L a tarifa para dejar pasar un camión con madera ilegal fluctúa entre los 1.000 y 1.700 dólares. Con este dato, el director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) Cliver Rocha denunció una red de corrupción que "perfora" a esa institución estatal y determinó prescindir de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma).
Esta situación es el resultado de un operativo realizado ayer a las 2.30 de la madrugada en el puesto de Río Seco (provincia Cordillera), donde fueron sorprendidos dos policías forestales y un funcionario de la ABT, este último en estado de ebriedad, recibiendo aproximadamente mil dólares de un chofer que transportaba madera sin su certificado de origen.
Rocha, ante este episodio, informó ayer que como autoridad decidió pedir que Pofoma se repliegue y deje los operativos. Esta investigación comenzó luego que una alta autoridad de la ABT departamental denunció que un transportista intentó sobornarlo con casi cinco mil dólares luego de que este lo detuvo transportando mercadería ilegal en la ciudad.
No es nuevo. El director de la ABT, que estuvo acompañado por el Fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, informó que esta situación ya era de su conocimiento, cuando ejercía un cargo en otra repartición. El director de ese entonces de la ABT intentó que Pofoma deje de trabajar, pues cada operativo que se realizaba, fracasaba, ya que la información del mismo salía de la institución, alertando así a los contrabandistas.
"Conversé con el comandante de Pofoma pero ya no es suficiente la explicación de que se procesará a los que se encuentren en corrupción", indicó tajante Rocha.
Gómez indicó que la fiscal adscrita a la ABT, María Delia Atiare, es quien está a cargo las investigaciones de este caso.
"(La decisión) vamos a asumirla en el marco de la legalidad, tomando en cuenta que la Policía es un brazo auxiliar del Ministerio Público", aseguró Rocha.
Zonas de paso. Puesto Méndez y Río Seco, en Santa Cruz, son los lugares por donde los contrabandistas de madera hacen pasar su mercadería, a pesar que existe la presencia de funcionarios de la ABT y efectivos policiales, informó Rocha, al recalcar que no solo es en Santa Cruz donde han descubierto esta situación. La población de Urujare en La Paz y en el Beni también tienen denuncias de cobros ilegales de algunos "malos funcionarios y policías".
El fiscal de Distrito informó que las tres personas serán procesadas por cohecho pasivo propio y serán presentadas antes un juez cautelar, que determinará si son recluidos o no por este delito.
"Lastimosamente son situaciones que no son de ahora pero que las instituciones son vulnerables a que sucedan", dijo Rocha.
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, señaló que este hecho demuestra la debilidad institucional que tiene la ABT, que busca ser paliada por su ejecutivo, sin ningún tipo de éxito. Se mostró alarmado por el cobro que realizan los policías y funcionarios corruptos.
“Más allá de los cobros ilegales, que son alarmantes, nos preocupa la competencia desleal que hacen estas personas a los que trabajamos legalmente en este rubro”, dijo Ávila, al afirmar que el sector empresarial apoyará las tareas de control que realice la ABT de aquí en adelante.
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