¿Buscar petróleo en parques y áreas protegidas de Bolivia? ¿Dónde queda el discurso ambientalista del Gobierno?
“Antes defendía los derechos de la Madre Tierra. Ahora es un oligarca más, un gobierno capitalista, y está en la lista de presidentes en favor de la élite”, responde el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla.
Julio Salazar, exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) que participó de la Cumbre sobre la Madre Tierra, deplora que “no se puede cambiar el discurso” porque el Gobierno es de la cultura de la protección a la Madre Tierra.
Este medio intentó contactarse con el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, pero su responsable de Comunicación, Juan Carlos Segales, dijo que estaba de viaje y que volverá en cinco días. La ministra de Medioambiente, Alexandra Moreira, también evadió la pregunta de este medio y pidió "hablar de otros temas".
En cambio, el director de Hidrocarburos, Desarrollo Industrial y Microempresa de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Covarrubias, niega que el discurso del Gobierno cambie e indica que lo que se busca fortalecer es la soberanía energética y que el impacto ambiental será mínima gracias a la tecnología que se empleará.
Lo cierto es que la emisión del Decreto Supremo 2366 promulgado el pasado 20 de mayo pone en entredicho el discurso ambientalista del Gobierno al permitir el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.
Padilla manifiesta que aparte de ese decreto existen dos más que refuerzan la posición “antiambientalista” del Gobierno refiriéndose al 2195, de noviembre de 2014, que establece una asignación porcentual de la compensación financiera, según el tipo de actividad hidrocarburífera, y al decreto 2298 de marzo pasado que modifica el reglamento de consulta, al que “lo han minimizado a una orden administrativa”.
Para Padilla existe un “discurso vacío” que dice defender los derechos de la madre tierra, pero en la práctica es todo lo contrario.
Datos
Según el investigador especialista en temas ambientales del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Jorge Campanini, el Gobierno abrió áreas protegidas a la actividad hidrocarburífera el 2013 porque un año antes dispuso “la mayor superficie jamás dispuesta para actividades petroleras”. “Alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera, que comprende cerca de 22 por ciento del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 áreas protegidas nacionales existentes en el país”, explica.
La investigación de Campanini revela que de las 18.271.699 hectáreas de superficie protegida a nivel nacional, 3.043.797 son afectadas por la superposición de contratos petroleros. Es decir, cerca el 17 por ciento de lo que constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se consolida en una zona de actividad petrolera.
Impacto social
Padilla objeta que el pueblo guaraní se ve “gravemente afectado” por el nuevo decreto, porque en la región existe pobreza, el agua es limitada, no hay energía eléctrica ni gas y de lo que se subsiste es de la caza, la pesca y la recolección de frutas.
“Tenemos mayor presencia de concesiones petroleras, estamos con las aguas contaminadas, hay extrema pobreza y seguimos acarreando agua en galones, están acabando con la vida de nuestro pueblo”, afirma.
Sin embargo, Covarrubias declara que se pretende trabajar con tecnología de punta para evitar el impacto ambiental con la construcción de vías de acceso. Para ello, el presidente, Evo Morales, adquirió un avión con tecnología SFD, un método geofísico aéreo para evitar dañar el medio ambiente.
Inconstitucionalidad
Según Fernando Vargas, dirigente indígena del Tipnis y excandidato presidencial, el decreto viola los artículos 30, 385, 394, 403 y otros de la CPE, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos indígenas, la leyes de Medio Ambiente, la 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la 3545 de Reconducción Comunitaria, el reglamento, decretos y normas de creación de áreas protegidas.
PARTICIPARÁN 24 CAPITANÍAS EN LA ASAMBLEA DE EMERGENCIA
Guaraníes llaman a reunión para tratar “decreto maldito”
Las 24 capitanías de la nación Guaraní del Chaco convocaron a una asamblea de emergencia para tomar decisiones orgánicas respecto a la promulgación del Decreto Supremo 2366 que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.
La reunión que se iniciará mañana y que concluirá el jueves se desarrollará en la comunidad de Caraparicito.
“Vamos a tomar una decisión orgánica política frente al Gobierno nacional, porque prácticamente nos afecta gravemente, perdemos el derecho a ser consultados de manera procedimental o de acuerdo a la Constitución y eso nos preocupa”, afirma el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla.
Vamos a ver la manera de evitar una explotación a gran escala y éste no debería de ser sólo un problema de los pueblos indígenas originarios, sino de todo el país, reflexiona.
El investigador especialista en temas ambientales del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, manifiesta que aún no se desarrollaron investigaciones sobre el impacto social de la normativa, pero que afecta a la población boliviana en su conjunto.
Alrededor de 35 capitanías, 24 del pueblo guaraní y el resto de ayoreos y del pueblo simba son los indígenas afectados, que suman alrededor de 275 mil habitantes que se declaran en emergencia por el decreto promulgado el pasado 20 de mayo.
“Nosotros salimos de ese territorio a buscarnos la vida, la recolección de frutas, acudimos a los territorios en busca de la medicina, en sí todo eso se estaría echando a perder con las empresas petroleras”, acotó.
El director de Hidrocarburos, Desarrollo Industrial y Micro Empresa de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Covarrubias, señaló que se debe buscar un equilibrio entre las demandas de la sociedad y de la Madre Tierra.
Crisis orgánica
Según Padilla, a raíz del Decreto Supremo 2366 también se generará una crisis orgánica porque el Gobierno “conseguirá lo que quiera extorsionando la estructura organizacional”.
Explica que el problema del resquebrajamiento orgánico es latente por la presencia de las empresas petroleras, porque produce peleas y divisiones internas extorsionando a los dirigentes para que acepten los trabajos de campo.
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