están en riesgo de morir y que cerca de 500 familias podrían quedarse sin agua, razón por la cual recomiendan declarar estado de ‘alerta naranja’. /JCS-ANF

Los cultivos de coca desatan tensión en la Reserva Choré


Santa Cruz / El Deber.- La presencia de cultivos de coca en la Reserva Forestal de Producción Choré, una de las tres que tiene el departamento de Santa Cruz, tensiona la relación entre colonos e indígenas.

La zona, rica en especies maderables, como el bibosi, ochoó y otros, está perdiendo grandes árboles para dar espacio a los sembradíos de coca.

Uno de los más alarmados por el problema es David Pérez, integrante de la Asamblea Autonómica Departamental, que lo reconoce como dirigente del pueblo mojeño.

Fue iniciativa suya invitar a este medio a comprobar la existencia de las plantaciones en inmediaciones de los ríos Ichilo e Ibabo, concretamente a una hora de la comunidad Pueblo Nuevo, asentada sobre el Ibabo.

El asambleísta estuvo acompañado por algunos moradores mojeños de la zona, que prefieren reservar su identidad, porque ya hubo enfrentamientos por la ocupación de los territorios.

El procedimiento consiste en deforestar una parte del monte y esperar a que el agua evapore. Al cabo de 25 días se realiza una quema. La madera no es aprovechada, porque se espera que el monte esté listo para colocar los plantines, que están colocados cerca del área desmontada.

La Federación de Colonizadores de Yapacaní es vista con sospecha por parte de un sector del pueblo mojeño, que se siente invadido por los colonos.

Sin embargo, René Vargas Moreira, que trabaja en la asignación de territorios por parte de la Federación de Colonizadores, asegura que no sabe nada del asunto, puesto que su gente, agrupada en 75 sindicatos y ocho centrales, tiene la consigna de “coca cero” para sus cultivos, como se acordó en diferentes ampliados y reuniones.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que, como establece un decreto supremo, nadie debe ingresar a la zona para realizar cultivos agrícolas.

El secretario general de la Federación del Trópico de Cochabamba, Julio Salazar, que aglutina a varios sindicatos de cocaleros, manifestó que pedirá al Gobierno la erradicación inmediata de esas plantaciones, puesto que, además de perjudicarlos, son cultivos ilegales.

Un tercer actor en el conflicto es el pueblo yuracaré, que asiste a las reuniones de la Federación de Colonizadores y no reconoce a David Pérez como dirigente, porque es parte de la estructura de la Prefectura.

Ramiro Galindo, representante de los yuracaré, asegura que ellos también han denunciado la presencia de cocales, pero ni los medios de la capital oriental ni el Canal 7 les dan cobertura.

Una de las maneras de proteger la zona consiste, según David Pérez, en crear un centro de protección de la biodiversidad y ecosistemas del Choré.

El proyecto incluye la construcción de espacios para 50 familias, que trabajarán como guardias forestales.

Los detalles

La cobertura boscosa en la reserva Choré actúa como barrera ante los vientos.

En la zona se retiene gran cantidad de líquido, incluso cuando el sol está fuerte.

Así se recargan los acuíferos, que mantienen húmedos los suelos del norte integrado.

Sin embargo, la biodiversidad de la zona se ve afectada por las plantaciones de coca.

El Gobierno asegura que es una actividad ilegal en zonas como esa.

Los cocaleros del trópico de Cochabamba aseguran que pedirán la erradicación.

jueves, 22 de octubre de 2009

Comunarios afectados por contaminación logran declaratoria de zona de emergencia

Comunarios de Poopó, Desaguadero, Huanuni y Antequera, que marcharon a la ciudad de La Paz para dialogar con autoridades de gobierno respecto a la declaratoria de zona de emergencia ambiental a estas comunidades lograron su objetivo y el documento que confirma esta decisión será presentado de manera oficial el 30 de octubre en el municipio de Machacamarca.

Los comunarios, se reunieron con responsables de los ministerios de Minería, Metalurgia, Medio Ambiente y otros, ayer aproximadamente a las 11:00 horas en el Polifuncional de El Alto de la ciudad de La Paz.

El presidente de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Laime manifestó que en la reunión estuvo presente el ministro de Medio Ambiente Pablo Ramos y director del Medio Ambiente, Luis Beltrán.

Los responsables de tales carteras y los comunarios de Huanuni, Poopó, Desaguadero y Antequera, llegaron a un acuerdo para que dentro de 48 horas tales autoridades de gobierno informen a los pobladores afectados por la contaminación, sobre la promulgación del decreto supremo a través de la Presidencia de la República, para garantizar la declaratoria.

Tal documento será entregado en la comunidad de Machacamarca distante a 35 kilómetros, consignando firmas de los titulares de ministerios y el presidente Evo Morales.

De la misma forma Laime, expresó que aceptaron el acuerdo puesto que muchas de las personas que participaron en la movilización eran mayores de edad, que estaban cansados de la caminata y por ende de la espera para la realización de la reunión.

Dijo que en la proyección del decreto supremo se estipuló como aspecto principal que la empresa minera Huanuni, tenga diques de colas para el reservorio de millones de metros cúbicos de desechos de líquido y metales pesados que son expulsados por las operaciones mineras.

Por otra parte se acordó que tras la promulgación del decreto se realizarán inspecciones e investigaciones en las zonas afectadas para determinar qué trabajos de mitigación pueden ir desarrollando en esas comunidades de áreas contaminadas y otros factores que ayuden a trabajar para evitar mayor contaminación.

