América Latina está perdiendo una rentable opción de conservación de sus bosques por cuenta de la burocracia y el exceso de trámites. Millones de hectáreas están llegando de forma dispersa a un mercado sin controles y con insuficiente regulación pública.
Un grupo de 89 periodistas latinoamericanos hizo parte de una actividad virtual en la que se debatió el mercado de los bonos de carbono con expertos en cambio climático. De ellos, 18 participaron en la elaboración de un informe que, bajo la conducción de la periodista costarricense Giannina Segnini, presenta un panorama de la comercialización de bonos de carbono en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela; y hace énfasis en los principales proyectos forestales encontrados.
Esta experiencia fue una iniciativa de Consejo de Redacción, en Colombia, que se desarrolló en el marco del 'Acuerdo de La Leyenda', un proyecto que busca “aunar los ánimos de varias organizaciones de pe- riodistas autónomas, que quieren trabajar juntas para hacer proyectos colectivos de periodismo de investigación en la región, y para facilitar el contacto entre periodistas de diferentes países para que desarrollen sus trabajos individuales”.
De este primer ejercicio participaron como aliados la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji), el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile (Ciper), la revista mexicana eme- equis, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). La actividad contó con el auspicio del Banco para el Desarrollo de América Latina CAF, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Programa de Estudios de Periodismo de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
Argentina, paraíso de los inversores verdes
(Marina Caivano)
En Argentina, el Gobierno impulsa la participación del país en el Mercado de Bonos de Carbono mediante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Fondo Argentino del Carbono y un marco legal favorable. Pero ante la ausencia de un planeamiento de gestión ambiental coordinado entre autoridades nacionales y provinciales, se multiplican los proyectos forestales a gran escala iniciados por empresas como Shell y los productores sojeros hacen lobby con Monsanto y Becker Underwood para obtener créditos de carbono.
Bolivia y su “burbuja” de carbono
(Mónica Oblitas)
Bolivia vive una paradoja ambiental pues nadie sabe cuáles son las opciones reales después del tradicional “me opongo” que rige como postura oficial del Gobierno. Esto a pesar de que fue el primer país en implantar un proyecto piloto indígena REDD (Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques). También logró tener el proyecto más grande del mundo basado en la conservación de los bosques, el Plan de Acción Climática Noel Kempff (PAC-NK), que, a su vez, resulta el primero en haber sido certificado bajo los criterios del Mecanismo de Desa-rrollo Limpio, MDL.
Casi 30 proyectos estaban siendo manejados a través de la Oficina de Desarrollo Limpio, ODL. En total, Bolivia podría recibir entre US $300 y 400 millones anuales a partir del 2012 provenientes del mercado de carbono. Dicha suma se deduce de los cálculos que combinan la suma de los proyectos existentes, con las probables oscilaciones de la cotización de los bonos. El Go-bierno de Bolivia ha dejado claro que no parti-cipará en el mercado de carbono bajo las actuales circunstancias. Pero empiezan a escucharse voces que están en contra de esta postura.
Proyectos en Brasil se detienen
(Aguirre Peixoto)
Brasil sólo tiene dos proyectos de refo-restación registrados en el sistema de ge-neración de bonos de carbono del Protocolo de Kyoto, aunque la tala de árboles sea responsable por 75 por ciento de la emisión de dióxido de carbono - CO2, del país. Sin embargo, fuera de este sistema, en un mercado voluntario que se regula sin las reglas del protocolo, crecen los proyectos para reforestar lugares afectados y también para evitar que el problema avance.
Entre las actividades brasileñas en el MDL, los dos proyectos forestales representan solamente 0,9 por ciento de la reducción de emisiones por año que alcanzan las 434 mil toneladas de CO2. El desarrollo de fuentes renovables de energía representa 39,6 por ciento de la reducción o 19.716.353 toneladas.
Dentro del mecanismo, se estima que los proyectos brasileños permitan la reducción en 393 millones de toneladas del dióxido de carbono liberado en la atmósfera.
Chile, intención verde, cifras azules
(Martina Salvo de Oliveira)
Chile es el país de la región mejor posicionado en la oferta de los bonos de carbono. De hecho, es top tres entre los mercados más confiables en ese tipo de transacciones, después de India y China, según datos de la consultora Point Carbon.
Hoy, el medioambiente muestra retornos claros para quienes buscar negociar en materia de emisiones. Y, mientras más se habla de calentamiento global, las transacciones también suben sus tempera-turas.
Junto a Al Gore, países en vías de desarrollo como Chile, están sacando jugosos dividendos del llamado cambio climático, vendiendo bonos de carbono al primer mundo.
La lógica es simple. Las empresas de países desa-rrollados que no son capaces de disminuir parte de sus emisiones, compran bonos en otras partes del mundo, para paliar su impacto medioambiental. Ésa es la base del Protocolo de Kyoto, PK, no importa donde se reduzcan las emisiones porque el efecto es beneficioso a ni-vel global.
