La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) alista la implementación gradual de dos directrices sobre toda actividad maderable con el objetivo de controlar y sancionar las actividades ilegales de bosque y tierra no autorizados, de desmonte, transporte y procesamiento de materia prima. Para ello ya se comenzó con un programa de formalización del sector.
Sin embargo, la medida molesta a los madereros, barraqueros y aserraderos que advierten con radicalizar sus medidas de presión si es que la ABT insiste en instalar un sensor (chip) a cada una de sus máquinas.
La misión de la ABT se sintetiza en restituir la autoridad, pues considera que en determinados territorios no hay Estado.
Con la nueva norma se prevé eliminar la economía informal, el decomiso de maquinaria y de toda madera que sea extraída y transportada de manera ilegal.
El control lo prevé hacer a través de un sensor satelital que será aplicado de manera progresiva primero a los grandes madereros y posteriormente a los medianos.
El objetivo es controlar minuto a minuto el trabajo de las máquinas y el transporte de madera hasta las barracas. Inicialmente se prevé comprar unos 5.000 sensores, según la entidad reguladora.
Se tuvo acceso al documento que contempla a aserraderos, laminadoras, mueblerías, carpinterías, machiembradoras, desmontadoras, de secado, de transporte, barracas, exportadoras e importadoras relacionadas a esta actividad.
La norma que molesta al sector se resume en el registro de maquinaria, equipos y medios de transporte, pues toda persona natural o jurídica que desarrolle actividades de desmontes, transporte y procesamiento de materia prima, tiene la obligación de registrar ante la ABT su equipo pesado de tracción, arrastre y otros empleados en el bosque.
De igual forma, la directriz establece el registro de un archivo físico y crea una unidad de sistema de información para llevar el registro informático de los registrados.
Empero, el sector rechaza la norma y advierte con más bloqueos y marchas después de las fiestas de Carnaval.
La anterior semana los aserraderos y barracas de San Ignacio, San Javier, San Ramón y algunos de Santa Cruz paralizaron sus actividades.
Además, se denunció que no hay troncas para aserrar y también la época de lluvias impide ingresar al monte para realizar el aprovechamiento sostenible del bosque.
Reacciones
Margarita Arce
Aserraderos Santa Cruz
“Nosotros podemos aplicar las dos directrices, pero al que se perjudica es al directo consumidor, porque al aplicar estas normas se va a tener que incrementar el precio del transporte y por ende el precio de la madera en toda la cadena”
J. Luis Parada
Ñuflo de Chávez
“Con las directrices, nuestro trabajo está restringido a un área específica. Si una motosierra falla y se la tiene que llevar a repararla a otro lugar, saldríamos del monitoreo y se nos puede considerar ilegales, además de perder las herramientas”.
Julián Alpire
Maderero y transportista
“Muchos transportistas contamos con camiones viejos a los que a veces les falla la parte eléctrica, y el chip que se quiere implementar puede fallar. Por lo tanto, se puede dar el caso que la ABT diga que hacemos trabajos ilegales”.
Luis Ribera B.
Aserraderos Ñuflo de Chávez
“Hay un excesivo cobro por desmonte que ronda los 180 dólares la hectárea contra un dólar que maneja por plan de manejo y tarda cuatro meses en procesarse. No hay un solo ingeniero forestal que cuide los bosques, la ABT permite la ilegalidad.
«Las trancas móviles no son garantía para nada»
Clíver Rocha | Dir. ejecutivo de la ABT
- El sector maderero ha rechazado las nuevas directrices que pretende aplicar su autoridad y viene efectuando protestas en el departamento. Además piden su renuncia. ¿Cuál es su posición?
- Lo que me causa sorpresa es que hay un conjunto de actores y dirigentes que vienen aquí y firman acuerdos y luego aparecen allá. El señor Pavel Salvatierra en representación de las ASL ha firmado un acuerdo; con los madereros de Pando estamos en proceso de constituir un convenio; con Riberalta, Guarayos, Santa Rosa, Yapacaní y San Julián también hay avances. El martes nos hemos reunido con los barraqueros de Santa Cruz y estamos haciendo una recategorización de las barracas, además de los aserraderos. Por supuesto que los pequeños no manejan grandes cantidades de madera, más bien son víctimas de los grandes madereros ilegales. Vamos a seguir con la normativa hasta frenar toda actividad ilegal en el país.
- Pero ellos argumentan que habrá una persecución y además que esta norma afecta al conjunto del sector. ¿Qué va a hacer?
- No vamos a fregar a los pequeños, vamos a controlar a los que originan la ilegalidad. Mucha gente del transporte viene a denunciar que no sabe de la madera ilegal y que los utilizan. Entonces, nosotros los vamos a proteger para que sean legales. Hay muchos mecanismos de operación ilegal, uno de ellos son los certificados forestales de origen (CEFO), es una especie de carné que permite respaldar lo que se transporta y lo que se está metiendo al aserradero es legal. Sin embargo, estos CEFO están en el mercado negro y son falsificados o clonados, con lo cual hacen pasar más de una vez la carga, alteran los volúmenes y el tipo de especie para justificar la extracción de madera ilegal.
- ¿Significa que las trancas móviles no funcionan?
- Las trancas móviles no son garantía para nada. Deberían haber puestos de control del Estado en distintos rubros y articulados, no como los que hay ahora que están desarticulados con una debilidad total y ahí también están los policías. Los puestos fijos son vulnerables.
- Pese al aparato coercitivo que tienen, ¿hay mucha corrupción?
- Por supuesto. El año pasado hemos decomisado 45.000 metros cúbicos de madera que significan unos 1.600 camiones. Hoy en día se decomisa cinco veces más. Esta distorsión de la economía se queda en grupos de poder. Por ejemplo en San Miguel, hay un dirigente que alienta las movilizaciones, varias veces ha intervenido las oficinas de San Ignacio y ha estado en la persecución de los funcionarios públicos de la ABT. No solamente se trata de fuerza coercitiva, las normas por sí solas no resuelven el problema de fondo. Yo les pido que trabajemos en un programa de formalización, por eso queremos tener registradas todas las máquinas.
- ¿Y qué pasa con los sindicatos ilegales de Choré?
- Es una reserva forestal y su administración y vigilancia y protección corresponden desde los municipios hasta el nivel central del Estado. Admito que la reserva está perforada por todas partes, quisiéramos desarrollar una estrategia que permita recuperar las áreas amenazadas y un programa de protección, pero por ahora no se puede actuar. Se necesita toda una estrategia.
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