Laime manifestó que confían en los ministros para la entrega del decreto supremo de declaratoria de zona de emergencia en las mencionadas comunidades afectadas, de lo contrario nuevamente se movilizarán para exigir la búsqueda de estrategias que eviten la contaminación ambiental.

miércoles, 21 de octubre de 2009

Incendio en el Aguaragüe ya arrasó 10 mil hectáreas, diputados declaran zona de desastre


El director del Sernap, Adrián Nogales, en contacto con Enlared-Onda Local informó que cada vez se hace más necesario gestionar el traslado de helicópteros y ayuda internacional para sofocar el incendio.
Nogales indicó que si bien se logró sofocar el incendio en la zona denominada El Picacho, la mayor preocupación ahora está en el Parque Aguaragüe, especialmente en la zona fronteriza con Argentina, donde los fuertes vientos continúan avivando y extendiendo las llamas.
"Inicialmente se había logrado controlar el fuego en la zona de la frontera, pero por el viento y el descuido en las últimas horas se reavivó el fuego; la situación preocupa porque la distancia y la geografía de la zona hace que el trabajo de sofocación sea más difícil", remarcó.
Según cálculos preliminares, el fuego ya arrasó más de diez mil hectáreas de vegetación, lo que preocupa a las autoridades, considerando que la zona es un área protegida.
"De los dos focos de calor, en la parte central del Parque y la zona fronteriza, se quemó un poco más de 10.000 hectáreas, pero una informe final lo tendremos cuando hayamos controlado el incendio", declaró.
Nogales indicó que cada vez se hace más urgente la asistencia de aviones y helicópteros hidrantes para combatir el fuego por vía aérea. Esta cooperación tendría que ser solicitada tanto a Defensa Civil del país como al gobierno argentino.
El director del Sernap advirtió que si el actual incendio en el Aguaragüe no es controlado pronto, éste fácilmente puede avanzar hacia las zonas de pozos petroleros: "no podemos dejar que el fuego se agrave más, porque las consecuencias serán peores, tomando en cuenta que existen pozos petroleros en la zona", apuntó.
Nogales indicó que en la zona se encuentran trabajando efectivos militares del Regimiento Aroma, la Escuela de Cóndores, personal de la Subprefectura, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, indígenas guaraníes y campesinos, intentando sofocar el incendio, cuyos efectos ya se sienten en la ciudad de Yacuiba, por la densa humareda que comenzó afectar a la población.


ZONA DE DESASTRE NACIONAL
Los diputados aprobaron hoy mediante voto de urgencia y con dispensación de trámite, una resolución camaral declarando zona de desastre nacional al Gran Chaco tarijeño por los incendios que arrasan grandes extensiones de flora y fauna en esa región del país.
“Dígase al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, que la Honorable Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por el incendio que está arrasando la serranía del Aguaragüe, situada en el municipio de Yacuiba, por lo que se recomienda que: en el marco de la Ley 2140 de fecha 25 de octubre de 2000, se declara situación de emergencia o desastre.
“Debiendo asimismo agilizar los trámites ante el Gobierno de la República Argentina para realizar acciones conjuntas que permitan frenar el avance del fuego en esa región, asignando los suficientes recursos económicos para lograr ese propósito”, expresa el documento aprobado por los parlamentarios.
El diputado Jhonny Torres (MNR) dijo que el daño a la flora y fauna a toda la región, será de magnitud, sino se detiene las llamas que avanzan considerablemente, “ya no se puede ver por el incesante humo”.
“Es una situación grave que se debe detener de inmediato, agradezco a la Cámara de Diputados por expresar su sentir y preocupación por lo que viene sucediendo en la zona del Gran Chaco”, expresó Torres.
Bolivia y Argentina asumen acciones conjuntas
Por otra parte, los representantes de Defensa Civil de Bolivia y Argentina asumieron, este martes, acciones conjuntas para aplacar y controlar los cinco focos de calor (incendios forestales) en la zona de Aguaragüe en Yacuiba, Tarija.
En este encuentro binacional se determinaron acciones técnicas a ejecutar en la zona del incendio para evitar que el fuego se propague a otras zonas forestales de la región, ante la amenaza de reactivarse las llamas.
“Pese a que cuatro de los cinco focos de calor que afecta a la zona de Aguaragüe quedaron reducidos por la llovizna que cayó ayer. Representantes de Defensa Civil de Bolivia y la Dirección Nacional de Planificación de Control de Focos de Calor de la República Argentina se reunieron en el paso fronterizo Pocitos – Salvador Mazza, para asumir acciones conjuntas”, señala el comunicado del Ministerio de Defensa.
El pasado viernes autoridades departamentales y los pobladores indígenas de Yacuiba pidieron al Gobierno gestionar acciones conjunta con el gobierno argentino para sofocar los incendios que afectan desde hace varios días la Serranía del Aguaragüe.
Al momento los incendios afectan la zona denominada El Picacho, en la frontera con la república Argentina, las comunidades de Pananti, Busuy, San Francisco del Inti y la zona de Sanandita.

Por la contaminación minera en Oruro Comunarios hoy dialogarán con ministros exigiendo declarar emergencia ambienta

La marcha integrada por comunarios de Poopó, Desaguadero, Huanuni y Antequera, que partió de la ciudad de Oruro ya se encuentra en la sede de gobierno para exigir al gobierno nacional y a los ministros correspondientes, declarar a esas zonas contaminadas en Emergencia y la ejecución de auditorías ambientales.

La movilización se inició por la alta contaminación del agua, suelo y el ambiente en que viven, debido a las operaciones mineras de empresas asentadas en alrededores de las comunidades, que desde hace varios años se ven afectadas con ese problema ambiental.

Hasta el momento no se vieron trabajos que eviten la contaminación ambiental, menos proyectos de mitigación que eliminen o subsanen la tierra que antes tenían por esas zonas, que ahora se ven críticamente afectadas por la explotación de las empresas mineras.

Es de esta forma que los comunarios de esas cuatro comunidades, que son Desaguadero, Poopó, Antequera y Huanuni, decidieron movilizarse y exigir a los ministros correspondientes, la realización de auditorías ambientales, las que debían realizarse el mes de abril.

Sin embargo, según el presidente de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y, Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Laime indicó que hasta el momento no se vio ese trabajo, de tal forma que la contaminación va aumentando y se vieron en la necesidad de exigir al gobierno declarar como Zona de Emergencia Ambiental a estos sectores bajo un Decreto Supremo, el cual hoy miércoles intentan firmar.

Laime manifestó, antes de salir de la ciudad juntamente con la multitud de personas decididas de llegar a la sede de gobierno en la marcha, que esta movilización no es política, sino social pues exigen el derecho de vivir en un ambiente natural sin contaminación.

El dirigente afirmó ayer que en horas de la tarde se encontraban en la Ceja donde llegaron de forma escalonada porque la mayoría de los acompañantes en esta movilización eran personas mayores de edad.

