Mientras la dirección de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) se alista para entregar mañana la notificación de anulación de los contratos para la explotación forestal a las tres empresas que operan en el Tipnis, los originarios de esa zona preparan una demanda contra el presidente del Estado, Evo Morales, por la represión a los marchistas, el 25 de septiembre.
“Es un show que realiza el Gobierno y con eso solo muestra la discriminación hacia los pueblos indígenas”, dijo el dirigente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, al referirse a la suspensión de las actividades comerciales en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, sin que esté aprobada la reglamentación de la Ley Corta.
Explicó que paralelo a la demanda contra el mandatario Morales, se analizarán otras medidas de presión en la reunión que sostendrá la Comisión Nacional que conforman las regionales de los pueblos indígenas que se reunirán el 19, 20 y 21 de noviembre.
Sobre la anulación, el director de la ABT, Clíver Rocha, afirmó ayer que tras la aprobación de la resolución a primera hora de mañana, lunes, se entregará la notificación correspondiente a las empresas Suri, Isigo y Huanca Rodríguez, que hasta ayer no han buscado ninguna comunicación con esa entidad gubernamental.
Por su lado, la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, confirmó que a pocas horas de revertir la licencia ambiental a la única empresa de turismo que opera en el lugar, la Untamed Angling S.A., de origen argentino, se envió la notificación respectiva, pero que hasta el lunes se conocerá en detalle el reporte del representante legal que hizo esa diligencia.
Silva aclaró que la decisión de revertir el permiso a empresas para que operen en el Tipnis se hace en base a la Ley Corta que establece el término intangible, como planteó la marcha indígena, porque ahora convierte a ese parque en el único donde no se puede realizar ninguna actividad económica.
EL DEBER intentó comunicarse con el representante de Suri, Juan Carlos Meneses, para conocer su opinión sobre la decisión gubernamental, pero no fue posible porque su celular estaba apagado. Tampoco se pudo ubicar a los directivos de Untamed Angling S.A.
Sin embargo, el asesor de la Confederación de Pueblos Indígena de Bolivia, Lázaro Tacó, calificó la decisión gubernamental como una venganza contra los indígenas por lograr la paralización de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y criticó la suspensión de las actividades comerciales sin que se haya hecho la inspección de la zona junto a los indígenas.
Según el dirigente, cuando se planteó la intangibilidad en la ley, fue para diferenciar la categoría de parque y territorio, término que ahora resguarda la zona uno de las cuatro que tiene el Tipnis. Esa zonificación se hizo con el aval del Estado y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
Tacó dijo que no hay disconformidad con aplicar el término en la zona uno del Tipnis, porque resguarda ese punto, que es calificado como núcleo o de protección estricta, pues está prohibido cualquier actividad comercial, a diferencia de los otros tres puntos, donde sí se permiten actividades empresariales.
El polémico concepto viola al segundo recinto que es de producción tradicional, como el chaqueo que hacen las comunidades indígenas para sembrar y subsistir; el aprovechamiento de los recurso naturales renovables a favor de las familias de originarios y la cuarta zona, que es utilizada para realizar actividades de reproducción, socioculturales y espirituales.
En la jornada
- Parlamentarios. Los diputados Jorge Flores, de PPB, y su colega de AS, Wilman Cardozo, criticaron al Gobierno central por suspender las actividades comerciales en el Tipnis y calificaron como ‘una vendetta’ esa medida.
- Exautoridad. José María Bakovic, expresidente de SNCI, propone dos rutas alternativas al tramo III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Plantea mantener la concepción original de la carretera, como una vía entre Cochabamba y Beni y no entre dos localidades específicas. El trazo oriental debería partir de algún punto de Chapare y llegar a un punto cercano a Trinidad; el occidental uniría el valle de Cochabamba con una zona cercana a Rurrenabaque. Ambos trazos podrán conectarse con los corredores bioceánicos. /ANF
- Trabajo. La construcción de los extremos de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos está en marcha.
«Las medidas vendrán en 2012»
Adolfo Chávez / Pdte. de la Cidob
-¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno de anular las actividades comerciales del Tipnis?
Es un acto de revanchismo que asume el Gobierno contra los indígenas por paralizar la construcción de la carretera y sus medidas nuevamente la toma sin consultar a los dueños de casa, a los moradores en esa zona y de manera unilateral. Trata de matar las ideas de desarrollo y de sostenibilidad que demostramos los pueblos indígenas y ahora muestra claramente que se hacía embalsamar con el título de indígena para prohibir una actividad económica que era para los hermanos de los territorios, donde el Gobierno no pone un solo peso.
-¿Qué acciones asumirán?
Siempre hemos sido cautos, se evaluará en la Comisión Nacional, las medidas vendrán en 2012, pero previamente se tendrá que terminar la propia reglamentación. Pediremos un informe escrito a los ministerios que corresponde para que después no digan que el movimiento indígena hace actos políticos.
Nos basaremos en la propia Constitución, como siempre lo hemos hecho. Nuestro reclamo lo haremos notar al país y luego llegaremos a los tribunales externos para demostrar que la actitud del Gobierno es autoritaria y revanchista no solo con los pueblos indígenas, sino también con el resto de las clases sociales del país.
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