“Se han violado derechos fundamentales: Se vulneró el derecho a la vida con las fosas de los dragueros ilegales donde se ahogan niños y se vulnera el derecho a la seguridad pública cuando se destruye el cordón ecológico que protege a las ciudades de una inundación”, señaló Eliana Torrico, activista del Colectivo Árbol, de Santa Cruz de la Sierra, durante la reunión de evaluación con autoridades municipales de El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Colpa Bélgica, Montero y Portachuelo, a convocatoria del Searpi, según publicó El Deber en su edición digital.
El encuentro es consecuencia de la alerta disparada por la Alcaldía de La Guardia y por el Searpi. Esta última institución identificó en su diagnóstico ambiental 343 casos de delitos contra el río y alertó un desastre ecológico.
El Colectivo Árbol planteó en el encuentro que las autoridades competentes de la Gobernación de Santa Cruz, los municipios involucrados e, incluso, la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) asuman las responsabilidades que les tocan por ley para proteger la cuenca, pues percibe que la sociedad civil se encuentra indefensa frente a los delitos ambientales descritos.
El arquitecto y urbanista Luis El-Hage sostuvo durante el encuentro que tuvo lugar esta mañana en el Searpi que casi todos los alcaldes brillaron por su ausencia en un tema que es realmente relevante, salvo el caso del alcalde Jorge Morales, de La Guardia, que sí asistió y asumió compromisos en persona.
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