Argumentó que hoy por la mañana bajarán de la zona de la Ceja, al centro de la ciudad donde estarán reunidos los ministros que tienen que ver con Medio Ambiente e intentar firmar el Decreto Supremo que supuestamente hasta hoy estaría listo para las firmas de ambos sectores, sociales y del gobierno nacional.

Reiteró que la movilización se realizó por dos razones, una, firmar el Decreto Supremo para declarar Zona de Emergencia Ambiental a las comunidades de Desaguadero, Poopó, Huanuni y Antequera, exigir que se realice auditorías ambientales y el estudio de las mesas de trabajo que se instalarán en la sede del gobierno

Los colonos asentados ilegalmente en el TIPNIS serán desalojados este jueves

El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ignacio Franco, informó ayer que los asentamientos ilegales de colonos que todavía permanecen en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), serán desalojados mañana jueves.

Explicó que los dirigentes de los sindicatos Valle Encantado y Nueva Estrella ya fueron notificados con el desalojo. Anteriormente fueron desalojadas las familias del sindicato 16 de Octubre, las mismas que enfrentaron con armas de fuego a los comunitarios del lugar.

“Vamos a entrar con la fuerza pública, aunque hay también algunas versiones respecto a que una vez notificados, la mayoría de los colonos ha abandonado la zona”, manifestó.

Franco, aseguró que también ingresará al lugar que ocupan los colonos la Fuerza de Tarea Conjunta para verificar la existencia de sembradíos de coca, de ser así se procederá a la erradicación como corresponde.

Asimismo, dijo que después de concretar el desalojo se prevé dejar efectivos de la Policía en la zona para evitar que regresen los colonizadores, como ha sucedido en el pasado.

lunes, 19 de octubre de 2009

Bolivia mantiene sus beneficios por proteger al medio ambiente

Bolivia recibe beneficios por proteger su riqueza natural, refiere un estudio que este mes publica el Viceministerio del área con la intención de promover acciones y actitudes de la ciudadanía a preservar la riqueza natural con la que cuenta el país.

De acuerdo con el reporte, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que es una compensación financiera por la protección de las cuencas, la conservación de bosques, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad, busca revertir la degradación ambiental mediante el cambio de actividades y el uso del suelo.

Este programa es considerado un incentivo extra fiscal que genera un beneficio económico para terceros, es susceptible de provocar el surgimiento de conflictos de intereses. Por ello resulta primordial identificar claramente a los beneficiarios directos con el fin de lograr una redistribución equitativa de los beneficios, no solamente económicos, que generan los servicios ambientales.

En esa línea, el análisis considera que se hace necesario contar con instrumentos específicos sobre los servicios ambientales destinados a desarrollar procedimientos más eficientes para avanzar estratégicamente.

De acuerdo a la Evaluación Ecosistémica del Milenio (EM) los servicios ecosistémicos se clasifican en: 1) Servicios de Aprovisionamiento, que son los que proporciona la misma naturaleza como el agua y el petróleo, entre otros; 2) Servicios de Regulación, o aquellos que se consiguen de procesos como la regulación del clima y la calidad del agua; 3) Servicios de Soporte, aquellos imprescindibles para la generación de otros servicios tales como la producción de oxígeno, reciclaje de nutrientes, etc.; Servicios Culturales, que son los que tienen un valor intangible como la diversidad cultural de los pueblos, el ecoturismo, entre otros.

Un buen ejemplo de servicios ambientales en Bolivia, es el que promueve el Programa Nacional de Cambios Climáticos en el Parque Nacional Nóel Kempff Mercado, a través de la ejecución del mecanismo de Actividades de Implementación Conjunta para la promoción del desarrollo sostenible.

Cabe destacar que sin la existencia de este proyecto 989,622 toneladas de CO2 hubieran alcanzado a ser liberadas a la atmósfera entre los años 1997 y 2005. Puede decirse, por lo tanto, que uno de los más importantes beneficios de este proyecto ha sido la reducción de emisiones.

El Sernap asegura que se apagó incendio en serranía El Picacho



Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la madrugada de ayer se logró sofocar el incendio en la serranía El Picacho, que amenazaba con ingresar en la zona urbana de Yacuiba; en el área protegida del Parque Nacional Aguaragüe el fuego continúa extendiendose por los vientos altos que se registran en el lugar.
El reporte del Sernap da cuenta de que cerca de 200 personas, entre efectivos militares del regimiento Aroma, la Escuela de Cóndores, personal de la Subprefectura de Yacuiba, el Sernap, indígenas guaraníes y campesinos trabajaron arduamente para apagar el fuego que se había extendido a no más de cuatro kilómetros de la zona urbana de la localidad fronteriza.
Si bien se logró sofocar el foco de calor en El Picacho, preocupa la quema que se registra en el Parque Aguaragüe donde los fuertes vientos continúan avivando y extendiendo las llamas.
Estimaciones preliminares del Sernap hablan de que al menos 10.000 hectáreas de vegetación ya fueron consumidas por el fuego en el Parque Aguaragüe y que unas 400 familias de las comunidades Buzuy, San Francisco del Inti, Itabicua y Pananti resultaron afectadas con la pérdida de sus cultivos.
En el Sernap se informó de que una comisión de Defensa Civil movilizada en la zona está recogiendo datos del impacto del incendio en las comunidades para brindar ayuda a las familias que perdieron sus sembradíos. La Subprefectura yacuibeña les entregó alimentos y agua.
Juan Pablo Ramos, viceministro de Medio Ambiente, aseguró que por la gravedad del siniestro en el Aguaragüe se dispuso que efectivos militares con especialidad en incendios forestales sean parte activa del equipo que trabaja para sofocar el incendio.
En la Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Subprefectura de Yacuiba dicen que la topografía accidentada y fuertes vientos que soplan en el Aguaragüe impiden extinguir el fuego.
En el caso del Aguaragüe, se presume que el incendio habría sido ocasionado por traficantes de madera.

Algunos datos

- Operativo. Entre efectivos militares del regimiento Aroma, la Escuela de Cóndores, personal de la Subprefectura de Yacuiba, del Sernap, indígenas guaraníes y campesinos, existen movilizadas cerca de 200 personas en procura de sofocar el fuego.

- Reporte. Al momento, los focos de calor continúan en las comunidades de Buzuy, San Francisco del Inti e Itabicua. En las últimas horas, se controló el fuego en Charagua (Santa Cruz).

