Bolivia impulsa megaproyectos y empresas extractivistas que agreden a la vida de la “Madre Tierra”, que según la Constitución Política del Estado (CPE) comprende a los múltiples seres componentes, incluyendo los seres humanos. Un informe del Estado Ambiental de Bolivia 2009-2010, publicado por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), revela los daños.
En los últimos 12 años en Bolivia ha habido un incremento de megaproyectos y procesos intensivos de exploración. De cinco proyectos el año 1998 el número de megaproyectos subió a un total de 17.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) dependiente del Gobierno, explica que existen algunas limitaciones en la prevención y control de daños y que la aplicación de la normativa establece medidas de mitigación, “pero debe haber un trabajo de acompañamiento a través de trabajos de monitoreo y seguimiento”.
Según la corporación internacional Nothmann Research, un megaproyecto es definido como un esfuerzo único, un proyecto cuyas condiciones particulares requieren mayores tiempos, presupuestos y/o recursos. Los riesgos, las necesidades y dificultades para llevarla a cabo son habitualmente altos.
Los daños ambientales y a la humanidad de estos emprendimientos, agravan la situación de degradación y fragmentación del territorio boliviano donde un tercio del total se encuentra en estado crítico, según el mismo informe.
“Para nosotros los principales enemigos de la Madre Tierra son las transnacionales, las empresas mineras que contaminan el agua afectando nuestra salud”, reprocha la Mama T’alla de la Comisión de Género del Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Qullasayu, Conamaq, Alberta Caysasi.
Entre los megaproyectos identificados por Lidema se encuentran el proyecto hidroeléctrico de El Bala, una megarepresa promovida los años 90 que devastaría más de 200 mil hectáreas de ecosistemas naturales en el Parque Nacional Madidi y la Reserva-Territorio Indígena (TCO) Pilón, según explica el coordinador nacional de Investigación y Monitoreo Ambiental de Lidema, Marco Octavio Ribera.
En la megarepresa Cachuela Esperanza sobre el río Beni, el mayor riesgo radica -según la investigación- en los efectos directos de inundación en la región noreste de Bolivia. Al menos 10 comunidades campesinas y una población grande (Riberalta) serán directamente afectadas por el embalse. “Bajo eventos climáticos extremos de El Niño-La Niña, los efectos de la inundación podrían llegar a ser extremadamente catastróficos”, señala Ribera.
Otro proyecto es el geotérmico en Laguna Colorada, impulsado desde el año 2008, con apoyo del Japón, al interior de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa y en la cuenca de la Laguna Colorada. Se prevén impactos a la calidad escénica y ambiental, con lo cual existe el riesgo del colapso de actividades de ecoturismo en el área.
El camino que divide el Tipnis, en junio del 2011 el Gobierno dio la aprobación del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, fase II, atravesando la zona mejor conservada del Parque Nacional y territorio indígena Tipnis.
“El megaproyecto vial no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental de la fase II, como tampoco se ha dado la respectiva consulta pública”, dice Ribera. El Ministerio de Medio Ambiente impulsa un “estudio estratégico”, pero aún no se conocen los resultados.
La explotación e industrialización de cobre en Coro Coro, La Paz, que inició el año 2009 con la estatal minera Comibol afecta los ecosistemas de las tierras comunitarias, su salud y sus derechos humanos.
El proyecto piloto de explotación de litio en el Salar de Uyuni (Potosí), proyecta una megaexplotación que podría alcanzar a 30.000 Tn/año de carbonato de litio. El “proyecto piloto”, iniciado el año 2010, ocasionó el deterioro de decenas de hectáreas del salar por la construcción de las piscinas de evaporación, caminos y terraplenes, mostrando el riesgo de lo que podría ocurrir si se da una explotación a gran escala.
Hidrocarburos amplían su frontera
La exploración y explotación petrolera sufrieron un fuerte crecimiento en los últimos años, la frontera petrolera se amplió en octubre de 2010. El número de áreas de exploración y explotación hidrocarburífera se amplió de 33 a 56, lo que representa un área de más de más de 1,5 millones de hectáreas (Decreto Supremo 0676).
Las operaciones petroleras vulneran y ponen en riesgo al menos 7 áreas protegidas y 8 tierras tradicionales indígenas o TCO, según explica el Coordinador Nacional de Investigación y Monitoreo Ambiental de Lidema, Marco Octavio Ribera.
