El presidente Evo Morales promulgó en febrero la Ley 222 de consulta previa en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con respaldo de 13 comunidades “fantasmas”, 17 del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y siete de la Subcentral Sécure, revelan documentos.
Morales se reunió el 30 de enero con 37 corregidores supuestamente del TIPNIS, que marcharon con el Conisur en demanda de la anulación de la Ley 180 de protección del TIPNIS, lograda por la VIII caminata de la CIDOB.
De acuerdo con la lista de los dirigentes de las 37 comunidades que se reunieron esa noche con Morales en Palacio de Gobierno, 13 no figuran en la nómina de poblaciones consultadas hasta el 22 de octubre que presentó el Ministerio de Obras Públicas.
Las comunidades de San José de Algodonal, Santa Rosa del Isiboro, San Jorgito, Santo Domingo del Isiboro, Maná, Natividad del Retiro, San Ignacio de Moxos, San Pablo del Chontal, Santa Rita, Ibarecito, Todos Santos Nuevo, Nueva Galilea y Mote Sinai no están en el informe del Gobierno. De acuerdo con la nómina de participantes en el encuentro con el Jefe de Estado, siete pertenecen a la Subcentral Sécure: San José del Sécure, Santa Anita del Sécure, Oromomo, San Juan de la Curva, Areruta, Ushve y Palmar de Aguas Negras.
El presidente de esa organización indígena, Emilio Noza, dijo que la Subcentral Sécure afilia a 22 comunidades y la mayoría se resistió a la consulta. Sólo Santísima Trinidad de la Subcentral TIPNIS, que preside Fernando Vargas, fue parte de la marcha del Conisur. Esa organización indígena afilia a 32 poblaciones que se encuentran asentadas en los ríos Isiboro e Ichoca y todas, dice Vargas, rechazaron ser parte del proceso.
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