- Salud. Un reporte de la subprefectura de Yacuiba da cuenta de que la capa de humo que cubre la población está causando enfermedades respiratorias y de ojo, siendo las personas de la tercera edad y niños los más afectados.

- Efecto. Aunque aún no se tiene un dato exacto de la magnitud del siniestro, evaluaciones preliminares establecen que al presente el fuego arrasó con cerca de 10.000 hectáreas en el Parque Aguaragüe. En Buzuy, San Francisco del Inti e Itabicua afectó unos 10 kilómetros.

- Presupuesto. El Sernap desembolsó Bs 30.000 para los trabajos de logística en el Aguaragüe.

sábado, 17 de octubre de 2009

Greenpeace denuncia a empresas que trabajan en parque nacional

La organización Greenpeace denunció ayer que tres empresas energéticas incumplen un proyecto de conservación del Parque Nacional Noel Kempff en el país que tenía que servir para compensar las emisiones de CO2 de estas firmas.
En un comunicado de prensa, Greenpeace señaló que el proyecto Acción Climática -implantado en este parque en 1997 tras un acuerdo entre empresas energéticas, una ONG y el Gobierno- es "poco más que una distracción peligrosa de verdaderos esfuerzos para detener el cambio climático".
El proyecto pretendía mostrar cómo los principales emisores de carbono en el mundo pueden ganar créditos de emisión mediante la protección de los bosques en el extranjero.
Las firmas que participan en esta iniciativa son American Electric Power, PacifiCorp y British Petroleum, que acordaron invertir en la conservación forestal para compensar su exceso de emisiones de CO2, según Greenpeace. /EFE

El fuego arrasó 200 ha del Aguaragüe y va a Caraparí

Yacuiba / Nuevo Sur y ANF.- La serranía del Aguaragüe, en Tarija, continúa quemándose y hasta ayer no fue posible controlar el fuego que avanza sin tregua hacia el municipio de Caraparí. Por ello, el Sernap solicitó a Defensa Civil uno o varios helicópteros para el traslado de cuadrillas de gente que ayude a sofocar el incendio.

Según el Nuevo Sur, el director del Parque Aguaragüe, Danir Vaca Núñez, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), informó que las llamas avanzaban hacia Itapirenda, donde se encuentra el campo gasífero de San Alberto, pero el viento hizo que retornen súbitamente, lo que puso fuera de peligro a esa reserva.

ANF informó que efectivos del Ejército, del grupo SAR, pobladores campesinos e indígenas y personal de las áreas protegidas de Tarija y Santa Cruz están en la zona desde el anterior domingo tratando de frenar el avance del fuego con machetes pero sin lograr resultado alguno.

De acuerdo con reportes del Sernap, desde el domingo hasta la fecha se identificaron seis focos de calor en la serranía del Aguaragüe, en las zonas denominadas Busuy, El Inti y otras comunidades cercanas a la ciudad de Yacuiba.

“En cuanto a la magnitud, no tenemos el cálculo de hectáreas afectadas, y es que es difícil comunicarse con la gente que está en el campo trabajando en la sofocación”, señaló el director del Sernap, Adrián Nogales, informó a Enlared-Onda Local.

Uno de los mayores problemas para sofocar los incendios son las largas distancias que deben recorrer las brigadas de auxilio, pues, según el ejecutivo del Sernap, toma entre seis y ocho horas trasladarse a los focos de calor.

Precisamente por este último aspecto y debido a la topografía de la zona, que es de difícil acceso, esa entidad gestiona helicópteros, no tanto para el traslado de agua sino de las cuadrillas hasta las áreas afectadas.

“Ya es de conocimiento del Ministro de Medio Ambiente y Agua, y estamos viendo cómo llegar con todos los requerimientos de la población. Hoy (viernes) seguro ya tendremos respuesta de Defensa Civil, porque es difícil llegar hasta esos lugares”.

Entretanto, los equipos de rescate, así como los periodistas que cubren el hecho, quedaron ayer atrapados en medio del fuego. Frente a esa situación, un grupo que se encontraba en otro sector halló un camino para evacuarlos.

Las llamas también avanzan hacia la zona urbana, a la altura de la avenida San Gerónimo de la ciudad de Yacuiba. Por ello, la Unidad de Recursos Naturales de la Subprefectura Gran Chaco realiza una evaluación de la situación, mientras soldados de Sanandita trabajan en ese sector para sofocar el fuego.

El siniestro se puede divisar desde la capital chaqueña, por lo que el presidente Evo Morales, quien estuvo el jueves en Tarija, comprometió ayuda para detener el avance del fuego. Sin embargo, hasta ayer no llegó nada hasta el lugar.

Año tras año, la serranía del Aguaragüe y otras zonas del Chaco se ven afectadas por la sequía, lo que facilita que las quemas, producto de los chaqueos, se extiendan con rapidez y sean prácticamente incontrolables.

Los chaqueos

El fuego en el Aguaragüe comenzó el anterior domingo y hasta ahora no puede ser controlado.

Equipos de rescate trabajan con machetes para sofocar los incendios, pero sin lograr resultados.

Aproximadamente 200 hectáreas fueron consumidas por el fuego que avanza a Caraparí.

En esta época del año, la región del Chaco boliviano es afectada por la sequía.

Ese fenómeno hace que un foco de calor se expanda con facilidad y se descontrole.

