Pueblos indígenas y ambientalistas han puesto en aprietos al Gobierno de Evo Morales, en plena organización de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, con denuncias sobre el alto impacto ambiental, la falta de consulta, ausencia de licencias y de planes de mitigación en los grandes proyectos estatales.
Los cuestionamientos –dicen-- no son intentos de desestabilizar, como asegura el Ejecutivo, sino que se trata de protestas y reclamos específicos que son planteados desde hace meses sin lograr una respuesta.
La explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz y en el Chaco, los proyectos mineros como Coro Coro, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, la termoeléctrica de Entre Ríos, las empresas estatales (Papelbol, Lacteosbol, Cartonbol) y los planes de construir hidroeléctricas sobre el río Madera con millonarias inversiones han generado las críticas, que incluyen emprendimientos de inversión privada como el de la minera San Cristóbal y El Mutún.
En respuesta, el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, señala que no hay proyecto u obra estatal que comience a ser ejecutada sin licencia ambiental en las diferentes áreas que establece la Ley de Medio Ambiente.
El presidente del Foro Cochabambino sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Focomade), John Zambrana, contradice esa afirmación e indica que, por ejemplo, la fábrica de papel Papelbol en Villa Tunari y Lacteosbol en Entre Ríos, ya construidas y en el segundo caso en operación, no cuentan con licencias ambientales.
Sin consulta
A las licencias ambientales se suma las consultas a los pueblos en cuyos territorios son ejecutados proyectos de alto impacto.
El caso más importante es el de la explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz. Marco Octavio Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), explica que debido al deficiente manejo de los instrumentos de consulta pública y de prevención y control ambiental por parte de YPFB-Petroandina y del ministerio sectorial se dieron, en el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni, fuertes impactos socio-ambientales que afectaron la estructura organizacional indígena y los ecosistemas de alta fragilidad de la zona.
“La amenaza de la exploración petrolera se dirige ahora al corazón del Parque Nacional Madidi y la Reserva-TCO Pilón Lajas (bloques río Hondo y Tuichi)”, añade.
La Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) denunció recientemente que Petroandina no quiere indemnizar a las comunidades afectadas por las pruebas sísmicas de la exploración petrolera, informó la red Erbol.
En el Chaco hay molestia por las deudas ambientales de las empresas petroleras que están asentadas en el lugar y porque no fueron consultados para el emprendimiento de otros proyectos.
Por esto, el lunes pasado comenzó una marcha de dos días en Yacuiba de indígenas guaraníes, tapietes y weenhayek en protesta por el incumplimiento de la consulta.
El conflicto también se encuentra en Coro Coro, en La Paz, tras el inicio de la explotación de cobre que dejó sin agua a las comunidades aledañas, según denunció el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos va camino al mismo problema. Los caciques de los pueblos asentados en el Parque Nacional Isiboro Sécure, por donde pasará la ruta, denunciaron al Focomade que nadie los ha buscado para informarles sobre el proyecto y que ellos han pedido datos sin recibir aún respuesta.
El modelo se mantiene
Las problemáticas socio-ambientales han proliferado en el país y se han profundizado en la mayoría de los casos o permanecen invariables por el marginamiento de la gestión ambiental como consecuencia de que el modelo extractivista y primario exportador se mantiene vigente, indica Marco Octavio Ribera de Lidema.
John Zambrana, del Foro Cochabambino sobre Medio Ambiente y Desarrollo señala que para cambiar esto, el Gobierno sólo debe cumplir la Constitución.
Amabas organizaciones critican además el cambio y contraposición de discursos del presidente Evo Morales.
Zambrana recuerda que Morales, en su época de sindicalista, siempre criticó, por ejemplo, los proyectos de la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), entre los que se encuentran los del corredor bioceánico.
“La proliferación y agudización de problemáticas ambientales ha dado lugar a una crítica generalizada al Gobierno, de crear una imagen internacional que no coincide con lo que se está viviendo en el país”, apunta Ribera.
Conamaq: A la Tierra no se la respeta en Bolivia
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) dice que el Gobierno no consultó a los pueblos indígenas para la ejecución de varios emprendimientos productivos.
El Conamaq confirmó su participación en la Cumbre Climática de Cochabamba, en la que fundamentará jurídica y legalmente que la Organización de las Naciones Unidades (ONU) debe aprobar la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, pero al mismo tiempo crear una instancia internacional que sancione a los que comente delitos contra el medio ambiente.
“En Cochabamba vamos a dar a conocer al mundo que el hermano presidente Morales está pregonando al mundo el respeto a la Madre Tierra, cuando no está respetando en Bolivia”, anunció Rafael Quispe, secretario de Industrias Extractivas del Conamaq.
En caso de comprobarse la factibilidad de todos los grandes proyectos gubernamentales, “hay que buscar que se respeten los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas”, agregó.
