El Gobierno de Dilma Rousseff autorizó la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte y aseguró que supone “una revolución económica y social” para la región amazónica.
Según las autoridades, la central, que tendrá una capacidad de 11.233 megavatios —la tercera más grande del mundo después de la china de las Tres Gargantas e Itaipú—, es indispensable para acompañar el crecimiento económico del país y debería generar el 11 por ciento de su producción eléctrica en 2019.
Para su edificación, se inundará un área de 516 kilómetros cuadrados en dos embalses, y se desplazará a 16.000 personas. “Habrá una revolución económica y social”, garantizó el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobão, tras el anuncio de la concesión del permiso por parte del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, según informó Todo Noticias.
Las MEDIDAS SOCIOAMBIENTALES. La ministra brasileña de Planificación, Miriam Belchior, detalló que se invertirán 3.200 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) en “medidas socioambientales”, que incluyen la pavimentación de calles, la construcción de escuelas, ambientes de salud y una red de alcantarillado para todas las ciudades afectadas en la ribera del río Xingú.
Las críticas. El proyecto desató las críticas de los ecologistas, indígenas y campesinos que denunciaron que las obras desplazarán a unas 50.000 personas que residen actualmente en áreas que serán inundadas y a las que el Gobierno todavía no ofreció opciones.
Las organizaciones ecologistas cuestionan la construcción de la represa de Belo Monte por el daño “irreparable” que causará al ecosistema de la región, el cual pondrá en riesgo la subsistencia de la rica fauna del Xingú, uno de los afluentes del río Amazonas y reserva natural. DIARIOS
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