En 7 años hubo 3 detenidos y 60 juicios por atentar contra la fauna

En siete años, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas llevó adelante 60 procesos penales por atentar contra la fauna silvestre. Actualmente tres personas guardan detención preventiva debido a la caza furtiva de vicuñas.

“Desde 2009 hemos registrado 60 procesos penales por delitos cometidos en contra de la fauna silvestre; de éstos tenemos actualmente a tres personas con medidas cautelares por cazar vicuñas en Potosí y La Paz”, informó la directora de Biodiversidad, Teresa Pérez.

La autoridad señaló que el tráfico ilegal de la vida silvestre es el tercer delito mundial, después de los crímenes por armas y la venta de drogas.

En Bolivia, además de la Constitución Política del Estado (CPE), hay dos leyes vigentes que protegen a la fauna silvestre: la 1333, de Medio Ambiente; y la 700, de Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato, además de los decretos 22641 y 25458.

Rodrigo Herrera, abogado de la Dirección de Biodiversidad y especialista en medio ambiente, precisó que de los 60 procesos, tres personas están con medidas cautelares: dos en la cárcel de Cantumarca, de Uyuni (Potosí); y el otro en San Pedro (La Paz).

Los dos primeros individuos son investigados por supuesta caza furtiva de vicuñas, ambos fueron capturados por los comunarios de Uyuni. La tercera aprehensión fue en el municipio de Calacoto (La Paz), también por el delito de caza de vicuñas.

Auquénidos. La vicuña es un mamífero preciado por su fibra de lana. El mercado ilegal comercializa el kilo de vellón (lana esquilada) desde Bs 2.200. Según Herrera, este camélido es el segundo animal más cazado por los traficantes de fauna, después del jugar, cuyos colmillos cuestan Bs 700, por pieza.

Las tres detenciones se realizaron en octubre de 2015 con el apoyo de la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma). “Se interpuso la querella y solicitamos al juez que instruya la detención preventiva de las personas”, informó Herrera, tras indicar que el resto de los casos están en proceso de archivo por falta de elementos, como la no ubicación de los presuntos culpables o las pruebas insuficientes.

Mencionó que en diciembre de 2014 se logró allanar en Rurrenabaque (Beni) la vivienda de un ciudadano chino, quien trataba de exportar colmillos de jaguar. El sujeto fue remitido a la cárcel, pero apeló a las medidas cautelares y salió en abril de 2015.

Agregó que oficialmente existen 150 piezas dentarias decomisadas, y para alcanzar esa cantidad se habla de 30 jaguares muertos entre 2013 y 2015. El director de la Policía Forestal de Medio Ambiente (Pofoma), Fausto Téllez, informó que durante 2015 su oficina recepcionó unos 500 casos entre denuncias de maltratos, tráfico y muerte de diferentes especies.

En noviembre del año pasado, Humberto Masay posteó en su cuenta de Facebook fotos de una cacería, en la que mostró cómo desollaba a un jaguar. El fin de semana Carina Solano subió a la red social imágenes con un ejemplar de la misma especie. Pero hay otras tres personas, una mujer de Santa Cruz y otras dos (padre e hijo), que postearon fotos con jaguares muertos. La Dirección de Biodiversidad sigue procesos penales a los cinco individuos.

Pérez dijo que se aplica el artículo 111 de la Ley 1333, que determina como delito “el incitar y/o promover el producto de la cacería de animales que son declarados en veda”. Amparados en el artículo 223 de la misma norma, este tipo de crimen tiene una sanción de hasta seis años de cárcel.

Cuestionan retardación de justicia en procesos

El desconocimiento de las leyes es traba para frenar los delitos contra la fauna

La retardación de la justicia boliviana y el desconocimiento de las normas por parte de ciudadanos y operadores son los principales obstáculos para el avance de los procesos a personas que incurren en delitos contra la vida silvestre.

“Al igual que los casos de feminicidio, los procesos relacionados con la defensa de los animales también son lentos, y el desconocimiento por parte de las autoridades retrasa aún los juicios”, dijo el abogado de la Dirección de Biodiversidad, Rodrigo Herrera.

Agregó que en el caso de los traficantes de colmillos de jaguar, que son por lo general ciudadanos chinos, se tropieza también con la dificultad para encontrar los domicilios para hacer las notificaciones respectivas y buscar algunos elementos probatorios.

La representante de Amor por los Animales Bolivia (Aplab), Ana Serrano, sostuvo que la Ley 1333 no se cumple en muchos casos y mencionó como ejemplo que las autoridades del Zoológico Andino de Oruro tenían el compromiso de no poseer animales de tierras bajas, como los monos, pero éstos aún habitan en el lugar.

Tampoco hay avances en el caso de unos jóvenes que posaron en Facebook con animales muertos, pese a que se recolectaron firmas para procesarlos. “El ministerio dijo que el caso había pasado a un fiscal y a la Gobernación de Santa Cruz, pero no hay resultados”, cuestionó.

El Comercio de colmillos

La venta de colmillos de jaguar está dirigida a China y Alemania. En un operativo se encontró piezas camufladas en cajas de chocolate, en frascos de maca y en sábanas que iban a ser trasladadas por correos del país.