Las autoridades nacionales comprometieron ayuda, pero hasta ayer no había nada.

viernes, 16 de octubre de 2009

La Ciudad y el planeta. Huevos de loro, una fortuna


Son tan pequeños que pueden pasar desapercibos hasta en una cartera, pero su precio oscila entre los $us 7.000 y los $us 15.000. Se trata de los huevos de los loros tarechi y hablador, que en el mercado negro son muy requeridos para llevarlos ilegalmente a Europa.
Erwin Mercado, de la dirección de Biodiversidad de la Prefectura, explicó que para los traficantes de animales silvestres no resulta un buen ‘negocio’ vender loros pichones, porque mantenerlos vivos hasta su destino resulta complicado, por eso han optado por enviar huevos.
“El control en las trancas se ha intensificado y por eso cuando hicimos las investigaciones descubrimos que el producto decomisado tenía como destino final Europa. Es increíble, llegan a tener hasta 400 huevos, de los que apenas aprovechan 50”, sostuvo el funcionario.
Además de estas aves, los informes prefecturales dan cuenta de que otras especies como el lagarto, las antas, los taitetuses y urinas siguen siendo apetecidas por su carne o el cuero.
En un último operativo realizado por la Prefectura, fueron decomisadas 17 urinas (carneadas), tres antas y seis taitetuses.
También la dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra tiene datos alarmantes, pues en lo que va del año se han decomisado 200 aves, tres parabas y 250 kilos de carne de monte.
Ambas instituciones reconocen que hay falencias en los controles, debido a la falta de personal y de equipamiento, pero aseguran que ello no impide realizar revisiones periódicas.
El lunes, un individuo con las iniciales J.L.B.S fue sorprendido vendiendo aves de diferentes especies en la zona del Cine Center. En su defensa, el hombre dijo que desconocía que la venta de aves silvestres es ilegal. El caso es investigado por la Fiscalía.

Para que el ciudadano se entere

- Fono. 800-335000 es la línea gratuita de la Alcaldía para que el ciudadano llame y denuncie abuso o comercio de animales silvestres.

- Ordenanza 109/2002. En su artículo 67, prohíbe el comercio ambulante de animales en áreas públicas, de lo contrario se arriesga a ser multado y que todo lo que tenga sea decomisado.

- Multas. Las infracciones graves oscilan entre Bs 101 y Bs 500. Para las infracciones muy graves varían de Bs 501 a Bs 1.000.

- Caza. La ley 1301 de vida silvestre establece temporadas del año en las que se puede cazar, siempre y cuando el interesado porte su licencia legal.

- Refugios. Los animales son trasladados al zoo y a los parques Machía e Inti Wara Yassi.

Calendario

- 16 de octubre. Día Mundial de la Alimentación. Más del 40 por ciento de la superficie terrestre se usa para la agricultura, lo que confiere una gran responsabilidad en la protección de la biodiversidad a los agricultores.

- 17 de octubre. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Tiene como propósito promover mayor conciencia sobre las -necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en naciones en desarrollo.

- 24 de octubre. El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo fue instaurado por la Asamblea General en 1972, con el objeto de informar cada año a la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos (resolución 3038 (XXVII) de 19 de diciembre).

Diccionario

- Balance ecológico. Consiste en valorar todos los factores relevantes para el medio ambiente que pueden aparecer en la vida de un producto.

- Bosque cerrado. Lugar donde las copas de los árboles tocan y forman un dosel cerrado durante todo el año o parte del mismo.
-
Ciclo hidrológico. Término que describe el ciclo de evaporación, transpiración, condensación y escurrimiento del agua en términos geográficos. Éste se inicia en el mar, va a la tierra, desde éste de nuevo al mar.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Jóvenes ambientalistas recolectan firmas en campaña “Agua para barrios y comunidades”

Jóvenes Unidos en Defensa de la Naturaleza y la Vida (Judnavi) ayer iniciaron una campaña de recolección de firmas, para que autoridades del Municipio y de la Prefectura busquen soluciones que ayuden a las comunidades y barrios de Oruro a no sufrir por este recurso elemental que es el agua.

Los jóvenes ambientalistas que se suman a la luchan por el medio ambiente, tomaron la decisión de realizar esta actividad porque vieron que en muchas comunidades del Municipio de Antequera perteneciente a la provincia Poopó, hay escasez de agua y deben hacer alcanzar 7 baldes para una semana.

La presidenta del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) Oruro, Ángela Cuenca, que se encontraba en la exposición de paneles sobre el uso del agua y la distribución de este recurso vital, que se realizó en la plaza Castro y Padilla, dijo que el objetivo de la actividad era sensibilizar a las autoridades departamentales sobre la escasez del agua.

Es por eso que ayer martes 13 de octubre iniciaron la campaña denominada “Agua para las comunidades y barrios”, por lo que jóvenes del Fobomade vieron que existe una mala distribución de ese recurso natural.

Cuenca dijo que para el inicio de la recolección de firmas, que terminará el 20 de octubre, tomaron como ejemplo la comunidad de Totoral y Acre Antequera, pertenecientes a la provincia Poopó, donde tienen agua una vez a la semana por zona.

Por lo que los jóvenes ambientalistas determinaron que es una situación delicada, pero que no es la única comunidad que sufre por agua.

Es por eso que los jóvenes ambientalistas del Judnavi, en coordinación con Fobomade, tomaron la decisión de recolectar firmas, en dos libros de actas que serán entregados al alcalde Edgar Bazán y el otro al prefecto Luis Alberto Aguilar para que cumplan su compromiso de llevar agua en cisternas a esas comunidades.

Debido a esas movilizaciones, la presidenta de Fobomade, pidió a la población de aportar con sus firmas para que los libros sean entregados a las autoridades departamentales y puedan buscar soluciones para las comunidades y barrios que no tienen agua regularmente.

Por lo mismo, en sus alocuciones durante su acto de inauguración de la campaña, mencionaron reiteradamente que su firma se convertiría en una gota de agua que iría dirigida a las familias de las comunidades de Antequera.

domingo, 11 de octubre de 2009

Las industrias en La Paz no reciben sanciones pese a que contaminan el agua por malos sistemas de tratamiento


Las industrias en la ciudad de La Paz contaminan los ríos de la ciudad de La Paz, principalmente el Choqueyapu, al echar en ellos las aguas residuales de su producción, que no fueron tratados de forma adecuada. Pese a esta falta, la Prefectura paceña no emite sanciones con el argumento de que la norma le manda no sólo ser punitiva, sino también ser propositiva.

Si bien La Paz tiene laboratorios para realizar los análisis de los residuos industriales, nunca se trabajó en determinar el grado del daño que ocasionan las empresas. De acuerdo con un ambientalista, esto puede obedecer a que no se da prioridad a este problema, tal vez, porque las empresas son tan dañinas como los motorizados.

La Alcaldía paceña considera que esos tóxicos echados a los afluentes paceños desaparecen en su recorrido antes de llegar a Río Abajo por efecto de la oxigenación que reciben, aunque contradictoriamente anunció que contratará una consultoría para instalar plantas de tratamiento de las aguas del Choqueyapu, que es el que recibe la mayor carga contaminante.

