El abogado y exprefecto de Santa Cruz Carlos Hugo Molina recordó que hasta el momento de la intervención policial la noticia que daba la vuelta al mundo era la invitación de Evo Morales a negociar a la cúpula indígena y el anuncio del referéndum sobre la carretera en las ciudades de Beni y Cochabamba. Sin embargo, ahora el conflicto cobra interés internacional. Molina señala que la sigla Tipnis acumula 1,6 millones de entrada en el buscador de Google y que la página de AVA tiene 150.000 firmas a favor de la protesta. Considera que esto se multiplicará en las próximas horas.
Gustavo Pedraza, director regional de la Fundación Democracia Multipartidaria, señala que ahora el conflicto se traslada a las ciudades y a los sectores obreros alentados por el paro general convocado por la Central Obrera Boliviana para el martes. “La represión ha sido muy violenta e injustificada. Con esto el conflicto no se resolverá. Lograron sofocar materialmente la movilización, pero está latente, con mayor fuerza, con otros actores el conflicto y le va a resultar un mayor costo político al Gobierno del MAS”, dijo.
El analista político Carlos Cordero añadió que el Gobierno eligió lo que juzgó como mal menor: la marcha se le había salido de control y dejarlos llegar a La Paz iba a tener repercusiones mayores, por lo que apostaron a aguantar el desgaste de la represión.
Sin embargo, Molina añade que esta marcha ya le ha costado bastante al Gobierno. Recuerda que parte de su base de apoyo social se ha manifestado para que reconduzca su accionar. Habla del sociólogo y sacerdote Javier Albó, del exviceministro Rafael Puente o los hermanos Antonio y Osvaldo Peredo, fundadores del MAS. “Esta posición tan burda, extrema e inexplicable solo es sostenida por cuatro personas: Evo Morales, Álvaro García Linera, Sacha Llorenti y Carlos Romero. Su postura es difícil de entender”, aseguró.
La represión también cambió la agenda que intentó imponer Morales con su visita al Tipnis, donde se reunió con representantes de 16 comunidades y anunció un referéndum entre Cochabamba y Beni. Esa consulta es tildada de inconstitucional por los abogados Pedraza y Ricardo Saucedo (leer columna de opinión), pero Cordero considera que las disposiciones constitucionales han sido violadas en Bolivia cuando “el futuro del país” es puesto en juego. Cordero considera que la posición de Evo es coherente con su pasado, porque confía mucho en su fuerza electoral y en resolver todo en las urnas. Mientras Pedraza no encuentra ninguna explicación para la acción del Gobierno, Molina recuerda que esta marcha ya tenía la atención de todo el mundo y teme que haya abierto una caja de Pandora: “Conocemos cómo son los conflictos en Bolivia. Sabemos cuándo se inicia pero no sabemos cuándo ni cómo acabarán”, dijo.
Las redes sociales estallaron con la noticia
Facebook y Twitter se convirtieron en una pizarra para expresar los sentimientos de los usuarios de redes sociales sobre la represión. Minutos después del inicio de la gasificación se podía leer en Twitter “Policías gasifican y reprimen a los marchistas del #Tipnis”.
Twitter sirvió para actualizarse al minuto de las informaciones sobre cómo eran llevados en flota hacia San Borja, el bloqueo organizado en dicha población, la detención de los dirigentes, el anuncio del exviceministro Alejandro Almaraz de que la marcha seguía por el monte y los rumores de muertes de niños.
En Facebook, los usuarios se ocuparon de pegar links a las webs de noticias que ampliaban las informaciones y colgar videos para demostrar que la represión fue violenta. En la noche, convocaron a movilizaciones en todo el país.
El referendo debe ser para reformar la Constitución
Ricardo Saucedo / Abogado
El estatus jurídico del Tipnis es el mayor blindaje que el Estado boliviano puede otorgarle a un territorio. Primero es un área protegida, con lo que el Estado ha definido su uso para la conservación. Segundo, el nivel de rigurosidad que se definió para dicha área es el mayor que contempla el Estado: es un parque nacional. El área que da el valor al Tipnis para merecer esta protección es su núcleo y la carretera quiere partirlo.
Pensar en esa construcción por ese lugar es absurdo.
Las medidas de compensación ambientales para hacerlo podrían hacer económicamente inviable el proyecto. Un ejemplo: la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez pasaba cerca del área de influencia de dos parques. Para mitigar el impacto se realizaron inversiones por $us 27 millones. Para romper un núcleo, el dinero necesario es incalculable.
Si ser un parque nacional ya era un chaleco antibalas, su carácter de Tierra Comunitaria de Origen lo blinda aún más. Una TCO es inembargable, intransferible, imprescriptible. Su extensión está asociada a la cosmovisión de los pueblos que la habitan y la Constitución le transfiere a sus habitantes prerrogativas que lo convierten en territorio. La calificación como TCO excede incluso la propiedad privada.
El Tipnis es casi un Estado dentro de Bolivia, ya que es un territorio, con una población y con formas de gobierno particulares. En esa lógica estamos ante un blindaje jurídico que convierte al Tipnis en un asunto que no solo importa a Beni y Cochabamba, sino que es de interés nacional. Además, la Constitución les otorga a los indígenas una serie de instrumentos que aseguran su prioridad de gestión del territorio. Todo mundo habla del Convenio 169 de la OIT, pero hay que hablar de la Constitución que le da derecho a la consulta previa, informada y democrática. Si se quiere hacer un referéndum, debe ser para reformar la Constitución, para terminar con los territorios indígenas, modificar el régimen de recursos naturales para permitir la carretera y quitar el artículo que califica la violación de este régimen como traición a la patria. Todo el resto es demagogia.
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