La jueza Julia Parra informó de que rechazó los memoriales que piden centralizar en un solo juzgado las causas sobre la intervención policial a la marcha indígena. En tanto el fiscal no aclare la unificación del proceso, éste se encuentra paralizado. La parte acusadora advierte dilación.
En cumplimiento al instructivo del fiscal general del Estado, Mario Uribe, que pide unificar las causas de los hechos ocurridos en Yucumo, entre el 24 y 25 de septiembre, la fiscal Patricia Santos interpuso ante el Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal, el 6 de diciembre, una excepción de incompetencia respecto a los juzgados que ejercen el control de los otros procesos.
Parra, quien trabaja en suplencia del Juzgado 9° y debe resolver este extremo, señaló que, mediante providencia, pidió a la fiscal Santos que precise el número IANUS del caso (sistema de seguimiento de causas penales) para identificar el proceso, establecer la fecha de ingreso del mismo y quiénes son los sujetos procesales o partes, ya que esta situación no habría sido advertida en el memorial.
“No son errores ni son fallas, simplemente se pide precisión en la información (...) Se está pidiendo información más concreta, más específica para poder pedir, a su vez, otras informaciones que vamos a requerir en el futuro para el trámite de la solicitud de incompetencia”, justificó la jueza.
Retardación. Empero, la abogada Aida Camacho, quien patrocina a los dirigentes del Movimiento Sin Miedo (MSM) que son parte querellante en uno de los casos, sostuvo que este tipo de actuaciones tienden a generar una retardación en las investigaciones.
“La jueza dice que complementen la información y son dos semanas que tampoco los fiscales han presentado nada, con lo que de manera deliberada, de manera absolutamente voluntaria, están haciendo retardar este proceso de investigación”, dijo Camacho, e hizo notar que hace semanas que no se convoca a declaraciones ni se realiza acto investigativo alguno.
La presentación del citado memorial impidió la toma de declaraciones al comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, por parte del fiscal Ángel Ponce, quien es parte de la comisión del Ministerio Público y veía específicamente la denuncia planteada por el MSM, respecto a la agresión que sufrieron los indígenas marchistas y a los contratos con OAS.
Poco antes se suspendieron las declaraciones del exministro de Gobierno Sacha Llorenti, pero por falta de coordinación a la hora de notificarlo.
“Todas las acciones dilatorias se han presentado nuevamente y con todos los vicios para dejar este caso en la absoluta y completa impunidad”, denunció Camacho, aunque la jueza Parra desvirtuó la posibilidad. “El procedimiento penal prevé que todos los actos de investigación que se estén sustanciando puedan ser plenamente válidos hasta que se resuelva el tema de la incompetencia”, explicó.
La complementación de la información permitiría avanzar a la jueza, pero debido a la fecha la fiscal Santos se halla de vacación y Camacho no duda en solicitar otro fiscal.
Dos Procesos en el caso
Sábado 24
La fiscal Santos investiga la toma como rehén al Canciller y agresión a policías.
Domingo 25
El fiscal Ángel Ponce ve la intervención a la marcha y los contratos de la constructora OAS.
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