El investigador Walter Arteaga, en el informe de "Avances y retrocesos en la defensa de la Pachamama” de 2013, sugiere viabilizar una política de bosques para acceder a estos mecanismos de compensación
El Protocolo de Kyoto estableció el mecanismo de descontaminación conocido como "créditos (o bonos) de carbono”, como medida para reducir o contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero que inciden directamente en el calentamiento global. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 o carbono que se deja de emitir o es absorbida gracias a mecanismos de forestación o reforestación, y es objeto de comercio dado su valor monetario asignado.
En esta política, la clave del diseño y alcance de las iniciativas radica en definir cuáles serán los mecanismos de distribución de estas compensaciones económicas por el secuestro de carbono.
Quiénes pagan las compensaciones, quiénes obtienen la titularidad de los "créditos de carbono” y quiénes son los beneficiarios directos que reciben los recursos económicos de compensación, son los ejes que definen si estas iniciativas se inclinarán más por la visión indianista o por el mercado capitalista.
Según la visión gubernamental, el Estado Plurinacional y los pueblos indígenas y comunidades campesinas deberían ser los receptores directos de estas compensaciones económicas
Esto no implica, por supuesto, que se libere a los países industrializados de su obligación de bajar sus emisiones de carbono, aunque lamentablemente muchas empresas en la actualidad optan por la compra de créditos de carbono en lugar de reducir efectivamente sus emisiones.
Para viabilizar esta propuesta el país deberá dotarse de una nueva política nacional de bosques que enfrente las causas de la deforestación y degradación y contemple una estrategia específica para estos mecanismos de compensación.
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