Las tierras fiscales que dotará el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el municipio de Roboré no están ubicadas dentro de la Reserva Municipal de Tucavaca sino que corresponden a tierras recortadas a medianos y grandes empresarios por no cumplir la Función Económico Social en la zona, explicó el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas.
La autoridad señaló en conferencia de prensa que en una reunión sostenida con representantes del municipio de Roboré se acordó explicar a toda la población este asunto el 8 de abril para aclarar que el INRA en ningún momento está afectando la reserva y es la entidad más interesada en que sea un espacio de beneficio para todos y no solamente de unos cuantos.
Rojas fue categórico en señalar que las movilizaciones en Roboré no tienen ninguna justificación y lamentó que existan algunos intereses personales por detrás, porque en octubre del año 2009 la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) decomisó madera ilegal a la presidenta del Comité de Gestión de la Reserva, Mary Pacheco, en su hotel denominado Beula de la localidad de Santiago.
Informó sobre los antecedentes del 21 de octubre de 2008 en relación a la firma de un acta por parte de autoridades departamentales y municipales, arrogándose competencias que no les corresponden y fuera de toda legalidad, donde proponen a los demandantes de tierra distribuir a 200 hectáreas y parcelar tierras fiscales identificadas por el INRA.
En la actualidad el INRA, con la finalidad de no afectar el área de la reserva, ha determinado no distribuir las 108 mil hectáreas de tierra fiscal identificadas mediante el saneamiento al interior de ésta y ha priorizado el saneamiento de predios de particulares que no cumplen la Función Económico Social (FES) habiendo identificado los recortes de estos predios para proceder a su dotación.
“En el caso de Roboré, los que reclaman no son los indígenas precisamente, sino son los alcaldes, el Comité Cívico, un asambleísta departamental, Comités de Vigilancia, es decir la gente urbana de Roboré”, dijo.
Caso riberalta
Según la agencia de noticias Valle Press, el presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica Boliviana (Cirabo), Rabí Ortíz, advirtió que cualquier nuevo asentamiento en Riberalta, Beni debe ser efectuado con previo consentimiento de los pobladores locales y sus organizaciones, tal como acordaron los capitanes y representantes de cinco Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
La información señala que originarios amazónicos temen que la presencia de colonizadores diezme la vocación productiva de la región debido a su desconocimiento de la riqueza forestal y natural existente e intenten acabar con los bosques, fauna y flora como sucedió en otras regiones.
Ortiz sostuvo que la Cirabo rechaza la posibilidad de que a la región sean trasladadas familias de colonos procedentes del interior del país, porque los esfuerzos de dotar terrenos primero deben beneficiar a los originarios y campesinos de la Amazonia.
El Director del INRA señaló que el Estado boliviano, a través de esa institución, cubrió la demanda indígena en su totalidad, ya que sus TCO están tituladas. Sin embargo no confirmó ni negó los rumores sobre supuestos nuevos asentamientos.
Predios que serán recortados por no cumplir su FES
Empresa Agropecuaria Marcela Leticia (predio): del titular Empresa Agropecuaria Marcela Leticia, comprende 5.269 hectáreas.
Rocío (predio): del titular Flora Balcázar Chove de Moreno, que comprende 2.063 hectáreas.
Regimiento de Artillería 5 Vergara (predio): del titular Regimiento de Artillería 5 Vergara, con 1.945 hectáreas.
Agropecuaria Tucavaca (predio): del titular Carlos Mario Moreno Torrico, que comprende 2.113 hectáreas.
Tierra Fiscal: del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sobre 4 mil hectáreas.
Total: 15.750 hectáreas de tierras que serán recortadas y dotadas a sectores demandantes. No afectarán la Reserva Tucavaca.
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