Un análisis de deforestación que pretendía entregarse para los 450 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra destapó una realidad apremiante: la provincia Chiquitos concentra casi el 10% de la deforestación ilegal del país, desde 1996 se han talado más de 405.000 hectáreas de bosque seco chiquitano y chaqueño, de las cuales 313.000 son ilegales distribuidas en 544 predios de producción agrícola y ganadera.
Clíver Rocha, director de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT) explica que sumadas las 365.000 hectáreas deforestadas antes de 1996 (año de aprobación de la Ley INRA), se tienen 771.000 hectáreas sin cobertura boscosa, casi un tercio del total que había en la provincia, lo que hace a la cuna de la cruceñidad una de las áreas más vulneradas del país. El estudio de la ABT identifica además a las colonias menonitas como las que más impactan a los bosques, ya que concentran más del 37% de los desmontes ilegales. Los propietarios privados (pequeños, medianos y grandes) no están muy lejos y son responsables del 36% de la deforestación (ver detalles en la siguiente página).
Ante esta situación, la ABT ya ha iniciado proceso sancionatorio contra un tercio de estos propietarios, le falta identificar a un 21% de los infractores e iniciar procesos administrativos a un 45%.
El desmonte ilegal, según la Ley de Reconducción Comunitaria del Proceso Agrario, el desmonte ilegal es causal de reversión y ante evidencia de la infracción, el INRA puede actuar de oficio. De los 544 predios identificados con desmonte ilegal, 419 son mayores a 50 hectáreas, por lo tanto suceptibles legalmente de ser revertidos.
Consultado al respecto, Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), manifestó su preocupación y aseguró que tanto la ABT como el Ministerio de Medio Ambiente han estado ausentes de los diálogos del sector con el Gobierno. “Los problemas no se solucionan revirtiendo las tierras, sino que hay que discutir cómo podemos desarrollarnos mejor. La tierra que se le quitará a un productor no se reforestará de inmediato, sino que sera a otro”, vaticinó Pérez.
Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se mostró preocupado y lamentó no haber sido informado del hallazgo por Rocha, en las reuniones que tuvieron durante la semana para trabajar una ley de desmonte y quema. “Si es así, estamos trabajando en contrarruta”, dijo el representante de los productores.
Por su parte, Pérez apunta al cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) como uno de los motores de los desmontes ilegales. Rocha admite que puede haber burocracia al momento de autorizar desmontes, que se está pensando en cómo descentralizar las autorizaciones sin que esto implique diluir los controles anticorrupción en los funcionarios ni que se autoricen cambios de uso de suelo en zonas de producción forestal permanente. “En desmonte corre mucha plata y tenemos que controlar la corrupción”, admite Rocha.
Sin embargo, considera que el justificativo del cumplimiento de la FES es una mala interpretación de la legislación agraria. Explica que en el país hay 11 millones de hectáreas de uso múltiple, susceptibles de ser desmontada para producción agropecuaria, pero también que de los 45 millones de hectáreas de producción forestal ya se han talado 7 millones y de esos, la mitad fue ‘tumbada’ en los últimos 15 años. “Cumplir la FES no implica la limpieza de toda la propiedad”, explicó.
Desde la ley de 1996 se reconoce la capacidad de uso mayor de la tierra y en la Ley de Reconducción Comunitaria, de 2006, se habla del uso sostenible de la tierra. Los desmontes ilegales y el cambio de uso de la tierra no es cumplir la FES”, dijo.
Para Pérez, si prosperan los trámites de reversión anunciados por Rocha, se verá una sensible disminución de alimentos, pero sobre todo crecerá la incertidumbre y nadie querrá invertir, porque estará expuesto a que sus predios sean revertidos en cualquier momento. “Creo que los mando medios están en otra dirección de la del Gobierno. No se puede tomar acciones separadas y con un nuevo instrumento jurídico afectar hacia adelante”, dijo Pérez.
“El Gobierno nacional quiere garantizar la seguridad alimentaria, pero con respeto de la madre tierra, de acuerdo a la capacidad de uso mayor. La seguridad alimentaria no es carta blanca para desmontar en tierra que no se permite hacerlo. Las tierras forestales no sirven para la agricultura porque los suelos son frágiles. Eso hay que entender también”, dijo Rocha.
La FES
Ley 3545.
Artículo 2, III. La Función Económico Social comprende, de manera integral, áreas efectivamente aprovechadas, de descanso, servidumbres ecológicas legales y de proyección de crecimiento; en saneamiento no excederá la superficie consignada en el Título Ejecutorial o en el trámite agrario, salvo la existencia de posesión legal.
VI. Las áreas de descanso son aquellas de rotación que tuvieron trabajos, mejoras e inversiones productivas claramente identificables. Se las reconocerá sólo en propiedades agrícolas.
VII. En predios con actividad ganadera, además de la carga animal, se tomará en cuenta como aprovechadas las áreas silvipastoriles y con pasto cultivado.
IX. Las servidumbres ecológicas legales son limitaciones a los derechos de uso y aprovechamiento. Para la regularización y conservación del derecho propietario serán tomadas en cuenta y reconocidas y constituirán función económico social solo cuando se desarrollen sobre las mismas actividades bajo manejo, regularmente autorizadas.
X. La superficie efectivamente aprovechada en áreas agrícolas es la que se encuentra en producción; en propiedades ganaderas es la superficie que corresponda a la cantidad de ganado existente.
XI.. Los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen cumplimiento de la función social ni de la función económico social."
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