Bolivia fue puesta en el mapa mundial como un buen proveedor forestal porque llegó a 2.000.200 hectáreas de bosques tropicales certificados y con sello verde. Cinco años después bajó a 2.000.090 hectáreas por razones económicas, legales y de conciencia ambiental en los mercados mundiales. Ahora, la mirada se dirige a los bosques del departamento paceño como alternativa ambiental y comercial.
La información del Consejo Boliviano para la Certificación Voluntaria (CFV) muestra que en las actuales áreas certificadas se cuenta con 17 operaciones de manejo forestal, 14 concesiones, una propiedad privada, dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y también hay 27 operaciones con certificación de cadena de custodia, 24 fábricas de manufactura de madera, dos talleres artesanales y un almacén.
“La certificación forestal voluntaria es una herramienta adicional a la legislación vigente, normada por la Ley Forestal, que el actor forestal (empresario, comunidad campesina o indígena, propietario privado de tierras) utiliza para adquirir un plus que le da al bosque; su uso que impacta positivamente en la producción, empleo, exportaciones, conservación ambiental, etc”, sostuvo el presidente del CFV, Juan Pablo Baldiviezo.
Esta institución, privada sin fines de lucro, apoya al sector privado y a las comunidades indígenas, campesinas y concesiones forestales en la obtención y mantenimiento de la certificación.
Baldiviezo aclaró que la mayor parte de áreas forestales certificadas están en el sector concesionario, casi el 97 por ciento.
El reto, en el nuevo marco de la tenencia de la tierra que da el derecho propietario a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es incorporarlas al concepto de manejo sostenible del bosque certificado, que cuida la destrucción, tala ilegal y genera beneficios económicos, indicó.
“Se está tratando de ver mecanismos para que puedan ir beneficiándose. El CFV tiene el rol de incorporar a todos los actores posibles en el manejo sostenible y responsable de los bosques”, más aún cuando el boom de la certificación se ha detenido y la tala ilegal continúa, especialmente en los bosques paceños, manifestó.
A través del Fondo de Certificación Forestal (Focerbo) se han beneficiado las comunidades Momené, Salvatierra, Cururú, y Urubichá de la TCO Guarayos, para la “pre-evaluación” de Manejo Forestal, en Santa Cruz.
La comunidad Cururú, recibió apoyo para la “evaluación final” habiendo obtenido la certificación FSC de Manejo Forestal en abril del 2007.
Las comunidades cruceñas Santa Mónica y Palestina de la TCO Monteverde, están en “pre-evaluación” de Manejo Forestal.
En el occidente, la Empresa Inpa Parket Ltda recibió ayuda de Focerbo para cubrir costos parciales de “re-certificación” de Cadena de Custodia.
Estos beneficiarios están comprometidos a continuar los esfuerzos para llegar a la certificación o en su caso mantenerse certificado por lo menos durante cinco años.
A pesar de estos esfuerzos, a la Cámara Forestal de Bolivia le preocupa la reducción en las áreas certificadas. Su presidente, Pedro Colanzi, explica que una de las principales razones es la dificultad de asumir los costos de mantener la certificación por la exigencia ambiental, social y económica que deben cumplir.
En la ambiental, lamentó que “no ha terminado el tema del saneamiento de tierras y hay muchos actores forestales como ASL y TCO que no han podido certificar. Los nuevos actores en el sector que detentan los bosques son las comunidades campesinas e indígenas que tienen más de 12 millones de hectáreas de bosques en su poder”.
Señaló que muchas de ellas recién están iniciando el proceso de certificación en el departamento de Santa Cruz. Tres de ellas cuentan con la certificación forestal con sello verde.
La comunidad Cururú se organizó y creó la Asociación Indígena Maderera del mismo nombre y cedió un total de 718 metros cuadrados cúbicos de madera a la empresa CIMAL/IMR, en una operación que demandó una inversión de 49.000 dólares y cuyo beneficio final fue la obtención de 18.000 dólares para ellos.
Para este año, la transacción estimada es de 3.210 metros cúbicos que les reportará ingresos netos por 70.000 dólares.
Colanzi destacó que la exigencia social permite un relacionamiento obrero patronal trans- parente y de respeto a los derechos laborales. Sin embargo, es una larga inversión porque se tienen que dotar de todas las condiciones a quienes trabajan en pleno bosque. “Hay que generar condiciones de infraestructura, comodidades y ambientes de esparcimiento. También se hace investigación ambiental porque hay áreas de bosque que no se pueden tocar; hay que saber qué árboles cortar, no son todos”.
Si todas los bosques estuviesen certificados, se facilitaría la fiscalización de las autoridades nacionales, explicaron.
Respecto al componente económico, la exigencia de que sea un programa de manejo viable económicamente, que dé réditos, hará que la gente cuide el bosque; lo contrario fomentaría la ilegalidad y la depredación. Si bien este componente permitió ingresar a los mercados más exigentes de Norteamérica y Europa, todavía la producción forestal certificada tiene que competir con productos que no tienen el sello verde.
