Video Los bosques de Pando se reducen en favor de la “frontera agrícola” y del narcotráfico

Hasta antes de su detención, Mauro Vásquez gozaba de protección directa del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con quien mantuvo un pacto político desde septiembre del año 2008 (tras ser excarcelado por primera vez)  en una “colaboración mutua”que abarcaba la incorporación del ”Mauro” en un aparato de inteligencia militar dirigido personalmente por Quintana.
Al parecer, Vásquez excedió los límites de la permisividad en su relación política con Quintana, reactivando e intensificando, especialmente en los dos últimos años, la ruta local de la cocaína peruana hacia el Brasil, que el narcotraficante pandino ya había explotado casi monopólicamente (a costa de sanguinarios ajustes de cuentas por el control territorial mediante su propia organización de sicariato) entre los años 2004 y 2008. Cuando fue detenido el pasado 18 de noviembre por una iniciativa conjunta entre las policías de Bolivia y Brasil, el ministro de Gobierno Carlos Romero informó de ese hecho a Quintana, quien, ante la irremediable captura de su protegido sólo atinó a “recomendar” que encierren a Mauro Vásquez en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro debido a que se trataba, según el propio Quintana, de ”un hombre muy peligroso”.
Las declaraciones efectuadas por Carlos Romero respecto a la “sugerencia” de Quintana para encerrar a Vásquez en Chonchocoro, se publicaron en una edición dominical del periódico La Razón (2 de diciembre), editada con pocas horas de diferencia antes de la difusión, en la edición digital de Sol de Pando del viernes 30 de noviembre, de unos audios originales que demostraban fehacientemente la estrecha vinculación del narcotraficante con el Ministro de la Presidencia.
Actualmente Mauro Vásquez, como detenido preventivo, goza de un novedoso “régimen de mínima seguridad” recientemente estatuído dentro la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Se desconoce su situación legal; pero es evidente la ruta abierta por este bizarro personaje para introducir la cocaína peruana al Brasil usando los oscuros descampados de Bolpebra y las calles de Cobija, permenece intacta, gracias a la “política fronteriza” desarrollada en esta región amazónica de Bolivia por su aliado y protector, el Ministro de la Presidencia.

Perverso plan agrarista en el bosque amazónico

Un pequeño batallón en Bolpebra del regimiento Riosinho centralizado en Cobija. | Foto Silvia Antelo Aguilar

Resulta desconcertante constatar que en la ruta boliviana de la droga peruana actúan, acaso sin proponérselo exprofesamente, campesinos y “colonos” (denominados oficialmente “interculturales”) que migraron del occidente boliviano hacia la región amazónica de Pando como parte de una curiosa estrategia de “fortalecimiento fronterizo” llevada a cabo por el Ministro de la Presidencia.
Esta insólita presencia de migrantes altiplánicos y vallunos de Bolivia sobre la ruta más caliente del negocio de la droga que transita de Perú a Brasil —por territorio pandino—,  se explica a partir de una estructura de distribución de tierras ideada y diseñada por el Ministro de la Presidencia del actual Gobierno buscando convertir a Pando en un bastión electoral del régimen, mediante la otorgación de títulos comunitarios agrarios dentro las concesiones forestales ilegalmente “saneadas”.
El resultado de esa política agraria en una  zona eminentemente forestal y castañera, es el surgimiento de una masa campesina votante y cerrada, ajena a toda ideología revolucionaria y de respeto  al ecosistema amazónico. El presidente Evo Morales es reo de esta estrategia electorera pragmática e inmoral de su Ministro adulón.
Los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda para Pando indican que la población en este departamento se ha incrementado en más del 1o8%, hecho sin precedentes en la historia estadística del país. La mayor concentración de este incremento poblacional se registra en la ciudad de Cobija, que representa el 65% de la población departamental, a partir de una presencia masiva de migrantes del interior andino, muchos de ellos cocaleros oficialistas provenientes de Yungas y Chapare, que a la vez se constituyen en garantizada y obsecuente masa electoral controlada por Quintana.
Las nuevas “fronteras agrícolas” en Pando están reduciendo no sólo las áreas forestales y los bosques castañeros sometidos a “chaqueos” (quema de árboles como forma de talado y desbosque), sino también afectan a las propias áreas protegidas del Departamento. Sol de Pando informó el 3 de octubre del 2011 que,  al medir las superficies de las reservas nacionales de Vida Silvestre “Bruno Racua” y “Manuripi”, el INRA “descubrió” que no hay coincidencias entre las áreas originales y las saneadas.
“Esto se debe a que para la creación de estas áreas no se realizó trabajo de campo con instrumentos de precisión técnica”,  decía el INRA en su informe relacionado con el saneamiento de tierras en Pando, a tiempo de reconocer la existencia de una diferencia de 6.415 hectáreas entre sólo 814.000 hectáreas de extensión saneada en las dos Áreas Protegidas del Departamento, frente a las 821.054 hectáreas definidas oficialmente por las leyes que las crean.
En el caso de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica “Manuripi”, la norma que consigna su creación establece una extensión original de 747.000 hectáreas; pero el Inra saneó solamente 740.839 hectáreas, quedando un saldo de 6.161 (27%) que “tiene reconocido derecho agrario” en predios “con actividades propias”.
En el caso de la Reserva “Bruno Racua”, que fue creada con 74.054 hectáreas, sólo se mensuraron 71.088 hectáreas, registrándose una diferencia de 2.966 hectáreas que en 10% se reconocen “con derecho agrario a favor de comunidades” y el resto a otro tipo de actividades que incluyen derecho concesional forestal (actividad maderera). Un cuadro adjunto establece cifras diferentes, notándose la falta de prolijidad en el manejo oficial de estos datos.

