domingo, 7 de mayo de 2017

Sentencias contra mineras que contaminan son un buen antecedente


Fallo contra mineras que contaminan debe ser imitado en otras regiones /El Potosi.com
La sentencia en contra del propietario de la minera "Santiago Apóstol Silver & Tin", por la contaminación de aguas que llegan al río Pilcomayo, representan un buen antecedente en la lucha por la protección del medio ambiente, según informaron representantes de la Coordinadora en Defensa del río Desaguadero lagos Uru Uru y Poopó (Coridup).

A finales de abril, la justicia boliviana determinó una pena privativa de libertad de siete años en el penal de Cantumarca de Potosí, en contra de Mario Jorge Cano Cruz, propietario de la empresa minera "Santiago Apóstol Silver & Tin", por el delito de atentado a la salud pública, porque las colas del dique de esta entidad afectaban a los afluentes que llegaban hasta el río Pilcomayo, esto se conoció por los medios como un daño al medio ambiente.

El presidente de la Coridup, Ángel Flores, indicó que esto se constituye como un buen antecedente en la lucha de los pueblos por la defensa de la Madre Tierra, ante empresas que van contaminando lagos y ríos del país y que no son sancionados por este accionar.

Dijo que las acciones emprendidas por las gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija, conllevan un gran avance en la temática ambiental y sobre todo la contaminación minera de donde proviene un gran porcentaje de los daños a la naturaleza.

"Como Coridup, hemos reclamado para que pare la contaminación minera, para que las empresas tengan sus diques de colas, fruto de eso el año 2009, salió el Decreto 0335 que declara zona de emergencia a la subcuenca Huanuni, ni con este decreto se ha podido avanzar mucho, solo se dieron algunas líneas estratégicas, pero lo más importante es que la estatal minera Huanuni hasta ahora no puede contar con su dique de colas, sigue botando sus residuos hacia el río, llegando la contaminación hasta el lago Uru Uru y Poopó", aseveró.

Flores dijo que el ejemplo de las tres gobernaciones, deben ser seguido por las autoridades, pues no se puede permitir que empresas privadas o estatales atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad, como pasa con los lagos Uru Uru y Poopó, y que se deben asumir acciones de hecho para frenar esta situación.

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