El responsable de industrias de la Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura, Ismael Churqui, explicó que el gobierno departamental se encarga de controlar el funcionamiento de las industrias grandes y medianas.

Poca contaminación

Según su balance, las industrias “cumplen parcialmente las normas ambientales”, lo que significa que contaminan el ambiente hídrico, atmosférico y acústico, aunque lo más preocupante son sus efectos en el agua.

Las industrias grandes, detalló, tienen piscinas en las que purifican sus aguas residuales, pero no logran limpiarlas en un cien por ciento y aun así las echan a los ríos, como el Choqueyapu. Por esta razón, la autoridad ambiental señaló que estas empresas son contaminantes.

En un recorrido por la Autopista, La Prensa pudo advertir que las pocas industrias que quedan en esa área aún vacían sus aguas de distintas tonalidades y olores desagradables sobre el Choqueyapu, las cuales son despachadas por huecos que existen en sus paredes que dan al afluente.

Doña María, quien tiene su puesto de golosinas en el cruce entre la Autopista y Achachicala, señaló que ya son pocas las industrias que operan en el sector, pues las grandes, como Forno, se fueron hace tiempo, pero otras alquilaron sus ambientes a empresas pequeñas, que son las que contaminan. “Es algo irremediable —dijo—, son tantos años, pero nadie hace nada”.

Contrariamente, según la técnica de la Unidad de Prevención y Promoción Ambiental del municipio paceño Alejandra Sempértegui las industrias grandes, como la Cervecería o Pretensa, son las que menos efectos negativos causan en el medio ambiente debido a que “siempre están preocupadas en mejorar su producción”, ya que son acreedoras a premios y calificaciones de calidad.

El ambientalista Edwin Alvarado está en desacuerdo con el criterio municipal respecto de que el agua contaminada echada al Choqueyapu se purifica antes de llegar a Río Abajo, pues si se admite ese planteamiento no sería necesario acudir a la tecnología para reducir la contaminación o a realizar prácticas más limpias de producción y, por lo tanto, habría que dejar a la naturaleza la solución de este problema.

Churqui indicó que, pese al impacto ambiental negativo que provocan las industrias grandes y medianas, éstas aún no son pasibles a sanciones debido a que la norma exige que el ente controlador les brinde alternativas para reducir la contaminación.

El profesional señaló que la Prefectura se encuentra en ese proceso desde agosto de 2008, con capacitación por rubros.

Una vez que concluya la tarea, que será en seis meses, las industrias deberán aplicar medidas de mitigación, de no hacerlo entonces, según la autoridad, sí podrán ser sancionadas, incluso aquellas que no participaron en el programa de capacitación.

En criterio de la Cámara Departamental de Industria (CDI) de La Paz, la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía es una autoridad “muy dura” con la industria y “menos dura” con otras actividades económicas al emitir las sanciones.

La CDI considera que las empresas más grandes se han desplazado de la ciudad de La Paz a otras áreas menos urbanas, y ha quedado en ella una industria que se puede llamar liviana, con niveles bajos de contaminación, especialmente en lo que se refiere a emisiones de gases a la atmósfera y contaminación en los afluentes. Para la organización empresarial, las grandes están siendo constantemente controladas.

La industria liviana, asegura la organización, genera menor contaminación atmosférica que el transporte y, en los afluentes, menor polución que los hogares.

Otra falencia que presenta la labor de control de la actividad industrial es la ausencia de estudios y evaluaciones que den cuenta del nivel de contaminación que provoca. Churqui destacó que no hay estudios sobre cuya base se pueda trabajar.

Planean edificar plantas de tratamiento

La Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía contratará la siguiente gestión una consultora que se encargue de definir si es pertinente la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad, especialmente para purificar el río Choqueyapu.

La técnica de la Unidad de Prevención y Promoción Ambiental Alejandra Sempértegui indicó que el estudio lo pagará esa repartición del gobierno municipal, pero financiar la instalación será responsabilidad del ejecutivo edil, debido a que se requerirá una gran inversión cuyo monto será determinado por el estudio.

La consultoría será hecha en 250 días, al cabo de los cuales se conocerán el monto de la inversión, el número de plantas y los lugares donde deberían ser ubicadas.

Las plantas de tratamiento serán una alternativa para reducir e incluso eliminar la contaminación que generan las industrias al echar sus aguas residuales a los ríos.

No obstante, Sempértegui indicó que, con el curso del río y el proceso de aeración, las aguas contaminadas se purifican y dejan gran carga de tóxicos antes de llegar a Río Abajo, donde se siembran las verduras que alimentan a los paceños.

En la actualidad, las industrias carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas cuentan con piscinas para purificar el agua contaminada, pero no cumplen con ese objetivo, por lo que la técnica consideró que una o varias plantas de tratamiento de aguas contaminadas serían la solución definitiva a este problema.

Pese a que las más grandes industrias abandonaron la sede del Gobierno y se instalaron en Santa Cruz o en la ciudad de El Alto, donde sí existe una planta de tratamiento de aguas tóxicas, la polución industrial es aún un problema de la ciudad de La Paz.

La Alcaldía recibió 12 denuncias en 2009

La Unidad de Prevención y Promoción Ambiental de la Alcaldía de La Paz ha recibido en lo que va del año 12 denuncias de vecinos de distintas zonas, como Apumalla, Kupini o la zona Sur, relativas a contaminación generada por industrias y talleres.

La recepción de estas quejas es un parámetro para que la unidad municipal califique la polución industrial como baja.

La técnica de la Unidad de Prevención y Promoción Ambiental Alejandra Sempértegui explicó que gran parte se trata de quejas por el ruido de los talleres de chapería o metal-mecánica y de cerrajerías, y la emanación de gases tóxicos de las empresas.

En cada uno de los casos, primero, se verificó la existencia del daño ambiental; segundo, se inspeccionó el sitio denunciado y, tercero, se recomendó asumir medidas de adecuación para eliminar el daño, para lo que los infractores tienen 30 días.

En la actualidad hay casos, dijo, en los que aún se realiza el seguimiento de las medidas de adecuación que debían ser aplicadas.

Por ejemplo, señaló, los talleres debían reducir el ruido a través del aislamiento de equipos o por medio de la colocación de plastoformo o cajas de huevo en la pared para ahogar el ruido. Sempértegui aclaró, sin embargo, que las recomendaciones deben ser dictadas por una consultoría contratada por las empresas.