Una oscura “frontera agrícola”

Caricatura edición impresa #10 de Sol de Pando, diciembre 2010.

Sin embargo, paradójicamente, el extraordinario “boom” demográfico de Pando no se traduce en un fortalecimiento de las siempre desguarnecidas fronteras con Perú y Brasil, o en un potenciamiento de su aparato productivo. Todo lo contrario. Esta política de asentamientos campesinos ideada por el “estratega” del Gobierno boliviano en el norte amazónico, produjo mayor inseguridad y debilitamiento en las fronteras donde el contrabando y el narcotráfico —que tributan subterráneamente a las arcas electorales administradas personalmente por el Ministro de la Presidencia— tienen mucha más vía libre que en los viejos tiempos de la propia DEA con Leopoldo Fernández y su derrotada mafia local.
Actualmente, una élite de caciques y dirigentes campesinos del sector “intercultural” trafican con dotaciones agrícolas en tierras fiscales no disponibles que se hicieron posibles mediante “recortes” dentro las concesiones forestales “saneadas” dentro la franja de los 50 kilómetros fronterizos en Pando, que es donde actualmente se asientan los principales bolsones de narcotráfico y contrabando usualmente controlados por la banda narco-sicaria de Mauro Vásquez. Luego de acumular capitales mediante la economía ilícita en las fronteras, estos mismos migrantes agrícolas asientan a sus familias en la ciudad de Cobija para invertir en actividades terciarias aprovechando las ventajas de la Zona Franca Comercial, vinculándose así con los vecinos mercados domésticos del Brasil.

Boquete para la cocaína peruana

Lejos de revertir las más de 1’600.000 hectáreas de bosques ilegalmente concedidos a empresarios madereros como concesiones forestales en reservas fiscales no disponibles—desde tiempos de Banzer, Paz Zamora y Sánchez de Lozada— dentro la franja fronteriza de 50 kilómetros protegida por la Constitución, el año 2008 el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, a la cabeza de un staff de funcionarios venales del Viceministerio de Tierras (Alejandro Almaraz), el Instituto Nacional de Reforma Agraria|INRA (Juan Carlos Rojas y Julio Urapotina) y la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras|ABT (Cliver Rocha), instruyó  el “saneamiento” de aquellas concesiones ilegales —incluyendo 250.000 hectáreas despojadas a la nación Pacahuara durante la dictadura militar de Banzer—, no sin antes extorsionar a los empresarios madereros favorecidos por tal “saneamiento”, obligándoles a entregar contribuciones electorales y a “recortar” parcelas dentro las concesiones forestales, para transferir dotaciones agrícolas (prohibidas dentro áreas fiscales no disponibles) a favor de los campesinos migrantes que se trasladaron a Pando como masa electoral cautiva.

Las concesiones forestales (color rosado en el mapa) han sido sobrepuestas con comunidades agrarias (color amarillo) especialmente en la frontera con el Perú.

Según datos oficiales publicados por el INRA, de  las 391.000 hectáreas  “recortadas” dentro las concesiones forestales fronterizas para uso agrícola, un total de 242.000 hectáreas, es decir el 62%, se concentran en la frontera con el Perú, cerca a Bolpebra, donde se opera de manera endémica el ingreso de cocaína peruana con destino al Brasil. En esta zona las concesiones forestales prácticamente han desaparecido con el ardid de la “caducidad”. Según la Policía Federal Brasileña en base a informes obtenidos durante las operaciones antidroga Ágata (V y VI) con sobrevuelos de aviones no tripulados (drones) desplegados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (Sisfron), Bolpebra y sus alrededores “agrícolas” en el departamento boliviano de Pando, pasando por Cobija, son la puerta de entrada de la cocaína peruana hacia las ciudades acreanas de Brasiléia, Epitaciolandia y Río Branco, desde donde la droga es transportada al mercado negro de Sâo Paulo.
Otro “bolsón agrícola” importante sobre reserva fiscal no disponible de Pando se asentó en el extremo norte de la concesión Cimagro, en la provincia Santa Rosa del Abuná, frontera con el municipio brasileño de Capixaba. En abril del pasado año 2012, en esta zona se produjo un conflicto entre zafreros sin tierra del Brasil y los agricultores bolivianos que intentaron desalojar a los campesinos brasileños que realizaban temporalmente recojo de castaña en el lado boliviano del río Abuná, en el marco de un convenio bilateral. Los agricultores bolivianos desconocieron ese convenio e instigaron al ejército boliviano tomar acción contra los campesinos brasileños, al extremo de irrumpir en el municipio vecino de Capixaba, donde los soldados bolivianos cometieron una serie de abusos que han sido denunciados por los organismos de derechos humanos del Brasil, sin ningún esclarecimiento hasta la fecha por parte del Gobierno boliviano.