El defensor del Pueblo, Rolando Villena, cuestionó la acción policial contra los marchistas indígenas y aseguró que no existen elementos jurídicos que justifiquen la violenta intervención. Naciones Unidas, por su parte, solicitó una investigación sobre los hechos sucedidos cerca de Yucumo.
Villena afirmó que el reclamo indígena para proteger su tierra y territorio es legítimo, por lo que el Gobierno debe explicar las causas que los llevaron a intervenir la marcha. Hasta el momento se ve que no existieron esas causas, porque no hay indicios de desestabilizar al Gobierno o poner en riesgo a otro grupo de personas.
Entonces, el gobierno del presidente Evo Morales debe responder —afirmó Villena— a cuestionantes como: ¿cuáles han sido los móviles que han llevado a este extremo?, ¿qué razones de orden superior o qué móviles pueden justificar una represión de esta naturaleza?
“La fuerza se utiliza y justifica sólo cuando existe una amenaza que vulnere los derechos de otra persona o grupo, cuando el Estado y su estabilidad democrática se ven afectados o en peligro inminente y si se encuentran indicios de que los intervenidos son parte de un grupo subversivo”, manifestó.
La Policía intervino la marcha indígena que fue retenida el sábado a pocos metros del puente San Lorenzo, a unos kilómetros de Yucumo. Los policías lanzaron gases lacrimógenos y persiguieron y detuvieron a hombres, mujeres y niños que huían para no sufrir los efectos de los gases y para evitar ser capturados por los uniformados.
“No entendemos cómo en un Estado de Derecho se puede coartar la libertad de expresión y la libertad de transitabilidad. Pido que se mantenga la calma, que impere el sentido común, y que la violencia no siga cobrando víctimas”, insistió.
Al menos unos 500 policías rodearon a los marchistas, cuando éstos se encontraban preparando sus alimentos y descansando. La intervención los sorprendió y tuvo como consecuencias personas heridas, niños desaparecidos, de los que se presume están ocultos en el monte.
Villena pidió el cese inmediato de todo acto de violencia y aseguró que la Defensoría del Pueblo no avalará ninguna acción que vaya en la línea de la vulneración de los derechos humanos en general, de los derechos humanos de los niños, personas mayores y de las mujeres.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yosukawa, por su parte, calificó como violenta la acción policial y solicitó el cese de toda actitud que lleve a una confrontación.
Arguyó que las autoridades nacionales están en la obligación de garantizar los derechos y la dignidad de los detenidos, además de sustentar su detención y que cualquier proceso que se lleve a cabo se lo haga de manera transparente.
“Deploramos la actitud, es una situación lamentable, pero además confusa y se debe determinar qué ha pasado, en qué circunstancias”, dijo.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Yolanda Herrera, presente en los hechos de violencia, también consideró que se vulneró el derecho de los marchistas.
“Reprochamos categóricamente la intervención. Entraron atropellando a los marchistas y lo peor es que quedaron niños solos y desaparecidos ante la confusión, esto ha sido un asalto de película. Estaban desprevenidos, comiendo y descansando, y en ese momento fueron intervenidos. Sí, hay heridos, y eso se debe a que pasaron por encima de ellos”, acotó.
Sorpresa por pedido de diálogo
Rolando Villena, defensor del Pueblo, dijo estar sorprendido porque los hechos se registraron justamente cuando el Gobierno convocó a los indígenas a La Paz para un diálogo a las 20.00. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, anunció la invitación al diálogo con los marchistas.
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