La bancada de oposición presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley 266 que anula la intangibilidad al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis); plantean la paralización de la normativa.
La diputada Jimena Costa, Fernanda San Martín, Norman Lazarte y Wendy Orellana son los legisladores que apelaron al Tribunal Constitucional Plurinacional para buscar que la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis, promulgada por el Gobierno, sea declarada inconstitucional.
Los legisladores solicitaron que los magistrados dispongan una “medida cautelar” para el Tipnis, es decir están pidiendo que se aplique la paralización de la norma hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita la respectiva sentencia constitucional.
Norman Lazarte explicó que el artículo 9 y la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Primera de la ley, son contradictorias a los artículos 342 y 385 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad que protege los derechos humanos.
La Ley 180 fue una conquista de la VIII marcha indígena del 2011, cuando los indígenas de tierras bajas se movilizaron rumbo a la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que cese la construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del Tipnis.
MÁS RECURSOS
Por su parte, el diputado Wilson Santamaría manifestó que la bancada de unidad nacional también presentó un recurso legal de las mismas características contra la normativa. Se basa en tres puntos fundamentales.
El primero tiene que ver con la transgresión de la ley para la Protección de los Principios de la Madre Tierra. Se hace una evaluación de los artículos 1 y 2 de la ley cuestionada, porque vulnera lo que establece las Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, elevada a rango de ley por el Estado en el 2007.
Finalmente, la otra observación que se hace es la realización de la consulta a las 69 comunidades para la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos por el medio del territorio. Consulta que vulnero los criterios de previa e informada puesto que se hizo después que se iniciaran los trabajos de construcción. “La consulta póstuma no puede ser usada para validar la ley que fue aprobada por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque vulnera los preceptos de la Constitución Política del Estado, entre ellos la integridad del territorio indígena originario que incluye el aprovechamiento de la tierra y el uso exclusivo de los recursos naturales”, explicó Santamaría.
Se prevé que en los próximos 15 días el recurso sea admitido y en tres meses el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre el fondo de la causa.
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