Es así que las afectaciones por la exploración y explotación de hidrocarburos son derivadas de los proyectos en Liquimuni en el norte de La Paz, por la empresa Petroandina, las exploraciones petroleras en Madidi y Pilón Lajas por las empresas Petrobras-Total y Respol YPF, otras operaciones en el parque Aguarague a cargo de la empresa Petroandina (PDVSA-YPFB), asimismo la exploración petrolera en la TCO Tentayape, por la empresa Repsol YPF. En todos los casos los impactos se dan en los ecosistemas frágiles (bosques), en las nacientes de ríos, recursos de flora y fauna, y sitios con un alto valor cultural, que afecta la vida cotidiana de sus habitantes, sus usos y costumbres, su salud y sus relaciones humanas.
“Megaproyectos responden sólo a intereses globales”
“Los megaproyectos responden a intereses globales de un plan agresivo denominado IIRSA”, afirma el responsable de Planificación del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc), Gustavo Soto.
El año 2000, doce presidentes suramericanos, entre ellos el de Bolivia, lanzaron el plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional) para promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicación bajo una visión regional, establecido por ejes de integración (www.iirsa. org).
El plan, con 514 megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, gasíferos y portuarios, entre otros, tiene una inversión inicial estimada de 69 mil millones USD, financiados por BID-CAF-Fonplata, la Unión Europea y el Banco Santander.
En el caso boliviano los proyectos dentro este plan son: todos los relacionados a la construcción de carreteras y puentes de gran envergadura, los proyectos hidroeléctricos Cachuela Esperanza en Beni, Rositas en Río Grande-Santa Cruz, el Bala en el norte paceño, y la hidrovía El Mutún en Puerto Busch.
Los emprendimientos de desarrollo son cuestionados por el costo que tiene dicho beneficio. “¿Desarrollo? sí pero para las Corporaciones Multinacionales. Bolivia está subordinada, primero a Brasil y luego a los países sudamericanos, y a la economía capitalista global liderada por China, India, Rusia”, señala Soto.
Sernap: recomendaciones de mitigación no son vinculantes
Las recomendaciones para evitar y mitigar los daños ambientales realizados por las autoridades competentes, son parcialmente atendidas ya que los informes no tienen un carácter vinculante, de cumplimiento obligatorio, así lo señala el director de Monitoreo Ambiental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), José Coello.
“El Servicio de Áreas Protegidas da los criterios técnicos, pero es la autoridad del Gobierno la que debe ejecutar. Los informes no tienen un carácter vinculante”, informa.
Coello señala que la alternativa para superar los daños parte de una mirada estratégica sobre los aspectos patrimoniales de la biodiversidad en Bolivia. “En megaproyectos se debe partir de las evaluaciones ambientales estratégicas, si son grandes inversiones hay que ser muy reflexivos para no cometer errores”, dijo.
La autoridad explica algunas limitaciones en la prevención y control de daños. “La normativa establece que se debe contar con medidas de mitigación, pero debe haber un trabajo de acompañamiento a través de trabajos de monitoreo y seguimiento”. Existen casos como el tramo San Buena Ventura-Xiamas donde las organizaciones demandan participación y establecen comités de monitoreo socioambiental.
Adriana Soto / Investigadora CEADESC
Los derechos humanos son los más vulnerados
La mayor afectación de los grandes emprendimientos de desarrollo y producción expresados en los megrapoyectos, son principalmente a los derechos humanos, entre ellos el derecho al territorio, a la consulta previa, al agua, a la protección de la salud y a la justicia.
Esta vulneración de derechos es recurrente en todos los proyectos. En una primera instancia los pueblos indígenas originarios no fueron consultados para el inicio de proyectos que afectarían su vida. No se hace la consulta porque no hay un reconocimiento legal de que ellos son los dueños.
Las relaciones sociales al interior de las comunidades son debilitadas y en muchos casos quebrantadas, expresados en la división y peleas entre familias que sufren directamente los daños y quienes son contratados por las empresas. En este contexto el derecho a la protesta es vulnerado porque son los mismos dirigentes que amenazan a las familias para que no digan nada.
Asimismo su economía se ve afectada, ya que el progreso, y el movimiento ocasiona que todos los productos e insumos básicos de uso familiar suban de precio y sólo son accecibles para los ingenieros y trabajadores de las megaempresas. La contaminación del aire, suelo y fuentes de agua vulneran el derecho a la salud. “Ya no podemos tomar el agua de este río y nuestros animales tampoco”, dicen las personas que viven cerca de las plantas. Esta contaminación también daña a sus animales que en muchos casos representan el soporte de la alimentación y economía familiar.
El Estado debe obligar a las empresas a realizar los estudios de impacto ambiental y que éstos cumplan las políticas de respeto al medio ambiente. Si los reclamos y advertencias de devastación de las comunidades no son escuchadas, lo único que queda es recurrir a la justicia internacional.
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