Mientras el Gobierno elabora un nuevo Código de Minería, los pobladores de la provincia Nor Lípez anuncian la radicalización de las medidas de fuerza contra la Empresa Minera San Cristóbal (MSC) a pocas horas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que organiza el Gobierno a partir de este martes.
En paralelo, el canciller David Choquehuanca manifestó, en una entrevista concedida a La Prensa, que la MSC saquea y no paga por el agua. La autoridad no justificó las medidas de presión y su colega de Minería y Metalurgia, José Pimentel, aseguró que el problema debe resolverse en la zona con participación del prefecto potosino, Mario Virreira.
Entre tanto, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) anunció que instalará, aun en caso de no ser oficialmente reconocida, una mesa para tratar, entre otros, el caso de San Cristóbal en la mencionada conferencia.
Pero los pobladores de tres provincias del sudoeste potosino —Nor Lípez, Enrique Baldivieso y Daniel Campos— bloquean desde el miércoles 14 la línea del ferrocarril que se dirige a Chile a la altura de la estación Avaroa, a unos 450 kilómetros de la ciudad de Potosí, y el viernes los lugareños tomaron por la fuerza, saquearon e incendiaron las instalaciones de la MSC ubicadas en la localidad de San Pedro de Quemes.
Si bien el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, anunció que se puede producir una intervención policial para restablecer el orden en la zona, fuentes del Ministerio de Gobierno y la institución del orden, que pidieron guardar en reserva su identidad, aseguraron que las autoridades nacionales evalúan cuidadosamente el tema.
Es más, el canciller Choquehuanca aseveró que las transnacionales “roban nuestros recursos naturales, saquean toneladas de minerales todos los días y, por ende, utilizan aguas fósiles y no pagan por su uso, pero nosotros los bolivianos, que somos los dueños, y hasta los negocios más pequeños, pagan más por su uso”.
Los campesinos demandan que las autoridades regionales satisfagan 12 exigencias, entre las que destacan la electrificación de toda la zona, la creación de un impuesto al agua para la empresa San Cristóbal, la instalación de antenas para la comunicación, que la sede de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) funcione en la localidad de Río Grande y la construcción de obras camineras.
Celestino Condori, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) informó que este lunes fenece el plazo concedido por los pobladores de la zona para que las autoridades departamentales y nacionales los atiendan.
De lo contrario, anunció que rodearán el campamento donde se encuentra el tajo abierto desde el que la transnacional explota los concentrados.
Los comunarios temen que se agoten los espejos de agua de la región, pues el lixiviado de minerales consume unos 600 litros de agua por segundo mientras ellos obtienen el líquido vital con dificultades, y acusan a la empresa de llevarse la riqueza en tanto los campesinos continúan sumidos en la pobreza.
En contacto exclusivo con La Prensa, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, dijo ayer que espera que hasta fines de año se promulgue la nueva ley que regirá las actividades mineras en todo el territorio nacional.
Mientras tanto, San Cristóbal tributa y paga regalías de acuerdo con la normativa vigente, aunque la futura norma privilegiará, según la autoridad, “la industrialización más allá de la simple explotación de minerales”.
San Cristóbal exporta actualmente 48.000 toneladas por día de concentrados de zinc-plomo y zinc-plata a mercados extranjeros, pero el país pierde los costos de producción, fundición, refinación y transporte.
Pimentel explicó que por ese motivo disminuyen las utilidades para el Estado, pero que “a partir de la nueva normativa se debe establecer parámetros para que los minerales sean procesados e industrializados en el país”.
El problema del uso del agua es más complejo. La Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado fue promulgada el año 2000, pero es inaplicable debido a que no fue reglamentada y debe ser adecuada al tenor de la nueva Constitución Política.
“La actual normativa sobre el agua plantea la reposición del recurso cuando éste es empleado por alguna industria, pero al momento nadie cumple esta normativa porque no ha sido reglamentada”.
Comcipo apoya las demandas de los pobladores respecto al uso del agua y la instalación de las oficinas de EBRE en la población de Río Grande.
Condori refirió que una delegación de representantes cívicos se trasladará hasta el punto de conflicto para respaldar la movilización de los pobladores.
Comcipo ha convocado para el próximo viernes 23 a la Cumbre Social de la Potosinidad, que tendrá lugar en Uyuni, y según su Presidente, se aprobará el apoyo a las demandas del sudoeste.
En esa oportunidad se evaluará las condiciones de las empresas San Vicente, Sinchi Huayra y San Bartolomé, que “tienen relaciones contractuales con la Comibol, pero San Cristóbal no la tiene”.
El prefecto Mario Virreira, del Movimiento Al Socialismo (MAS), se desplazó el sábado hasta la ciudad de Uyuni.
La Ley de Aguas no ha sido reglamentada, por lo que no es aplicable.
La mina parece una fortaleza
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, denunció que el campamento de explotación minera de San Cristóbal parece una fortaleza.
“Cuando tuvimos la oportunidad de ir a la mina San Cristóbal, siempre nos han maltratado. No hubo accesibilidad y hay un celo de las personas. Es un fortín donde nadie puede entrar. Es por eso que entendemos la posición que asumió el sudoeste potosino, porque hay que reconocer que una vez que termine este proyecto no dejará nada y, lo que es peor, en el lugar existe una grave contaminación ambiental. No hay mitigación al respecto. Cuando la empresa se vaya, esa región quedará como un desierto”.
Para destacar
La última semana de este mes se desarrollará un taller para definir los lineamientos del futuro Código Minero boliviano.
El evento será protagonizado por asambleas departamentales, representantes de las regiones mineras, cooperativistas, etc.
La movilización de los pobladores de tres provincias se sitúa en Estación Avaroa, en la frontera con Chile.
Informes de la región dan cuenta de que unos 800 campesinos de tres provincias interrumpen el paso ferroviario.
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