La apertura de nuevos caminos, el peligro de nuevos asentamientos y un probable daño ambiental son algunas de las razones que los sectores ambientalistas objetan al proyecto de ampliación de una planta de tratamiento de aguas en la comunidad de Andrade.
La ampliación de la planta de tratamiento de Aranjuez es una de las nuevas infraestructuras que se construye en predios del Parque Nacional Tunari (PNT), una de las áreas protegidas más vulnerables del Municipio.
Su instalación ha provocado el rechazo de personas e instituciones que están involucradas a la defensa de ese parque nacional.
Para Marcelo Delgadillo, miembro del Foro Cochabambino del Medio Ambiente (Focomade) dijo que si bien la planta de tratamiento puede tener todos los papeles en regla, contar con su ficha ambiental y haber seguido todos los procedimientos legales necesarios, no significa que su ejecución esté libre de impacto ambiental.
Su preocupación se centra especialmente en la construcción de nuevos asentamientos ilegales, así como en la apertura de nuevos caminos.
Bonnie Vargas, activista ecológica, opina que una de las mayores dificultades que traerá la ampliación de la planta de tratamiento será, inevitablemente, la presencia cada vez más fuerte de nuevas construcciones alrededor de los caminos que se harán para acceder a la planta.
Según Soledad Delgadillo, asambleísta departamental dedicada a la defensa del medio ambiente, dijo no tener conocimiento exacto de lo que sucede con la comunidad de Andrada y que pedirá información a la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación.
“Estos temas los vamos a tratar globalmente, por un lado estamos tramitando competencias, ya que según la Ley Marco de Autonomías, como Gobierno Departamental tenemos muy pocas competencias”.
Para Miguel Cardozo, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), las obras en la ampliación de la planta de tratamiento de Aranjuez están dentro de lo reglamentario y su ficha ambiental ha sido aprobada en 2007.
Todo este proceso lo ha llevado adelante Semapa bajo la consulta de la exprefectura, ahora Gobernación, y la licencia ambiental la ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
“Lo único que se está haciendo como competencia del Sernap es el seguimiento de las obras”, dijo Cardozo.
“Han mejorado el acceso para esta infraestructura. No ha habido apertura de nuevos caminos, se lo aseguro porque la última inspección que se ha hecho es a mediados de marzo. Lo que pasa es que también hay mejoras de vivienda, justamente esa fue la razón para realizar la inspección”.
Respecto al mejoramiento de viviendas, Cardozo explicó que lo que existe es un vacío jurídico porque toda el área rural se maneja por la legislación agraria y en ese tipo de legislación no se ha nombrado el tema de la calidad de infraestructura.
“Las Áreas Protegidas son de absoluta competencia del nivel central del Estado. Por un lado estamos gestionando ante el Ministerio de Autonomías que se nos transfiera competencias para coadministrar junto al Sernap. Por otro lado se ha logrado hacer un convenio entre la Gobernación y el Sernap para ejecutar algunas acciones, entre ellos además del plan de reforestación que tradicionalmente se tiene”, señaló.
El jefe de áreas protegidas, Hugo Antezana dijo que cualquier obra que se haga, especialmente dentro el PNT tiene que tener su ficha ambiental.
La ficha ambiental dentro de lo que es el PNT es como una autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
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