Las industrias o talleres que contravengan la norma y contaminen el ambiente reciben una amonestación cuando es la primera vez, posteriormente, de proseguir con el incumplimiento, se aplican sanciones pecuniarias e incluso se puede llegar hasta la clausura, aunque nunca se procedió de ese modo. El proceso de atención de la denuncia también incluye la búsqueda de un acuerdo entre las partes, el denunciante y quien cometió la falta.

Los datos de la contaminación

La Cámara Departamental de Industrias dice que la contaminación del sector es baja.

En La Paz, señala que sólo está instalada la industria liviana, que casi no contamina.

Pues genera una menor polución atmosférica y acústica que el transporte.

Los emprendimientos en la ciudad optaron por aplicar medidas de producción limpia.

Adicionalmente, se ejecutan planes de reciclaje para aprovechar los desechos.

La CID carece de datos sobre contaminación, sanciones y rubros que dañan.

Según el registro de la Alcaldía, en la ciudad hay 538 industrias registradas.

La gran mayoría son industrias pequeñas y talleres, muy pocas son grandes.

En La Paz hay 538 industrias registradas en la Alcaldía, el 10 % carece de manifiesto ambiental.

Las sanciones por contaminación van desde amonestaciones hasta la clausura de la empresa.


viernes, 9 de octubre de 2009

La campaña central de recolección a favor del TIPNIS, es hoy

El presidente del Comité Cívico del Beni, Felcy Guzmán, informó ayer que hoy arranca la campaña central a favor de las familias del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la plaza principal de Trinidad.

Explicó que esta campaña comenzó a inicio de la presente semana, con la recolección de medicamentos y la donación de otros productos, los mismos que son acopiados en la sede del ente cívico.

“Estamos dando los últimos toques para la tele maratón del día de mañana (hoy). Invitamos a la población a que se despoje de algo y lo done a los hermanos indígenas del TIPNIS”, manifestó.

Guzmán dijo que se han tomado los recaudos del caso para la transmisión televisiva y radial que se hará esta mañana, desde la plaza principal, porque se quiere llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible.

Hasta ayJustificar a ambos ladoser se tenía la donación de un lote de medicamentos de la Cruz Roja, mientras que la Prefectura del Beni entregó alimentos y remedios para las enfermedades más comunes.

VIAJE AL TIPNIS

El cívico informó que ayer se reunió con dirigentes de la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, para proponerle que uno de sus representantes viaje en la primera avioneta que vuele al TIPNIS, llevando parte de la ayuda que se consiga.

En la segunda avioneta se prevé que viaje el director del INRA, así como representantes del Ministerio Público y de Derechos Humanos, lo cual está en etapa de organización.



Otra reserva forestal avasallada

Doscientas mil del poco más de un millón de hectáreas de la reserva de Choré, en el departamento de Santa Cruz, están seriamente afectadas por la sistemática y hasta ahora irrefrenable invasión de sindicatos agrarios de campesinos y “colonizadores” que, una vez instalados de forma irregular, se han abocado a la explotación irracional de los recursos forestales. Se calcula que desde 2000 hasta ahora la deforestación es de 15.000 hectáreas por año.

A la depredación, en suma, de un área de importancia estratégica y fundamental para el equilibrio medioambiental de la región y que conlleva, además, severos perjuicios para la industria forestal, porque gradualmente están desapareciendo especies de alto valor comercial como el ochoó, el yesquero, la mara, el tajibo, entre otras ricas variedades maderables.

Es sabido que Choré, con la espesura de sus bosques, constituye una muralla natural que frena los vientos que azotan nuestras llanuras, ocasionando la destrucción y erosión eólica de los suelos. Que influye también en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pluviales. Que tiene que ver con las variaciones del clima y los desarreglos naturales que resultan de las graves alteraciones del sistema ecológico.

Un recorrido por las zonas afectadas realizado por un equipo periodístico del diario cruceño El Deber, junto a representantes de las denominadas Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), permitió constatar los asentamientos ilegales y la explotación forestal. Un camino de reciente construcción permite, a lo largo de una decena de kilómetros, el desplazamiento de los depredadores. A la vera de la ruta también fueron observados nuevos asentamientos y trabajos de chaqueos y aprovechamiento de la madera. Los sindicatos agrarios, merced a la rapidez con la que consiguen movilizarse en el área, han consolidado su control sobre las concesiones forestales, impidiendo el trabajo normal de las ASL, que constituyen más de 100 familias.

Las autoridades municipales de Santa Rosa del Sara, que tiene jurisdicción sobre Choré, sostienen que se registra un alto tráfico ilegal de madera, a vista y paciencia de las autoridades, que no mueven un dedo para evitarlo. También se ha denunciado que la ocupación y destrucción de una de las concesiones prevé una pérdida de 200 empleos directos y una secuela de conflictos sociales y económicos.

El Gobierno nacional ha admitido la existencia de asentamientos ilegales en Choré y que la ley ha sido violada por los invasores y por funcionarios públicos que no han cumplido su deber.

A ver para cuándo y qué tan efectivas resultan las medidas anunciadas para desalojar a los avasalladores, para de ese modo garantizar que la de Choré continuará siendo una reserva forestal en Bolivia y un patrimonio natural que, cueste lo que cueste, tiene que ser preservado por siempre y para siempre.

jueves, 8 de octubre de 2009

Miles de personas se movilizan en Bolivia contra el cambio climático

El cambio climatológico preocupa y los ambientalistas se movilizan
Más de 21.000 personas se han sumado a la Campaña Global contra el Cambio Climático en todo el territorio nacional, informó Edwin Alvarado, coordinador de esta movilización para América Latina y el Caribe.

“Agradecemos el comprometido esfuerzo de cada una de estas personas, de más 628 organizaciones e instituciones, que apoyaron la campaña desarrollada simultáneamente en 20 municipios del país”, complementó al destacar que el esfuerzo estuvo dirigido a influir en la Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático.

La movilización fue convocada en Bolivia por la Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de Biodiversidad y Cambio Climático, el Programa Nacional de Cambio Climático, la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas, la Red internacional Tunza Bolivia, GEO Juvenil Bolivia, Ecoclubes Bolivia, JCI Bolivia y el CDS Molle.

