Doscientas mil del poco más de un millón de hectáreas de la reserva de Choré, en el departamento de Santa Cruz, están seriamente afectadas por la sistemática y hasta ahora irrefrenable invasión de sindicatos agrarios de campesinos y “colonizadores” que, una vez instalados de forma irregular, se han abocado a la explotación irracional de los recursos forestales. Se calcula que desde 2000 hasta ahora la deforestación es de 15.000 hectáreas por año.
A la depredación, en suma, de un área de importancia estratégica y fundamental para el equilibrio medioambiental de la región y que conlleva, además, severos perjuicios para la industria forestal, porque gradualmente están desapareciendo especies de alto valor comercial como el ochoó, el yesquero, la mara, el tajibo, entre otras ricas variedades maderables.
Es sabido que Choré, con la espesura de sus bosques, constituye una muralla natural que frena los vientos que azotan nuestras llanuras, ocasionando la destrucción y erosión eólica de los suelos. Que influye también en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones pluviales. Que tiene que ver con las variaciones del clima y los desarreglos naturales que resultan de las graves alteraciones del sistema ecológico.
Un recorrido por las zonas afectadas realizado por un equipo periodístico del diario cruceño El Deber, junto a representantes de las denominadas Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), permitió constatar los asentamientos ilegales y la explotación forestal. Un camino de reciente construcción permite, a lo largo de una decena de kilómetros, el desplazamiento de los depredadores. A la vera de la ruta también fueron observados nuevos asentamientos y trabajos de chaqueos y aprovechamiento de la madera. Los sindicatos agrarios, merced a la rapidez con la que consiguen movilizarse en el área, han consolidado su control sobre las concesiones forestales, impidiendo el trabajo normal de las ASL, que constituyen más de 100 familias.
Las autoridades municipales de Santa Rosa del Sara, que tiene jurisdicción sobre Choré, sostienen que se registra un alto tráfico ilegal de madera, a vista y paciencia de las autoridades, que no mueven un dedo para evitarlo. También se ha denunciado que la ocupación y destrucción de una de las concesiones prevé una pérdida de 200 empleos directos y una secuela de conflictos sociales y económicos.
El Gobierno nacional ha admitido la existencia de asentamientos ilegales en Choré y que la ley ha sido violada por los invasores y por funcionarios públicos que no han cumplido su deber.
A ver para cuándo y qué tan efectivas resultan las medidas anunciadas para desalojar a los avasalladores, para de ese modo garantizar que la de Choré continuará siendo una reserva forestal en Bolivia y un patrimonio natural que, cueste lo que cueste, tiene que ser preservado por siempre y para siempre.
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