Estudio: “La minería en Bolivia sigue siendo irresponsable”

Un estudio recientemente divulgado sobre las comunidades de la cuenca Uru-Uru Poopó, en el corazón del altiplano boliviano, muestra de forma concreta que los efectos sociales y ambientales de la minería, y la gestión de sus impactos, no han cambiado en relación a la época de los gobiernos neoliberales.

“Las comunidades que viven en esa región han denunciado los graves efectos sociales y ambientales de la minería por años, y al día de hoy, a pesar de la centralidad de las temáticas del Vivir Bien, Pacha Mama o el ambiente en los discursos gubernamentales, esos impactos se mantienen”, advierten los autores del estudio.
Así, en la investigación titulada “Evaluación de la gestión socio-ambiental del sector minero en Bolivia. El caso de la cuenca del lago Poopó”, sus autores Diego Andreucci (investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Helga Gruberg (ingeniera ambiental cochabambina, experta en desarrollo e innovación rural), muestran que “si la situación actual es comparada con los anteriores gobiernos de inspiración neoliberal, no se observan grandes avances”.
Según un reciente reporte publicado en Cochabamba, el lago Poopó recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permisibles: se vierten diariamente 39 kg de cadmio, 3969 kg de zinc, 821 kg de arsénico y 73 kg de plomo.
Para Gruberg y Andreucci, “estos son valores altísimos. Los metales pesados en las aguas contaminan las plantas y el ganado, reduciendo la productividad de los cultivos y generando muertes y malformaciones entre los animales”.
Además, estos metales generan problemas de salud para los habitantes rurales que usan el agua para cocinar o lavarse. “En nuestra investigación, hasta encontramos que niños de una unidad educativa consumían agua del río altamente contaminada”, alertan.

Remediación ambiental insuficiente
Los autores también encontraron que existen serias dificultades y retrasos en la implementación de los planes de remediación ambiental: si bien gracias a las movilizaciones sociales en 2009 se declaró el estado de emergencia ambiental por las afectaciones mineras y se propuso un plan de “remediación integral” de la cuenca del lago (decreto Supremo 0335), en realidad “los objetivos de remediación logrados hasta ahora pertenecen a ámbitos secundarios, y no se han trasladado a mejoras visibles para las comunidades”.
Y es que “las empresas aprovechan la debilidad de la normativa ambiental y social y la falta de controles rigurosos para reducir sus costos de gestión”. Las empresas privadas, que muchos toman como ejemplos de “buena gestión”, por su capacidad de cumplir formalmente con los requerimientos de la normativa ambiental, producen “fuertes impactos”.
El estudio destaca el caso de la mina Bolívar—empresa Sinchi Wayra–Illapa, la transnacional más grande de la zona, por mucho tiempo propiedad de la suiza Glencore, aunque ahora con participación pública—, donde “se observan graves incumplimientos reportados por las comunidades y confirmados por encargados estatales”.
Pero estos problemas se encuentran también en cooperativas mineras, las que “actúan sistemáticamente violando las normas socio-ambientales y se resisten activamente a los controles del Estado”.
“Incluso las empresas estatales, como la minera Huanuni, se encuentran entre los principales contaminadores detectados en el estudio”, señalan los investigadores, y agregan que “incluso cuando se cumple formalmente con normas ambientales, no se puede asegurar una reducción en los impactos. Por todas estas razones, la minería en Bolivia, sigue sumida en la irresponsabilidad social y ambiental”.

Leyes neoliberales
regulan la minería
El estudio encontró también que la minería “sigue siendo regulada, por un lado, por leyes y reglamentos del periodo neoliberal, como la Ley de Medio Ambiente de 1992 y los reglamentos ambientales del Código de Minería de 1997”.
Por otro lado, la más reciente novedad bajo la administración de Evo Morales, la Ley 353 de Minería y Metalurgia (promulgada en 2014), “profundiza la marginalización de los actores comunitarios y limita la aplicación de los derechos indígenas”.
Justamente sobre esta ley, el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, advirtió que “establece un nuevo régimen de derechos en el que los operadores mineros tienen derechos preferentes, llegando a considerárseles en los hechos como ciudadanos de primera, frente al resto de la sociedad”.
Con esta ley “el Estado cede soberanía política, económica y territorial a favor de los mineros” y agregó que se impide que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su rol constitucional de controlar las condiciones de entrega de los recursos naturales estratégicos a privados
“Los recursos además no están cabalmente cuantificados y valorizados, lo que conlleva además a la entrega gratuita de otros recursos naturales que, como el agua, son intrínsecos a la actividad minera”, puntualiza Gandarillas.