“Es resultado del esfuerzo de las instituciones de Lidema y sus aliados que han puesto a más de 400 voluntarios para apoyar, promover y monitorear esta jornada de movilización, que transmite nuestra voz de cara a las políticas mundiales sobre cambio climático que deben definirse en diciembre en la COP 15”, señaló Alvarado.

La propuesta de la campaña, que fue apoyada por más de 21.000 personas en Bolivia, demanda a los líderes del mundo que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático, de manera inmediata, efectiva y equitativa, hasta el 2017 y tomando como base el año 1990.

La campaña exige también que en reconocimiento de su responsabilidad histórica y deuda climática, los países desarrollados, que han emitido la mayor cantidad de gases de efecto invernadero asuman los costos de las medidas de adaptación en países con menor huella de carbono y menores recursos económicos.

También se exige que las acciones de adaptación deben equilibrar los actuales avances científicos con el rescate, revalorización y aplicación de los conocimientos tradicionales de comunidades locales, indígenas y originarias.

Asimismo exige la franca revisión y reversión del modelo consumista de desarrollo y que los gobiernos deben involucrar activamente y apoyar efectivamente a los grupos de jóvenes y niños en procesos de sensibilización, información, difusión y acción en temas referidos al Cambio Climático.

ABT: deforestan 15.000 ha cada año en Choré

La Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) denunció que la deforestación avanza significativamente en la reserva Choré, pues desde el año 2000 el proceso se incrementó a causa de una medida legal de desafectación (D.S. 25839) que permitió determinados asentamientos, lo que significó una deforestación que alcanza a 120.000 ha hasta la fecha, es decir, un promedio anual equivalente a 15.000 hectáreas por año.
La afirmación, del director ejecutivo de la ABT, José Landriel, surge tras la denuncia efectuada por cuatro Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) y la concesión forestal San Pedro, que acusaron a sindicatos agrarios de afectar la reserva. Pese a los cambios introducidos en el decreto, los sindicatos avanzan en las concesiones.
Empero, ayer la ABT, el Viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal, el municipio de Santa Rosa, las cuatro ASL y la empresa San Pedro iniciaron acercamientos para buscar una solución integral al tema.
Sin embargo, la Alcaldía de Santa Rosa pidió desalojar a los ocupantes ilegales de Choré.
Los sindicatos dejaron el asunto en manos del ejecutivo de la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del norte, Florencio Orcko.
De acuerdo con el análisis de la ABT, la Reserva Forestal Choré cuenta con una superficie de unas 728.000 ha, de las cuales 179.793 ha se encuentran tituladas a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) El Pallar (ubicada a lo largo del río Ichilo) y otros sindicatos agrarios (ubicados hacia el límite sur), quedando una superficie de 548.206 ha.
“Los bosques están siendo sometidos a una mayor presión para la extracción maderera, lo que de alguna manera está incidiendo en la degradación de los bosques; adicionalmente, las presiones de la agricultura y, sobre todo, de la ganadería están llevando al aumento de la conversión de bosques”, admitió la autoridad.
Landriel agregó que se requiere una estrategia que involucre a las organizaciones nacionales y departamentales para resolver el tema.
Los responsables de la Unidad de Medio Ambiente de la Prefectura cruceña hicieron notar que toda la zona está saneada y que mediante una ley, el Plan de Uso del Suelo define al área como reserva forestal y por lo tanto, no se puede hacer nuevos asentamientos y debe procederse al desalojo de los sindicatos.
La intervención pareció molestar al Gobierno, que minutos después no tomó en cuenta a los representantes de la Prefectura, lo que derivó en el abandono de éstos (Erwin Aguilera, William Cabrera y Mónica Justiniano), no sin antes advertir que “es responsabilidad de la ABT y el viceministro cualquier daño ambiental”.
El diálogo continuará hasta mañana, aunque ayer, el viceministro Castellón sostuvo reuniones anticipadas con el dirigente de los campesinos, Florencio Orcko; las ASL y la concesión San Pedro fijarán mañana una posición.

«Insuficientes recursos»
José Antonio Landriel / Director ejecutivo de la ABT
- ¿Por qué no hay presencia de la ABT en la reserva?
- En general, en el departamento de Santa Cruz, la ABT cuenta con insuficientes recursos humanos para cubrir tan extensa región; sin embargo, podemos indicar que la ABT, a través de la jefatura de Desmontes, Incendios y Sistema Nacional Geoespacial, realiza monitoreos a desmontes, focos de calor, cuyos datos se actualizan cada tres horas. Se ha implementado un plan de control a la deforestación, en el cual se ha capacitado a las diferentes oficinas operativas de la ABT y municipios.
- ¿Cómo se prevé hacer el aprovechamiento forestal?
- La estrategia asumida es: enfocarnos en el manejo forestal, no en la prohibición, por la implicancia social que esto significa. Se necesita convencer a la población del valor de planificar el manejo forestal, mejorando su efectividad y reduciendo daños; trabajar con instituciones locales, como gobiernos municipales, subprefecturas y las organizaciones representativas de la sociedad civil (comunidades indígenas y campesinas, pequeños propietarios); el rol de la ABT y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es asegurar el desarrollo programático de las acciones comprometidas, coordinando y proporcionando asistencia técnica oportuna; la implementación del Control Social es la base para que este programa tenga éxito.

El Gobierno y campesinos son optimistas
El viceministro de Gestión y Desarrollo Forestal, Iván Castellón, y el representante de los sindicatos agrarios asentados en la reserva Choré, Florencio Orcko, son optimistas en llegar a un acuerdo integral que permita dar una solución de fondo al tema.
Si bien Castellón evitó hablar oficialmente de las negociaciones entre las partes, se mostró satisfecho con los avances; Orcko, que es dirigente de la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del norte cruceño y además es ejecutivo del Movimiento Sin Tierra (MST), aseguró que están dispuestos a buscar alternativas conjuntamente con la central Las Pavas, que funciona en la reserva, pero que al momento no hay soluciones de fondo. “Hay acercamientos entre las ASL, Gobierno y campesinos, y me parece que vamos a llegar a buenas conclusiones. Los dirigentes de los sindicatos llegarán mañana (hoy)”, indicó.