El Gobierno Municipal de Tarija destina sólo un 0,07 por ciento de sus recursos para el Departamento de Medio Ambiente, cuyo monto, según las propias autoridades locales, es insuficiente para que esa repartición edil cumpla adecuadamente sus actividades de protección del ecosistema de la capital chapaca.
Cabe recordar que antes de convertirse en un departamento la oficina de Medio Ambiente era una Dirección Municipal. Ese cambio significó ahora esta repartición esté casi al fondo del organigrama institucional, lo cual derivó en debates en el Concejo Municipal en varias oportunidades.
El Plan Operativo Anual (POA) aprobado cuenta con un monto total de 428.529.732 bolivianos, de los cuáles 309.000 bolivianos fueron asignado al Departamento de Medio Ambiente, es decir, menos de un tercio de millón, lo que significa un 0.07 por ciento.
El vicepresidente del Concejo Municipal, Sergio Gallardo dijo que se trata de un porcentaje mínimo, tomando en cuenta lo que la misma Ley Marco de Autonomías define como competencias del Gobierno Municipal, en el artículo 88 que se refiere a diversidad y medio ambiente.
Dice textualmente que su competencia es proteger y contribuir a la protección del medio ambiente, y fauna silvestre, manteniendo el equilibro ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción.
“Es decir que la Alcaldía tiene la competencia de contribuir para proteger el medio ambiente”, indicó Gallardo a tiempo de lamentar la falta de interés de la Alcaldía en resguardar el espacio donde se habita.
Pero no es la primera crítica que se realiza al Ejecutivo municipal por no dar prioridad al cuidado del medio ambiente. En reiteradas ocasiones, el responsable de la Sociedad Protectora de Animales (SPAT), Gonzalo Torres, lamentó que las autoridades municipales no den interés a temas como la contaminación al río Guadalquivir, o la extracción de áridos, la separación de la basura orgánica o el reciclaje.
¿Y LAS SANCIONES?
Hay dos temas medioambientales que la Alcaldía tiene pendiente solucionar. La primera es la sanción a la bodega de vinos Aranjuez; y la segunda, es buscar solución al problema que está generando el Matadero Municipal. Para ninguno de los dos casos hay respuestas concretas.
“En el caso de la bodega de vinos que contamina el río Guadalquivir, mi persona planteó entregar una minuta de comunicación al Ejecutivo para que disponga de sanciones de acuerdo a las normas legales vigentes y ordene que se reparen los daños causados en el río Guadalquivir, además de realizar una inspección a lo largo del afluente porque hay otros casos similares”, indicó.
Según Gallardo, también hay que darle plazos al Matadero Municipal porque contamina el medio ambiente hace mucho tiempo. “Se tiene que tomar medidas similares, tanto para las personas privadas como para la misma Alcaldía, que tiene que dar el ejemplo”.
Por su parte, el encargado de Medio Ambiente del municipio, Franz Quiroga, comentó que la Alcaldía se reunió con la Gobernación para darle un plazo definitivo a la empresa de vinos y se pueda clausurar el desagüe. El plazo es de 15 días, tiempo en el cual debe dar una solución definitiva y cerrar el canal ilegal.
Con consultado si se le puede dar el mismo plazo al Matadero Municipal, Quiroga respondió que se trata de un tema complicado, porque son dos situaciones diferentes, ya que el primero se refiere de un canal “natural” y en el otro son aguas residuales.
“El canal de agua viene de arriba, pero fue mal utilizado por la empresa de vinos, entonces se tiene que desviar ese canal para que no sea utilizado de mala manera. En todo caso, el Departamento de Medio Ambiente realizará un seguimiento para que se hagan trabajos con el fin de mejorar la situación”, aseveró.
De acuerdo al informe de Quiroga sobre lo que ocurre con los desagües del Matadero Municipal, existe una laguna para retener el agua de tal manera que los residuos se puedan solidificar, sin embargo, reconoció que existe un descuido y anunció que enviar una nota a los responsables de esa repartición municipal para que solucionen este tema.
Asimismo, la autoridad edil dijo que la Alcaldía está en la obligación de realizar el control y vigilancia correspondiente para que las empresas cumplan con las leyes ambientales. Mientras que la Gobernación es la autoridad competente departamental para sancionar a los infractores.
“Se pasó notas para mejorar este lugar, pero no es definitivo. La idea ahora es realizar un trabajo para que no exista contaminación de una vez por todas. Hay competencias que tienen la Gobernación y la Alcaldía. El Departamento de Medio Ambiente tiene que hacer notar los problemas que ocurren. La ley no le otorga la responsabilidad para sancionar a un particular”, concluyó.
“Se tiene que tomar medidas similares, tanto para las personas privadas como para el mismo Municipio, que tiene que dar el ejemplo”.
309.000 bolivianos es el presupuesto que tiene Medio Ambiente del Municipio
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