“El mercado mundial y nacional, lamentablemente, aún no tienen un nivel de conciencia ambiental, suficientemente, elevado como para preferir pagar un poco más por los productos certificados con sello verde”, advirtió Colanzi
Entre el 2006 y el 2007, el sector forestal exportó alrededor de 200 millones de dólares.
Actualmente, son 77 las especies de madera certificada exportada, mientras que el potencial del país llega a 300 especies.
Puntos de vista
“Madera controlada es alternativa previa a la certificación forestal”
JUAN PABLO BALDIVIESO, presidente del directorio del CFV.
Se está manejando a nivel del Consejo de Manejo Forestal o FSC (Forest Stewardship Council), una organización ambientalista sin fines de lucro con sede en Alemania, que promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo; el concepto de madera controlada.
Son estándares que si bien no categorizan al área como certificada, generan las condiciones básicas como para que puedan acceder a la certificación. Esta acción permite la incorporación de más actores forestales al manejo sostenible. Debe empalmarse con alianzas estratégicas con el sector empresarial para completar la cadena productiva. Las comunidades tienen madera y pueden entregarla hasta que mejoren su capacidad económica para industrializarla.
“El único incentivo para el sector fue que nos pongan reglas claras”
PEDRO COLANZI, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.
En este momento, al manejo forestal sostenible, el Estado no le está dando la importancia necesaria.
Todos en el sector forestal empezamos igual: tuvimos acceso a algún bosque, sacamos la madera vendiéndola en troncas y pudimos juntar capital. Nunca se dio un incentivo adicional al sector forestal, el único incentivo fue que nos pongan las reglas claras. Eso fue un gran incentivo. Ahora, las comunidades tienen el recurso forestal y pueden vender troncas, comprar un camión, luego un aserradero y conseguir un socio nacional que compre las tablas. Así, pudimos llegar a tener un socio extranjero y crecer en los últimos 30 años; por eso el sector no cambió mucho y hay empresas familiares. Lo mismo puede pasar a las comunidades indígenas y campesinas, muchas ya tienen aserraderos y van a ir mejorando.
Apoyo Económico
Focerfo/CFB • El Fondo de Certificación Forestal brinda apoyo económico no reembolsable a los productores que quieran alcanzar, mantener o renovar la certificación de manejo forestal de sus bosques y la cadena de custodia de sus industrias.
Exigencia • Pide cumplimiento de las leyes vigentes y motivación para tener la certificación.
Recursos • El Fondo aseguró, hasta el 2012, un flujo de $us 250.000 destinados a fomentar la certificación forestal.
La información del Consejo Boliviano para la Certificación Voluntaria (CFV) muestra que en las actuales áreas certificadas se cuenta con 17 operaciones de manejo forestal, 14 concesiones, una propiedad privada, dos Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y también hay 27 operaciones con certificación de cadena de custodia, 24 fábricas de manufactura de madera, dos talleres artesanales y un almacén.
“La certificación forestal voluntaria es una herramienta adicional a la legislación vigente, normada por la Ley Forestal, que el actor forestal (empresario, comunidad campesina o indígena, propietario privado de tierras) utiliza para adquirir un plus que le da al bosque; su uso que impacta positivamente en la producción, empleo, exportaciones, conservación ambiental, etc”, sostuvo el presidente del CFV, Juan Pablo Baldiviezo.
Esta institución, privada sin fines de lucro, apoya al sector privado y a las comunidades indígenas, campesinas y concesiones forestales en la obtención y mantenimiento de la certificación.
Baldiviezo aclaró que la mayor parte de áreas forestales certificadas están en el sector concesionario, casi el 97 por ciento.
El reto, en el nuevo marco de la tenencia de la tierra que da el derecho propietario a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es incorporarlas al concepto de manejo sostenible del bosque certificado, que cuida la destrucción, tala ilegal y genera beneficios económicos, indicó.
“Se está tratando de ver mecanismos para que puedan ir beneficiándose. El CFV tiene el rol de incorporar a todos los actores posibles en el manejo sostenible y responsable de los bosques”, más aún cuando el boom de la certificación se ha detenido y la tala ilegal continúa, especialmente en los bosques paceños, manifestó.
A través del Fondo de Certificación Forestal (Focerbo) se han beneficiado las comunidades Momené, Salvatierra, Cururú, y Urubichá de la TCO Guarayos, para la “pre-evaluación” de Manejo Forestal, en Santa Cruz.
La comunidad Cururú, recibió apoyo para la “evaluación final” habiendo obtenido la certificación FSC de Manejo Forestal en abril del 2007.
Las comunidades cruceñas Santa Mónica y Palestina de la TCO Monteverde, están en “pre-evaluación” de Manejo Forestal.
En el occidente, la Empresa Inpa Parket Ltda recibió ayuda de Focerbo para cubrir costos parciales de “re-certificación” de Cadena de Custodia.
