La contaminación del suministro de agua de 16 de los 56 municipios del departamento cruceño (28%) representa una llamada de atención para las autoridades de las comunas afectadas, expresaron representantes de la Gobernación y ambientalistas consultados, luego de conocer los resultados del informe epidemiológico del programa departamental de lucha contra el cólera del Sedes.
Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, sostuvo que el problema que se suscita cuando el agua que se consume no es potable, involucra dificultades para la salud, deficiencias de dotación de servicios básicos y daños al medioambiente.
De acuerdo con Urenda, las alcaldías cuentan con mecanismos legales para sanear las falencias que se presentan en este sentido, donde “se debe responder de manera urgente”.
Según el estudio del Sedes, los municipios observados son Roboré, San José de Chiquitos, Boyuibe, Camiri, Cuevo, Samaipata, El Carmen Rivero Tórrez, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Colpa Bélgica, Moro Moro, Postrer Valle, Pucará, Trigal, Vallegrande y San Javier.
Se buscó contactar vía teléfono a las autoridades municipales y a los responsables de las cooperativas de aguas de Camiri y San José de Chiquitos para conocer sus criterios. Sin embargo, no hubo respuesta durante el domingo. Este año, ambas comunas tuvieron graves brotes de diarrea asociados al consumo de agua de grifo.
Roberto Tórrez, jefe de Edpidemiología del Sedes, indicó que el problema también amerita una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAA) y del Ministerio de Salud, además del seguimiento que hace la Gobernación.
Por su parte, voceros del MMAA comprometieron la respuesta de las autoridades para hoy lunes.
La Autoridad de Agua Potable debe actuar
Ricardo Saucedo | Experto en Derecho Ambiental
Los municipios deberían ser los primeros en abordar la problemática. Lo primero que debe hacer cada una de estas alcaldías es convocar al operador del servicio y establecer soluciones concretas y urgentes.
Este problema repercute en daños al medioambiente, a la salud humana y a la dotación de servicios básicos, por ende, el hecho de que en el departamento esta dificultad persista en algunas de sus comunas, significa que el Estado está fallando en las obligaciones que tiene para con el ciudadano.
La otra instancia a la que se debe llamar a actuar es a la Autoridad de Control Social y Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Esta entidad tiene la obligación de garantizar el servicio de distribución de agua potable en todo el país.
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