Los chaqueos descontrolados, práctica para habilitar tierras para cultivo, y los recientes incendios forestales, en los que las autoridades del ramo ven acciones “delictivas” que tienen el mismo fin, reponen la discusión sobre qué tiene más valor, si una hectárea de bosque o una hectárea de tierra cultivada.
Mientras las organizaciones que trabajan con el medio ambiente ponen de relieve el fuerte impacto ambiental, social y económico de la deforestación con fines de ampliación de la superficie cultivable; los productores y otros actores del rubro señalan que ampliar la frontera agrícola es la única forma de garantizar la seguridad alimentaria de la población, en un contexto en el que el encarecimiento de los alimentos se ha vuelto una preocupación mundial.
En promedio, el valor económico de una hectárea de bosque en el país representa la tercera parte del valor económico de una hectárea de tierra agrícola, lo que explica la fuerte motivación para expandir la frontera agraria en desmedro de los bosques, no sólo por parte de los productores, sino también por parte del Estado, señala un estudio realizado por el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad).
Los datos recogidos de los estudios realizados por el que fuera el Programa Nacional de Cambio Climático muestran que la deforestación en el país fluctúa entre 300 mil y 350 mil hectáreas por año, según reporta el periódico digital del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB).
La información añade que la superficie total deforestada es de aproximadamente 6 millones de hectáreas (la mitad en la última década) y las proyecciones muestran que para 2100 serán desforestadas 37,7 millones de hectáreas de bosques en el país.
Datos del Inesad señalan que si la deforestación continúa al ritmo actual, Bolivia se quedará sin bosques en 200 años.
“Los impactos de la deforestación pueden ser mucho más grandes que los impactos del cambio climático y, por ello, procesos para frenar la deforestación son una prioridad”, señala la investigadora Jocelijn Carmen-Thera François, basada en una revisión de los estudios hechos en el país y citada por el PIEB.
En el documento “Avances en el conocimiento. El impacto del cambio climático en la biodiversidad (Bolivia)”, elaborado este año en colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, la investigadora explica que los bosques cumplen la “función de regulación climática, protección de riesgos, conservación y regulación de los ciclos de agua, protección de cuencas y control de la erosión, fijación de carbono, hábitat de vida silvestre y diversidad biológica, provisión de alimentos, material de construcción, etc., de ahí su importancia en los procesos de adaptación y mitigación del cambio climático”.
Si bien la deforestación tiene entre sus causas a la actividad petrolera, la explotación maderera y las grandes obras de infraestructura, como puentes, represas y carreteras, la más cuestionada es la actividad agroindustrial por su impacto sobre la expansión de la frontera agrícola, que define cuál es la tierra dedicada al cultivo y cuál la tierra que se preserva como área natural intacta.
En enero pasado, el Gobierno promulgó la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que permite a los agricultores legalizar áreas deforestadas sin autorización, a cambio de producir en ellas alimentos estratégicos para garantizar la seguridad alimentaria con miras a los objetivos gubernamentales de la Agenda Patriótica 2025.
Uno de esos objetivos es producir la suficiente cantidad de alimentos para lograr la soberanía alimentaria y, además, excedentes para exportar. Con esa visión, la proyección es incrementar la frontera agrícola de Bolivia de 5,6 millones de hectáreas actuales a 9 millones de hectáreas, lo que equivale al 60 por ciento más.
La ley fue calificada en algunos sectores como un “perdonazo” que permitirá legalizar lo ilegal, es decir, permitirá habilitar bosques deforestados sin autorización. Sobre todo considerando que la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, promulgada por el presidente Evo Morales, brinda un fuerte sustento legal para frenar la deforestación en el país.
Al respecto, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, negó que el espíritu de la ley obedezca a la concesión de un “perdonazo” puesto que establece el pago de una multa y el condicionamiento a producir alimentos estratégicos y resalta que, inclusive, establece la reforestación en determinadas zonas, compromiso asumido por los productores.
“Todos tenemos derecho a tener una opinión, hay ONG (Organismos No Gubernamentales) que opinan sobre el tema; pero se debe tomar en cuenta que, a nivel mundial, va a ser cada vez más caro alimentarse”, señala y reitera que el objetivo es la seguridad alimentaria para el país fortaleciendo la producción para después poder exportar.
“Así, si hay factores climáticos adversos, no pasará lo que pasó con el maíz o lo que está pasando con (la escasez) el arroz porque incrementando la producción, suspenderemos la exportación y atenderemos el mercado”, explica.
Añade que el objetivo de ampliar la frontera agrícola no solamente apunta a garantizar la seguridad alimentaria, sino también a aportar a la generación de empleo, considerando que aproximadamente 35 por ciento de los empleos del país son generados por el sector agropecuario, del que destacó que, a pesar de sus limitaciones, sobre todo en logística, es competitivo en relación a sus vecinos de Brasil o Argentina.
“Nosotros no estamos en desacuerdo con hacer algo sostenible, también nos interesa que hay un uso racional (de la tierra).
