A pesar de que este medio intentó contactarse en dos oportunidades al director del Parque Nacional Tunari, José Cruz, éste dio a conocer a través de funcionarios que tenía otras actividades y que luego de realizar el cambio de personal recién dará a conocer los avances de la primera de cuatro fases del plan de manejo.
Varias fuentes que realizan un seguimiento del plan informaron que el trabajo se halla paralizado desde hace un mes, debido a que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba ordenó a las cinco provincias del área Chapare, Cercado, Quillacollo, Ayopaya y Tapacarí, que no permitan el ingreso de la consultora internacional “Faunagua” que hace el estudio. El propósito es aprobar primero una adecuación de la Ley de Protección del Parque Tunari a la Constitución Política del Estado.
El representante del Foro Cochabambino de Medio Ambiente (Focomade), John Zambrana, denunció que el plan se realiza sin participación social. “Hasta ahora no se conoce lo que se hizo (…) Lo único que sabemos es que han firmado contrato en septiembre, empezaron en diciembre y concluyen en septiembre”, dijo. Añadió que varias veces intentaron acceder a información pero sin resultados en el Sernap.
El Parque Nacional Carrasco tampoco cuenta con un plan de manejo. El director de esta área protegida, Marcelo Janco, informó que sólo se tiene una zonificación preliminar. “Estamos tratando de conseguir fondos”, dijo. La meta es comenzar en 2016.
El director del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Diego Vidal, informó que además de contar con un plan de manejo tienen planes específicos para el manejo de cacao, lagartos y forestal, además de un reglamento de operación turística. Por otro lado, trabajan en un plan de aprovechamiento pesquero del río Isiboro, en el trópico.
A ello se suma que en 2015 renovarán el plan de manejo puesto que cumplió su ciclo de vida de 10 años. Los enfoques de estos instrumentos son de conservación de los recursos naturales y aprovechamiento sostenible para mejorar las condiciones económicas de las comunidades indígenas de la zona.
Análisis
El responsable de Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana (SGAB), Gregory Paz, señaló que: “Los planes de desarrollo son buenos, pero, no solucionan los problemas ni son las causas de los problemas que hay en todas las áreas protegidas”. Asimismo, aseveró que corren el riesgo de ser “otro saludo a la bandera” si no cuentan con el respaldo social de los actores que habitan el área y si su elaboración no es realmente participativa.
“Un plan de manejo es un papel y si no está dentro de las expectativas de la población y la mayoría de los actores no consideran que ése es el acuerdo social bajo el cual se trabajará organizativamente será otro saludo a la bandera”, reflexionó.
Explicó que para los habitantes de los parques estos instrumentos de control y vigilancia son vistos como un freno a su legítimo deseo de mejorar su calidad de vida. Por ello recomendó elaborar planes sin el enfoque de “proteccionismo a ultranza” ni tintes fundamentalistas que “en vez de proteger ganan enemigos”.
Citó al fundador de Green Peace, Patrick Moore e instó a que primen enfoques proteccionistas pero no eco-extremistas ni conservacionista en la elaboración de los planes de manejo.
36 GUARDIAS CONTROLAN 1,9 MILLONES DE HECTÁREAS EN TRES PARQUES
Las tres áreas declaradas parques nacionales de Cochabamba: Isiboro Sécure, Carrasco y Tunari, sólo cuentan con 36 guardabosques para resguardar una enorme extensión de 1.925.357 hectáreas. Los parques son considerados reservorios importantes de fauna, flora y agua dulce. Además, de ser territorio de la población indígena.
El Parque Nacional Tunari cuenta con cinco guardabosques para controlar una extensión de 300.000 hectáreas que abarcan cinco provincias: Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Abarca 11 municipios.
El Parque Nacional Carrasco comprende las provincias Tiraque y Chapare. Actualmente, cuenta con 14 guardabosques que vigilan 622.600 hectáreas del área protegida. La situación también es crítica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure donde un grupo de 17 guardabosques controla la zona de 1.302.757 hectáreas que abarcan los departamentos de Cochabamba y Beni. Ante la crítica situación, las vulneraciones de los tres parques continúan sin cesar.
El ambientalista, John Zambrana, cuestionó la falta de capacidad operativa y financiera del Sernap para proteger los parques. Recordó que los problemas ya fueron identificados “hace años”, pero no se asumieron acciones debido a que el Estado se cierra a recibir ayuda de otras instancias.
“Los problemas están identificados hace años. Es decir, seguimos repitiendo los mismos problemas pero no se hace nada para dar soluciones o tomar acciones concretas. Esto es porque las áreas protegidas, a través del Sernap, son una responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Se cierran a la participación de instituciones, cooperantes y también de la misma comunidad”, señaló.
Los cuestionamientos también recayeron en el Gobierno. El ambientalista Marcelo Delgadillo observó el discurso de protección a la Madre Tierra frente a la reciente decisión del Gobierno de permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Recordó que en el Parque Carrasco ya se inició y en el Isiboro Sécure todavía no, “pero ya lo harán”. Además se emiten permisos de desmontes masivos en las áreas protegidas del departamento de Cochabamba.
