El Gobierno advirtió ayer con retirar las licencias de funcionamiento y expulsar a las empresas asentadas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que incumplan con la ley corta, que establece la intangibilidad de la reserva natural.
El anuncio llegó justo el día en que el presidente Evo Morales lamentara en Potosí que los indígenas de tierras bajas se opusieran a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaba el corazón del Tipnis, y cuando el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, mencionó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas resguarden el parque para hacer prevalecer el término de intangibilidad de esta área protegida.
La viceministra de Medio Ambiente, Cinthya Silva, anunció ayer que preparan una inspección al Tipnis y, una vez tengan los datos oficiales, el Gobierno emitirá un dictamen sobre la permanencia o no de las empresas asentadas en el lugar.
“Es bueno decir que estamos revisando las licencias ambientales de la operación turística porque, aunque el proceso de otorgación es completamente legal, existe un problema con la otorgación del derecho desde el servicio de áreas protegidas; estamos revisando para ver si se deja sin efecto las licencias", señaló Silva.
En respuesta, el dirigente indígena Pedro Vare dijo que no permitirán que se hable de la suspensión de los proyectos porque costaron años para su desarrollo; además, todos tienen control de las bases y el Sernap otorgó el permiso, incluso se estaba planificando la entrega de un premio a la iniciativa productiva en este año.
En el Tipnis hay ocho proyectos que se desarrollan: una empresa mixta de ecoturismo, un proyecto de cacao, uno de manejo de lagartos y al menos cinco forestales operan en el parque.
A su vez, el vocero de los indígenas del Tipnis, Lázaro Tacó, expresó su rechazo a la propuesta gubernamental de instalar puestos militares para resguardar la reserva natural de la tala ilegal de árboles, caza y pesca de animales y de las actividades del narcotráfico. "No necesitamos presencia militar porque solo van a conseguir asustar a los indígenas", señalo Tacó
El Gobierno y los sectores sociales afines al MAS iniciaron movilizaciones en rechazo a la ley corta, promulgada el 24 de octubre por el presidente Evo Morales, que deja sin efecto la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesaría el Tipnis.
En la jornada
- Caso. Para el abogado Luis Ayllón, que representa a los asambleístas opositores, calificó como “una pantalla” la investigación de la Fiscalía General sobre la represión policial a los marchistas indígenas.
- Protesta. Sectores sociales y autoridades cochabambinas afines al MAS anuncian una movilización para comienzos de diciembre, para exigir la modificación de la ley corta sobre el Tipnis.
- Debate. La dirigencia indígena que negocia con el Gobierno el reglamento de la Ley 180 de protección del Tipnis, está de acuerdo con la presencia militar en la zona colonizada del parque Isiboro Sécure, pero no así dentro las comunidades indígenas.
- Acusación. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo ayer que es preciso corregir los problemas causados por agentes externos que manipularon con fines políticos a los indígenas que marcharon por la denominada defensa del Tipnis.
- Posición. El dirigente indígena Pedro Vare aseguró que no están preocupados por la militarización o la construcción de cuarteles en el Tipnis, pero deben hacerlo en la zona colonizada que es donde se está descubriendo fábricas de cocaína, al interior del parque existe control social de los proyectos coordinados con los originarios.
Villena dice que no irá a declarar como testigo
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó ayer que no acudirá a declarar ante el Ministerio Público por el caso de la represión policial a la marcha en defensa del Tipnis, porque fue citado en calidad de testigo. Villena explicó que existen argumentos constitucionales que le impiden asistir a esta convocatoria.
El defensor no acudió el viernes a declarar ante la Fiscalía General del Estado en la investigación que lleva adelante por la intervención policial que sufrieron los indígenas el 25 de septiembre en Chaparina, cerca de la localidad de Yucumo, Beni.
"Soy defensor del Pueblo y de acuerdo a mandato constitucional no puedo declarar en calidad de testigo. Como defensor del Pueblo estoy encabezando un trabajo de investigación sobre la base de los testimonios de las víctimas", argumentó Villena.
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