ANÁLISIS
“Deben consultar qué hacer con los recursos”
Gustavo Rodríguez Cáceres, analista sobre temas petroleros, dice que el Gobierno debe consultar a todos los bolivianos, no sólo a los indígenas, qué hacer con los recursos naturales del subsuelo: priorizar su exploración en una zona de alta biodiversidad o en su caso aprovechar sustentablemente los bosques, por ejemplo del norte de La Paz, a condición de dejar el petróleo.
El experto sustenta su planteamiento enmarcado en la Nueva Constitución Política del Estado, que al respecto señala que todos los recursos naturales son del pueblo boliviano y que el Estado es un simple administrador.
Agrega que el Gobierno tiene que sopesar si vale la pena impulsar la actividad extractiva o en su caso mantener la biodiversidad.
En su criterio, la disyuntiva planteada no fue percibida en el pasado por falta de información sobre los impactos ambientales, a diferencia de hoy, cuando todos los habitantes de una región tienen acceso a datos.
Los delitos ambientales en la CPE
La nueva Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 124, define que comete delito de traición a la patria la persona que incurra en una vulneración del régimen constitucional de recursos naturales. Ese delito se condena con 30 años de prisión, sin derecho a indulto.
Agrega además que los recursos naturales “son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo” y al mismo tiempo determina que la explotación estará sujeta un proceso de consulta a la población afectada.
En el caso de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, “la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
La temática, además, es incluida con un enfoque de sostenibilidad.
El artículo 342 dice que “es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales”.
SUMAN LAS DENUNCIAS | Indígenas dicen que la consulta a las comunidades fue obviada y que no hay indemnización
Protesta por explotación en La Paz
Yacimiento Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la estatal venezolana Pdvsa de Venezuela conformaron la sociedad mixta Petroandina, en octubre de 2008, para explorar la existencia de hidrocarburos en el norte de La Paz, con una inversión inicial de 117 millones de dólares, en los bloques Liquimuni, Madidi, Chepite, Securé y Chispani.
En julio de 2009 el proyecto logró completar su licencia ambiental y enviar muestras a un laboratorio extranjero para confirmar la existencia de hidrocarburos líquidos en la región.
La empresa conformada entre YPFB y Pdvsa no paralizó sus labores ni un solo día a pesar de los problemas que tuvo con pobladores de algunas comunidades y ambientalistas, que protestaron contra el Gobierno por obviar las consultas y consensos con los indígenas para viabilizar la ejecución del proyecto.
La Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) denunció en marzo pasado que Petroandina no quiere indemnizar a las comunidades mosetenes del norte paceño que resultaron afectadas por las pruebas sísmicas de la exploración petrolera, informó la red de noticias Erbol.
El cacique mayor de la OPIM, Daniel Gigasi, explicó que, además, los compromisos que asumieron para ejecutar proyectos de desarrollo para las ocho comunidades mosetenes tampoco se están concretando, debido que ejecutaron solamente un 30 por ciento
ALISTAN MITIGACIÓN | La empresa ENDE-Andina ejecutará trabajos para revertir la contaminación sonora en la zona
Termoeléctrica genera fuerte ruido
Con una inversión que bordea los 83,9 millones de dólares, en los últimos tres años, la empresa ENDE-Andina, una sociedad mixta creada hace dos años entre YPFB y la venezolana Pdvsa, viene está instalando en el municipio de Entre Ríos, en el trópico, cuatro turbogeneradores de una planta termoeléctrica, que tendrá capacidad de entregar adicionalmente 104 megavatios (MW) de potencia al Sistema Interconectado Nacional, que tiene una oferta promedio actual de 1.100 MW.
A la fecha, hay dos turbogeneradores se encuentran en pleno funcionamiento y producen 50 MW, mientras que los restantes dos turbogeneradores estarán en condiciones técnicas de producir otros 54 MWde potencia, una vez que la termoeléctrica empiece a funcionar al 100 por ciento de su capacidad instalada a partir del 15 de mayo.
En conjunto, el ruido que genera el funcionamiento de las turbinas, generadores, salas de control, cuatro transformadores de la sub estación eléctrica y otros equipos emplazados en cuatro hectáreas, ahuyentan miles de aves y animales silvestres y afectan el ámbito sonoro de la población durante las 24 horas del día.
Este impacto medioambiental será recién mitigado mediante trabajos especiales a ejecutarse en los próximos meses, de acuerdo con información proporcionada por el gerente general de ENDE Andina, Hugo Villarroel.
MEGA PROYECTO| Ambientalistas dicen que los primeros estudios de impacto ambiental tienen deficiencias
Dudas por mega hidroeléctricas
La exportación de energía eléctrica de Bolivia a países vecinos a partir de 2019 comprende la implementación de tres mega proyectos hidroeléctricos sobre el Madera y afluentes que en conjunto se estima que generarán alrededor de 2.590 MW de potencia, con una inversión que bordea los 4.800 millones de dólares en los próximos ocho años.
El Gobierno impulsa este gran complejo hidroeléctrico que genera incertidumbre entre los pobladores y ambientalistas.