PUNTOS DE VISTA SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO
JOSÉ ANTONIO BALDERRAMA, BIÓLOGO DE LA UMSS
“Urge educación e investigación”
La educación ambiental es urgente. Si las personas no ven que es importante lo que tienen, no les va a importar si hay un plan de manejo, si hay políticas o normas o no para regular esto. Hay tantas normas y reglamentos pero nadie los respeta, siguen entrando, cazando, destruyendo hábitat cortando árboles, porque no les importa y no les genera los recursos que ellos quieren. (…) Hay un descuido a nivel del Sernap y del Gobierno en relación a la protección que debería ejercer en estas áreas porque en algunos ya no hay guardaparques. Otra cosa importante es que tampoco hay investigación (…) Las áreas protegidas sólo están con el nombre.
GREGORY PAZ, SOCIEDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL BOLIVIANA (SGAB)
“Definieron las áreas políticamente”
El pecado original que tenemos en todo el sistema de áreas protegidas es que todas han nacido por una situación política. En el Parque Tunari no sabían que límite ponerle y le pusieron una cota, 2.750. En pocos años la población urbana llegó y lo traspasó. El Parque Isiboro fue definido por el Gobierno de Barrientos cuando trató de hacer la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y comenzaron las dificultades por un límite departamental no definido, como una medida tampón se inventó un área protegida en los límites en conflicto. El pecado de todas las áreas es que las han definido por la presión.
ERICK MARTÍNEZ, COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COCHABAMBA
“Plan, herramienta útil para parques”
Los planes de manejo son herramientas útiles para administrar un área protegida. Todas las áreas deben contar con áreas de manejo según su categoría (…) Lo que se busca con todas estas estrategias o criterios y acciones expresadas en un plan de manejo es mitigar y prevenir todos los efectos negativos y tratar de potenciar los efectos positivos (…) Lo que hace es planificar los instrumentos para cuidar el lugar. El principal enfoque -que debería primar en su elaboración- es la categoría del área protegida y los beneficios para Bolivia y los que viven allí. Son los dos criterios que se deben manejar.
PANORAMA CRÍTICO
ISIBORO AFRONTA TALA Y PESCA ILEGAL
El Parque Nacional Isiboro Sécure está amenazado por el avance de los cultivos de coca y la tala ilegal de árboles. El director del parque, Diego Vidal, informó que los extractores optan por maderas semiduras como la mara y cedro. Al mes se registra una denuncia de tala. En 2014, se recibieron 10 de Cochabamba y cinco de Beni.
Otro problema es la pesca ilegal en el río Isiboro sobre todo en la comunidad Puerto San Francisco, en el municipio de Villa Tunari. El Sernap informó que con el propósito de frenar esta actividad se creó la Asociación Indígena de Pescadores que agrupa a 200 indígenas de seis comunidades asentadas en los ríos. Otra amenaza es la contaminación del afluente por descargas líquidas de centros urbanos, basura y las lavanderías. Añadió que la Ley 180 de Intangibilidad afectó los planes de manejo forestales, cosecha del cacao silvestre y el aprovechamiento de cuero de lagarto para las comunidades indígenas.
ASENTAMIENTOS SECAN ACUÍFEROS EN TUNARI
A pesar de ser un área protegida y concentrar la zona de recarga de acuíferos, la ladera sur del Parque Nacional Tunari está afectada por la proliferación de asentamientos de todo tipo desde lujosas mansiones hasta humildes construcciones precarias por encima del límite urbanizable, la cota 2.750.
A pesar de la restricción para nuevas construcciones en el Tunari, las edificaciones cuentan con servicios básicos e incluso gas, cable y servicio de transporte público. Un estudio realizado por el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los recursos Naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en 2011, identificó 4.568 predios sobre la cota 2.750 de la ladera sur.
Cercado es el municipio que más hectáreas ha invadido con 198 edificaciones, le sigue Tiquipaya con 67 y Sacaba con 53. Se calcula que hay 5.000 familias, 20.000 personas en 50 urbanizaciones. Otra amenaza son los incendios que según algunos ambientalistas son provocados para limpiar zonas para el loteo de “engorde”.
DESTRUYEN HÁBITAT EN EL CARRASCO
El director del Parque Nacional Carraco, Marcelino Janco, explicó que los cultivos de coca en el área protegida erosionan el suelo del área protegida y ocasionan la pérdida de hábitat de la flora y fauna.
“Hasta los ecosistemas están alterando y no se dan cuenta estos compañeros (…) En otras palabras están tratando de eliminar el hábitat de esas especies”, afirmó. Por otro lado, la tala ilegal de madera continúa en Bulo Bulo, al igual, que la pesca ilegal.
Entretanto, el turismo en la zona de Sehuencas no está controlado y contamina el área. A ello se suman las normativas legales para viabilizar la exploración de hidrocarburos en el Parque Carrasco a través del Decreto Supremo 2366. El Sernap identificó que “las presiones más preocupantes sobre el Parque Nacional Carrasco provienen del avance del frente de colonización hacia la periferia, la explotación minera, los madereros ilegales, la pesca con dinamita, la apertura sin control de caminos y la caza furtiva”, entre algunas causas.
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