En el caso de los hidrocarburos, el tema es delicado pues buena parte de los yacimientos se encuentran al costado derecho de la Cordillera Real u Oriental, afectado seriamente a varias poblaciones indígenas de tierras bajas. El área de mayor conflicto es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), avivado por los últimos problemas por la posible apertura de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El 1995, bajo contrato de operación, el bloque Sécure, fue otorgado a las compañías Repsol, BHP, Total y Maxus. El área del bloque se superponía y sobrepasaba el Tipnis. El consorcio, con Repsol como operador, realizó trabajos de exploración que justificaron la perforación de pozos exploratorios.
También el 2001, como Contrato de Riesgo Compartido, el bloque Río Hondo fue otorgado a Petrobras y Total, al noroeste del Tipnis, en el Área Protegida Pilón Lajas. Una pequeña fracción al sudeste toca el Tipnis.
Otras zonas posibles de afectarse son Pilón Lajas, Madidi y Manuripi que cubren toda el área de serranías subandinas, potencialmente petroleras hasta la frontera con Perú.
Ante los compromisos internacionales y el anuncio del agotamiento de reservas hidrocarburíferas, el Gobierno ha declarado abiertamente su intención de explorar en áreas protegidas. YPFB busca interesados en exploración. La nueva ley de hidrocarburos debe estar lista. El Gobierno anunció el primer borrador para septiembre próximo.
Minería
En tanto, la minería pasa factura a al menos seis de las 22 áreas protegidas del país, según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Destacan las regiones de Apolobamba, San Matías y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, entre otras, donde se impulsan actividades mineras desde mucho antes de que fueran declaradas áreas protegidas.
Sin embargo, esta actividad actualmente continúa en esas zonas y se expandió a Madidi y Cotapata de la zona paceña y Pilón Lajas, que además es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ubicada entre los departamentos de Beni y La Paz.
Además, muchos de los pobladores de estos lugares (indígenas, colonizadores y campesinos), se volvieron socios de los cooperativistas para extraer los minerales como oro y plata, entre otros, agregando al conflicto un componente socioeconómico.
"Genocidio"
Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), explorar y explotar hidrocarburos en áreas protegidas podría ser un “genocidio” en contra los indígenas que habitan en estos lugares, pues las actividades de exploración y explotación pueden afectar los recursos naturales de los que abastece un pueblo indígena por las siguientes 10 ó 15 generaciones. Según Cedla, no se trata sólo de los impactos ambientales y la alteración del ecosistema, sino de las poblaciones indígenas no tendrán de qué vivir.
1 Hidrocarburos
Más de 535 mil kilómetros cuadrados en los nueve departamentos del país son considerados de interés hidrocarburífero por YPFB. Muchas de estas zonas están en conflicto sobre todo con territorios indígenas de tierras bajas.
2 Minería
En el siguiente mapa se observan las áreas de interés de la minería en el país y el conflicto en el que ingresan al incurrir en áreas protegidas y Territorios Comunitarios de Origen. El mayor conflicto ambiental se da con las cooperativas mineras.
Intenciones del GobiernoEl Gobierno ha expresado abiertamente su intención de realizar tareas de exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, sobre todo por la amenaza que representa la declinación de las reservas gasíferas nacionales y los compromisos de venta que existen por delante.
En ese contexto, es indudable que existe un alto potencial hidrocarburífero en ciertas áreas protegidas. De las 21 zonas en lista, los parques Madidi (La Paz), Aguaragüe (Tarija) e Isiboro-Sécure (Cochabamba-Beni) representan un interesante prospecto.
Aguaragüe resulta clave si se considera su cercanía a los megacampos de San Alberto y Sábalo.
Minería
El Sernap observa que la irrupción de la minería en áreas protegidas sube con la proliferación de las cooperativas, y pide políticas de explotación enmarcadas en políticas ambientales.
Leyes que protegen y leyes que faltan
Las áreas protegidas en Bolivia están blindadas por normas y leyes, a decir: Ley de Medioambiente, Reglamento General de Áreas Protegidas y la misma Constitución Política del Estado.
Ante este panorama, se recomienda acelerar la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos y revisar la normativa referida a las áreas protegidas.
También está en debate la Ley Marco de Consulta.
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