Colombia incursiona en mercados voluntarios
Johanna Bejarano y Edgar Castañeda Pinzón
La biodiversidad de Colombia representa un alto potencial en los mercados regulado y voluntario de bonos de carbono. Aun así, los proyectos en el campo forestal no son los más aventajados, comparados con otros sectores, pero entidades públicas y privadas reportan un buen número de iniciativas en esta área. Los mercados voluntarios resultan más seductores en el país, si se tiene en cuenta que son más rentables.
El ente gubernamental sólo registra 16 proyectos forestales en su portafolio de Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, después de los sectores industriales, de energía y residuos; estos representarían un potencial anual de reducción de emisiones de gases de 2.680.797 toneladas de dióxido de carbono, CO2, por año.
El mercado de carbono en Guatemala
(Alesia Martínez Alonso)
En Guatemala, la mayor flexibilidad y menor buro-cracia del mercado voluntario hace que los proyectos forestales se acojan a esta modalidad de inversión, en lugar de apostar por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que contempla el Protocolo de Kioto. Pese al potencial que tiene el país, las iniciativas para poner remedio a los altos índices de deforestación y a las consecuencias derivadas del cambio climático, son todavía incipientes. Pese a su potencial, al día de hoy solo aparecen registrados en el mercado regulado 11 proyectos MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, los cuales generan anualmente un total de 864.760 CERs o toneladas de CO2 equivalentes.
México, complejidad y costos
(Teresa Ramírez y Sofía Noriega Morales)
Los esquemas de comercialización para mitigar el cambio climático con proyectos forestales en México se ubican dentro del Mercado Voluntario debido a que es relativamente más fácil acceder allí en comparación con el Mercado Regulado, establecido por el Protocolo de Kioto. Los cinco proyectos de este tipo que intentaron ser certificados por este Protocolo se quedaron “atorados” en el proceso, sin negación ni aprobación definitiva.
Aun cuando México es el segundo país de América Latina con el mayor número de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, registrados ante la Junta Ejecutiva, la falta de financiamiento, información y tecnología ha provocado que la mayoría de esos planes se quede en las primeras etapas del proceso.
De acuerdo con la Subdirectora de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-turales (Semarnat), Lucrecia Martín Chávez, existen 124 proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL, sin embargo, no se tiene ninguno forestal en el mercado regulado y escasamente se tienen tres identificados en el mercado voluntario.
Los cinco proyectos forestales reportados en el mercado regulado no siguieron el proceso y se quedaron “atorados” como anteproyectos con carta de no objeción y sin carta de no aprobación, estos buscaban mitigar 971 mil toneladas emisiones de dióxido de carbono, CO2, al año.
Proyectos en Nicaragua
(Lucía Navas)
En pequeñas fincas dedicadas a la ganadería cerca del poblado de Sapoa, en el departamento de Rivas, se busca convertir 600 hectáreas de tierras en un nuevo bosque de teca.
Este bosque tiene un propósito claro: absorber unas 300 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono en un período de 11 años. El programa comenzó en agosto de 2006 y para el 2017 pretende generar créditos de carbono para su venta en los mercados internacionales.
Este proyecto, llamado Maderas Preciosas, es pionero en su tipo en el país centroamericano, y se sumará a otros cuatro proyectos energéticos en ejecución enfocados dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, contemplado en el Protocolo de Kyoto, de acuerdo a información proporcionada por la Unidad de Control Ambiental del Ministerio de E-nergía y Minas, MEN.
En Paraguay exploran mercado voluntario
(Walberto Caballero Achucarro)
El país tiene un solo proyecto aprobado en este mecanismo que se creó en el marco del Protocolo de Kioto. Actualmente, se están explorando otros meca-nismos similares, más prácticos y de pronta expedición, como el mercado voluntario de carbono, conocido por los proyectos REDD+ (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y de la Degradación Forestal en los países en desarrollo).
Por la dificultad para implementar el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en el marco del mercado de carbono hace que en Paraguay se explore el mercado voluntario, que es más flexible, donde sectores no oficiales pueden participar con empresas que buscan reducir su huella de emisión de dióxido de carbono, CO2, gas de efecto invernadero.
Un solo proyecto MDL tiene Paraguay en ejecución, lo que demuestra la dificultad de implementación de este mecanismo del mercado regulado por el Protocolo de Kioto. La organización no gubernamental Asociación Guyrá Paraguay asumió el desafío de ejecutar proyectos en el mercado voluntario, por lo menos en otra nueva herramienta: el incentivo económico por mantener áreas boscosas, conocido como REDD+.
Perú atrae inversiones del mercado limpio
(Alejandro Sullón e Yvette Sierra)
A pesar de tener 10 millones de hectáreas defo-restadas, Perú y sus bosques son un destino atractivo para mitigar emisiones de carbono, debido a su biodiversidad, sus microclimas y porque aún tiene comunidades que viven apartadas, como detenidas en el tiempo (recolectores, cazadores y nómadas).
Solo en la Feria Internacional del Mercado de Carbono “Carbon Expo 2010_, que se celebró en Colonia, Alemania, en mayo, Perú participó con 190 proyectos que representan un promedio de $11.000 millones en inversiones ambientales y un total de más de 25 mi-llones de reducciones de toneladas de dióxido de carbono, CO2, por año.
