Diferentes miradas. La preocupación, de analistas e investigadores, estriba que dichos retos basados en grandes inversiones y la construcción de megarepresas se los hace más al calor de una coyuntura política que a una cualificada visión de país con desarrollo sostenible”.
"El problema radica en que el Gobierno, recién se da cuenta que los ingresos por exportaciones han caído y las reservas hidrocarburíferas están disminuyendo; entonces no hace otra cosa que apostar a esos megaproyectos de energía para exportar, pero sin prever las consecuencias medioambientales. Con todo, solo se viola la Constitución Política del Estado (CPE)", describe en su análisis, Julio Alvarado, economista.
Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), señala que dichos proyectos son muy sensibles ya que tocan áreas muy ricas en biodiversidad, al constituirse en reguladoras del clima, generadoras de agua. "Esta situación no se justifica nada más por generar energía para exportar, bajo la lógica de convertir a Bolivia en el centro energético para el continente, pero con un costo social y ambiental muy alto. Además, no es sostenible, porque esto va a permitir e inundar grandes zonas", señaló.
Los impactos previsibles. Según refleja el Cedib en su análisis, en el caso del proyecto Cambari, cuyo estudio en desarrollo arrancó en abril del 2015, en el que se prevé una inversión de al menos $us 234 millones, para generar 93 megavatios (MW), se encuentra directamente localizado la Reserva Natural de Tariquia (Tarija).
"Comprende la construcción de una presa de hormigón de 120 metros de altura en el curso principal del río Grande de Tarija a 15 kilómetros arriba de la confluencia con el río Itaú y aguas abajo de la confluencia con la Quebrada de Santa Clara. "Esta presa generará un embalse de regulación de 1.007 hm3 (equivalente a 1.000 millones de litros)",argumenta.
Otras referencias dan cuenta que en dicho proyecto, aún no se ha iniciado el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ni el trámite de Licencia Ambiental para el diseño final de la presa.
Sin embargo, el proyecto ya identificado en 1973 con apoyo técnico de la OEA, forma parte de un conjunto de posibles represas en la parte alta de la cuenca del río Bermejo que se impulsó en 1995 como parte de un “Acuerdo para el aprovechamiento múltiple de la Alta cuenca del río Bermejo y Tarija” entre Bolivia y Argentina. Quedó suspendido en 1998, se retoma el 2005 al declararse el proyecto de prioridad nacional en Bolivia.
En el caso del proyecto Ibirizú que involucra al Parque Nacional Carrasco en el departamento de Cochabamba, según el Cedi, no existe información respecto a impactos ambientales pero se estima que serían inundadas unas 100 hectáreas de terreno y la necesidad de desmontar al menos 20 hectáreas de áreas forestales. Sin embargo, se prevé una inversión de $us 875 millones para generar al menos 245 MW de energía, cuya construcción de la represa o el embalse se iniciará el 2017.
En el norte La Paz. Es el proyecto de mayor ambición que encara el Gobierno y el que más polémica ha desatado estos días. Su afectación tiene que ver directamente con el Parque Nacional y Área Natural del Manejo Integrado del Madidi.
El pasado miércoles 27 de julio el Gobierno firmó con la empresa italiana Geodata el “Contrato de Estudio de Diseño Técnico de Inversión del proyecto Hidroeléctrico El Bala”. Según el Gobierno, la gigante apuesta generará 3.676 megavatios (MW). “Tenemos que garantizar estas inversiones para que La Paz sea un centro energético”, manifestó el presidente Evo Morales.
Los impactos, según expertos ambientalista, están asociados a la extensa área inundada que resultaría de represar las aguas del río Beni en el estrecho de El Bala (estimaciones dan cuenta de hasta 200.000 hectáreas. Si la presa fuera de 150 metros menos superficie si el proyecto consiste de una serie de presas de menor altura).
En contacto con la agencia ANF, los ambientalistas, Cecilia Requena y Vincent Boss, advirtieron durante la semana sobre los graves riesgos ambientales que ocasionaría la construcción de dos represas en el norte paceño, El Bala y Chepete. “Me parece que el Gobierno mantiene una especie de negación completa de todo lo que implica el cambio climático y para analizar alternativas referidas a impulsar las energías renovables” señaló a ANF Requena.
