Las gobernaciones del país enfrentan dificultades para cumplir con su labor de protección a los animales. Tal es el caso de la Gobernación de La Paz, instancia gubernamental que debido a su poco presupuesto, falta de recursos humanos e infraestructura, además de su complicada coordinación con las autoridades policiales, ha visto que su labor es muy compleja.
En criterio expresado por la encargada de Biodiversidad de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, Yamel Chambi, es difícil la labor que realizan tomando en cuenta los problemas que enfrentan, los cuales escapan de sus manos.
“La labor de la Gobernación es principalmente la derivación de los animales silvestres, ya sea del tráfico, decomisos o entregas voluntarias. Los derivamos a los refugios de La Paz o del país para buscar su bienestar. Esa es nuestra labor según el reglamento”, dijo.
La funcionaria explicó que su trabajo es coordinado con Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), a través de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Dgbap), por lo que cada vez que realizan la derivación de un animal silvestre a un refugio permanente deben entregar un informe a esa repartición.
Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que debido a los problemas de hacinamiento que hay en los refugios permanentes en La Paz y a la necesidad de buscar hábitats adecuados, la Gobernación debe hacer las gestiones necesarias para derivar a los animales silvestres a otros refugios localizados en distintos departamentos del país, principalmente Santa Cruz.
POCO PRESUPUESTO
Chambi contó que cuando comenzaron a realizar su trabajo en la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra vieron que poco o nada se había hecho por la protección de los animales silvestres, pese a que esta responsabilidad está en la Constitución y en el reglamento para la custodia responsable de fauna silvestre.
“Nosotros iniciamos nuestro trabajo en 2016. Antes de eso, durante la gestión de César Cocarico, no se recibían animales ni nada en esta dirección, pero el reglamento ya existía desde el 2010 donde se especificaba las competencias de las gobernaciones y el municipio sobre el bienestar y derivación de animales silvestres”, indicó.
La funcionaria sostuvo que al no cumplirse las competencias en la anterior gestión, tampoco habían presupuestos asignados para la manutención de las especies salvajes que llegaban hasta la gobernación, por lo que recién se presupuestó recursos.
ESCASA COORDINACIÓN
Según las normativas, Chambi explicó que cada institución conoce la labor que debe desempeñar para salvaguardar la vida de la fauna silvestre que ha sido arrancada ilegalmente de su hábitat.
Sin embargo, la funcionaria responsabilizó a la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) de La Paz, de incumplir su rol al no entregar a todos los animales silvestres que decomisa o rescata durante sus operativos contra el tráfico ilegal y la tenencia irresponsable.
Dijo que en los primeros años de gestión la coordinación era positiva, lo cual hacía que su trabajo no fuera tan difícil como lo es en la actualidad. Sin embargo, la cosa cambió desde agosto de 2017.
RIESGO DE EXTINCIÓN
En un operativo efectuado recientemente por la Gobernación fueron decomisados cueros de puma, jaguar, zorro, tigrillo, capiguara, boa, sicurí, culebra y lagartos de la zona Siete Calles. Representantes de la Fiscalía anunciaron la aprehensión de una persona aprehendida.
El secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, Manlio Roca, puntualizó que la venta de cueros de animales silvestres está prohibida por la Ley Nº373 de Medio Ambiente. “No se puede hacer apología del delito, esta venta es totalmente ilegal y está diezmando el patrimonio natural de los cruceños y los bolivianos”, enfatizó.
De igual forma, la autoridad resaltó que “el jaguar es una especie en peligro de extinción” y en breve la Gobernación aprobaría una Ley que proteja a esta y nueve especies más, declarándolas Patrimonio Natural de los cruceños.
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