Julia Justo, directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), -entidad que representó a Perú en la feria- manifestó que actualmente hay 190 proyectos MDL y voluntarios en el país, la mayoría en el sector energía.
Venezuela, al margen
(Ivonne Mariola Rincón Moreno)
Con el argumento de que con la estrategia de los Mecanismos de Desarrollo Limpio “se pierde la sobe-ranía nacional de por vida”, el Gobierno venezolano rechaza esta alternativa de energía limpia. En contraposición, organizaciones ecologistas como Vitalis, alertan que este tipo de posturas meramente ideológicas alejan recursos que podrían potenciar la preservación ambiental.
Pese a que el mercado de bonos de carbono en Latinoamérica ha tomado fuerza en naciones como Costa Rica, Colombia, Brasil y México; en Venezuela la realidad es totalmente distinta debido a la posición política del Gobierno que rechaza este tipo de herramientas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI.
El mercado de los bonos de carbono surgió a raíz de que entró en vigor el
Protocolo de Kyoto, el 16 de febrero de 2005, que incluía como opciones para disminuir la emisión de ga-ses de efecto invernadero: el comercio mundial de emisiones, los mecanismos de desarrollo limpio.
La aplicación de estos mecanismos ha generado controversia entre ambientalistas, expertos del área climática y también funcionarios de algunos gobiernos, tal es el caso de Venezuela, Bolivia y Cuba.
En Venezuela el mercado de los bonos de carbono es una alternativa que no ha sido desarrollada, primero porque el Gobierno nacional rechaza esta opción calificándola de “mercantilista” y, en segundo lugar, porque en los países que no pertenecen al Anexo 1 del Protocolo de Kyoto, la opción es el desarrollo de los mecanismos de desarrollo limpio, MDL, el carbono neutral o los mercados voluntarios.
Algunos hallazgos:
- Latinoamérica tiene enterrado un jugoso negocio ambiental: la posibilidad de usar 831.000 millones de hectáreas de bosque en el mercado de bonos carbono, el doble de extensión que cualquier otra región del mundo. Pero la burocracia y el exceso de trámites hacen que esta rentable opción de conservación se aleje de un mercado con controles, y se convierta masivamente en proyectos dispersos, con insuficiente regulación pública.
- Actualmente solo hay 15 iniciativas de reforestación y tres de conservación inscritas en el mercado regulado por el Protocolo de Kioto. Esos proyectos representan apenas el dos por ciento del portafolio de proyectos latinoamericanos que documentó la investigación.
- Latinoamérica refleja notables diferencias entre cada país: el Gobierno de Venezuela rechaza con vehemencia participar en el mercado de bonos de carbono por considerarlo “mercantilista”, mientras Brasil es el líder indiscutible de la región y ocupa el tercer lugar en el mundo en reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
- Mientras Chile instauró en 2009 la primera bolsa de bonos de carbono del hemisferio sur, la Santiago Climate Exchange (SCX), Bolivia no solo declaró que no participará en los mercados, sino que más bien exigirá la compensación económica para mitigar los efectos del cambio climático, a través de la “deuda ecológica”.
- Ningún país de la región exige que se registren los proyectos que se desarrollan en el mercado voluntario, pocos tienen regulación específica sobre su operación técnica y financiera, en algunas regiones hay inquietud por la forma como estos proyectos afectan las comunidades locales, e incluso hay casos donde despierta recelo el exceso de secretismo con el que se manejan las finanzas entorno a las millonarias transacciones que este mercado empieza a incentivar.
- Latinoamérica tiene enterrado un jugoso negocio ambiental: la posibilidad de usar 831.000 millones de hectáreas de bosque en el mercado de bonos carbono, el doble de extensión que cualquier otra región del mundo. Pero la burocracia y el exceso de trámites hacen que esta rentable opción de conservación se aleje de un mercado con controles, y se convierta masivamente en proyectos dispersos, con insuficiente regulación pública.
- Actualmente solo hay 15 iniciativas de reforestación y tres de conservación inscritas en el mercado regulado por el Protocolo de Kioto. Esos proyectos representan apenas el dos por ciento del portafolio de proyectos latinoamericanos que documentó la investigación.
- Latinoamérica refleja notables diferencias entre cada país: el Gobierno de Venezuela rechaza con vehemencia participar en el mercado de bonos de carbono por considerarlo “mercantilista”, mientras Brasil es el líder indiscutible de la región y ocupa el tercer lugar en el mundo en reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
- Mientras Chile instauró en 2009 la primera bolsa de bonos de carbono del hemisferio sur, la Santiago Climate Exchange (SCX), Bolivia no solo declaró que no participará en los mercados, sino que más bien exigirá la compensación económica para mitigar los efectos del cambio climático, a través de la “deuda ecológica”.
- Ningún país de la región exige que se registren los proyectos que se desarrollan en el mercado voluntario, pocos tienen regulación específica sobre su operación técnica y financiera, en algunas regiones hay inquietud por la forma como estos proyectos afectan las comunidades locales, e incluso hay casos donde despierta recelo el exceso de secretismo con el que se manejan las finanzas entorno a las millonarias transacciones que este mercado empieza a incentivar.
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