Las actividades extractivas han impactado durante siglos el hábitat del actual territorio de Bolivia y del continente, pero, a 19 años de la promulgación de la Ley de Medio Ambiente, pocos esfuerzos han sido destinados a asegurar su cumplimiento, más aún, intereses privados han tratado de modificarla para disminuir sus exigencias. Ante esta perspectiva, es importante que el Estado asuma su compromiso de adoptar un desarrollo sostenible como política de Estado, creando instituciones y mecanismos adecuados para cumplir la Ley y sus Reglamentos.
Madre Tierra
La nueva situación de nuestro país plantea la necesidad de mostrar al mundo que la armonía de la Madre Tierra con todos los seres vivos es posible. Este contexto lleva a la necesidad de asumir un enfoque ecocéntrico para que en la naturaleza todo esté interrelacionado en base a una normativa que asegure el respeto a los derechos de la Madre Tierra y de los seres vivos que comparten este planeta.
En este entendido, una Ley de la Madre Tierra tiene un carácter general, de la cual se desprenderán las leyes especiales, como las leyes de Aguas, Bosques, Biodiversidad, Áreas Protegidas, Minería, Hidrocarburos, entre otras, así como las leyes autonómicas que deberán implementar eficiente y eficazmente la gestión ambiental en las jurisdicciones autonómicas, de acuerdo a su realidad ecológica, cosmovisión y necesidad de atención.
Transredes
En el departamento de Oruro la problemática ambiental eclosiona a partir del 2000, cuando la empresa transportadora de hidrocarburos Transredes SA causó uno de los sucesos más nefastos para el medio ambiente de la región. En efecto, en el sector de Sica Sica se produjo la rotura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a Chile; allí se derrama en el río Desaguadero aproximadamente 29.000 barriles de crudo reconstituido. Esto afectó grandemente la flora, fauna, suelos y agua de más de un millón de hectáreas y a 127 comunidades de los departamentos de Oruro y La Paz. En la ocasión se generó un conflicto sin precedentes en la historia ambiental de Bolivia. Producto de ello, se realizó la primera “auditoría ambiental a una contingencia” y, de alguna manera, se puso en marcha la ley y sus reglamentos en Oruro.
Kori Kollo
Actualmente se está ejecutando una auditoría ambiental a la operación minera “Kori Kollo”. El trabajo emitirá un dictamen en el plazo de un año y medio. Los problemas irresueltos y que pueden ser una bomba de tiempo son el dique de colas (existe excesiva mortalidad de especies introducidas y la aparición de cárcavas), las lagunas de evaporación e infiltración (a la fecha, de una de las lagunas no se ha podido levantar la costra salina que es muy espesa) y el lago Kori Kollo, que está muy cerca del río Desaguadero y necesita de constante alimentación con aguas frescas del río. Una precipitación intensa puede unir el lago del tajo con el río Desaguadero.
Adicionalmente, se presentan otros problemas como la escasez de agua en el río en época seca, lo que está afectando a más de 5.000 hectáreas de forraje que se tiene río abajo (El Choro) y, además, la salinización acelerada de aguas y suelos de toda la subcuenca. Estas situaciones no han sido resultas hasta ahora.
Kori Chaca
Otra operación minera que se encuentra en la cuenca del Desaguadero es el proyecto “Kori Chaca”, también de Inti Raymi. Sus operaciones se iniciaron en 2005 y continúan hasta la fecha. La actividad minera es a cielo abierto, utilizando cianuro para la extracción de oro. La mina está muy cerca de la ciudad de Oruro (a 1,5 kilómetros al oeste de la ciudad).
La preocupación por esta actividad minera es que las plataformas de lixiviación están a un kilómetro de la populosa zona Sud de la ciudad de Oruro. Por el otro lado, las lagunas de evaporación e infiltración, contienen aguas de mala calidad y no tienen un control efectivo.
Por ejemplo, en 2008 hubo infiltración de las aguas y se presume que ese líquido ha llegado al lago Uru Uru. En la zona, en las serranías del sector, se han identificado por lo menos tres vertientes de agua dulce. Cualquier error en el control del proyecto puede generar una catástrofe ambiental.
Sora Sora
En la subcuenca San Juan de Sora Sora se encuentra la empresa minera Huanuni, que concentra a 5.000 trabajadores mineros. También existen otras operaciones mineras en Santa Fe, Morococala, Japo y otros lugares, que vierten todos sus efluentes al río Huanuni, que llega a su vez al lago Poopó.
Ninguna de estas minas cuenta con sistemas de tratamiento de sus residuos. Lamentablemente, todas sus aguas fluyen hasta los lechos del río, contaminando el agua, los suelos, la cobertura vegetal e inclusive a los animales. Así se advierte que las aguas contaminadas se han infiltrado hasta las vertientes, donde el valor del pH fluctúa entre 3 y 4, siendo agua utilizada para riego y consumo de animales.
Factores pendientes
El diagnóstico anterior corresponde a algunos problemas ambientales que amenazan en el departamento de Oruro, en torno a ellos, las cuestiones pendientes son la aplicabilidad y el cumplimiento de la normativa ambiental (licencia ambiental), la mitigación ambiental (construcción de diques y otros sistemas de tratamiento de aguas) y la restauración de los factores ambientales (agua, suelo, vegetación).
Si bien es cierto que se tiene que revisar la ley –a partir de una amplia participación de la ciudadanía–, de todos modos rescatamos el hecho de que se cuente con una normativa ambiental.
Seguramente esta ley puede ser perfeccionada como instrumento para mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, como un derecho fundamental en la Constitución.
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