Se trata de compañías industriales dedicadas a diferentes rubros.
Un informe oficial de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) da cuenta de que este año se regularizó el consumo ilegal de alrededor de 700 empresas industriales dedicadas a diferentes rubros.
La Autoridad tiene el objetivo de que por lo menos 1.000 compañías se pongan a derecho sobre el consumo del agua. Para ello, dispone de un año y nueve meses, que es el periodo concedido por una resolución administrativa interna.
La norma ordena que durante ese tiempo se forme una base de datos del volumen de agua que consumen las empresas e industrias.
La información se utilizará para desarrollar medidas preventivas y correctivas a fin de abordar el problema.
Las empresas que, por diferentes medios, se dotaron del servicio en forma irregular consumieron más de 600 millones de metros cúbicos por año, que equivalen a todo el consumo de la población en el país.
LAS DISPOSICIONES. Según la norma, la AAPS constató el uso ilegal, arbitrario e indiscriminado de los recursos hídricos hecho por personas naturales y jurídicas, que, sin contar con las autorización del ente regulador, ni el control del concesionario u operador del servicio de su área, como la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), perforaron pozos para hacer una sobreexplotación del agua.
Los infractores. Las empresas denunciadas son 25 ingenios mineros, cinco ingenios azucareros, cuatro industrias aceiteras, cinco cementeras, 20 embotelladoras de gaseosas, ocho industrias de bebidas y maltas, 18 mataderos, 12 industrias lácteas y otras que hacen un uso indiscriminado del agua, a través de sistemas de autoabastecimiento propio, lo que está expresamente prohibido por ley en todo el territorio nacional.
Se evidenció que empresas que explotaban ilegalmente el recurso hídrico excavaban pozos.
De las más de 100 sorprendidas, el 30 por ciento operaba en el departamento de La Paz; el 40 por ciento, en Santa Cruz, y el resto, en diferentes regiones del país.
Según la AAPS, aquellos que perforaron sus pozos y regularizaron sus contratos no fueron sancionados, ya que ese hecho no estaba incluido en una norma específica, pero, a partir de su promulgación, los usuarios debieron solicitar la colocación de medidores para el cobro respectivo.
El plazo para que se regularicen las industrias fenecerá en mayo de 2012, a partir de cuando se aplicarán sanciones administrativas a los infractores.
Recientemente, el exdirector de la AAPS James Ávila afirmó que “es grande la cantidad de agua que no se pudo regular, debido a eso se amplió el plazo”.
Tampoco se cuantificó el monto recuperado en términos económicos de las empresas que explotaban ilegalmente el agua.
2.9 bolivianos es la tarifa por metro cúbico que se fijó para las industrias que se conectaron a las operadoras de servicios
como EPSAS.
LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 152
ARTÍCULO SEGUNDO
Las personas (...) que no cuenten con la autorización del operador de área deben suscribirse en un año.
ARTÍCULO TERCERO
Se instruye a la AAPS a realizar inspecciones. Se instruye a EPSAS supervisar a los sistemas de autoabastecimiento.
ARTÍCULO CUARTO
A partir del cumplimiento del plazo (...) los que no hayan regularizado serán declarados clandestinos. ARTÍCULO QUINTO
A objeto de la implementación del proceso de regularización se aprueba una guía de trámites.
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