Por cada tonelada de mineral y roca extraídos de los yacimientos se emplea en promedio y según la tecnología un metro cúbico (mts3) de agua, tanto de fuentes superficiales como de acuíferos subterráneos. Expertos e investigadores dicen que esta es una relación perversa e inequitativa entre minería, agua y comunidades afectadas que se está profundizando en el área rural, vulnerando derechos como el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la preservación del hábitat.
La agrónoma Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA); el agrónomo Jaime Caichoca, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA); y la bióloga Rosario Tapia, de la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE), coinciden en que la minería está provocando doble pérdida del agua, tanto por la contaminación que genera, como por el consumo de ingentes cantidades del líquido elemento, lo que incluso pone en riesgo las reservas futuras.
El presidente de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Laime, aseguró que las más de 80 comunidades afectadas por la contaminación minera identifican como uno de los principales problemas de la minería el uso de agua dulce de fuentes naturales, como ríos, lagunas y acuíferos por parte de las mineras. Lo que retornan son aguas salinizadas y contaminadas.
"Las aguas que utiliza Inti Raymi en sus dos operaciones (Kori Chaka y Kori Kollo), provenientes del río Desaguadero, lago Titicaca, Uru Uru y Poopó son utilizadas en grandes cantidades, esto es injusto para las comunidades que se ven afectadas por la contaminación de sus aguas y suelos, y la erosión de terrenos productivos", señala.
Según Caichoca, entre las comunidades afectadas por la minería existe gran susceptibilidad por las auditorías ambientales, debido a que un tercer informe elaborado por una empresa internacional sobre el impacto de Kori Kollo, desmiente los resultados de los primeros estudios realizados por la Universidad Técnica de Oruro (UTO) al suelo de varias comunidades, en el que se advertía de la presencia de 63 milímetros (mm) de cianuro por kilogramo de tierra. "En el último se habla de apenas un 0,003 mm de cianuro por kilogramo de suelo", dice.
Los datos del investigador señalan que Kori Chaka utiliza 4.147 mts3/ día de agua superficie y subterránea, mientras que Kori Kollo emplea 22.040 mts3 /día de agua subterránea y del río Desaguadero. Durante el periodo de su operación, Kori Kollo generó aproximadamente 8.000 mts3/día de aguas residuales; su acumulación en piscinas de evaporación es un factor de salinización de acuíferos.
De acuerdo a recientes estudios del CEPA se ha podido establecer que diariamente 17 ríos que desembocan en el Poopó llevan en su cauce, 2,2 millones de kg de cloruros, 3.979 kg de zinc, 821 kg de arsénico, 39.945 de cadmio y 73 kg de plomo.
Ángela Cuenca, del Colectivo CASA, señala que con las nuevas tecnologías las empresas mineras requieren de mayores cantidades de agua. Por ejemplo, la minera San Cristóbal emplea entre 42.000 y 50.000 mts3/día de acuíferos subterráneos, cantidad equivalente al consumo en el casco viejo de la ciudad de Cochabamba.
"La minera Sinchi Wayra está operando en Oruro; tiene dos minas, en Bolívar y Poopó, en la primera utilizan 24.485 mts3 de agua subterránea por día equivalente a lo que consume la ciudad de Oruro; es decir, lo que sirve para abastecer a 235.700 personas", señala.
Uno de los casos más dramáticos por los impactos de la minería, dice, es el de la comunidad Totoral, ubicada a tres kilómetros de la mina Bolívar, donde las familias reciben apenas 30 litros de agua por semana para su uso, mientras que la empresa emplea 120 litros por segundo. "Estas son las relaciones perversas e injustas que se están dando a causa de la minera intensiva".
A raíz de las actividades intensivas de minería, las comunidades denunciaron la desaparición de aguas subterráneas y fósiles, además de la no recarga de acuíferos en época de lluvias, lo que agrava aún más la situación.
La bióloga Rosario Tapia atribuye al auge de los precios de los minerales en el mercado internacional, la expansión de la minería y por ende, de los conflictos económicos y sociales que se están generando en las áreas de explotación, sobre todo en el departamento de Potosí, que concentra la mayor cantidad de cooperativistas. Sin embargo, observa que faltan mayores estudios sobre el estado de las lagunas, para tener mayor conocimiento del estado de contaminación de todas las fuentes de agua.
Para Tapia, la gestión ambiental a nivel nacional, departamental y municipal en materia es débil y no ha sido capaz de hacer respetar las normas vigentes, ya que actualmente en Potosí existe una gran cantidad de cooperativas operando sin licencia, mientras que las grandes empresas hacen de juez y parte, pues están encargadas de emitir sus propios informes ambientales.
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