Diez organizaciones ambientales manifestaron al gobernador Edmundo Novillo su preocupación y alarma por las gestiones que realizan asambleístas del departamento para modificar la situación del Parque Nacional Tunari.
Esa área verde es un elemento vital para sostenibilidad del sistema hídrico, aguas subterráneas y también superficiales, además de dar oxígeno a la ciudad. Por ello, los ambientalistas demandaron un informe y que el parque reciba el apoyo de las actuales autoridades para “recuperar la situación ambiental del ecosistema”.
La alarma de las organizaciones ambientales surgió ante el anuncio de que el Servicio de Áreas Protegidas (SERNAP) Cochabamba, en coordinación con la Gobernación e instituciones departamentales trabajan en un plan de adecuación que prevé la regularización de al menos 60 urbanizaciones que se encuentran en Parque Nacional Tunari.
Los ambientalistas cuestionaron la falta de participación de la Unidad Gestora del Parque Tunari y de la sociedad civil. Pidieron estar presentes en el análisis y búsqueda de las alternativas de solución.
También solicitaron al Gobernador información sobre el plan para que el Parque Tunari pase a manos del SERNAP, pese a que no dispone de recursos humanos, ni económicos para esa labor. Los ambientalistas advirtieron el riesgo de que su gestión sea más débil y no logre ningún resultado a favor de este ecosistema.
Según la Unidad Gestora del Parque Tunari, todos los estudios técnicos e integrales del Parque Tunari coincidieron en la incompatibilidad con asentamientos urbanos y el posible desastre ambiental para todo el valle, si estos últimos se impusieran.
Los ambientalistas pidieron a las autoridades, acaten e impongan el cumplimiento de las leyes 6045 (4 noviembre de 1963), 1262 (13 septiembre de 1991), 1333 (27 abril 1992) y los decretos 24176 y 24781.
Las normas no autorizan los asentamientos humanos en el parque y ordenan a las autoridades la demolición de viviendas.
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