Minería es privada y
primario exportadora
Según el Cedib, la minería en Bolivia no sólo sigue siendo primario exportadora, sino que se ha acentuado esta característica en los últimos años.
“La exportación de concentrados pasó de 94% (en 2005) a 97% (en 2013). En términos absolutos el volumen extraído y exportado se acrecentó alcanzando records históricos, de un promedio de 176 mil toneladas métricas finas en el quinquenio 1999-2005 a 450 mil en el periodo 2006-2013. Exportamos más que cualquier otra etapa de nuestra historia, pero en peores condiciones de intercambio”, detalla Gandarillas, director del Cedib.
Asimismo, afirma que la minería boliviana está hegemonizada por actores privados: “Sea que consideremos la prevalencia de minerales por volumen exportado (situación en la que destacan el Zinc y el Plomo) o por valor exportado (donde resaltan la Plata, el Zinc y el Oro), la participación del Estado en aquellas no supera el 4%. Tomando en cuenta el valor exportado global, la participación del Estado es de apenas 7,85%, frente al 49,58% de las cooperativas y 42,56% de las empresas mineras, vale decir 92,14% proviene de actores privados. El Estado más allá de la mina Huanuni que extrae centralmente Estaño, es marginal en el sector minero del país”.

Mineros, ¿“consentidos”
del actual Gobierno?

Ya en 2014, un estudio de Oscar Campanini, investigador del Cedib, advertía que la minería tiene mayores facilidades para acceder al agua que los humanos, y que “éste acceso más fácil para los mineros no sólo radica en su gran capacidad financiera para construir presas, pozos, aducciones u otras obras de captación y almacenamiento de agua, sino que es también parte de una política gubernamental vigente a lo largo de la historia boliviana”.
Las empresas mineras que acaparan el agua lograron evadir las regulaciones sobre derechos de agua porque no vienen del sector del saneamiento básico (así que esas leyes no les afectan), y las leyes específicas para la minería les favorecen.
Además, “todos los códigos mineros desde la ley Minera de 1880 (art. 25) hasta la reciente Ley 535 del 2014 (art. 111) establecen la propiedad/derecho de uso del agua para los mineros en el área de su explotación”, detallaba Campanini.
Así, “los mineros para captar agua para la actividad minera no necesitan realizar ningún trámite específico o pagar algún monto de dinero al Estado por el aprovechamiento y uso del agua, sin importar si estas aguas ya están siendo usadas por centros poblados, comunidades o son vitales para los ecosistemas existentes”.
Ahora, Andreucci y Gruberg también encontraron que existe en el sector de la minería un fuerte conflicto de intereses, debido a que “sigue siendo un sector económico estratégico para Bolivia y los actores mineros son aliados importantes para el gobierno”.
Un ejemplo destacado es que en la región del lago Poopó, las acciones de la Gobernación de Oruro para sancionar a la minera Huanuni por sus evidentes impactos ambientales, “han encontrado resistencias tanto en el gobierno central como en los propios trabajadores mineros”.
Según los investigadores, las comunidades afectadas perciben que el actual gobierno favorece en diversos aspectos al sector minero en desmedro del ambiente y que sus demandas no son apoyadas ni escuchadas por las instancias del Estado.
“El gobierno incluso ha actuado sobre las organizaciones campesinas e indígenas, en unos favoreciendo a los grupos que le apoyan, y en otros hostigando a aquellos que denuncian el deterioro social y ambiental. Como resultado, entre otros problemas, se ha dividido al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y se ha desempoderado a las comunidades locales”, advierten.
Los autores del estudio consideran que la creciente dependencia de Bolivia de las exportaciones de minerales, que es defendida por el gobierno como promotora del bienestar económico, “en realidad ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades rurales y ha aumentado las tensiones entre el sector minero y los pueblos indígenas-campesinos”.

Detalles de la minería en la actualidad

Barones del estaño aportaban más

El promedio de exportaciones mineras entre 2006-2013 fue de $us 2.379 millones. Pero las regalías e impuestos pagados en el mismo periodo fueron de sólo $us 222 millones: apenas el 9% de lo exportado. En contraste, COMIBOL entre los años 1952 y 1956 pagaba el 56% de lo que exportaba. Según la investigadora del Cedib, Georgina Jiménez, hoy el Estado se queda inclusive con “menos de lo que nos dejaban los barones del estaño”.

Controlan las fuentes de agua dulce

Según datos del Cedib al 2013, 15 humedales, que representan el 44% del total de la superficie de humedales en Bolivia y abarcan casi 3,4 millones de hectáreas, están superpuestos con áreas mineras. Los humedales son vitales para los seres vivos que los habitan (principalmente especies endémicas, nativas), que a su vez son esenciales para los ecosistemas. En Bolivia, están protegidos por la Ley 2357.

¿Cuánta agua consume la minería?

Campanini afirma que una operación minera consume más agua que cualquier individuo, familia o comunidad: “Huanuni consume cerca de 28.320.000 litros/día, que es el mismo volumen que consume toda la ciudad de Oruro. La Mina San Cristóbal consume cerca de 43.828.000 litros/día, equivalente a 1,5 veces consumo de la misma ciudad. El proyecto Manquiri en Potosí consume 3.897.106,85 litros/día, algo más de una séptima parte de Oruro”.