La decisión del Gobierno a través del Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del territorio nacional, ha motivado para que el Defensor del Pueblo Rolando Villenas expresar su contrariedad y afirmar que esa disposición legal podría violentar la convivencia de los pueblos indígenas.
“¿Este decreto está en el marco de la Constitución? No, ese es el problema central, ese es el problema”, afirmó Villena a la ANF, al mostrar su preocupación por los efectos que podría generar el ingreso de las empresas de exploración de hidrocarburíferas en las 22 áreas protegidas que existen en el país.
La norma fue aprobada el 20 de mayo, establece que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se produce en el marco de su carácter constitucional estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) señala en un documento en su página web que el decreto termina por “legalizar” el trastocamiento de las áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas destinadas al extractivismo.
Asimismo, precisa que alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende al menos el 22% del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 áreas protegidas.
El Defensor cree que también tendrá un impacto en los pueblos indígenas que viven en esas áreas y demandó que la visión de desarrollo no afecte en su cosmovisión. “Que los pueblos indígenas asentados en los parques nacionales sean respetados en su cosmovisión y no hayan interferencias o argumentaciones que si bien pueden ser legales pongan en duda o posterguen este derecho legítimo”, sostuvo.
Otro de los temas que advirtió la Defensoría del Pueblo es que la responsabilidad el Estado estaría siendo diferida para que las empresas nacionales lleguen a acuerdos aislados con las comunidades afectadas que habitan en los parques, ya se podría estar frente a la “extinción” de algunos pueblos indígenas.
DECRETO SUPREMO
El Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo pasado, establece que “se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas”.
Por su parte el diario británico The Guardian lamentó que el Gobierno haya aprobado una norma que permite la explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas del país, mientras activistas de derechos de la naturaleza advierten con que la medida “sentencia” al medioambiente en Bolivia.
“El Gobierno de Bolivia llama al Madidi un “área protegida”, pero realmente no lo es. El 75% de sus 1,8 millones de hectáreas, que incluye el parque como tal y el Área Natural de Manejo Integrado, se sobreponen a concesiones de la española Repsol, la estatal brasileña Petrobras y la boliviano-venezolana PetroAndina”, dice The Guardian.
A esta postura también se sumaron activistas defensores de la naturaleza que cuestionaron la decisión del Gobierno boliviano en dar la posibilidad de explorar las zonas declaradas patrimonios naturales.
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