Las actividades mineras e hidrocarburíferas, la ampliación de la frontera agrícola y el avance de los asentamientos humanos en las 22 áreas protegidas ya generan problemas socioambientales, según advierte el análisis producido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
La evaluación está en la página web de la institución en la que se presentan las características de cada una de las áreas protegidas que existen en el país. Allí se enumeran y describen su creación, la ubicación, sus problemas medioambientales, los asentamientos humanos, las poblaciones indígenas que habitan en estos territorios y las presiones externas que sufren cada uno de los parques nacionales. En 15 de los 22 parques nacionales o áreas de reserva natural, ya aparecen problemas por actividades extractivistas.
Estos son los casos, según el SERNAP: el Parque Nacional Isiboro Sécure, el Parque Carrasco, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, la Reserva de Manuripi, la Reserva Tariquía, el área de Apolobamba, la Reserva de Pilón Lajas, el área de San Matías, el Parque Amboró, el Parque Cotapata, el de Madiddi, el de Kaa-Iya del Gran Chaco, el de Otuquis, el de la Serranía del Aguaragüe y el de la Serranía del Iñao. Los principales "impactos negativos” y las "presiones más preocupantes que advierte el SERNAP están vinculadas al "avance de la frontera agrícola”, "la prospección y exploración petrolera”, las actividades mineras y la contaminación de ríos, así como la apertura de caminos no regulados.
Por ejemplo, en el caso del Área Natural e Integrada San Matías se observa la "escasa o nula fiscalización de actividades mineras por los organismos competentes; áreas de interés petrolero en zonas sensibles”.
En el caso del Madidi, éste sufre otro tipo de presiones: "La explotación aurífera en las tierras altas y la contaminación de los ríos por mercurio, y el avance de la frontera agropecuaria”.
El impacto negativo es contundente en la Serranía del Aguaragüe, "la principal presión proviene de la actividad hidrocarburífera por el impacto negativo que está causando en los recursos naturales del área”, señala la información del SERNAP.
Según el Decreto Supremo 2366, aprobado el 20 de mayo, se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas. Sin embargo, se deberán prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la Madre Tierra.
Las empresas que desarrollen este tipo de operaciones en las áreas protegidas destinarán el 1% del monto de inversión establecido al estudio de impacto ambiental, para el fortalecimiento del área protegida intervenida
Los alcances del Decreto 2366
Aval El desarrollo de pozos exploratorios estará sujeto a un procedimiento independiente de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental.
Permiso Se deberán incorporar y utilizar mecanismos, equipos, tecnologías más adecuadas y limpias de última generación. La norma remarca que se debe considerar la existencia de ecosistemas frágiles y sensibles, a fin de reducir su vulnerabilidad y riesgos en la biodiversidad. Se debe priorizar tecnologías que minimicen la perturbación de la biodiversidad en zonas donde existan especies endémicas o en peligro de extinción.
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