Luego de cuatro años (2012-2015) en donde los desmontes ilegales dañaron el tejido forestal del país, hasta septiembre de 2016 los números giraron hacia la actividad legal. Así, según la Autoridad de Control y Fiscalización y Control Social Bosques y Tierra (ABT), hasta el tercer trimestre del año pasado se desmontaron en el país 141.292 hectáreas, de las cuales 76.301 (54%) fueron legales y 64.990 fueron ilegales.
Esta modificación no es una casualidad, pues de acuerdo con Álex Escalante, director nacional de programa Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, del 1,5 millones de hectáreas que se desmontaron en el país de manera ilegal, hasta febrero de 2017 regularizaron su situación el 85,6% (1.284.620 de hectáreas) lo que permitió un registro mayor de lo legal.
Otro punto, según el informe escrito de la ABT, que permitió un repunte de lo legal es que hay un aumento en la aprobación de los Planes de Ordenamiento Predial y en los Planes de Desmonte lo que provocó una menor burocracia e incentivó a los productores a optar por la actividad legal.
Sin embargo, se aclara en el documento de la ABT que fue entregado al senador Yerko Núñez, que entre 2012 y 2015 en el país se deforestaron 762.776 hectáreas de las cuales, 611.341 (80%) fueron realizadas de forma ilegal y solo 151.432 (20%) cumplieron con la norma vigente.
En 2012 se desmontaron ilegalmente 117.950 hectáreas, mientras que la legal llegó a las 10.094, en 2013 la actividad ilegal aumentó a 159.179 hectáreas y la legal sumó 21.011.
En 2014, nuevamente la deforestación ilegal aumentó a 179.818 hectáreas y a 35.259 la legal. Es en 2015 cuando la deforestación legal tiene un incremento de un 141% para pasar a 85.071 hectáreas, sin embargo la actividad ilegal sigue por encima con 155.396 hectáreas. Lo cierto es que antes de la modificatoria a la normativa imperaba lo ilegal.
Investigación de 2016
El senador Núñez explicó que el pedido de informe escrito a la ABT es el resultado de una investigación que empezó en 2016, debido a reiteradas denuncias de que en ciertas zonas de Santa Cruz, La Paz y Beni se estaban desarrollando desmontes ilegales para realizar labores agrícolas y pecuarias.
“Los resultados son sorprendentes porque vemos cómo la ilegalidad es una constante año tras año y triplica a la actividad legal. En esta coyuntura, es Santa Cruz la principal región afectada en donde los desmontes ilegales dan paso a la agricultura y la pecuaria no planificada”, dijo Núñez.
En este punto, los números de la ABT indican que en 2012 en Santa Cruz se desmontaron ilegalmente 91.369 hectáreas, en Beni, 8.437 y en La Paz, 4.032. En 2013 la ilegalidad en tierra cruceña se cobró 109.689 hectáreas, en Beni, 15.207 y en la sede de Gobierno, 7.263.
La tendencia al aumento de lo ilegal se registra en 2014 y 2015, mientras que hasta el tercer trimestre de 2016 nuevamente Santa Cruz, con 56.300 hectáreas, es la más afectada por las deforestaciones ilegales. Seguida bien de lejos por Beni con 5.364 y Pando con 2.929.
Críticas al actual escenario
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que la deforestación ilegal es el principal problema para la empresa maderera del país y para los bosques un cáncer que se debe combatir.
Ávila alertó que el 80% de las deforestaciones hasta 2015, sean ilegales es grave y es un síntoma de que la autoridad que controla estos ilícitos está ausente, a tiempo de detallar que cuando se deforesta se generan dos problemas, uno económico y el otro ecológico.
En el plano económico Ávila sostuvo que el desmonte ilegal deja en el camino materia prima que se pierde que bien puede ser transformada en un producto de consumo con valor agregado y por lo general esa materia prima se quema afectando al medioambiente.
Cuestión de alimentos
En el informe se detalla que de acuerdo con la Cobertura de Uso de Suelo (Cobuso), la categoría extractiva forestal (30.671 hectáreas), la productiva agropecuaria (21.733) y la productiva ganadera y extractiva forestal minera (21.330) son los que tienen mayor presencia en la deforestación ilegal.
Freddy Suárez, presidente de la CAO, sostuvo que en Santa Cruz hay cerca de tres millones de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria y que si en gestiones pasadas hubo desmontes ilegales mediante un programa del Gobierno muchos productores optaron por legalizar su situación.
Suárez subrayó que la deforestación es un tema que preocupa al sector, pues si se quiere ampliar la frontera agrícola se la debe hacer de forma planificada y no con asentamientos ilegales que no respetan el uso de suelo y buscan realizar actividades agrícolas o trabajos pecuarios.
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