A su vez, Crespo señala que las afectaciones tienen relación con los impactos sociales con la respectiva expulsión de comunidades indígenas y el perjuicio de especies de flora y fauna, además de riesgos de inundaciones.
"Es que no se está valorando los efectos acumulativos, del impacto en otras regiones. Entonces, el Gobierno no ve esos elementos", argumentó.
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, informó que la afectación ambiental derivada del proyecto hidroeléctrico El Bala será del 1.9%, que es inferior a la revelada por estudios anteriores. “En 1958 se ha hecho un primer estudio de El Bala que señalaba una generación de 1.600 megavatios (MW) y tendría una afectación del 18%. En 1995 se hace otro estudio que señalaba una generación de 2.460 MW y afectación del 6%. El último Estudio de Identificación con la empresa Geodata, culminado recientemente, nos señala que el proyecto generará 3.676 MW y tendrá una afectación del 1.9%, es decir más generación y menos afectación”, señaló.
Otros proyectos
Misicuni y Rositas están en el ojo de la duda
Parque. El Proyecto Múltiple Misicuni comprende la construcción de una presa en el curso del río del mismo nombre, cita el Cedib. Su trasvase hacia el área metropolitana de Cochabamba en sus primeras fases, en su tercera fase incluyen el trasvase de aguas del río Putucuni y Viscachas. Su afectación tiene que ver con el Parque Nacional El Tunari. Su carácter múltiple implica componentes de provisión de agua potable, agua para riego y generación de energía eléctrica a ser inyectada al Sistema Interconectada Nacional (SIN).
Inversión. El proyecto arrancó el 2010, cuya inversión de $us 130 millones, prevé entrar en operaciones en su primera y segunda fase el 2017 para generar 80 MW. En cambio, la tercera fase, no cuenta con estudio de impacto ambiental, sin embargo, espera alcanzar un total de generación de 120 MW.
ROSITAS. Aún en proceso de estudio, según el plan de gobierno, se prevé la construcción de al menos ocho pequeñas represas a lo largo del Río Grande. Según Probioma, a dicho proyecto hay fuertes oposiciones de los municipios desde Vallegrande y Cabezas, dado que implica la expulsión de grandes extensiones de tierra con uso agrícola. "Tendrá resultados contradictorios, habrá daño ambiental y por otro fomentará el monocultivo de grandes hectáreas", señaló Crespo.
Punto de vista
'Los embalses tienen consecuencias serias'
Óscar Campanini
Investigador
“Los proyectos hidroeléctricos tienen impactos ambientales que dependiendo del caso pueden afectar seriamente los ecosistemas en los que se construyen, afectando el propósito de ser tales de las áreas protegidas.
En el caso de presas las zonas de inundación, que dependen de las dimensiones del proyecto y la zona en la que se ubican; es sin lugar a dudas el impacto más visible y directo; sin embargo, los impactos más profundos son otros.
Dicha afectación tienen que ver básicamente con la alteración del sistema hídrico que en algunos casos puede: en otros incrementar el riesgo de inundaciones en la parte alta, como es el caso del Complejo del Río Madera (proyectos Cachuela Esperanza y Represa Binacional Bolivia-Brasil). En tanto en El Bala, se corre el riego de alterar las características de los ríos aguas abajo. En lo referente al proyecto Cambarí se altera los sistemas acuáticos, su hábitat y el ciclo de reproducción asociado al trayecto migratorio de diferentes especies, a su vez las poblaciones que tienen dentro de sus actividades la pesca.
Otro es que se afecta en algunos casos el comportamiento de ciertas especies de insectos que transmiten enfermedades (Técnicamente se denominan “vectores”). Con las respectivas consecuencias sobre la salud de poblaciones cercanas.
Afecta en algunos casos de forma directa poblaciones que habitan o hacen diferentes usos territoriales de las áreas inundadas”.
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