Además de Cachuela Esperanza, se tiene prevista la construcción de una planta sobre el río Madera y la hidroeléctrica Del Bala, que estará localizada en el río Beni cerca de San Buena Ventura y fue concebida para generar 1.600 MW a partir de 2020 con una inversión de 2.400 millones de dólares.
Sin embargo, hay dudas sobre la viabilidad de la explotación hidroeléctrica en el río Madera y sus afluentes. El Foro Boliviano sobre Medio Ambiente (Fobomade), en un informe, ha revelado que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza tiene deficiencias.
Uno de los principales objetivos de esta planta es exportar energía eléctrica a Brasil, pero aún no se cuantificó la cantidad de megavatios (MV) que podría ser destinada al mercado externo.
“Primero se construirá y luego se analizarán las medidas de factibilidad de exportación”, indica Fobomade.
LICENCIA AMBIENTAL | El Gobierno abre compañías estatales que, como Papelbol, pueden tener un gran impacto
Empresas del Estado con riesgos
Es política del Gobierno consolidar operaciones productivas de sus empresas estratégicas a través del ministerio de Producción y Microempresa que tiene previsto invertir este año alrededor de 1.040 millones de bolivianos.
Algunas de ellas como la Planta de Procesamiento de Cítricos de Villa 14 de Septiembre y Lacteosbol en Entre Ríos ya están en plena producción de jugos, néctares y productos lácteos en general.
Hace una semana arrancó operaciones la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) con un presupuesto de 29 millones de bolivianos y pronto entrará en funcionamiento Cartonbol en Vinto, Oruro, con 31 millones de bolivianos.
Papelbol, en Villa Tunari, es una de las empresas estatales que más preocupa a los ambientalistas. El Foro Cochabambino sobre Medio Ambiente (Focomade) denunció que esta compañía, que pronto comenzará a operar, y Lacteosbol no tienen licencia ambiental y que fueron categorizados como proyectos pequeños para ajustarse a reglamentos y a no a la Ley de Medio Ambiente para cumplir menor requisitos ambientales.
Con todos los riesgos medioambientales que supone, el Gobierno anunció que este año entrará en producción la Empresa de Cemento Bolivia (Ecebol) en Oruro y Potosí, con 3,1 millones de bolivianos. También está prevista la apertura de Azucarbol en Bermejo, Tarija, con 26 millones de bolivianos.
PREOCUPACIÓN INDÍGENA | Los pueblos del Isiboro Sécure solicitan información sobre cómo les afectará el proyecto
Piden consulta para ruta a Beni
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos empezará a ser construida este año por la empresa OAS con un presupuesto de 415 millones de dólares y aún hay incertidumbre sobre cómo se procederá en el tramo que será abierto dentro el parque Isiboro Sécure.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), conformada por varias instituciones, denunció recientemente que el proyecto no toma en cuenta los riesgos ambientales y los que pudieran afectar calidad de vida de las poblaciones asentadas en las áreas por donde pasará la ruta.
Indica que la obra podría provocar ocupación desordenada de tierras y ampliación de fronteras agropecuarias, en una región de elevada pluviosidad, cuyos bosques cumplen un servicio ambiental de protección de cuencas y de regulación de caudales.
El Foro Cochabambino sobre Medio Ambiente dijo también que los pueblos indígenas asentados en el parque no han sido consultados aún y a pesar de haber pedido información ésta no ha sido entregada.
Se prevé que los estudios de impacto ambiental de los tramos uno y tres del proyecto sean aprobados por el ministerio de Medio Ambiente el próximo mes, mientras que del tramo Isinuta-Montegrande, que cruza todo el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, demorará hasta fin de año, informó la Administradora Boliviana de Carreteras.
EXTRACCIÓN DE COBRE | El Consejo Nacional de Ayllus y Maracas del Qullasuyu dice que no fueron consultados
Agua crea conflicto en Coro Coro
Este año, la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) empezó a operar la planta hidrometalúrgica de cobre en una alianza con la coreana Kores.
Actualmente hay ya 300 toneladas de lámina de cobre producidas, las que serán exportadas a la empresa Tranfigura de Inglaterra por un valor de 2,3 millones de dólares.
El proyecto de Kores consiste en la explotación a cielo abierto de cobre, objetivo que recién será logrado en 2011, pues aún se halla en la etapa de exploración.
La inversión comprometida es de 2.100 millones de dólares hasta 2014. La semana pasada el Gobierno informó que la empresa halló vetas de hasta cinco metros de ancho.
Este proyecto creará 500 empleos directos y 2.500 indirectos.
Sin embargo, el funcionamiento de la planta ha provocado protestas por el impacto socio ambiental en la región.
El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) se quejó de que el proyecto desvía el agua potable de la comunidad para uso de la planta.
El superintendente de la metalúrgica, Renato Casón, admitió que hubo este problema, pero que fue superado porque ahora se recicla el líquido de la planta.
El director de medioambiente de la Prefectura de La Paz, Donato Capia, señaló que en la zona no existe contaminación.
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