En un informe especial del Blog del
Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), se detalla
la experiencia brasileña en la conservación de los bosques, que ha sido
posible a través de tres factores: el marco jurídico que ha permitido
crear una estrategia de desarrollo de gran alcance; la zonificación del
Acre mediante la elaboración de un mapa que clasifica el suelo, la
vegetación, los cultivos y la organización social que delimitó las
tierras destinadas a la agricultura, al manejo sustentable, a la
preservación y al uso indígena; la consulta pública y el constante
diálogo con la sociedad civil.
La región del Acre se ha convertido en
un laboratorio de políticas ambientales y un modelo para los demás
países en cuyos territorios se encuentra la reserva ambiental más
valiosa del mundo: la Amazonia.
Nace la ley marco ambiental
En 2010 una asamblea del Estado de Acre
aprobó una nueva ley llamada “Sistema Estatal de Incentivos a los
Servicios Ambientales” (SISA), producto de una década de políticas
ambientales iniciadas por el autodeterminado “Gobierno del Bosque”,
cuando los aliados de Chico Mendes llegaron al poder en el Acre. A
partir de 1998 se había anunciado el objetivo de detener la
deforestación en un 18% de la superficie del Estado y destinar el 25% de
sus bosques (aproximadamente cuatro millones de hectáreas) al manejo
forestal sostenible.
La nueva ley sienta las bases para la
creación de incentivos para mantener y restaurar los “servicios
ambientales” —reservas de carbono forestal, agua, suelo, biodiversidad,
conocimientos tradicionales— e incluye un marco que permite al Estado
establecer vínculos con los mercados de estos servicios que han
comenzado a surgir a nivel internacional.
A diferencia de otras jurisdicciones en
el mundo, donde los incipientes programas de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de bosques (REDD+) —programa respaldado por
las Naciones Unidas que pretende combatir el cambio climático mediante
la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
forestal— funcionan de forma aislada, el estado del Acre desarrolló el
marco jurídico de su programa estatal antes de fomentar los proyectos de
carbono forestal.
Esto implicó la creación de una serie de
instituciones para regular el sistema, comercializar los créditos de
carbono, dar asesoramiento científico y negociar con la sociedad civil,
señaló Rodrigo Neves, Procurador General del Estado, autoridad que ha
sido decisiva en la creación de este modelo.
“Queríamos establecer un sistema que
fuera lo más completo posible. Por supuesto, fuimos pioneros y, como
tales, tuvimos que aprender algunas lecciones; tuvimos que inventar
mucho durante el proceso y todavía lo hacemos”, dijo.
El SISA recupera el ya existente
Programa de Certificación para Pequeños Productores del Acre que ofrece
incentivos a los pequeños productores para participar en actividades más
sostenibles de uso de la tierra, incluidas las estrategias para hacer
más productivas las tierras ya deforestadas.
Incentivando a los pequeños productores
El asfaltado de la carretera BR-364
de Acre en 2010, ha permitido a Sebastián Lima da Silva y a su familia
vender sus productos y llevar a sus hijos al colegio o al médico. Sin
embargo esta zona también enfrenta el peligro de una rápida
deforestación, por lo que el Gobierno la tiene identificada como “Zona
Prioritaria de Asistencia”.
Esta ruta corta en dirección noroeste el
estado hasta la frontera de Brasil con Perú, pasa por grandes zonas
forestales intactas. Ante esta situación, la Secretaría de Extensión
Agroforestal y Producción Familiar del estado de Acre (Seaprof), viene
ejecutando el programa de certificación para desarrollar la avicultura y
la piscicultura y para enriquecer el bosque con plántulas de açai (una
fruta forestal nativa de gran consumo en Brasil). Los pequeños
productores ubicados a lo largo de la carretera también son capacitados
en técnicas para producir alimentos sin el uso del fuego. Para fijar el
nitrógeno y fertilizar los suelos, se utilizan leguminosas mejoradoras
del suelo, como alternativa a la agricultura itinerante.
El uso del fuego en agosto o septiembre
para habilitar campos agrícolas, es una práctica usual entre los
pequeños productores. “Tuvimos que encontrar una manera de subsistir.
Necesitamos yuca, necesitamos frijoles, necesitamos maíz, necesitamos
arroz; y sin la quema y la deforestación, no teníamos cómo vivir”,
explicó Lima da Silva.
El plan está contribuyendo en gran
medida a reducir las quemas que en época de sequía se convierten en
incendios forestales y ayuda a los productores a aumentar sus ingresos,
garantizar la soberanía alimentaria y conservar el ecosistema.
Un modelo promisorio
El novedoso modelo del Gobierno de Acre
ha posibilitado alcanzar un acuerdo con Alemania por cuatro millones de
toneladas de carbono en el marco del programa REDD Early Movers y ha
recibido una donación de 35 millones de dólares del Fondo Amazonia de
Noruega.
“Creemos que el estado ha madurado y
ahora puede dar el segundo paso: entrar a un mercado regulado y comenzar
a ofrecer créditos de carbono. Esto refleja que estamos en el camino
correcto y que los ajustes permanentes son aceptados y exitosos. Ahora
nuestro compromiso es asegurar que todo esto traiga consigo beneficios y
mejoras en la calidad de vida de las personas”, afirmó Neves.
Entre tanto, el proceso de
implementación del SISA sigue su curso y se espera que sea un modelo de
referencia para desarrollar políticas nacionales e incluso
internacionales para conservar la Amazonia en su conjunto.
Para mayor información visite:http://blog.cifor.org/18392/informe-especial-un-lejano-estado-amazonico-lidera-las-politicas-de-cambio-climatico#.UoPr3HBg_7c
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