Estos beneficiarios están comprometidos a continuar los esfuerzos para llegar a la certificación o en su caso mantenerse certificado por lo menos durante cinco años.
A pesar de estos esfuerzos, a la Cámara Forestal de Bolivia le preocupa la reducción en las áreas certificadas. Su presidente, Pedro Colanzi, explica que una de las principales razones es la dificultad de asumir los costos de mantener la certificación por la exigencia ambiental, social y económica que deben cumplir.
En la ambiental, lamentó que “no ha terminado el tema del saneamiento de tierras y hay muchos actores forestales como ASL y TCO que no han podido certificar. Los nuevos actores en el sector que detentan los bosques son las comunidades campesinas e indígenas que tienen más de 12 millones de hectáreas de bosques en su poder”.
Señaló que muchas de ellas recién están iniciando el proceso de certificación en el departamento de Santa Cruz. Tres de ellas cuentan con la certificación forestal con sello verde.
La comunidad Cururú se organizó y creó la Asociación Indígena Maderera del mismo nombre y cedió un total de 718 metros cuadrados cúbicos de madera a la empresa CIMAL/IMR, en una operación que demandó una inversión de 49.000 dólares y cuyo beneficio final fue la obtención de 18.000 dólares para ellos.
Para este año, la transacción estimada es de 3.210 metros cúbicos que les reportará ingresos netos por 70.000 dólares.
Colanzi destacó que la exigencia social permite un relacionamiento obrero patronal trans- parente y de respeto a los derechos laborales. Sin embargo, es una larga inversión porque se tienen que dotar de todas las condiciones a quienes trabajan en pleno bosque. “Hay que generar condiciones de infraestructura, comodidades y ambientes de esparcimiento. También se hace investigación ambiental porque hay áreas de bosque que no se pueden tocar; hay que saber qué árboles cortar, no son todos”.
Si todas los bosques estuviesen certificados, se facilitaría la fiscalización de las autoridades nacionales, explicaron.
Respecto al componente económico, la exigencia de que sea un programa de manejo viable económicamente, que dé réditos, hará que la gente cuide el bosque; lo contrario fomentaría la ilegalidad y la depredación. Si bien este componente permitió ingresar a los mercados más exigentes de Norteamérica y Europa, todavía la producción forestal certificada tiene que competir con productos que no tienen el sello verde.
“El mercado mundial y nacional, lamentablemente, aún no tienen un nivel de conciencia ambiental, suficientemente, elevado como para preferir pagar un poco más por los productos certificados con sello verde”, advirtió Colanzi
Entre el 2006 y el 2007, el sector forestal exportó alrededor de 200 millones de dólares.
Actualmente, son 77 las especies de madera certificada exportada, mientras que el potencial del país llega a 300 especies.
Puntos de vista
“Madera controlada es alternativa previa a la certificación forestal”
JUAN PABLO BALDIVIESO, presidente del directorio del CFV.
Se está manejando a nivel del Consejo de Manejo Forestal o FSC (Forest Stewardship Council), una organización ambientalista sin fines de lucro con sede en Alemania, que promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo; el concepto de madera controlada.
Son estándares que si bien no categorizan al área como certificada, generan las condiciones básicas como para que puedan acceder a la certificación. Esta acción permite la incorporación de más actores forestales al manejo sostenible. Debe empalmarse con alianzas estratégicas con el sector empresarial para completar la cadena productiva. Las comunidades tienen madera y pueden entregarla hasta que mejoren su capacidad económica para industrializarla.
“El único incentivo para el sector fue que nos pongan reglas claras”
PEDRO COLANZI, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia.
En este momento, al manejo forestal sostenible, el Estado no le está dando la importancia necesaria.
Todos en el sector forestal empezamos igual: tuvimos acceso a algún bosque, sacamos la madera vendiéndola en troncas y pudimos juntar capital. Nunca se dio un incentivo adicional al sector forestal, el único incentivo fue que nos pongan las reglas claras. Eso fue un gran incentivo. Ahora, las comunidades tienen el recurso forestal y pueden vender troncas, comprar un camión, luego un aserradero y conseguir un socio nacional que compre las tablas. Así, pudimos llegar a tener un socio extranjero y crecer en los últimos 30 años; por eso el sector no cambió mucho y hay empresas familiares. Lo mismo puede pasar a las comunidades indígenas y campesinas, muchas ya tienen aserraderos y van a ir mejorando.
Apoyo Económico
Focerfo/CFB • El Fondo de Certificación Forestal brinda apoyo económico no reembolsable a los productores que quieran alcanzar, mantener o renovar la certificación de manejo forestal de sus bosques y la cadena de custodia de sus industrias.
Exigencia • Pide cumplimiento de las leyes vigentes y motivación para tener la certificación.
Recursos • El Fondo aseguró, hasta el 2012, un flujo de $us 250.000 destinados a fomentar la certificación forestal.
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