Recibimos críticas muy duras, muy extremas, pero Bolivia tiene capacidad de producir más que sólo para el consumo local”, sostiene.
Mientras, François destaca que “hay indicadores de que a escala nacional los cambios previstos en la biodiversidad serán causados en su gran mayoría por la deforestación (…)”, añadiendo que el impacto negativo se agrava si se considera que la biodiversidad en el país ha sido muy poco estudiada y tampoco hay estudios “sobre la relación entre funciones de ecosistemas, servicios y los beneficios, ni sobre las consecuencias del cambio climático sobre esta interrelación”.
SEGÚN MONITOREO EN LA REGIÓN
El Gran Chaco pierde 1.973 Ha de bosque por día
Un total de 1.973 hectáreas, superficie que equivale a tres veces la ciudad de Buenos Aires, una de las mayores capitales del mundo, es la pérdida diaria de bosque en el Gran Chaco, según el informe presentado en el II Encuentro Mundial Gran Chaco Americano, que se realizó en Buenos Aires la semana pasada. La cifra es mayor en 933 hectáreas en comparación con julio pasado.
En el marco del encuentro, la Asociación Guyra Paraguay presentó su informe de monitoreo sobre la región en el que señala que la deforestación de agosto fue la mayor del año llegando a 61.177 hectáreas en comparación a las 32.253 del mes de julio.
El documento señala también que, en lo que va del año hasta agosto, se deforestaron 305.969 hectáreas en total. En Paraguay el promedio fue de 1.443 hectáreas diarias, Argentina registró un promedio de 356 hectáreas y Bolivia 175 hectáreas diarias.
Según el sitio noticiasambientales.com.ar, en una de las primeras mesas de trabajo destacaron las palabras de Horacio Zambaquiri (Bolivia), dirigente indígena guaraní y presidente del Consejo Municipal de Charagua, quien dijo que “los pueblos originarios guaraníes del chaco boliviano tienen mucho para enseñar sobre gestión sustentable (...)”.
Por su parte, en un saludo por video, Marina Silva, exministra de Medio Ambiente de Brasil y actual candidata a presidente, dijo que “es fundamental transformar las propuestas y programas efectivos de las ONG, sectores sociales y empresas comprometidas con la agenda de la sustentabilidad en políticas públicas. Es un modo también de dejar la queja y pasar a la acción”.
El exministro boliviano de Medio Ambiente y Aguas, René Orellana, se refirió al debate que se lleva a cabo en el seno de las Naciones Unidas donde se menciona al Gran Chaco Americano “como una de las regiones más vulnerables del mundo”, precisó.
Destacó además la importancia de “las pequeñas unidades productivas indígenas y campesinas que generan 25 por ciento del empleo mundial” y la necesidad de apoyarlas y concluyó señalando que “los objetivos de desarrollo sostenible deberían plantear una reforma de la arquitectura financiera mundial y mayor participación de los países en desarrollo”.
El objetivo del encuentro fue abordar conjuntamente los desafíos que presenta uno de los bosques más importantes y biodiversos del mundo compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay.
OPINIÓN
Gary Rodríguez. Gerente General Instituto Boliviano de Comercio Exterior
"Hay que respetar la vocación productiva"
Como es bien sabido, la naturaleza tiene diferentes opciones de proveer alimentos al ser humano, en función de sus múltiples necesidades.
La disquisición entre mantener el bosque sin tocarlo versus utilizar la tierra para producir alimentos continúa vigente.
Bolivia tiene un gran potencial agrícola y pecuario para desarrollar. En este momento, existe el convencimiento, tanto de parte del Gobierno como de los productores de incrementar la producción de alimentos para acabar con la pobreza extrema, como parte de la Agenda Patriótica 2025, diseñada por el Gobierno.
Pero, ¿cómo hacerlo? Pues poniendo en movimiento el gran potencial del sector rural, elevando la producción de granos, azúcar o trigo.
Estas unidades de producción llevarían a que Bolivia consume la sustitución de las importaciones de trigo, por ejemplo.
Es evidente que hay voces que se oponen a que nos alimentemos con nuestro propio esfuerzo, pero lo hacen sin pensar en la cantidad de gente que podría tener garantizada su alimentación.
Algo similar sucede cuando se condena el hecho de que un campesino haya matado a las totaquis, aves depredadoras que agreden los cultivos agrícolas, ocasionan grandes pérdidas y privan del alimento a muchos seres humanos. Es lo mismo que protestar porque se extermine una plaga de ratones que infeste una ciudad y cause un problema de salud pública.
Si Bolivia tiene 30 millones de hectáreas para uso agrícola y pecuario, su utilización no debería significar una preocupación en función del aprovechamiento que se les podría dar.
Debemos privilegiar las necesidades del ser humano por encima de las de la naturaleza, pero sin agredirla, respetando la vocación productiva.
Bolivia tiene recursos agroproductivos y forestales importantes y se debería trabajar en fortalecer ambos con el fin último de mejorar las condiciones de vida de la población.
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