Una investigación del Banco Mundial, determinó que por lo menos once cuencas hídricas del país estaban comprometidas por la acción irresponsable de empresas mineras y de trabajadores de concesiones menores, pero igualmente dejando que aguas contaminadas se insuman o mezclen con el líquido elemento, destinado de manera natural al consumo humano en comunidades y para abrevaderos de ganado, además del riego de pastizales y una fauna cada vez más reducida por el letal efecto del líquido envenenado, según establecen los estudios efectuados.
Otro informe ampliado menciona más de 20 fuentes de agua potable que abastecen a extensas poblaciones metropolitanas de la zona occidental del país, que son amenazadas por la actividad minera, con alto grado de contaminación de las aguas, pese a un control existente, pero por lo visto burlado por protagonistas de la actividad minera que operan al margen del control estatal.
El gran problema de ésta situación, es que la irregularidad es práctica común e irresponsable de empresas mineras estatales, un caso paradójico, es el de Huanuni, la importante empresa que contamina tanto o más que los mineros cooperativistas que trabajan en concesiones aledañas. Hace unos años atrás y luego de un estudio realizado en el distrito de Huanuni, se comprobó que esa compañía vertía diariamente al río Huanuni, la impresionante cantidad de 15.500 kilogramos de desechos, entre sustancias tóxicas y minerales. Los datos de la investigación promovieron la promulgación de un decreto y la aplicación de un plan para recuperar la sub cuenca hídrica del sector. Lamentablemente varios años después, se observa que esas medidas no se han cumplido y lo que es peor, ni siquiera se puede habilitar el anunciado "dique de colas", para contener el paso de las aguas contaminadas.
Un reciente trabajo de investigación periodística sobre este preocupante tema de la contaminación minera consignado en el matutino La Razón, muestra un mapa de 34 minas y sus residuos tóxicos que afectan poblaciones de Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz. En varios de esos centros mineros se explota zinc, plata, estaño y plomo.
En la referencia que tiene que ver con Oruro, se consigna a Huanuni, que tiene el mayor problema de contaminación, luego se incluye la mina San José, aledaña a la ciudad y que prácticamente forma parte de un sector densamente poblado donde se ubica la denominada "ciudadela minera", incluyendo el Hospital San José y algunas dependencias de la mina y de la Comibol. Por los datos que se tienen, en la zona se percibe la contaminación de aguas, que son expulsadas desde la empresa, ahora explotada por trabajadores cooperativistas.
Se completa el detalle de las minas con problemas de contaminación en el distrito de Oruro, anotando a las empresas de Poopó, Avicaya, Bolívar y Azanaques, que de todos modos, incorporan sus desechos tóxicos a las corrientes de ríos que llevan agua hacia comunidades agrícolas y ganaderas del altiplano orureño.
Potosí es el departamento que tiene más cantidad de minas en producción y propiamente todas con más o menos grados de contaminación, incluyendo las operaciones que se realizan en el Cerro Rico y en las faldas de este coloso de plata, donde el uso de agua es parte ineludible de las tareas mineras, y desechadas al curso de ríos. Hay algunas operaciones mineras de gran escala, a cargo de empresas medianas que han tomado las previsiones del caso, para mitigar la afectación al medio ambiente. Un ejemplo de trabajo específico se da en la minera San Cristóbal, el emprendimiento minero más importante del país, donde la contaminación de aguas es minimizada, con procedimientos de permanente control.
Es un hecho innegable que la minería realizada sin controles adecuados, con abundante uso de aguas y sin la habilitación de diques correctamente protegidos con materiales especiales como material plástico de alta resistencia y otros detalles técnicos, es una amenaza permanente a las corrientes hídricas próximas a las operaciones mineras, por la "liberación" de sustancias tóxicas y metales pesados que llegan a los ríos y estos hasta zonas lacustres, donde sus efectos son realmente depredadores.
Sobre el tema, algunas organizaciones defensoras del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, recordaron que la minería ejerce efectos de perturbación en la fertilidad de los suelos, los pastizales y cultivos, de ahí que es importante el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Medio Ambiente, que regula cierto tipo de actividades industriales y especialmente las mineras, para evitar la contaminación directa que envenena los cursos de agua, y no existen programas de mitigación para precautelar la salud de personas, animales y la flora existente en diversos sitios próximos a operaciones mineras.
El daño en personas por consumo de agua o ingerir alimentos contaminados tiene efectos que se manifiestan en el tiempo, con problemas hepáticos, renales e inmunológicos, que provocan hasta consecuencias fatales, si no se toman medidas oportunas.
Autoridades y dirigentes de comunidades del altiplano, plantean al Gobierno la urgencia de exigir a las empresas mineras estatales y privadas, incluyendo las cooperativas, el cumplimiento de disposiciones que precautelen la seguridad de la salud, a través de un monitoreo permanente de los cursos de agua y lo más importante, como en el caso de Huanuni, San José y otras minas, la aplicación de programas de saneamiento que disminuyan y eliminen el grave problema de la contaminación de aguas y en general del medio ambiente.
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